- “Las empresas involucradas en el desarrollo y distribución de tecnologías son responsables de evitar dañar los derechos humanos”
- “Los Estados tienen el deber de proteger a las personas de los abusos del derecho a la privacidad de las empresas”
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una declaración sobre el uso de software espía para vigilar periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la cual compartimos íntegramente:
“Las revelaciones sobre el aparente uso extendido del software Pegasus para espiar periodistas, personas defensoras de derechos humanos, políticas y otras en diversos países son extremadamente alarmantes, y parecen confirmar algunos de los peores miedos sobre el potencial uso indebido de las tecnologías de vigilancia para socavar ilegalmente los derechos humanos de las personas.
“Diversas entidades del sistema de derechos humanos de la ONU, incluida mi Oficina, han planteado preocupaciones de manera repetida sobre los peligros de que las autoridades utilicen herramientas de vigilancia desde una variedad de fuentes en aras de una supuesta promoción de la seguridad pública para hackear teléfonos y computadoras de personas que llevan a cabo legítimas actividades periodísticas, de monitoreo de derechos humanos o que expresan su desacuerdo u oposición política.
“El uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Los informes sobre vigilancia también tienen el nefasto efecto de que las personas se censuren por miedo. Las personas periodistas y defensoras de derechos humanos juegan un rol indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciadas, todos sufrimos.
“Me gustaría recordar a todos los Estados que las medidas de vigilancia pueden ser sólo justificadas en circunstancias específicamente definidas, con un objetivo legítimo. Y que deben ser tanto necesarias como proporcionales a dicho objetivo.
“Dado el hecho de que el software espía Pegasus, así como el creado por Candiru y otros, permite intrusiones profundas en los dispositivos de las personas, lo cual resulta en tener conocimiento sobre todos los aspectos de sus vidas, su uso sólo puede ser justificado en el contexto de investigaciones de serios crímenes y amenazas graves de seguridad. Si las recientes alegaciones sobre el uso de Pegasus son incluso parcialmente verdaderas, entonces esa línea roja ha sido traspasada una y otra vez en total impunidad.
“Las empresas involucradas en el desarrollo y distribución de tecnologías son responsables de evitar dañar los derechos humanos. Es necesario que tomen medidas inmediatas para mitigar y remediar los daños que sus productos están causando o a los que están contribuyendo, y llevar a cabo una debida diligencia con enfoque de derechos humanos para asegurar que ya no son parte de dichas consecuencias desastrosas, evitando estar involucradas en escenarios similares en un futuro.
“Además de frenar de manera inmediata su propio rol en estas violaciones de derechos humanos, los Estados tienen el deber de proteger a las personas de los abusos del derecho a la privacidad de las empresas. Un paso clave para efectivamente prevenir el abuso de la tecnología de vigilancia es que los Estados, por ley, requieran a las empresas involucradas que cumplan con sus responsabilidades de derechos humanos, que sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y que lleven a cabo mecanismos de rendición de cuentas más efectivos.
“Estos reportes también confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de asegurar una estricta supervisión y autorización. Sin los marcos regulatorios conforme a los derechos humanos, simplemente hay demasiados riesgos de que estas herramientas serán abusadas para intimidar a las personas críticas y silenciar el disenso.
“Los gobiernos deberían poner un alto inmediato a su propio uso de las tecnologías de vigilancia que violen derechos humanos y deberían llevar a cabo acciones concretas para proteger la privacidad ante dichas invasiones, regulando la distribución, el uso y la exportación de tecnologías de vigilancia creadas por otros”.
ONU-DH
