LJA.MX Noticias México

El avance de las telecomunicaciones y de las  tecnologías de la información ha provocado el surgimiento de una sociedad mundial que se erige como sustento de la globalización, situación que a estas alturas se ve como algo irreversible.  

Resulta un grave error entender la globalización solamente como un proceso de eliminación de barreras al comercio en dónde un esquema desregulador es la panacea de todos los problemas económicos, ya que podríamos llegar a pensar que el neoliberalismo es algo irreversible, afirmación que encuentra su antítesis en el actual estado de cosas. 

La crisis financiera global es sólo un elemento que se suma a la contradicción que se ha venido gestando en contra del discurso apologista de los defensores a ultranza del libre mercado. Resurgimiento de expresiones nacionalistas y la creación de bloques económicos regionales competitivos y excluyentes entre sí, son sólo algunos de esos elementos que se presentan como obstáculos al proceso económicamente homogeneizante. 

Actualmente, el principal referente de ese modelo homogeneizante, la Unión Europea, enfrenta grandes retos en su proceso de integración: el surgimiento de un movimiento obrero que pugna por un nacionalismo económico, la incapacidad de implementar la unión monetaria, medidas proteccionistas por parte de los gobiernos, el euro escepticismo de la presidencia en turno, entre otras cosas. Ello da lugar a que, en el aun no ratificado Tratado de Lisboa, se contemple el mecanismo de retiro de la unión por parte del país que así lo desee. 

Es necesario pues que, una vez superada la crisis financiera global, se haya reconfigurado el modelo de integración a nivel mundial para poder hacer frente a los retos que presenta la gestación de esa sociedad mundial. En este sentido, la cooperación internacional, más que dádivas o limosna de los países desarrollados hacia los subdesarrollados, debe erigirse como un eje de funcionamiento del sistema mundial y una conditio sine qua non para lograr una verdadera integración. 

En diciembre de 2007 la Cámara alta aprobó el dictamen de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), mismo que turnó a la Cámara de Diputados, dónde se mandó, sin justificación alguna, a la congeladora. Este proyecto reconoce el doble papel de México como donante y receptor de CID y la activa participación de entidades federativas y municipios en esta materia. 

La ley propone la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la cuál tendrá, además de otras funciones, la de celebrar convenios con las entidades federativas para llevar a cabo actividades de CID, y en cuyo consejo consultivo se encontrará un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con derecho a voz y voto. 

La cooperación internacional en forma pecuniaria es algo que queda en segundo término en estos momentos; sin embargo, la cooperación para actuar y hacer frente a la crisis es algo que pueden realizar las entidades federativas no sólo en el marco de la CONAGO, sino también con gobiernos locales extranjeros. 

Las actividades en el exterior no están reservadas para la Federación, y los gobiernos locales pueden mantener contacto directo con sus pares en el extranjero para intercambiar ideas y maneras de acción ante el escenario tan adverso que actualmente nos afecta. Éstas son las cosas que pueden hacer que los hermanamientos o las giras en el exterior pasen de ser mera demagogia y turismo de los políticos, a cuestiones que beneficien al grueso de la población y hagan palpables los beneficios de vivir en un mundo que sufre un proceso irreversible de globalización.

¿Cuántas niñas y niños, se encuentran en incertidumbre por estar en algún albergue o institución de asistencia, derivado esto de la irresponsabilidad de sus ascendientes y que tampoco importa mucho a las autoridades?  ¿Cuántas, su situación legal es irregular porque están abandonados o en medio de la disputa familiar? ¿Cuántos lugares similares operan en otras partes del país como Casitas del Sur de la ciudad de México? ¿Qué hace el Estado como garante de los derechos fundamentales de estas niñas y niños?  Son tantos interrogantes ante los cuales no hay certidumbre.

En la conversación casual muchas personas nos preguntamos cómo es que tienen permiso estas asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, que no se puede asegurar que su funcionamiento cumple con las elementales reglas que aseguren el respeto a la dignidad humana de cientos de niños y niñas.  El primer cuestionamiento es sobre qué méritos la autoridad les otorga permisos para que se instalen y soliciten apoyos económicos y por qué no ha habido vigilancia y revisión periódica sobre su funcionamiento o, si la hay, por qué se ha dejado pasar tanta irregularidad? Cómo se “pierden” y “desaparecen” estas niñas y niños hace  meses o años y las autoridades no se enteran y sólo a partir de que se hace público algún caso como el de Ilse Michel empieza a salir a la luz pública tanta irregularidad y tanta impunidad que violenta los derechos humanos de estas niñas y niños.  Esta  desatención y exclusión tiene como origen que no se les considera como personas sujetas de derechos, sino como “menores” de los grupos vulnerables a los que hay que mandar a algún lado como si fueran cosa, objeto incómodo que no se sabe dónde poner.

