- Personal de la empresa comandada por Manuel Bartlett aprovecha la información de los usuarios para estafarlos. La CFE asegura que ya investiga a los funcionarios fraudulentos. A Javier lo estafaron con 30 mil pesos. Esta es su historia.
EMEEQUIS/ Alejandra Crail
En medio de la pandemia por Covid-19, a Javier Martínez (*) lo sorprendió en su domicilio personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una amenaza: le cortarían la luz si no pagaba un adeudo de miles de pesos, consecuencia de un medidor en mal estado.
El hostigamiento y la amenaza del corte del suministro se hizo frecuente en enero de este año, así que acudió a las oficinas de Avenida Marina Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en búsqueda de información. Ahí le notificaron, por primera vez, que aquel medidor en mal estado había calculado mal la energía durante seis años en el domicilio que habita.
Javier supo entonces que el inmueble que renta desde 2019 tenía un adeudo de casi 250 mil pesos. “Ese adeudo se convirtió en el inicio de la pesadilla”, cuenta Javier en entrevista telefónica.
Entre negociaciones con personal de la dependencia, un hombre joven, vestido con chaleco y casco de la CFE, con credencial de la Comisión y que viajaba a bordo de un vehículo oficial de la dependencia, acudió a su domicilio y lo estafó.
Con 30 mil pesos pagados en efectivo al presunto trabajador –que se identificó por medio de un gafete oficial como el negociador Ismael Benítez–, Javier obtuvo un documento, aparentemente oficial,con un nuevo número de servicio y que indicaba que la facturación se había ajustado y la deuda se había saldado.
Pero era mentira. Aquel documento que contenía los datos personales de Javier y un nuevo número de registro, era falso: el reajuste por consumo de electricidad seguía vigente y, en suma, el habitante de la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, había perdido miles de pesos.
Esta es la historia de una estafa que se fragua dentro de las oficinas de la CFE de Manuel Bartlett, en el que personal de la dependencia gubernamental utiliza la información privada que llega de los usuarios para tenderles una trampa y obtener recursos de forma ilícita.
Ajustes en el consumo: campo de oportunidad
Años antes de que Javier y su familia llegaran a la casa de la colonia Anzures, el propietario del inmueble preparó una instalación en la fachada del domicilio en espera de un medidor nuevo, porque personal de la Comisión ya había determinado que presentaba fallas. Sin embargo, el cambio nunca se realizó.
Los actuales inquilinos llegaron en 2019 y nadie les reportó ningún problema hasta finales de ese año, cuando un verificador de la dependencia les indicó que levantaría un reporte por los daños del medidor para que les cambiaran el aparato y se determinara si había algún adeudo por el mal cálculo. No obstante, nada de esto ocurrió.
Para enero de 2021, personal del área de distribución acudió al domicilio constantemente para informarles que realizarían el corte, pese a que el medidor no había sido cambiado, ni se les había notificado por escrito el cálculo por la medición errónea de consumo.
Javier, padre de un bebé de un año y yerno de una adulta mayor que requiere electricidad sí o sí para conectar el aparato que le suministra oxígeno por problemas pulmonares, intentó en diversas ocasiones explicar al personal de distribución que no tenía conocimiento de ningún adeudo, así que para evitar el corte acudió a la oficina de Marina Nacional, donde fue atendido por los servidores públicos Daniel Adolfo García Benitez y Francisco Javier Padrón Guerrero.
“Entregamos documentos personales, dos escritos explicándoles nuestra situación familiar y la necesidad del suministro de energía eléctrica, además de nuestro contrato de arrendamiento en donde se define que ingresamos en 2019. Nos sellaron de recibido y esos documentos se quedaron en un área restringida al personal”, explica Javier.
En una de las tres visitas que hicieron a las oficinas de la CFE les entregaron una carta fechada el 2 de febrero de 2021, en la que se les indicaba que el ajuste que el organismo había calculado para el domicilio era de 244 mil 079 pesos, mismo que debía ser cubierto en los próximos tres días.
¿De dónde saca una persona común 250 mil pesos?”, cuestiona Javier, quien preocupado por la salud de su suegra acudió ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la esperanza de que le apoyaran a detener lo que él considera una injusticia.
Desde Profeco se dio el pitazo
En el edificio gris de la colonia Doctores, Javier fue interceptado por Arturo Juárez Álvarez, funcionario de la CFE que atiende una mesa de conciliación del organismo en Profeco con la finalidad de evitar que los usuarios que acuden por cobros excesivos o ajustes a su consumo de energía eléctrica interpongan una queja y lograr la conciliación.
Arturo escucha el caso y les propone entregar una propuesta vía mail en la que se les haría una reducción del monto original con la intención de que puedan cubrir parte del adeudo, al tiempo, hace una llamada telefónica en la que indica que Javier ya está siendo atendido en la Profeco.
