El miércoles pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó de manera extraordinaria para aprobar los perfiles de las y los aspirantes a integrar las consejerías vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de que se reactivara la convocatoria que había sido suspendida por la contingencia sanitaria.
Durante lo que va del mes de julio, causó cierto revuelo en los medios de comunicación tradicionales así como en las redes sociales el procedimiento de designación, en parte por lo complejo del proceso y en parte por la trascendencia del mismo. Finalmente lo que se encontraba en juego era la integración completa del ente que organiza las elecciones y regula las condiciones del proceso cual árbitro electoral.
No se debe perder de vista que lo rebuscado de nuestro sistema obedece plenamente a nuestra historia reciente. Posterior a 60 años de relativa estabilidad en las elecciones nacionales, fue a principios de la década de los 90 del siglo pasado cuando el reclamo social exigió la organización de elecciones por parte de un organismo ciudadanizado, y que ya no fuera una elección de estado en todo sentido. Así, tras la creación del entonces IFE, se fue perfeccionando todo un sistema que, lo sabemos, se encuentra fundamentado en la desconfianza.
La designación de quienes integran el órgano rector nacional no escapa a esa premisa de permanente duda. De entrada, hay que reconocer que no existe un ciudadano, en su estricto carácter de tal que no sienta alguna afinidad hacia algún proyecto político por convicción o conveniencia. Lo que distingue a los trabajadores electorales de manera general, y a las consejeras y los consejeros de manera particular, es el apego a los principios que rigen la materia, entre los que se encuentran la legalidad, la imparcialidad y la objetividad, en el desempeño de su labor. Por ello, las decisiones que se toman en torno a su labor se hacen en estricto apego a la ley, sin inclinar la balanza a favor o en contra de un determinado partido político y despojados de toda visión particular.
Esto es, el sistema ha sido cuidadosamente diseñado y perfeccionado en más de treinta años de existencia, para que quienes ingresen a él, en cualquier calidad, respondan a las exigencias sociales. Quienes aspiraron a integrar el Consejo General, no solamente debieron comprobar ser ciudadanos con sus derechos políticos vigentes y su no militancia actual en algún partido político; además se corroboraron sus conocimientos en la materia, luego de aprobar un examen y elaborar un ensayo de su autoría. Posteriormente fueron evaluados en entrevistas por un comité de expertos de carácter técnico basándose en una metodología que fue pública y permitió determinar a los perfiles más idóneos para que las y los diputados pudieran, en un acuerdo político, elegir de entre ellos.
Finalmente, el procedimiento seguido para la integración de quintetas bajo el procedimiento actualmente establecido garantiza que cualquiera de las y los aspirantes contara con las credenciales suficientes para ocupar una silla en el Consejo. De hecho, se encuentra previsto que, si no se llegara a un acuerdo por parte de las y los diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien determine a los designados por el método de insaculación, que no es más que la extracción de los nombres de una tómbola.
Es conveniente señalar, entonces, que además de un componente político, la designación de las nuevas consejeras y los nuevos consejeros requieren de personas que posean nociones de la materia, puesto que, si bien los organismos se constituyeron como ciudadanizados, han ido evolucionando hasta convertirse en profesionalizados, integrados por cuerpos directivos y técnicos que procuran actualizarse permanentemente en la cambiante materia electoral.
Así pues, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Martín Faz y Carla Humphrey, se unen a Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Zavala en el Consejo General que tendrá a su cargo la dirección de la organización del más grande proceso electoral que haya visto este país, tanto en el número de cargos como en el de potenciales votantes.
Esa tarea no será fácil desde un inicio, puesto que, si bien formalmente inicia el proceso electoral federal en septiembre y el local en el mes de noviembre, ya se encuentran avanzados algunos trabajos que tienen que ver con la construcción del andamiaje legal necesario para que la elección ocurra. A los elementos del Consejo General del INE que recién se integran les corresponde subirse a un tren que ya está en marcha, y cuyo camino no se puede detener para una subida tranquila. No obstante, hay un común denominador en los perfiles que han sido designados y que es su experiencia en la materia: desde quienes han integrado consejos en los institutos electorales locales, integrantes de misión de observación electoral o representantes de partido en los consejos electorales locales, por lo que se prevé que por lo menos conocen de la trascendencia e importancia del lugar al que arriban y que, por lo tanto, la curva de aprendizaje necesaria para quien se integra a una nueva tarea, habrá de ser muy corta.
Las condiciones de la pandemia que asola a todo el mundo, y especialmente a México, retrasaron la integración del máximo órgano de dirección electoral que, aún con todo, no detuvo su incesante marcha en la organización de la próxima elección; ahora no existe pretexto para hacer una jornada electoral ejemplar, con los estándares de calidad a los que nos hemos acostumbrado. Hago votos por un trabajo colegiado que genere certeza entre los participantes del proceso, y no solo hablo de los partidos políticos representados en la mesa del consejo, sino de candidatas, candidatos, observadoras y observadores, funcionariado de casilla, electores y, en general, de la ciudadanía que, estoy seguro, busca un mejor país a partir de sus, necesarias e imprescindibles, distintas visiones.
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