Para colmo, no terminamos de sorprendernos con el caso de esta secta que ha encontrado como un negocio rentable “atender” a niños y niñas en situaciones vulnerables, cuando ha sido público el caso oprobioso de tortura criminal ejercida contra una niña y un niño por parte de sus propios familiares, en la delegación de Tlalpan, sustentado en fotos espeluznantes que evidencian estas escenas, que son más propias de un holocausto que de una democracia republicana fundada en garantías constitucionales que protegen los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo como base esencial del Estado de derecho.

Cada persona debiese mirar a su alrededor y ponderar cuántos casos conoce y observa como los acontecidos en Casitas del Sur o los niños torturados de Tlalpan. Escuchamos invocar al Interés Superior de la Infancia por parte de autoridades a lo largo y ancho del país, pero resulta demagogia frente a tanta ineptitud, simulación e impunidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos acaba de cumplir 60 años, y en su artículo primero señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  Y abunda que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los preceptos de esta declaración que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, constituyen la base de la nueva organicidad de las naciones del planeta y de los tratados sobre derechos humanos, muchos de los cuales han sido aprobados por nuestro país.  Un tratado vinculante es la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que junto con los preceptos constitucionales y las leyes en la materia, constituyen el marco legal, que compromete a todo el Estado Mexicano. Y frente a estos hechos es necesario que cada persona de manera responsable asuma sus compromisos frente a una criatura que no puede ser explotada, lastimada y vilmente tratada con tanta crueldad y no pase nada.  Estos maltratos crueles y degradantes, evidenciados, nos llaman la atención de que hay que recomponer a la sociedad, nos alerta sobre la descomposición social de algunas personas que son capaces de torturar y flagelar a un niño y andar por la vida como si nada.  Y esta descomposición tiene como origen la falta de educación y reeducación  en el respeto de los derechos humanos. Pero si las autoridades son omisas en su vigilancia de cómo se trata a la niñez que, por sus desventajas, tiene que ser separada de sus familias o se encuentran en situación de abandono o vulnerabilidad, el mensaje que se manda a la sociedad es que en cada lugar o familia se puede hacer con niñas y niños lo que sea, incluso matarlos. 

Sólo para alertarnos de que debemos aprender de la historia reciente, porque así comenzó la cadena de feminicidios en Ciudad Juárez y en otros lugares del país. Siempre se comenzó con el asesinato de una mujer con nombre, apellidos, familia; con ojos de mirada intensa como ser vivo mirando hacia su futuro, y su crimen pasó a la historia de la injusticia y la impunidad. Como efecto dominó, una mujer tras otra; en esa ciudad fronteriza y en su capital, y en otros estados del norte, del Pacífico, del centro, del sur.  Las mujeres, como las niñas y los niños, no como sujetos de derechos, sino como grupos vulnerables, ése es el fondo.  Por eso yo debo equivocarme, que no son más de siete, que no pueden ser más de 10. Espero ver a Ilse, a esta niñita que hoy podría ser legisladora infantil en el parlamento de niñas y niños realizado año con año en el Congreso de la Unión.  Espero que su abuela la quiera, la acaricie, la bese y le diga que la quiere mucho cuando la encuentre, que tenga la atención especializada para que pueda sobrevivir a sus penurias y traumas, pero, sobre todo, espero que las autoridades verifiquen cada día de su vida, cada semana, cada año para garantizar que efectivamente está bien.

