Hace algunas semanas habíamos escrito sobre el tema preocupante de la deuda pública. Continúo. El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, durante los últimos meses han declarado que el estado de la deuda pública de los municipios y de las entidades federativas no representa un problema a nivel nacional. De acuerdo con sus cálculos (difícilmente refutables, porque de eso viven), este problema no representa ni el 3 por ciento del Producto Interno Bruto.
En términos macroeconómicos, es verdad. Esto quizá no es alarmante. Pero ése no es el problema. El problema es con el ciudadano, aquél que paga impuestos con la esperanza de que éstos reditúen en más y mejores servicios públicos.
El argumento seminal que respalda todo este proceso de descentralización llevado a cabo durante las últimas décadas, reside en que las necesidades y preferencias de las personas se perciben y atienden mejor desde el nivel local. Así, los gobiernos estatales y municipales tienen mayor capacidad para ejercer gasto público e incorporar la participación ciudadana en sus decisiones gubernamentales. En efecto, todos estos temas de endeudamiento público son temas ciudadanos por el simple hecho de que le afectan directamente a las personas.
En términos generales, al día de hoy, la deuda pública a nivel estatal y municipal rebasa los 430 mil millones de pesos. Técnicamente, la mayoría de este endeudamiento está sujeto a la obtención futura de participaciones federales. Esto significa que los gobiernos sacrifican recursos futuros, que pueden ser utilizados para proveer servicios públicos al ciudadano, con el fin de obtener créditos en tiempo presente sin algún lineamiento de rentabilidad social, más que el que requiere el congreso local para aprobarlo.
Ahora bien, ¿qué significa comprometer recursos futuros? Esto significa que los servicios públicos que recibirás tú, tus hijos o tus nietos serán reducidos debido a que los recursos que deberían utilizarse para ello, tendrán que utilizarse para saldar deudas contraídas por gobiernos anteriores. Entonces no estamos discutiendo tan sólo sobre la situación de los gobiernos, también estamos discutiendo sobre la situación de los ciudadanos. Hay ciudadanos que nacen endeudados. Por ejemplo, si bien es por debajo del promedio, en Aguascalientes un niño de dos años debe más de 2 mil pesos, que son equivalentes a recursos utilizables en la provisión de servicios públicos.
Gráfico. Situación de la deuda pública actual por habitante (pesos)
Fuente: elaboración propia con datos de SHCP
Existen muchas soluciones en discusión. Que si una iniciativa de Responsabilidad Hacendaria. Que si un tope máximo de deuda en términos nominales del PIB. No obstante, es necesario partir de que el endeudamiento no es del todo malo… mientras los proyectos sean socialmente buenos. Pero, ¿quién garantiza eso? ¿Los congresos locales? Definitivamente no. Ahora resulta que el mercado califica y los congresos se limitan a decir sí. Entonces, ¿por qué no pensar en un instrumento, diseñado desde el nivel federal, que obligue tanto a las entidades federativas como a los municipios a presentar proyectos de endeudamiento sujetos a una evaluación social de su rentabilidad?
Si bien toda evaluación social de proyectos es altamente falible, por lo menos esto alinearía los motivos de endeudamiento hacia un beneficio social presente y futuro.
A manera de conclusión, mientras no se diseñen e implementen instrumentos de control y evaluación de endeudamientos, los ciudadanos seguirán padeciendo la tragedia de que sus servicios públicos estén sujetos a ocurrencias y deudas contraídas. Es momento de ciudadanizar la discusión y exigir a los gobernantes que se hagan responsables de lo que piden y de lo que deciden. Las necesidades no pueden estar supeditadas al nivel de endeudamiento, y mucho menos a una calificación del mercado.
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