APRO/Verónica Espinosa
Como mujer indígena wixárica en condiciones de pobreza, a sus apenas 20 años y madre de una niña, Liliana fue víctima de casi todas las formas de discriminación y violencia feminicida e institucional, agudizadas por el desconocimiento que sobre los usos y costumbres de este y otros pueblos originarios tienen las instancias del Estado.
Liliana era golpeada e insultada por su esposo. No hubo autoridad ante la cual denunciarlo, porque en su comunidad podía ser rechazada y alejada si lo hacía.
Su esposo hizo pasar su muerte como suicidio. Su familia no fue escuchada por la autoridad ministerial sobre los antecedentes de violencia familiar que ella sufría. Ni siquiera contaron con un traductor certificado.
Personal de la Fiscalía de Jalisco dispuso de su cuerpo, prueba pericial inequívoca de su homicidio, para “resolver el caso” como suicidio, con una falsa autopsia.
A su esposo, que la amenazaba con matarla y salir impune porque tiene familiares en la policía, todas las autoridades le creyeron. A la familia, a las evidencias vistas en la casa, al cuerpo de Liliana, nadie.
Y para las instancias defensoras de derechos humanos, que tendrían que señalar responsabilidades por la simulación de una autopsia y la infiltración de fotografías falsas en la carpeta de investigación del supuesto suicidio de Liliana, tampoco es prioridad.
Liliana fue encontrada colgada de un árbol a unos cuantos metros de su casa en el poblado wixárica de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en la sierra norte de Jalisco, el 3 de marzo pasado.
La familia de Liliana, con el acompañamiento legal del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de mujeres y niñas, interpuso una queja que fue recibida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 1 de abril. Porque lo que la madre, hermanas y hermanos de Liliana habían visto en la casa y la historia previa de la pareja, particularmente en los últimos años y meses, les hicieron dudar de la versión del esposo.
Dilación
La dilación de la Fiscalía de Jalisco y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos para proceder ante las anomalías evidenciadas contrasta con la prestancia con la que ambos actuaron ante el escándalo y las numerosas protestas por el asesinato del joven Giovanni López, atribuido a policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Giovanni murió el 4 de mayo, dos meses después que Liliana. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió para el caso del muchacho un informe el jueves 11 de junio, en el que concluyó que éste fue víctima de una ejecución extrajudicial, golpeado y torturado por los agentes.
Pero con dos meses transcurridos de la queja por el caso de Liliana, la Comisión no se ha pronunciado sobre esta queja ni ha emitido recomendación. Ni siquiera por los elementos que se aportaron sobre los actos indebidos del personal ministerial y forense al pasar por alto pruebas y testimonios el día en que la joven huichol fue encontrada, así como en la falsificación de la autopsia, la Comisión no se ha pronunciado sobre esta queja ni ha emitido recomendación.
En cambio, fue la lucha de familiares de Liliana y la intervención del Observatorio de justicia y derechos humanos de mujeres y niñas la que impidió que la Fiscalía de Jalisco concluyera definitivamente el caso clasificándolo como suicidio, que el esposo de Liliana fuera detenido, vinculado a proceso penal como presunto feminicida y recluido en espera de su juicio.
Después de una larga reunión con personal de la Fiscalía jalisciense, consiguieron que la Dirección general de delitos de violencia contra las mujeres en razón de género y trata de personas enviara a Santa Catarina Cuexcomatitlán, a la casa de Liliana, un equipo multidisciplinario para rehacer el trabajo pericial; la revisión de lo que se había integrado en la carpeta, la asignación de una traductora certificada para acompañar a la familia, testigos y autoridades de la comunidad en nuevas entrevistas y diligencias, y la exhumación del cadáver de la joven.
Algunas pruebas fueron imposibles de recuperar, pues los propios peritos rompieron indebidamente la cadena de custodia necesaria para preservarlas. Eso pasó con la ropa de Liliana y la bufanda con la que se le encontró colgada en el árbol –que pertenecía a su esposo–. Todo fue entregado a la familia junto con su cuerpo en cuanto la Fiscalía concluyó que se había suicidado.
