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No se puede permitir que ninguna religión legisle 

para todo el mundo lo que se puede o no se puede dibujar…

es inconcebible que las convicciones religiosas de nadie 

se impongan a la libertad que hace posible la democracia. 

Ronald Dworkin

La extorsión moral y política es una de las formas más perniciosas de promover la censura. A la vez, la censura es una de las modalidades más explícitas de la intolerancia, el fanatismo, el pánico moral y, muchas veces, la incapacidad para aceptar las reglas de convivencia propia de una sociedad democrática.

La carta que el pasado 27 de octubre el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes –que a juzgar por su carta tiene una noción más bien sesgada sobre de lo que significa el laicismo- dirigió a Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar, directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, es un magnífico, por su transparencia, ejemplo de ello. 

El 26 de octubre el ICA difundió un cartel promocional de la Expoventa de obra gráfica que habría de celebrarse del 28 de octubre al 2 de noviembre como parte del Festival Virtual de Calaveras de este año. En el cartel se utilizó una obra de Antonio Helguera –dibujante y grabador que recibió en 1996 y 2002 el Premio Nacional de Periodismo y en 2017 el reconocimiento La Catrina en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara– que forma parte de una carpeta de grabados y donde fusiona la imagen de la Virgen de Guadalupe con la Catrina de José Guadalupe Posada. 

El grabado ilustra la feliz convergencia de dos símbolos que, de distinto modo y con raíces e intenciones diferentes, han nutrido el canon iconográfico de la identidad nacional, a la vez que muestra cierta línea de afinidad entre Posada y Helguera ya que, como en su momento apuntó el poeta Hugo Gutiérrez Vega, “ambos han encontrado la manera de hacernos ver mejor todo lo que sucede en este país de santos que son diablos y diablos que son santos”.

Pero, parece que no todos lo han visto así. 

Para el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes se trata de una ofensa, un insulto a la Virgen de Guadalupe, ya que, en su opinión, la ridiculiza. El señor López Rivera, firmante de la carta y coordinador general del Consejo, no se molesta explicar en qué consiste dicha ridiculización o la naturaleza de la ofensa, lo cual hubiese sido muy útil para comprender, que no aceptar, los motivos de su agravio. 

Pero no, López Rivera prefiere, no sin dejar de especular gratuitamente que Guadalupe Posada jamás habría hecho un grabado semejante, solicitar al ICA que “elimine dicha imagen de la promoción de la Expoventa de obra gráfica y que se retire cualquier elemento publicitario que se haya publicado de manera impresa y de manera digital en cualquier medio de comunicación”.

La solicitud es, desde luego, contraria al Estado de derecho, la libertad de expresión y la democracia y, cualquier ciudadano con una mínima noción de lo que representa vivir en un Estado laico, entre ellos y de manera especial las autoridades públicas, no deberían siquiera considerar la pertinencia de dicha demanda.

Y si bien, no todos los exabruptos que nacen de lo que G.K Chesterton, escritor católico que no harían mal en frecuentar las almas piadosas de estas latitudes, llamaba la “ardiente ignorancia” merecen nuestra atención, en el tono y contenido de la carta hay algo verdaderamente preocupante. 

Me refiero a su no tan velada extorsión moral y política.

Al final del tercer párrafo López Rivera advierte: “No estaría mal que recordáramos que, no hace mucho tiempo, por mucho menos que eso, algunos creyentes agredieron con resultados fatales, al autor de un insulto en materia religiosa, en Francia.” 

No sé a qué hecho en particular se refiere el señor López Rivera, pero no necesitamos forzar demasiado la memoria: apenas hace unos días que fue asesinado en París el profesor Samuel Paty por haber expuesto a sus alumnos de educación moral y cívica, ante quienes desarrollaba el tema de la libertad de expresión y de culto, las caricaturas que publicó que la revista Charlie Hebdo publicó en 2015 del Profeta Mahoma y, unos días después, en la basílica de Nuestra Señora de la Asunción, la catedral de Niza, en el sur de Francia, fueron asesinados otras tres personas, víctimas del mismo furor religioso. (No estaría mal, por cierto, que el propio López Rivera ponderara la defensa que en ese momento trágico hizo el Estado francés de las libertades republicanas).