En medio de estos graves trances, alarma que la respuesta del gobierno no es recomponer las instituciones y reestructurar el tejido social, sino sustituir a las autoridades civiles por miles de soldados por las calles y barrios, hoy en Ciudad Juárez.

l pasado domingo primero de marzo, el notario público Gustavo Adolfo Granados Roldán, en este mismo espacio, en un arranque de olímpico desprendimiento autobiográfico, cual capítulo de la Rosa de Guadalupe, diseminó la materia gris de sus disquisiciones vecinales, patrimoniales y notariales, haciendo público su ferviente ruego de que el gobernador del estado le mande alguna “escriturita”, para después exponer un “sesudo” punto de vista relacionado con la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada para el Estado Aguascalientes. Con singular ligereza, demuestra errores, descubre confusiones, contradicciones, mala redacción y contravención con otras leyes, sin esgrimir ningún tipo de razonamiento lógico jurídico, ni señalar específicamente los defectos de forma y fondo sustanciales en el cuerpo de la propuesta legislativa que el próximo jueves se discutirá en el Congreso del Estado, a ocho meses de su presentación y después de la realización de foros de discusión incluyentes que enriquecieron la iniciativa, que, como toda ley, será perfectible aun después de su promulgación; donde se dio voz a diversos actores religiosos, sociales y académicos y de manera especial al Colegio de Notarios, que culminaron con un largo proceso para consensuar su dictamen. 

No cabe duda que el notario 39 quiere hacerse el notorio, aún a riesgo de exhibir su notoria ignorancia, al menos como abogado. Atribuye como yerros de la iniciativa que 54 artículos sean idénticos y me acusa, sin profundizar en las consideraciones culturales y jurídicas del concepto, de plagio, por ser la citada iniciativa copia de la ley del Distrito Federal, elaborada por legisladores del Partido de la Revolución Democrática, quienes desde la izquierda pensamos con Michelle Foucault que “la función autor” obstaculiza la libre circulación y composición de ideas y conocimientos, en contraste con los que defienden a ultranza la privatización del lenguaje para someter la imaginación creadora a la ley. 

Debo decirle al notario que la duplicidad fraudulenta de una ley no existe y que no se configura el plagio cuando se reproducen parcial o totalmente las leyes, en razón de que este término está asociado a la propiedad intelectual desde una perspectiva estrictamente semiótica, que se clasifica como un sistema de atribución de la originalidad, la identidad y la autoría de los objetos y de las obras de arte en relación con la especificidad literaria.    

Resulta de suma gravedad que un notario público que, por disposición de ley debe ser un profesional del Derecho, desconozca lo establecido en la LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR: 

“Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley: 

“…VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición…” 

Bajo este contexto, no sólo pueden copiarse las leyes, sino también los reglamentos, proyectos y  resoluciones de cualquier órgano jurisdiccional y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos estos textos. Su uso es libre y nadie puede reclamar su autoría o su pertenencia legal. Copiar las normas y las resoluciones no es un acto de rapiña literaria ni una tarea insignificante, al contrario, es una condición fundamental en un Estado democrático y de derecho, que facilita enormemente la labor en la redacción de escritos legales. Si el derecho no fuese libremente reproducible, su eficacia y su exigibilidad se verían en entredicho, tal como lo sostiene el abogado español, especialista en Propiedad Intelectual, Javier de la Cueva. 

Si Gustavo Adolfo Granados Roldán tuviera el mínimo interés de asomarse al Derecho  Comparado, le quedaría claro que ninguna Constitución en el mundo es original, puesto que muchos países han tomado como modelo la Constitución de otras naciones, copiando sistemas, mecanismos y reglamentos para adaptarlos a la realidad de sus propios pueblos. Ésta es la razón fundamental por  la que el Derecho Comparado es uno de los mecanismos de interpretación más utilizados en el mundo, cuyo objeto es  el estudio de los diversos ordenamientos jurídicos existentes, a fin de descubrir sus semejanzas y diferencias, buscando la universalidad del derecho. 

Es urgente que en México se reformule la ley que ampara la Propiedad Intelectual y se acabe con el fanatismo cultural institucionalizado, sin que esto signifique el desconocimiento al modelo romántico y anacrónico de la producción cultural a partir de la nada. Comparto la idea de aquellos que exigen que se abra la base de datos cultural y se permita a todo el mundo la utilización de la tecnología de la producción de textos en todo su potencial, para que todo libro editado, todo periódico, sean digitalizados y puestos en internet para que puedan ser leídos y usados por cualquiera que pueda acceder libremente, tal como lo hizo  Gustavo Adolfo Granados Roldán, al utilizar la enciclopedia libre de Wikipedia. Así, las condenas de plagio al rector de la UAA y a la Ley de video vigilancia presentada por el PAN serían, sin discusión alguna, actos reaccionarios de aquellos que no saben que la Revolución Digital que vive el mundo, ha provocado una explosión de “conocimiento” sin paralelo, que está abriendo como nunca antes la posibilidad de explorar significados en los productos culturales más allá de la metodología y la metafísica de lo “original”. 