Según sus usos y costumbres, y sin ser nunca advertidos de que se trataba de evidencias, los familiares de Liliana cumplieron con un ritual en el que incineraron las ropas y la bufanda.
Aun así, en la revisión de la Dirección de delitos de violencia contra las mujeres se hizo patente la negligencia con que se llevó esa primera investigación por el perito de la Fiscalía, Ulises Adrián Arellano, que ignoró datos de prueba como la condición en que se encontraron muebles y utensilios en desorden dentro de la recámara de la pareja, y una mancha de saliva de Liliana que quedó en el piso de la casa, además de huellas de arrastre hasta el árbol.
Quedó también al descubierto la simulación que el médico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, José Fernando Montes de Oca, cometió al certificar el suicidio con fotografías de una supuesta necropsia: la exhumación dejó ver el cuerpo de Liliana sólo marcado con cortes superficiales en la piel, para aparentar el trabajo forense que no se realizó.
Esta vez, otro médico del mismo instituto practicó la autopsia, que confirmó las sospechas de la familia sobre el feminicidio de la joven indígena. “Hubo la aplicación de una fuerza constrictora externa intencionada, descartando el acto suicida”, fue su conclusión.
Y otra voz tuvo que ser escuchada: la hija de Liliana, quien estuvo presente en el momento de su muerte, describió cómo “mi papá mató a mi mamá y luego la colgó en el árbol…”.
“Si no hubiera habido una lucha por alcanzar el derecho a acceso a la justicia por parte de nosotras y nosotros como familiares de mi hermana, este caso sería una muestra más de la impunidad que desgraciadamente es una constante en los feminicidios en México, más aun tratándose de mujeres indígenas”, consignaron los familiares directos de Liliana en el documento de queja entregado en la CEDH de Jalisco.
Negligencia
La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que separó de su cargo al forense e inició procedimientos administrativos por su negligencia. Pero la abogada Mara Muñoz recordó que la solicitud de la familia de Liliana es que la CEDH recomiende la apertura de procesos penales en contra de cada funcionario de la Fiscalía que actuó de forma omisa, sin aplicar los protocolos para investigar la muerte de Liliana como feminicidio desde el inicio –como debió hacerse–, sin desahogar todas las diligencias necesarias, sin preservar pruebas ni escena, sin visos de que se buscaba la procuración de justicia para la mujer wixárica.
“La Comisión nada más asume una serie de acuerdos que ya habíamos tomado con la Fiscalía, cuando se le está pidiendo exigir la apertura de carpetas de investigación y emitir una recomendación amplia sobre la violencia contra las mujeres indígenas, particularizando el caso de Liliana”, explicó Mara Muñoz, directora del Observatorio de justicia y derechos humanos de las mujeres y niñas.
“También se está dirigiendo la queja al Gobierno del Estado, para que en sus políticas públicas y su proceso de Alerta de violencia de género, incluya a las mujeres indígenas en todas sus mesas, porque están totalmente desdibujadas, no hay una sola mesa que incluya a las mujeres indígenas”.
Y aunque la Dirección para investigar delitos contra las mujeres tiene un carácter estatal, en los hechos “sólo conoce de los delitos en el área metropolitana. Eso marca también una discriminación contra todas las mujeres rurales, indígenas, porque no les alcanza esta área”, señaló la abogada y defensora.
Además de recurrir a la CEDH de Jalisco, el Observatorio ha remitido informes del caso de Liliana a organismos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas y mujeres: el Mecanismo de derechos humanos del Alto comisionado; la Relatoría de pueblos indígenas; la Relatoría de violencia contra las mujeres; la Relatoría de derechos económicos, sociales y culturales, así como al Grupo de trabajo de discriminación contra las mujeres.
“Todos estos mecanismos dependen de la Oficina del Alto Comisionado para ONU y hasta el momento no hemos tenido respuesta”, lamentó Muñoz Galván.
