Rateros, así hemos llamado a los 27 diputados de la LXIV Legislatura, a los del Congresito le decimos que se agrupan en la Legispilladura porque sin distinción de partido, todos se embolsan varios miles de pesos mensualmente con el pretexto de que entregan ese dinero como apoyos sociales. Cada mes los diputados reciben al menos 30 mil pesos para usar como limosna, entregan dinero del presupuesto público como si fuera suyo y no lo comprueban; todos han tenido pretextos para no justificar ese gasto, Gustavo Báez alguna vez dijo que apoyaba a estudiantes pero nunca pudo mostrar un solo recibo; en otro periodo, el perredista Iván Sánchez Nájera hizo la faramalla de “donar” un mes de esos apoyos para la operación de un niño enfermo; Heder Pedro Guzmán jura que ha usado todo ese dinero en despensas, material educativo, médico, servicios de transporte y construcción… todos, porque los demás guardan un silencio cómplice en cuanto al destino de ese recurso, hasta ayer, que publicaron el Manual para la disposición y comprobación del recurso de gestión legislativa.
No llenan, cuando señalamos que la LXIV Legislatura no llena, nos hemos referido a casos como el de la diputada Natzielly Teresita Rodríguez, quien a pesar de contar con los recursos de gestión, les pellizcó la nómina a sus colaboradores, con permiso de Omar Israel Jiménez Colombo de la Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso, nomás que la de Morena no fue procesada como las exregidoras Hazel Montejano y Karla Cassio porque llegó a un acuerdo antes de que presentaran la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción; sabiendo que todos tienen cola que les pisen, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso, elaboró un acta para clasificar como confidencial la información clasificada de esos apoyos de gestión social, comisión en la que participan Juan Manuel Gómez Morales, Lucía Armendáriz Silva, José Manuel Velasco Serna, Salvador Pérez Sánchez y Jorge Saucedo Gaytán… a partir de la publicación del Manual mencionado en el Periódico Oficial ya no se podrán encubrir más, no por lo menos abiertamente, pues establecieron las reglas para la comprobación de esa partida.
Reglas básicas, no son más que otra cosa lo establecido por el Comité de Administración (Alejandro Serrano, Luis Enrique García, Guillermo Alaniz, Mónica Jiménez y Sergio Augusto López) y tampoco es para aplaudirles por cumplir con un compromiso de transparencia; ahora hay que estar atentos a que no vuelvan a clasificar como confidencial esa comprobación y que todos los diputados cumplan con el manual.
Lo robado ya nadie se los quita, ni modo, aunque en una de esas tengan que reintegrar el dinero porque la elaboración del Manual no vaya a creer que responde a que súbitamente descubrieron su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, sucede que la Auditoría Superior de la Federación debe estar presionando al Congreso local, en el reporte más reciente del organismo a cargo de David Colmenares Páramo, a partir de la revisión de la cuenta pública 2019, entre las múltiples observaciones a las dependencias de todos los órdenes de gobierno, se indica que el Congreso de Aguascalientes tiene que aclarar el destino de más de 21 millones de pesos, el informe de la ASF señala claramente que en las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las legislaturas estatales “poco más de la mitad de los montos por aclarar, provienen de Chihuahua, Aguascalientes, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Coahuila y Baja California”. Y esa sí es presión para los diputados.
ASF. En el informe general ejecutivo de la ASF no sólo le va mal al Congreso, el estado y el municipio de Aguascalientes tienen varios señalamientos, por ejemplo, la administración de Teresa Jiménez Esquivel tiene que aclarar el destino de 9.7 mdp del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg) mientras que a la administración de Martín Orozco Sandoval, la ASF hizo observaciones por 191.5 millones de pesos; y eso es por encima, el informe presentado por David Colmenares Páramo el fin de semana tiene muchas preguntas por resolver.
