- “Quiero vivir. Quiero abrazar a mi familia”, dice Héctor, después de 6 años preso por una detención arbitraria. Tras ser torturado, firmó una declaración que lo condenó a 35 años de cárcel por un delito que no cometió. Su única esperanza es que la CNDH de Rosario Piedra emita la recomendación
EMEEQUIS/Alejandra Crail
Imagina que tienes 19 años, una novia que espera un hijo tuyo y un trabajo nuevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que te permite dejar las chambas de mesero de los fines de semana. Te gusta bailar y lo haces bien, por eso te alquilas como chambelán en fiestas de XV años.
Eres deportista, se te nota en los músculos, y te persigue el recuerdo de los campeonatos ganados en la preparatoria, especialmente en kickboxing. Justo acabas de terminar la prepa, te mudaste con Jenni, tu pareja, con quien planeas estudiar la universidad tras el nacimiento de tu hija en cuatro meses.
Por el embarazo, tu novia tiene antojos constantes y esa tarde de lunes te pide que vayas a comprarle un café del Oxxo que está a 20 minutos de casa. No dudaste. Pero nunca llegaste al Oxxo, ni volviste a casa.
Te llamas Héctor Lemus González y ya no tienes 19 años, sino 25. No moriste ni te desaparecieron, como Jenni y tus papás creyeron después que no llegaste a casa, los mensajes sin contestar y escuchar en el teléfono una voz que indicaba que tu número ya no estaba disponible.
En cambio, estabas vivo o casi vivo, recluido en un penal federal a 798 kilómetros del lugar donde creciste. Golpeado, torturado física y psicológicamente, amenazado e incomunicado. Era 2014 cuando llegaste ahí, al Centro De Justicia Penal Federal en Tepic, Nayarit –ese lugar plagado de historias de violaciones a derechos humanos–, acusado de homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión y secuestro.
No había pruebas en tu contra, apenas una declaración que tú no diste, que ni siquiera leíste, pero que firmaste con la mano temblorosa y con miedo de que los ministeriales que te agarraron cuando estabas a punto de entrar al OXXO para comprarle el café a Jenni cumplieran su amenaza: traer a tu mamá y a tu novia para violarlas frente a ti y luego matarlas.
Tu familia tardó un mes en encontrarte y tres meses en poder volver a verte. Cuando lograron viajar de Chimalhuacán, Estado de México a Tepic, Nayarit, todavía había rastros de los moretones y la herida en el cráneo que te hicieron tras golpearte con un arma de fuego: aún no cicatrizaban al 100%.
Tras verte, tu madre fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a levantar una queja por tortura, violaciones a tu debido proceso, a la presunción de inocencia y a tus derechos humanos, en contra de los elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que en ese entonces pertenecía a la Procuraduría General de la República que dirigía Jesús Murillo Karam.
Desde entonces han tenido el caso en sus manos, pero fue hasta enero de 2019, aún en la gestión de Luis Raúl González Pérez, que decidieron hacerte el Protocolo de Estambul para acreditar la tortura.
Luego llegó Rosario Piedra Ibarra y volvió el silencio. La única herramienta que te queda para obtener tu libertad es la recomendación de la Comisión que dirige la activista que era integrante del Comité ¡Eureka!, una organización de familiares de desaparecidos y perseguidos políticos opositores al gobierno, fundada en 1977 por su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Pero, hasta ahora, nada. Sigues preso.
Detenciones arbitrarias: común en México
Tan sólo entre 2001 y 2017, la CNDH registró 13 mil 262 quejas por detenciones arbitrarias a lo largo del país. En todas ellas se han reportado agresiones verbales y físicas, tratos crueles e inhumanos, tortura, siembra de evidencias, desapariciones e, incluso, asesinatos.
En su estudio: “Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México”, la organización Amnistía Internacional señala que, en México, los arrestos por supuesta flagrancia son muy comunes y suceden –según la información proporcionada por operadores de justicia y otras personas expertas entrevistadas– con más frecuencia que aquellos llevados a cabo bajo otra base legal (como la existencia de una orden de aprehensión o por tratarse de un caso urgente).