Con esa promesa, Javier regresa a casa y casi de inmediato llega un hombre que se identifica como el asistente de Daniel García –el servidor público al que lo refirieron en Marina Nacional–, se llama Ismael Benítez y está vestido con chaleco y casco de CFE. Ismael le muestra un folder que contiene su contrato de arrendamiento, las cartas explicando su situación particular y, en general, todos los documentos que entregó en la oficina de la Comisión y le dice que lo enviaron a conciliar su caso.
“Estaba plenamente identificado como trabajador de CFE y nos dijo que se había acordado un pago de 30 mil pesos para cancelar el cobro de ajuste y otorgarnos un nuevo contrato a mi nombre. Confiamos porque pensamos que venía por nuestra visita a Profeco”, cuenta.
La familia aceptó la propuesta e Ismael dijo que volvería cuatro días después a realizar el cobro y a entregar el documento oficial donde se muestra la orden de cancelación y el nuevo número de contrato.
Ismael vuelve, vestido con chaleco y casco, con su credencial del organismo y manejando un vehículo oficial. Toma los 30 mil pesos acordados y le entrega un documento enmarcado en el centro de Distribución Valle de México Zona Polanco, que contiene un nuevo número de contrato, datos personales de Javier y la leyenda: “se regulariza servicio con la instalación de equipo de medición, ajuste a la facturación improcedente y dictaminado por departamento jurídico de CFE Suministro Básico. Se realiza cambio de nombre a solicitud de usuario y queda dado de alta en sistema, se genera nuevo número de servicio”.
El presunto funcionario le indica que en tres días podrá revisar su contrato en línea y que para entonces todos los cambios se verán reflejados. Pero nada. “Fue una estafa con ayuda del mismo personal de CFE”, lamenta Javier.
En Profeco, Arturo Juárez rechaza la conexión y envía una propuesta de conciliación tras su visita. “Nos enteramos que no somos los únicos, que hay otros dos casos en la misma zona de ajustes por más de 200 mil pesos que también fueron estafados de la misma forma”, argumenta Javier.
Pese a haber desembolsado recursos ante una persona que mostró los documentos que la familia entregó en la oficina de Marina Nacional, el adeudo de Javier sigue intacto y el riesgo de corte vigente. “Siempre estuvimos en disposición de pagar lo justo, confiamos en las credenciales que se nos mostraron y en la información privada nuestra que traían consigo, pero las cosas siguen igual”.
CFE se compromete a investigar el caso
El ingeniero Jorge Segura, suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Valle de México Centro, dice que no ha registrado de manera directa casos similares de extorsión, pero que investigarán a los funcionarios señalados por el denunciante, tanto de forma administrativa como acudiendo a las autoridades de justicia, por abuso de confianza y falsificación de documentos oficiales.
Explica que los ajustes se han llevado a cabo los últimos años para subsanar las pérdidas millonarias que la CFE ha detectado por fallas en los medidores y por usos de instrumentos para evadir el pago completo, como los “diablitos”.
“Estamos en la posibilidad de compartir responsabilidad, autorizar un convenio de partes y establecer periodos para cubrir el adeudo. Las pérdidas por este problema son grandísimas”, detalla.
Tan sólo en el área del Valle México Centro de la que él está a cargo –uno de los 16 centros de distribución de energía eléctrica del país– se calcula que en un año móvil hay pérdidas aproximadamente de 2 mil 676 millones de pesos, el 80% a causa del uso indebido de energía eléctrica por medio de elementos como los “diablitos”.
Sin embargo, detalla, esto no debe dar pie al abuso de autoridad y a la extorsión, por ello, recalca que ningún servidor público puede solicitar pagos fuera de las oficinas de atención al cliente, pues están obligados a otorgar un recibo que acredite la entrega de recursos por medio de un convenio que establezca los derechos y obligaciones de las partes.
“No se debe dar dinero a personal de CFE en campo ni en un centro de atención si no hay un comprobante de pago oficial de por medio y una orden de regularización”, recalca.
Sobre el documento que Javier y su familia recibieron, mismo que cotejado en el sistema es inexistente, señala que el departamento de asuntos jurídicos hará una investigación para dar con el responsable de la falsificación y elevar el caso a una denuncia penal.
Mientras tanto, Javier está a la espera de que la CFE se haga cargo de la estafa que su personal cometió y que de la deuda de casi 250 mil pesos por un medidor descompuesto se establezca lo que a él, el inquilino que llegó apenas en 2019, realmente le corresponde.
*El nombre de Javier fue cambiado a su solicitud por considerar que los funcionarios que tienen sus datos personales podrían poner en riesgo su seguridad.
@AleCrail
