Lilian Chapa Koloffon
Investigadora de México Evalúa
La Secretaría de Gobernación tomó en el primer trimestre de su gestión una decisión relevante en cuanto a la forma en la que cuantificará a una parte de los homicidios dolosos que se cometen en México: retomar, bajo otra denominación, la metodología de la Base de Datos de Fallecimientos por Presunta Rivalidad Delincuencial creada y sepultada en la pasada administración de acuerdo con la respuesta que la Procuraduría General de la República dio a mi solicitud de información pública (Solicitud FOLIO 0001700116613). Pero Segob determinó también no informar de ello con claridad, lo que da a pensar que se intentó disimular el hecho de que cuenta a las que se presumen víctimas mortales del crimen organizado de la misma manera que su antecesor.
Los datos regresaron a la vida noticiosa vía boletín de medios a partir de febrero de este año con el llamado Informe federal de datos preliminares sobre indicadores en materia de seguridad. A partir de entonces han vuelto mes tras mes, no sin nuevos problemas: si la categoría de “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial” fue cuestionada en su momento por su connotación para la las víctimas de homicidios dolosos que aún no estaban resueltos por la autoridad, el que la Administración de Enrique Peña Nieto los presente como “homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada” y posteriormente, como “homicidios vinculados a delitos federales” encendió focos rojos para analistas y organizaciones civiles (incluida México Evalúa). En ninguno de los cuatro boletines publicados a la fecha se detalló la metodología que se había seguido para llegar a dichas cifras. Ni siquiera cuando se le solicitó públicamente a Segob. ¿Por qué esperaba la dependencia fe ciega en sus datos?
Gobernación decía quiénes, pero no cómo: se señalaba que los indicadores eran elaborados “por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, a partir de la información reportada por esta misma dependencia y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como por la Policía Federal, sobre sus actividades con respecto al combate a los delitos federales.” Curiosamente, en la última parte se incluye además al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano que no participó en la construcción de la base original el sexenio pasado, por lo que su papel en este proceso se desconoce.
Otro de los problemas que presenta la información que hace pública la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong es que, a diferencia de la base original, se presenta totalmente agregada: en pocas palabras, se da una cifra agregada a nivel nacional y nada sobre los estados y municipios por separado. Por ello, aunque regresó a los medios, no es posible para los analistas procesarla con el objetivo de conocer la evolución de los homicidios en cuestión.
La metodología de la Base de Datos de Fallecimientos por Presunta Rivalidad Delincuencial tiene debilidades conocidas (en parte, porque desde el inicio se publicaron los criterios para incluir o excluir casos), pero retomarla para presentar información incompleta, agregada a nivel nacional e insisto, detallando sólo quiénes la hicieron sin reconocer el cómo, es pedir un acto de fe en las cifras oficiales que no corresponde a las instituciones transparentes y democráticas a las que aspiramos.
Menos aún cuando hablamos de la pérdida de vidas humanas en circunstancias no aclaradas por las instituciones encargadas de impartir justicia en México.
@cklilian
