El representante de la UNICEF en México diagnostica el estado actual de la protección a las niñas y niños: “Es fácil decir que es una prioridad para el país, pero sin dinero asignado, el compromiso no se ve”. Son el futuro del país, pero también el presente, advierte.
“El rol más importante lo tiene el gobierno, pero todos necesitamos hacer un esfuerzo común para crear una mejor sociedad para las y los niños. Tenemos que luchar para que esto se vuelva prioridad”, dice Christian Skoog, representante de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México.
Skoog, quien cuenta con una larga trayectoria en la lucha a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, sabe que en México y en gran parte del mundo aún hay grandes desafíos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a niñas, niños y adolescentes, incluyendo el más fundamental: el derecho a la vida.
El homicidio en contra de menores de edad, detalla, es la manifestación más grave de la violencia que todos los días viven miles de niñas y niños en el país, incluyendo aquellos que cometen las personas que deberían protegerles: sus familias.
Esta revista digital publicó la investigación “Matar A Un Hijo”, en la que se aborda el punto final de la cadena de violencia que viven miles de menores de 15 años todos los días, la muerte. En México, cada dos días, una niña, un niño, muere a manos de sus familiares, en sus hogares o directamente por maltrato.
“Es difícil hablar de lo que pasa dentro de los hogares. No podemos tener cámaras para ver lo que ocurre, pero tenemos que aprender a detectar las señales, los focos rojos, y fortalecer a los adultos para que puedan actuar y así prevenir abusos contra los menores”.
Para ello, enfatiza el representante de UNICEF, urge “una revolución social” con la que podamos mirar a los más pequeños como ciudadanas y ciudadanos sujetos de derechos, no como una extensión de los padres.
LOS COSTOS DE IGNORAR A LA INFANCIA
Datos de UNICEF muestran que dos de cada tres niños y niñas experimentan violencia en casa, desde agresiones verbales, psicológicas, hasta castigos físicos. Skoog coincide con diversos especialistas en la materia: en México están normalizados los castigos físicos como una forma de educar.
“Pero no debemos aceptarlos, porque esto tiene repercusiones en el desarrollo de los menores”, advierte.
–¿Cuál es el costo que paga la sociedad por no atender las necesidades de las y los niños, de ver protegido su derecho a la vida, una vida libre de violencia?
–Está el costo económico. Aunque es difícil estimarlo con precisión, los estudios muestran que la violencia cuesta entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto. En el caso de la infancia, si pudiéramos trabajar con las escuelas y con los padres de familia para prevenir y evitar la violencia, los costos serían menores. Tendríamos, por ejemplo, una mejor salud mental.
–¿Cuál es el costo que pagan las y los niños víctimas de violencia a lo largo de sus vidas?
–Las niñas y niños que en la primera infancia –de cero a cinco años de edad– viven o ven la violencia en casa tienen un bloqueo físico y emocional con consecuencias serias. Es mucho más probable que un niño en estas condiciones tenga problemas de desnutrición, además, este bloqueo impide seguir los estudios de manera óptima, reduce su potencial. El bloqueo le impide aprender.
“Eso conlleva a que en la edad adulta no sea una persona que ha explotado su potencial. No puede contribuir con sus ingresos y aportaciones ni a la sociedad, ni a la comunidad y ni al país”.
LA INFANCIA AÚN NO ES PRIORIDAD EN MÉXICO
En una revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, EMEEQUIS encontró que el monto asignado al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el mecanismo de coordinación de políticas públicas a favor de la infancia, se incrementó en un 52% respecto a lo que se gastó en 2019, cuando esta área destinaba la mayoría de recursos a salarios.
En este año, el presupuesto para la infancia por medio de este organismo es de 53.6 millones de pesos, de los cuales, el 31% está destinado a gastos de operación (17.1 millones de pesos). Esto es nueve veces el gasto de operación del año pasado, que fue de un millón 800 mil pesos.
En el caso de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), que pertenece al DIF, el presupuesto se redujo en un 4%, lo mismo que los gastos para proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se vio disminuido en un 15%.
“No todo es inversión, pero es importante invertir en la prevención y en la respuesta a la violencia, en tener la capacidad técnica de atender la violencia desde el inicio. Debe ser una prioridad y no es una prioridad”, apunta el representante de UNICEF.