Sin embargo, señala el organismo, “no en todos los casos la policía aprehensora aplica adecuadamente el marco legal, y muchas veces lo informado oficialmente por los policías no es lo que realmente ocurrió, lo que provoca arrestos y detenciones que son arbitrarias bajo el derecho nacional e internacional”.
Esto quiere decir que, en muchos casos, como en el de Héctor, las autoridades pasen por alto los requerimientos legales que deben aplicarse al momento de una detención y que esto dé certeza de que el delito realmente se cometió, no que sean delitos simulados con evidencia sembrada o fabricada para cumplir cuotas de aprehensiones.
Prácticas contrarias a lo que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales que, según recogió en su investigación la organización, están motivadas por la extorsión, policías privando de la libertad a personas para obtener dinero a cambio de dejarlas en libertad y no presentarlas ante la autoridad competente, no atribuirle algún delito o sembrar evidencias para incriminarles.
Héctor recuerda, por ejemplo, que tras haberlo subido a la camioneta, golpearlo, asfixiarlo, apretándole los dedos con unas pinzas y amenazarlo con dañar a su familia, le pidieron dinero para dejarlo libre.
“Yo les dije que no tenía nada. Mi familia vive al día. Siempre hemos vivido al día. ¿De dónde iba yo a sacar algo?”, cuenta.
Amnistía Internacional dice que si bien estas prácticas se manejan con cualquier tipo de delito, son los casos de delincuencia organizada los que son más propicios para ello porque “tiene un tratamiento legal específico en que las garantías de un juicio justo y otras salvaguardas son más débiles y se otorgan facilidades a las procuradurías y fiscalías; por ejemplo, más tiempo para investigar a una persona detenida y el poder someterla al ‘arraigo’ que es una forma de detención no sustentada en evidencia, en que la persona es detenida para ser investigada”.
No saber de un hijo
Aquella noche de septiembre de 2014, Maribel González recibió una extraña llamada de Jenni, la novia de su hijo, quien le decía que Héctor no había llegado en varias horas, que sólo había salido a comprarle un café. Llamadas, mensajes y nada. De Héctor no había rastro.
Al otro día Maribel fue a levantar una denuncia al Ministerio Público de Chimalhuacán por la desaparición de su hijo, pero le dijeron que había que esperar más tiempo, que volviera después, porque seguro se había ido con alguien más. No les quedó de otra, pero imprimieron su foto y empezaron a repartir volantes por la zona para ver si alguien lo había visto. Nada.
Al tercer día de la desaparición en el MP les dijeron que lo buscaran en hospitales y el Servicio Médico Forense. A lo mejor ya estaba muerto. Lo buscaron por todos lados. En otros ministerios públicos, en hospitales del estado y de la Ciudad de México, en basureros, en el cerro de Chimalhuacán y en el cerro de San Vicente, zonas donde es usual encontrar cadáveres.
Todos los días, desde que salía el sol hasta altas horas de la madrugada, Maribel se la pasó buscando a un hijo que de la nada desapareció, como los otros 77 mil mexicanos de los que parece que no hay rastro, según cifras oficiales.
Luego de un mes de búsqueda, un hombre se presentó en la casa de Jenni, con una carta de Héctor. Era el padre de un recluso del Penal de Tepic que compartía celda con su hijo, quien le había pedido que buscara a su familia para decirles dónde estaban.
La carta decía: “Favor de avisarle a mis papás o a mi esposa que estoy en el penal de Tepic. Vayan al 5to juzgado de Nezahualcóyotl”, junto con la dirección de Jenni y su madre.
“Para mí fue muy duro. Fue algo así como de no entender qué estaba pasando, por qué estaba ahí. Yo no creía que fuera él el que estuviera allá. Pero a la vez tenía ese gusto de decir: mi hijo está vivo”, cuenta Maribel.
