Los pasados 9 y 10 de enero se celebró en la ciudad de México el Foro 2013: Políticas públicas para un desarrollo incluyente organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Participaron, además de los titulares de dichos organismos, los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de Desarrollo Social, Rosario Robles; de Economía, Ildefonso Guajardo; de Medio Ambiente, Juan José Guerra; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Educación, Emilio Chuayffett, así como numerosos expertos nacionales y extranjeros quienes “aportaron ideas para enriquecer el debate sobre el desarrollo de México” y “normar la definición de las políticas públicas”.
En este foro, donde se concentró la élite política y económica mexicana junto con los representantes de las hegemonías financieras internacionales, se abordaron temas como productividad, políticas energéticas, ingresos públicos y gobernabilidad. En su momento, Peña Nieto manifestó que el ambiente democrático y de acuerdo político actual “debe servir para que se puedan construir los acuerdos necesarios que permitan transitar hacia mejores condiciones. Sobre todo, nos permitan construir, impulsar las transformaciones, los cambios en ordenamientos legales, en las instituciones, que nos permitan estar acorde a la nueva realidad política y social que México tiene”. Es decir, se reiteró la urgente necesidad de definir reformas estructurales, comenzando por la hacendaria y energética, que brindarán al país “un futuro promisorio, si sabemos aprovecharlo”.
Allá para el año de 1973, la llegada de Augusto Pinochet al poder en Chile tras el golpe de estado que asestó contra el gobierno constitucional socialista de Salvador Allende, significó el inicio de una distinta forma de gobierno en Latinoamérica. La nueva política de modernización nacional surgida de la tiranía militar tuvo su fundamento ideológico en las Bases de la política económica del gobierno militar chileno, comúnmente llamadas El ladrillo. Este texto fue formulado por un grupo de economistas chilenos becados por la Universidad de Chicago (los “Chicago Boys”) y se consolidó como la pauta del sistema económico de libre mercado en Chile. Marcos Roitman en su libro Pensamiento sociológico y realidad nacional en América Latina (2002) explica que, en base a esta nueva postura, con el nombre de “liberalización” se definieron las transformaciones y procesos para refundar el orden político existente con el fin de articular el cambio en las estructuras sociales y de poder hacia una economía de mercado. Bajo estos postulados se impulsaron las “reformas necesarias para legitimar las novedosas estrategias”, es decir, en nombre de la gobernabilidad neoliberal se presentaron políticas de ajuste económico, flexibilidad laboral, privatización y desnacionalización de la economía, etc., todo para hacer frente a los “retos de la globalización”.
La lucha contra el “populismo socialista” de Allende había sido ganada con la implementación de un nuevo sistema capitalista competitivo instaurado por una dictadura militar. Aún así, este sistema fue aplicado por la mayoría de los países latinoamericanos y de Europa occidental durante la década de los 80 (baste recordar a Felipe González en España y a Salinas de Gortari en México), donde surgieron nuevas élites políticas, económicas e intelectuales con discursos que justificaban al sistema. De esta manera, para lograr la gobernabilidad resultaron imprescindibles las reformas estatales tanto a nivel de gestión pública, como de régimen político y de la misma constitución política del Estado.
En El Ladrillo (1973) se aconseja “aplicar desde el primer momento la totalidad de las políticas descritas, ya que es en los inicios de un gobierno cuando la ciudadanía está más dispuesta a realizar grandes sacrificios […] debido a la magnitud que ha alcanzado la crisis y al deterioro económico. Es importante que el costo que impondrá la rectificación se asocie a la política pasada y no a los propósitos y objetivos de la nueva política”. Así, dice Roitman, las reformas se centrarán en aplicar políticas de privatización, desincorporación y desregulación de la actividad pública estatal, acompañándose con medidas paliativas como programas de asistencia social para pobres, redefinición del pacto social, educación, y de reformas en la constitución política del Estado que recojan el nuevo diseño de lo público y lo privado impuesto por la modernización neoliberal.
Han pasado 40 años y el cuadro parece que se repite. Por supuesto que no es lo que la mayoría de los mexicanos espera de este nuevo gobierno. Muy acertadamente lo dijo hace unos días el injustamente perseguido líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, en este país se requiere “que se dejen de privilegiar los intereses de las minorías enriquecidas al amparo del favor gubernamental y se inicie, verdadera, realmente, una política justa y equitativa de la distribución de la riqueza. En México hay hambre y sed de justicia”. Mientras tanto, la ciudadanía debemos permanecer atentos e informados, conscientes de que hemos sido engañados descaradamente y por mucho tiempo, pero que esto no puede continuar.
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