Estoy lista para debatir conceptos e ideas y traficar con los sueños de los que se oponen a la privatización de cualquier producto cultural, transformado en palabras, imágenes o sonidos. 

Copyright © 2009 Nora Ruvalcaba Gámez. Se otorga permiso para copiar y distribuir este documento completo en cualquier medio si se hace de forma literal y se mantiene esta nota.

En los últimos años, los cárteles de la droga y el crimen organizado no solamente decidieron traficar con drogas, personas, vehículos, armas, lavado dinero, sino que de una manera incomprensible, se está enfrentando al gobierno establecido y a las instituciones en general, para tratar de controlar territorios a través de la corrupción y la infiltración de gobiernos locales. Ante esta embestida cruel, ilógica y al mismo tiempo sangrienta, el año pasado tuvimos más de 5 mil 300 muertos, entre ellos muchos civiles inocentes.

El Gobierno Federal y las instituciones han decidido combatir este flagelo hasta sus últimas consecuencias. Durante la visita que realizó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a los Estados Unidos de Norteamérica, al entrevistarse con el presidente Barack Obama, el tema que dominó en las conversaciones fue el de la seguridad, teniendo como objetivo el combate al crimen organizado y no menos importante, pero con menos intensidad, la crisis económica que está permeando nuestras economías.

No son pocos los funcionarios de alto nivel de Norteamérica que están preocupados y que están buscando tener un acercamiento con México, con el fin de, unidos, combatir a estos criminales. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Robert Gates, ha ofrecido apoyo a México y no solamente eso, sino que antes estuvieron regulando el apoyo y tecnología que nos iban a dar a través de la Iniciativa Mérida, y hoy nos dice el señor Gates que están buscando cómo fortalecer este apoyo y aun más, buscar que esto se prolongue.

El procurador general de los Estados Unidos de Norteamérica, Erik Holder, en la reciente visita que realizó al procurador general de la República Mexicana, Eduardo Medina Mora, habló también de que no puede seguir siendo que la desconfianza prevalezca entre las autoridades norteamericanas y mexicanas, pues la información que tienen uno y otro gobierno no fluye de una manera oportuna y veraz para poder ser más efectivos en esta guerra.

No solamente fue la visita del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para buscar los acuerdos de primer nivel en este combate al crimen, sino que en la reunión que se llevó a cabo en Panamá con los presidentes de Colombia, Guatemala y del país sede, se habló también de una alianza para combatir las redes internacionales que perpetran estos actos delictivos.

Los resultados han sido que hoy tenemos la noticia de que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha sido amenazado, en un acto verdaderamente de soberbia de los delincuentes, y por otro lado el gobierno colombiano nos ha informado de que muchos de los secuestros que se han realizado en México están ligados a las FARC, guerrilla que existe hace muchos años en ese país y que fueron encontrados en una computadora de “Raúl Reyes”, abatido en territorio ecuatoriano.

Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos reconoce que los cárteles tanto de Sinaloa, Tijuana y de Ciudad Juárez, han consumado 368 plagios en Phoenix, Arizona, durante el año 2008.

Panamá informó también que el dinero que entra a través de financieras y algunos establecimientos a sus territorios, está siendo lavado, pero nos habla de cantidades superiores a los 15 mil millones de dólares.

En medio de todo este entorno, estamos proponiendo en el Senado de la República que se actúe y amplíe el acuerdo vigente entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmaco-dependencia, para incluir el tráfico de armas y el lavado de dinero y revisar los resultados que se han obtenido y aquellos que no han dado resultados.

Este acuerdo está vigente desde el 2 de marzo de 1992 y es muy cuidadoso de que no se viole la soberanía de ambos países y se respete la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y el respeto a la integridad territorial de los estados. Este acuerdo no faculta a la autoridad de una de las partes a emprender, en la jurisdicción territorial de la del otro, el ejercicio y el desempeño de las funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa otra parte por sus leyes o reglamentos nacionales.

Debo reconocer que dicho acuerdo fue aprobado por la Cámara de Senadores el 30 de noviembre de 1989, pero se publicó en marzo de 1992, en el Diario Oficial de la Federación.