Además del derecho a una vida libre de violencia de Liliana, la familia y el Observatorio denunciaron violaciones a sus derechos a la igualdad y no discriminación; la debida diligencia reforzada con perspectiva de género y enfoque intercultural y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
El documento de la queja presentada ante la CEDH de Jalisco y los informes remitidos al Alto Comisionado de la ONU exponen que a pesar de que el Estado mexicano cuenta con una amplia normatividad relativa a la violencia contra las mujeres y ha reconocido que la violencia y discriminación contra ellas es un problema grave de derechos humanos “esto no ha visibilizado las particularidades de los tipos y modalidades de violencias cuando estas se cometen en contra de mujeres indígenas”.
Como ejemplo, cita propio documento de queja, “los obstáculos que encuentran las mujeres indígenas para el debido acceso a la justicia, tales como hablar otro idioma, no conseguir intérpretes y no poder costearse un abogado, entre otros, son barreras que fomentan la falta de confianza en el sistema de justicia y en otros órganos públicos de protección”.
Mujeres indígenas, violencia invisible
La familia de Liliana se daba cuenta de que su esposo pasaba más tiempo en la casa y no le gustaba trabajar, mientras ella bordaba morrales en telar de cintura para vender, y en los últimos meses trabajaba como instructora comunitaria de la Conafe.
También de cómo, en el transcurrir de los cinco o seis años que llevaban juntos –se habían conocido en la secundaria y ella estaba con él desde los 16– el hombre la trataba cada vez peor, de los insultos pasaba a los golpes.
Hasta el 2 de marzo, cuando estando en casa de una tía de Liliana, su mamá presenció cómo el esposo se salió furioso y se negó a comer después de otra discusión. La joven se fue tras él rumbo a su casa y le dijo a su madre que regresaría por su hija. Pero fue el hombre quien volvió por la noche. Al día siguiente, Liliana estaba muerta y colgada en el árbol.
“Por miedo no acudimos a la autoridad a tiempo”, declaró una de las hermanas de la joven.
Un testimonio escrito por una de estas mujeres wixáricas refleja los motivos de ese miedo:
“Los hombres que violentan a las mujeres y niñas se justifican diciendo que son usos y costumbres. Incluso nos ha tocado saber de casos de violación contra niñas en los que los agresores dicen eso y como las autoridades del Estado no conocen nuestras comunidades, sobre todo las más alejadas como la mía, les creen.
“Creen esas mentiras, porque nuestros usos y costumbres no justifican la violencia contra nosotras. Todas las ceremonias y rituales que hacemos son ofrecidos por el bien de nuestros niños y niñas, para que tengan una vida feliz y plena y sean personas de bien, para que estén fortalecidos espiritualmente. Las agresiones son causadas por el machismo, que yo lo veo todos los días… hay muchos hombres que golpean a sus mujeres, hijas e hijos porque creen que deben obedecer ciegamente, y eso se pone peor porque toman alcohol. Porque en mi comunidad no habrá medicinas, ni libros, pero la cerveza nunca falta (…) En casos de violencia contra mujeres y niñas en mi comunidad dependiendo de la gravedad del caso se le da aviso a la autoridad del Estado. Pero la autoridad no siempre responde adecuadamente. Cuando las comunidades son cercanas a la ciudad o son personas wixárikas que habitan en la ciudad, es más común que la autoridad acuda al llamado de las víctimas o de la autoridad tradicional. Pero cuando los hechos de violencia se dan en las comunidades más alejadas, por más que se le llame al Estado, este no llega”.
El 21 de mayo, grupos de derechos indígenas que trabajan en la sierra norte de Jalisco informaron que Hilaria, otra joven wixárica de 19 años, murió envenenada con raticida. Su esposo, único testigo junto con su bebé de 11 meses, dijo a las autoridades que “mientras escuchaba una canción de Malverde” ella se puso a discutir con él e ingirió el raticida. Fue un suicidio, concluyó también la Fiscalía.
