Hablaremos del tiempo, y acaso del gobierno.
Y trazaremos nuestro magno plan,
y a una estación sucederá otra igual…
Nuevos planes, idénticas estrategias – Nacho Vegas
La iniciativa de reforma electoral que el titular del ejecutivo prepara con la finalidad de que sea aprobada por el legislativo, y esté vigente en las elecciones de 2023 y 2024, busca debilitar la institucionalidad y la autonomía ciudadana que todavía tiene el INE, y que nos ha costado sangre, años, y mucho trabajo ciudadano.
Los argumentos para la reforma son básicamente dos: por un lado, que el INE es fraudulento y antidemocrático; y, por otro, que su operación es económicamente demasiado costosa. Por eso, según la iniciativa del ejecutivo, hay que hacer mecanismos que privilegien la consulta directa, y hay que asfixiar presupuestalmente al organismo. Ambos argumentos son falaces.
Primero, si el INE fuese fraudulento y antidemocrático ¿entonces cómo entiende el presidente su triunfo electoral de 2018, y las sucesivas victorias en las elecciones organizadas por el INE? La democracia debe prevalecer, independientemente si gana una fuerza u otra; y esta democracia debe respaldarse en la institucionalidad, y no en el contentillo del gobernante.
Aunque la consulta popular es un mecanismo de la democracia directa, la manipulación de masas y el culto a la personalidad del gobernante son también una realidad. Ante eso, lo conveniente para la democracia es fortalecer, no debilitar, a los organismos autónomos y las instituciones que promueven el contrapeso político y la división de poderes.
Segundo. Que el INE tiene una operación económicamente costosa. Eso es relativo. En cifras absolutas, cualquier número puede mostrarse como elevado; pero la necesidad de garantizar una operación nacional, que sea ciudadana e independiente del poder; con todos los recursos humanos, de difusión, y de logística que implica, tiene valor más allá de lo económico.
Los costos de operación del INE podrían sonar elevados, y seguramente –como toda institución pública- deberá mejorar procesos para eficientar su operación; pero, ya puestos en ese plan, costosos también son los exorbitantes sobreprecios de Dos Bocas, del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles. Bajo la lógica del ejecutivo, habría también que rasurar esos proyectos.
Es decir, los argumentos de la reforma electoral del ejecutivo no se entienden desde la lógica racional, sino desde las filias y fobias del presidente y sus feligreses. Puestos ahí, no se puede debatir desde la razón una premisa planteada desde la emoción. Y en estos tiempos, nos urge una discusión nacional crítica y racional.
Menos aún en un contexto en el que el titular del ejecutivo descalifica de facto a quienes no coinciden con su visión de país; y en un momento histórico en el que las fuerzas organizadas en partidos que hacen oposición al poder no han sabido estar a la altura de la exigencia democrática del país.
En las Ciencias Políticas hay una máxima: cuando se tenga la sensación de extravío, es conveniente recurrir a los clásicos. Sin ir hasta Aristóteles, Maquiavelo, o Rousseau, en nuestro país hemos tenido teóricos del Sistema Político Mexicano que son nuestros propios clásicos, y que no sólo han explicado, sino construido la realidad política que habitamos.
Daniel Cosío Villegas, en su libro El sistema político mexicano, afirmó una verdad vigente: “Dadas las amplísimas facultades, legales y extralegales del presidente de la República (…), apenas puede exagerarse si se afirma que el problema político más importante y urgente del México actual es contener y aún reducir en alguna forma ese poder excesivo”.
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