El primer viaje en avión
Han pasado seis años desde aquella tarde que Héctor salió a comprarle un café a la mamá de su hija. Estaba a punto de entrar en un OXXO cuando –según recuerda– un hombre le cerró el paso mientras otro lo sometía por la espalda para subirlo a una camioneta van. Golpes, gritos, amenazas. “¡Cierra los ojos y no los abras!”, dice que le ordenaron.
En una entrevista telefónica desde el Penal Molino de Las Flores, en Texcoco, Héctor revive aquella tarde en la que no volvió a casa después de lo que, entendió días después, fue una detención ilegal en su contra, cometida por agentes ministeriales vestidos de civil, que no tenían una orden aprehensión en su contra, que no se identificaron como autoridades de justicia y que cometieron tratos inhumanos, crueles y degradantes con el fin de que aceptara delitos que no cometió.
“Me llevaron a un lugar que no pude reconocer. Me colocaron una bolsa en la cabeza para que no pudiera respirar. Luego me metieron un trapo en la boca y me tiraban agua en la cara. Con unas pinzas me apretaban los dedos y me decían que me los iban a arrancar. Me decían que eran de la Familia Michoacana y que me iban a matar”, recuerda.
Tras horas de tortura física y psicológica, incluyendo amenazas para dañar a los miembros de su familia, que ya habían identificado por medio de su teléfono celular, lo trasladaron a una oficina, donde le hicieron firmar un papel y colocar sus huellas dactilares. Rememora que lo encerraron en una celda durante cinco días. Sin alimento, sin informarle por qué estaba ahí ni permitirle comunicarse con su familia.
El viernes siguiente, sin más, lo trasladaron al AICM, su lugar de trabajo y donde también trabajaba su hermana, a quien esperaba ver para hacerle saber que estaba vivo y le buscara. Y de ahí, a volar.
“Esa fue la primera vez en mi vida que me subí a un avión”.
Cuando aterrizó, a cientos de kilómetros de su estado natal, lo trasladaron directamente al Penal Federal de Tepic, Nayarit. Tampoco le dijeron porque estaba ahí, fue un día después que le informaron que estaba acusado de cinco delitos.
“Me desmoroné. Me dio vergüenza imaginar qué pensaría mi familia y al mismo tiempo rabia porque yo no había hecho nada. ¿En qué momento habría yo podido haber hecho todo eso?”
Pasó un mes así, sin poder comunicarse con su familia y sin que su familia supiera nada de él. Hasta que conoció a un recluso que era del Estado de México y le pidió de favor que si alguien iba a visitarlo le entregara un croquis con su dirección y una carta para su familia.
“Yo le pedí perdón a mi mamá y a mi esposa. Les dije que esto no estaba en mis manos, que era inocente y que no sabía cómo había terminado ahí. Les dije dónde encontrarme”.
Un caso sin pruebas
“Yo me pregunté: ¿en qué momento tuvo mi hijo tiempo para delinquir si iba de la casa al trabajo, del trabajo a cuidar de su novia, el tiempo libre hacía deporte o daba clases en la academia. No tenía sentido”, dice Maribel sobre el día que acudió al juzgado 5to de Nezahualcóyotl a pedir información sobre su hijo y supo los cinco cargos de los que le acusaban.
La abogada de oficio Ángela Trujillo Tapia les recomendó que fueran a ver su hijo, que ella lo había visto golpeado, aunque los ministeriales le habían dicho que, como se resistió al arresto, lo tuvieron que someter. Les pidió reunir pruebas para corroborar que él no había cometido ilícitos y conseguir firmas que acreditaran su personalidad y buen comportamiento.
Tardaron dos meses más en poder ir a ver a Héctor al penal. Necesitaban 10 mil pesos para hacer el viaje hasta Tepic, una cantidad que para ella, una empleada doméstica, y para su marido, conductor de una combi de transporte público, era casi inalcanzable. Lograron ir el 23 de diciembre. Y ahí supieron que sí, que era Héctor el que estaba preso.
“En ese momento pensamos que habría que hacer todo a nuestro alcance. Por eso fuimos a la CNDH”, recuerda.
