El país enfrenta una ola de violencia muy marcada en la que los intereses de algunos se anteponen al bienestar ambiental de todos, y para ello pasan por encima de gobiernos y personas. Sabemos que hay empresarios a quienes no les importa otra cosa que sus negocios, no piensan en los daños a la naturaleza y a las comunidades humanas que se mantienen de esta, eso no es un obstáculo para desmontar bosques, acabar con el hábitat de especies animales, contaminar ríos, lagunas o el mismo mar. Para muchos empresarios todo se reduce a negocios, inversiones que contribuyen al “crecimiento económico” de México, siendo que esto es algo falso, el beneficio es para ellos, en tanto que la destrucción, contaminación y explotación de las comunidades lo ven como una externalidad que debe asumir el estado, o sea, el medio ambiente y las personas a cambio de recibir “progreso”. El hecho de que haya una alza económica de unos cuantos, no es símbolo de un verdadero crecimiento del país, al contrario es una clara muestra de injusticia social y ambiental. Es por ello que quienes son conscientes de la importancia de conservar la naturaleza dan su vida por cuidarla, y esto no es un eufemismo, ya que literalmente ¡dan su vida! pues son asesinados por aquellos que ven sus intereses económicos amenazados por activistas ambientales. Baste señalar que en fechas recientes se han cometido asesinatos en contra de quienes se oponen a que grandes consorcios inversionistas se apropien de tierras que son del pueblo, de la gente.
Los activistas ambientales tienen una gran importancia social, pues su trabajo consiste en defender los territorios en los que viven, mismos que desde tiempos ancestrales se han visto amenazados por intereses colonialistas, en el pasado (recordemos el descubrimiento de Ámerica y con ello el sometimiento de la gente y la extracción de los bienes naturales de todo el continente) y capitalistas en el presente. En ambos casos se presenta una misma patología: interés de poder y riqueza insaciables, y es ese desquisiamiento el que llevó, y sigue llevando, a las comunidades humanas y naturales a la miseria, la inanición, la muerte y la extinción. Esto se debe al uso desmedido que estas empresas hacen de los bienes naturales y a la poca atención que ponen al daño ambiental y social que ocasionan donde se instalan. El primer daño es comprar la tierra a los legítimos propietarios de ellas (a precios risorios que, en ocasiones, incluso no les pagan empleando artimañas jurídicas), para ello les prometen que ellos serán los primeros beneficiarios, ya que se les ofrecerán oportunidades comerciales y fuentes de trabajo bien remuneradas, lo que sabemos es falso, pues la final de las negociaciones se quedan sin sus tierras y además terminan siendo empleados mal pagados (esclavismo moderno).
Esto es tan frecuente y solapado por los mismos gobiernos que por ello se escucha en las noticias de manera recurrente que hay individuos y grupos que están luchando para evitar esto, que hay gente que está protegiendo sus tierras para conservar la vida en ellas. Esta lucha trae consigo un gran beneficio en sitios amenazados, pero como dicha defensa va en contra de intereses capitalistas, el riesgo de perder la vida en ello es muy alto. En nuestro país las cifras lo demuestran, ya que desde 2012 se han encontrado al menos a 86 activistas ambientales que fueron asesinados en México por oponerse a proyectos, muchos de ellos en la línea de los energéticos (ver “Ambientalistas de México asesinados por resistencia a proyectos energéticos”).
Ejemplo de lo señalado es el de Samir Flores quien fue baleado en febrero de 2019. Él era un activista que se oponía a que se llevara a cabo el Proyecto Integral de Morelos (PIM), que abarcar los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, mismo que consta de un acueducto, un gasoducto y una planta termoeléctrica, que en su conjunto representan un peligro tanto para el medio ambiente como para los pobladores de las comunidades cercanas a la ubicación de dicho proyecto. Las autoridades han recurrido a la criminalización de los luchadores sociales y al uso de la fuerza contra las comunidades indígenas lo cual lleva a la muerte de los líderes de estos movimientos, como es el caso de Samir, que cabe decir, su caso sigue sin resolverse.
Los defensores del medio ambiente corren riesgos específicos y más elevados, esto se debe a la complejidad e intereses de conflictos socioambientales; enfrentan algo más que sólo perder esta lucha para ser escuchados, tienen en su contra los intereses económicos de los gobiernos que solapan estos proyectos, no les preocupa acabar con el entorno natural con tal de tener un jugoso ingreso económico, además se alían con la delincuencia organizada para su beneficio.
Las luchas versan en aquellas violaciones al extraer bienes naturales de manera desmedida, como la minería y la explotación de los bosques, la generación de energía, extracción de carbón, la construcción de gasoductos (como mencioné anteriormente en Morelos), plantas hidroeléctricas y parques eólicos, y el desarrollo de infraestructura y de complejos turísticos, invadiendo el territorio que ya tenía un fin específico para sus pobladores, abusando de su poder para lograr lo que quieren. Quienes son más vulnerables a esta situación son aquellas personas que se encuentran en comunidades rurales, ya que no cuentan con el apoyo para realizar denuncias y recurrir al anonimato. Así que silencian a las personas por medio de amenazas, agresiones físicas, psicológicas, chantaje y manipulación de la información.
Ser un protector del medio ambiente se ha vuelto una actividad de alto riesgo. A pesar de eso, sigue siendo un trabajo que realizan personas con pasión y entrega, por desgracia, algunos de ellos pierden la vida, pero nosotros tenemos el compromiso de continuar luchando por sus ideales y generar consciencia de que debemos proteger y cuidar nuestra madre naturaleza.
Fuentes de consulta:
Justicia y Sociedad. (2017). Defensor ambiental, labor de alto riesgo. El universal. https://bit.ly/3kdtMiV
Defensa de áreas verdes. (2019). Pros y contras del proyecto del Tren Maya: afectaciones a los ecosistemas y a la población. Espejo red. https://bit.ly/351cXRx
Douwe den Held. (2020). Ambientalistas de México asesinados por resistencia a proyectos energéticos. InSight Crime. https://bit.ly/2GYZ9zc
Víctor Hugo Salazar Ortiz y Jocelyn Ibarra Jauregui