–Pese a los incrementos presupuestales de este año, se invierte poco en la infancia. ¿De qué es síntoma tener un gobierno que invierte poco en el 30% de su población?
–La inversión debe ser proporcional a la población y al problema y eso no está ocurriendo. Siempre se dice que los niños son el futuro del país, pero son el presente también, ellos tienen derechos ahora y tenemos que invertir en ellos porque hacerlo es también invertir en el país.
“Es fácil decir que es una prioridad para el país, pero sin dinero asignado el compromiso no se ve”.
–Tenemos a las Procuradurías de protección a la niñez del DIF que, desafortunadamente, no tienen la capacidad de atender al 100% todos los casos de violencia, ¿cuál es su visión?
–Hicimos un estudio de las Procuradurías de protección a la niñez y ellos operan con apenas el 25% de su presupuesto mínimo para atender los casos que tienen, que no son los recursos mínimos que se necesitan para tener psicólogos y trabajadores sociales para así asumir su función según la ley. Eso vuelve a mostrar que no es una prioridad, pese a ser el primer contacto con las y los niños víctimas de violencia y no pueden ni asumir su función porque no tienen la capacidad.
NO MÁS LEYES, SÍ ARTICULACIÓN
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) fue publicada en 2014 y tiene la finalidad de reconocer los derechos de este sector poblacional. Ahí se enmarcan las responsabilidades institucionales y la urgencia de mirar a los más pequeños como individuos con derechos.
–Tenemos un marco legal de primer nivel, pero no la articulación. ¿Qué falta en México para tener un sistema que esté pendiente de lo que pasa con las y los niños?
–Falta armonizar las leyes. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de primera, pero falta actualizar otras leyes de educación, migración y otras para estar en la misma sintonía.
–¿Cómo lograr esta articulación?
–Falta, primero, presupuesto y capacitación dentro de las instituciones para asumir sus funciones bajo la ley. También una movilización social para que la sociedad entienda toda la violencia que hay en contra de niñas y niños y así cambiar la norma social.
“La violencia es normalizada y nadie que sea testigo de la violencia se quiere meter porque creen que es normal. Hay que cambiar ese chip y alzar la voz para decir que no es aceptable usar la violencia verbal, psicológica ni física en contra de niñas y niños”.
–En un país con un sistema de justicia con muchas carencias, ¿cómo garantizar los derechos a niñas y niños?
–Todo el sistema judicial tiene que tener los recursos, pero también el enfoque del interés superior de la infancia, este conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Luego aplicarlo en todos los asuntos que tienen que ver con ellos y hacer cumplir lo que está escrito en la Constitución mexicana.
“Sin embargo, en general no se aplica, porque las autoridades escuchan a los padres, a los adultos, y no escuchan a los niños, ni piensan en el bienestar ni en el interés del niño, piensan en los adultos”.
Otro punto que hay que fortalecer institucionalmente, afirma el especialista, es mejorar el sistema de recopilación, análisis y difusión de datos para demostrar lo que ocurre y sus consecuencias.
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD
“Necesitamos una revolución social. Tenemos que empezar para cambiar las normas sociales que nos dicen que ellos no tienen voz o que valen menos y mudarlo a tener en cuenta su bienestar, sus necesidades. Urge un cambio cultural”.
–¿Qué repercusiones tiene para las y los niños el no ser escuchados?
–Ellos se sienten de menor valor. Esto, además, se replica entre ellos al crecer, los adolescentes dejan de escuchar a los más pequeños y se va creando esta idea de que no tenemos que escucharles.
“Tenemos que garantizar su participación y darle poder a su voz, pensar en su bienestar y su interés”.
–Más allá del papel de Estado como garante de derechos ¿qué toca a los actores que conviven cotidianamente con los menores?
––Primero, fortalecer a las escuelas, que es donde informamos a niñas y niños sobre sus derechos y sobre lo que no debe de pasar. Segundo, detectar los casos de abuso a partir del involucramiento de esos actores –la escuela, maestros, sistema de salud– para que puedan ver, a través del comportamiento de las y los niños, cuando hay algo que los está poniendo en riesgo.
“Hay que hacer una vigilancia más exhaustiva y tener mecanismos para reportar estas agresiones, porque no podemos olvidar que una persona que sufre violencia de niño tiene más probabilidades como adulto de replicar este comportamiento hacia los demás”.