Cambios. Con la sentencia por parte de la Sala Monterrey que respaldó la sentencia emitida del Tribunal electoral local para que se consideren espacios para las personas de la diversidad sexual y personas con alguna discapacidad, algunas candidaturas ya otorgadas al interior de los partidos políticos podrían no estar tan amarradas, pues será necesario que sean modificadas las listas, aunque primero es necesario esperar que el IEE defina el porcentaje que corresponderá a estos grupos considerados como vulnerables. Si bien para que representantes de los grupos de la diversidad no necesitarán comprobar que pertenecen a la comunidad LGBTI+, pues bastará con asentarlo en un documento bajo protesta de decir verdad, en el caso de quienes tienen alguna incapacidad deberán acreditarlo, informó el presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, quien destacó que además estas acciones afirmativas se suman a la de paridad entre hombres y mujeres. Esperemos entonces las definiciones del Consejo General al respeto, y esperemos a conocer cómo se mueven las candidaturas en los partidos; interesante, sin duda, será ser testigos de estos cambios dentro del actual proceso electoral ya en camino.
Descaro. No hay otra palabra para definir cómo el gobierno de López Obrador se nombra “feminista” a la menor provocación mientras que el desprecio de esta administración por las mujeres mexicanas es evidente en cada paso que dan. Ayer, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado, presumió “la política exterior feminista” que abandera el gobierno de cuarta de Andrés Manuel López Obrador en el foro de Derechos Humanos de la ONU, donde habló de que “la violencia contra la mujer está arraigada en sistemas patriarcales”, para abundar no en las políticas públicas que ha implementado este gobierno, si es que las hubiera, sino para ensalzar a la 4T, pues consideró que se han impulsado “cambios que contribuyen a la transformación de la sociedad mexicana que se han exigido en las urnas para hacer efectivos todos los derechos humanos para todas y todos”, no ofreció datos sobre la violencia de género, no dijo que las organizaciones feministas están en franca oposición al presidente y a su forma de gobierno, por supuesto que no habló de Salgado Macedonio ni de que la Auditoría Superior de la Federación emitió su informe final de la cuenta pública 2019, la primera de este sexenio, en donde los resultados fueron negativos en políticas sociales. Tampoco abundó en los recortes a refugios por violencia extrema o en la falta de estrategias contra la violencia. Pero este discurso no es nuevo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la asamblea general de la ONU dijo el año pasado que México promoverá una política exterior feminista “porque se requiere un cambio en términos de género para lograr una transformación social”, con todo el descaro y cinismo que le puede caber en el rostro, pues lo que dice allá es diferente a lo que dice acá, como cuando se realizaron las pintas de la marcha feminista en noviembre del 2019, al condenar el “vandalismo”: “Así luce el Hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores. Nuestros mayores decían: lo que el viento a Juárez”. Por fortuna, las mujeres organizadas van un paso adelante de la desvergüenza del gobierno de López Obrador, pues fue creado un Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista que apenas hace unos días manifestó su repudio a la incongruencia del gobierno actual al adoptar este discurso “feminista” cuando no da mensajes concretos de tolerancia cero ante casos de violencia de género. Apenas ayer también López Obrador trató de enderezar lo torcido de su discurso contra las mujeres al seguir acusando a “los conservadores de querer conflictuarlo con el movimiento feminista”. Mientras, entre tanto dicho, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero destacó 8 delitos en rojo, de los cuales al menos 3 recaen directamente en los cuerpos de las mujeres, el incremento de violaciones a menores de edad, la violencia intrafamiliar y el feminicidio.
La del estribo. Y bueno, sólo por dejar constancia, Martha Márquez acusó de difamación, ofensas e intromisión en su vida personal a José Luis Morales, la senadora indicó que había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, lo que no se entiende es si ya había acudido a las instancias correspondientes, para qué se hizo acompañar de la diputada federal Adriana Dávila, la senadora Xóchitl Gálvez y de Patricia Cárdenas, las groserías y malos modos del locutor son más que conocidas, ahora falta probar que esté ejerciendo violencia política de género. Al tiempo.
@PurisimaGrilla
