Se dice mucho de que desde el final de la Segunda Guerra Mundial México carece de enemigos. De hecho, nuestra política exterior neutral y en pro de los derechos históricamente ha sido referencia para otros países de la región. Sin embargo, el siglo XXI ha sido testigo del cambio de paradigma en la política migratoria mexicana: México se ha convertido en el muro que tanto repudia a los estadounidenses.
Es cierto que las tendencias restrictivas en materia migratoria no iniciaron con la Cuarta Transformación, pero sí se han consolidado. Desde hace poco más de un año, la Guardia Nacional –que a pesar de las promesas y los discursos es un órgano fuertemente militar– patrulla y vigila ferozmente la frontera mexicana. La vigilancia y patrullaje de las autoridades mexicanas no se limita a las delimitaciones políticas entre México y Guatemala: la política migratoria mexicana ha convertido al país en una frontera vertical en donde se cometen abusos de autoridades, detenciones y delitos en contra de las población transmigrante a lo largo de toda la geografía mexicana.
No sorprende que un gobierno populista implemente estrategias restrictivas o acciones que no solucionan los problemas de raíz. No obstante, la audacia de la 4T ha llevado el discurso oficial a una retórica supuestamente preocupada y centrada en favor del bienestar de las poblaciones migrantes, incluso alineándose con el discurso de organismos internacionales. Repitiendo los abusos y errores del llamado «periodo neoliberal» la 4T ha sido todo menos una transformación positiva, especialmente en materia migratoria.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se reconoce que “México [es un país] hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones”, se expone como objetivo que las personas sólo emigren por voluntad y no necesidad, y que el gobierno federal garantizará la seguridad de las personas transmigrantes mientras se encuentren en el territorio mexicano.
A poco más de dos años de la llegada de AMLO, es ya común ver represión militar asociada con un discurso oficialista que respeta y promueve los derechos humanos. Cuando se erigió la Guardia Nacional, la transformación militar-obradorista otorgó facultades para que este nuevo ente pudiese, como auxilio al Instituto Nacional de Migración, detener a personas migrantes.
En 2019, el primer año de la nueva institución militar, se desplegaron cerca de 35,000 efectivos en la fronteras norte y sur para contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Desde entonces hemos sido testigos de la eficacia de la Guardia Nacional para contener movilizaciones, por ejemplo: en enero de 2020 se disolvió una caravana que sólo pudo adentrarse 11 km en suelo mexicano.
Sin medidas o políticas de integración y de verdadera atención de los derechos humanos de personas migrantes, el gobierno de la 4T se empeña en hacer de México un muro imbatible. Aunque el presidente se empeñe en afirmar que su gobierno busca instrumentar soluciones de raíz, la realidad es que perpetúan los modelos que nos han llevado a los problemas actuales. Lo único que han obtenido es un agradecimiento de parte de uno de líderes más autoritarios, corruptos y peligrosos como lo es Donald Trump. La tibieza con la que se enfrentó a Trump afectará en el corto plazo las relaciones institucionales entre actores de la región. Trump se va, pero su legado sigue intacto con nosotros.
La relación que se construya a partir del 20 de enero, con la llegada de Joe Biden, no podrá ignorar las secuelas del legado trumpista que México aceptó y replicó en su política migratoria. La suerte de los migrantes queda nuevamente en la incertidumbre y la desesperanza.
La pandemia de covid-19 ha jugado un papel importante para justificar la detención de personas migrantes por motivos sanitarios. El último episodio de abusos por parte de las autoridades mexicanas contra las poblaciones migrantes aún no finalizado; el enfrentamiento de militares y migrantes en Guatemala, y la presión de la Cancillería mexicana para que los países centroamericanos contengan las caravanas de migrantes indican que el gobierno federal no tiene intención en rectificar su política.
Con acuerdos internacionales de derechos humanos no cumplidos o contradecidos, la política migratoria mexicana es todo menos el reflejo de la tradición hospitalaria y neutral. Con un 2021 que aún no refleja todos los efectos de la pandemia, y con la fragilidad institucional mexicana, parece que la Cuarta Transformación será en materia migratoria el perfecto legado trumpista que habrá que derrotar en 2024.