Más adelante, en el cuarto párrafo de su misiva, y falseando con gran frescura a Juárez, López Rivera escribe: “En un estado laico la única manera de mantener la paz es reconocer el derecho que cada persona tiene de practicar su fe”.

¿Esta, entonces, sugiriendo el señor López Rivera que, de no tener una respuesta a su solicitud en los términos esperados por el Consejo, sería justificable que en Aguascalientes tuviéramos una respuesta fatalmente similar por parte de los católicos que se sienten agraviados, y que la paz en la entidad depende ahora de que ese sentimiento sea o no subsanado?

Su ciega pasión por la victimización parece haber llevado a los integrantes del Consejo a ser potencialmente victimarios, es decir, de acuerdo con la segunda acepción de la palabra que ofrece la Real Academia Española, en “Sirvientes de los antiguos sacerdotes gentiles, que encendía el fuego, ataba las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio” 

Veo aquí, si no una amenaza abierta, si una clara extorsión, una doble extorsión: política y moral.

Política porque trata de obligar a una institución pública, al ICA y por extensión al Gobierno del Estado, a hacer algo que atenta contra los propios fines de la institución que es el promover, en un ambiente de libertad, la cultura y el arte –y, salvo que el Comité demuestre lo contrario, la obra de Helguera lo es– y que, de no hacerlo, podrán presentarse hechos violentos.

En este contexto, es conveniente tener en mente, sobre todo en las mentes de las autoridades públicas, que lo propio de un Estado de derecho, que además es un Estado laico, es no permitir ni alentar restricciones a la libertad como respuesta a este tipo de extorsión.

Si ciertos grupos de católicos cuentan con plena libertad para expresar sus convicciones y preocupaciones, no tienen, sin embargo, ningún derecho para solicitar que se censure el derecho de expresión de otros grupos o ciudadanos y menos de hacerlo en nombre de un derecho que, salvo en la “ardiente ignorancia” de los fanáticos, no existe: el derecho a no sentirse ofendidos.

Consentir dicha extorsión política restringiría la libertad de expresión de los artistas, pero también lesionaría los derechos de los ciudadanos a acceder al arte y la cultura en un ambiente de libertad. Con ello se comprimiría de manera notable el espacio y horizonte de libertad al que, como sociedad tenemos derecho e, igualmente grave, se erosionaría la confianza entre los ciudadanos y entre estos y las instituciones públicas: quien extorsiona pretende sustituir el diálogo y la negociación por la intimidación y la amenaza, es decir por la prevalencia de una lógica de acción no muy distante, para el caso, de aquella que rige muchos comportamientos ilícitos.

Tampoco debe cederse ante la extorsión moral. Ello implicaría admitir que, en palabras de Ronald Dworkin, “la concepción de un ciudadano de la buena vida de un grupo es más noble o superior que la de otro” y, en consecuencia, conceder a algunos grupos (así se proclamen una mayoría) un privilegio moral sobre los demás, privilegio que se expresaría en este caso tanto como una prerrogativa a la censura y en el aceptar que no es válido, legítimo o siquiera tolerable aquello que esté más allá de las fronteras (emocionales, cognitivas y morales) de quienes se sienten usufructuarios de la moral pública y privada.

Si la sociedad en que pretenden vivir los integrantes del Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes este confinado a su pánico moral, su precaria capacidad para dialogar con los demás y su desajuste psicológico ante aquello que está fuera de su alcance comprender, es claro que lo propio es defender la libertad de expresión y no eliminar ni el grabado de Helguera ni ninguna otra obra por más que incomode a la sensibilidad de cualquiera. Por lo demás, es lamentable que la una vez fortificante y generosa cultura católica tenga hoy su mayor resonancia en aquellas voces que peor la representan: me resisto a pensar que el pathos del victimismo y la práctica de la extorsión sean lo mejor que tiene hoy para preservar en sus creencias.

El señor López Rivera tiene razón cuando señala, al final de su misiva, que ya tenemos suficientes problemas como para generar lo que llama, casi como un ultimátum, “un conflicto religioso que no necesitamos”. Concuerdo con ello y estoy convencido que la mejor manera de evitarlo es reconocer que, en breve, en una sociedad democrática y libre es inaceptable ceder ante esta doble extorsión. Corresponde a las autoridades gubernamentales garantizar que sea así.