Su hijo les había dicho que en su ropa había guardado la receta que el médico de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) –un área que pertenece a la Fiscalía General de la República, antes PGR– le había emitido tras la golpiza de los ministeriales, una prueba de que lo habían golpeado y torturado para hacerlo firmar la declaración. Maribel pidió la ropa y encontró la receta.
Abrazar a un hijo
El 27 de diciembre de 2014, Maribel volvió a Tepic. Lo vio de lejos y cuando Héctor la reconoció, recuerda, se dejó caer sobre las rodillas y comenzó a llorar. Aquella vez pudo volver a abrazar a su hijo, al que daba por muerto.
Se acuerda que Héctor tenía el ojo aún con signos de un gran golpe, igual que en el torso y que en el cráneo tenía dos heridas grandes que no terminaban de cicatrizar.
Le cuenta que él estaba llegando al Oxxo cuando una persona vestida de civil se le presenta de frente y le pregunta por una calle cercana, él le da la indicación y al tiempo siente que un brazo le rodea el cuello, mientras que el hombre que tiene enfrente le golpea la cabeza con un arma.
Lo subieron a una camioneta mientras pedía ayuda a gritos, gritaba que lo estaban secuestrando. Nunca pensó que fueran policías, no había rastro. La forma en la que accedió a firmar su declaración, según lo dicho a su madre y que corroboró el mismo Héctor en entrevista, fue la amenaza de que a ella y a su novia las violarían frente a él y luego las matarían.
Cuando menos se dio cuenta, estaba siendo trasladado a otro estado, a más de 700 kilómetros lejos de su ciudad de origen.
Defender a un hijo
Tras 26 años de matrimonio, Maribel se separó de su esposo porque él decía que ya sólo vivía para su hijo y para trabajar. Desde entonces, la búsqueda de la liberación de su hijo la carga ella.
En 2015, los delitos de fuero federal fueron desechados y Héctor fue trasladado al penal estatal de Texcoco, Molino de las Rosas, donde apenas, en enero de 2020, una riña dejó un muerto y cuatro heridos.
“Yo no me explico por qué sigo preso si todos los delitos estaban asociados a un mismo caso que el juez federal ya había determinado que era insostenible, que no había ninguna prueba en mi contra, ni siquiera una averiguación previa. En lugar de liberarme, el fuero federal me envió a una prisión local, donde me giraron una orden de aprehensión por secuestro y homicidio con calidad de detenido”, señala.
Teóricamente, Héctor había colaborado con el secuestro de una persona a la que habían asesinado; sin embargo, no había víctima –ni cuerpo ni nombre– y fue exonerado del delito de homicidio, pero se mantuvo el delito de secuestro.
La versión de los ministeriales, que yace en la carpeta de investigación, era que él estaba parado con una mochila que le entregó a dos personas que ellos seguían por secuestro. Dicen que lo detuvieron por eso, que según traía droga en la mochila, aunque la mochila tampoco apareció, por eso fue exonerado.
Entre abogados de oficio que se negaron a defenderlo y un abogado privado que defraudó a la familia y que el día clave se olvidó de presentar las pruebas en favor de Héctor, una jueza terminó sentenciándolo en 2017 a 35 años de prisión.
Todos estos años, semana tras semana, Maribel ha llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para darle seguimiento a su caso. Fue hasta enero de 2019 que acudieron a realizarle el Protocolo de Estambul para acreditar tratos degradantes, crueles e inhumanos en contra de su hijo.
La promesa de la administración de Rosario Piedra Ibarra era que el caso procedía y que la recomendación saldría en breve. Pero nada. No hay siquiera un pronunciamiento y, bajo el pretexto de la pandemia, la recomendación quedó parada, mientras Héctor cumple su sexto año en prisión por un delito que, según la falta de pruebas, no cometió.
“Pido una oportunidad, aunque no debería pedirla porque soy inocente. Pero le pido a la CNDH y a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía General de la República que revisen mi caso, que vean que después de ser torturado, después de que se me negaron mis derechos, una jueza sin respetar la ley me sentenció sin pruebas. Quiero vivir. Quiero abrazar a mi familia”, dice el joven, que lleva recluido seis años.
@AleCrail