Este acuerdo recoge las obligaciones internacionales que se derivan de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que se adoptaron en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988.

Este convenio que estamos tratando de impulsar, también recoge en esta convención el respeto a los derechos humanos, los cuales deberán ser preservados aún en estos momentos tan difíciles, por lo tanto, seguiremos luchando para hacer lo que nos toca dentro de nuestra obligación, para que México recupere a la mayor brevedad la paz y tranquilidad que merece nuestra sociedad.

Vicente Pérez Almanza

Hubiera dejado más tranquilos a diputados y ciudadanos en general, si del Gobierno de Estado hubiéramos escuchado que se desconocía el operativo en donde delincuentes con placa, integrantes de las policías federales, estatales y municipales, arremetieron contra trabajadores de la oficina de Gestión Social del Congreso del Estado el pasado 20 de febrero; asimismo, hubiera resultado más complaciente saber que ya se deslindaban responsabilidades por allanamiento, robo, lesiones, injurias y amenazas a los autores materiales del atentado. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario.

Ese tipo de actuaciones generaron todo tipo de reacciones y originaron que se fijara una postura por parte de los diputados de las diferentes fuerzas políticas ahí representadas, así como la citación del Secretario de Seguridad Pública del Estado y una reunión con el titular del Poder Ejecutivo.

Inicié mi intervención en la Máxima Tribuna, manifestando a los compañeros diputados que “no había dolor más soportable que el ajeno, y más tormentoso, que el propio”, en alusión por el infierno que viven a diario miles de mexicanos producto de la delincuencia organizada y de algunas elementos policíacos. El atentado al Congreso no es el primero, ni el único, que ha sufrido este tipo de vejaciones. A diario nos enteramos o se nos reportan algunas iguales y otras peores y, sin embargo, nadie había alzado la voz por ellos, quizá por no ser parte del “Glorioso Congreso del Estado”.

Me atreví a decir que no cayéramos en el juego de la delincuencia organizada, a la que le urgía un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hice un llamado para que actuáramos con madurez e inteligencia, iniciando por entender que el atentado no fue producto de la casualidad. Nadie puede ser tan bruto como para no leer un amplísimo letrero anunciando la Oficina de Gestión Social del Congreso del Estado. Es bien sabido quiénes fueron los autores materiales, y exigiremos una minuciosa investigación para deslindar responsabilidades y dar con el autor intelectual.

A lo que en el Ejecutivo le llamaron “responsabilidad”, muchos le llamamos cinismo, en donde aparte de aceptar que sí encabezaban ese operativo, también se dijo que iban tras de unos delincuentes que ahí se escondieron. Además se dijo que el fin justifica los medios, y yo les preguntaría ¿y cuál era el fin de ese operativo o persecución?, porque si era garantizar seguridad pública, no lo hicieron y no han podido hacerlo. ¿Era para detener a delincuentes en ese operativo o persecución?, no lograron capturar a ninguno. ¿El fin era reventar una casa del crimen y delincuencia organizada?, que manera tan “simple” de actuar, pensando que sería en una oficina donde se atienden las múltiples y muy variadas necesidades de la población, ubicada frente a un jardín de de niños.

Algunos diputados se proclamaron por que el Ejecutivo ofreciera “una disculpa pública”; otros, por la suspensión de quien dirige la Secretaría de Seguridad Pública, de igual manera, porque se repararan los daños y se deslindaran responsabilidades. Ninguna está fuera de la razón.

Pero hoy queda demostrado que el atropello a los derechos humanos no se compara con el atropello a los derechos de toda una sociedad, al no existir ni la voluntad, ni la madurez, ni la inteligencia para combatir al crimen organizado. Se dice que hay muchas acciones, pero pocos los resultados que se palpen. Se dice que es obligación de todos los poderes, pero las leyes existentes no se cumplen, ni se proponen modificaciones a las mismas. Se tacha a los diputados de alarmistas y oportunistas en tiempos electorales, cuando cualquier ciudadano podría ejemplificar muchos más actos delictivos o complicidad y abuso por parte de los policías.

Por eso, ¿para qué acudir a una reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde se degustará un delicioso banquete como desayuno, y será el cuadro perfecto para la fotografía y el encabezado de los diarios donde se muestre la responsabilidad de cada poder?

Lo que el Ejecutivo debería de hacer, es trabajar en un plan integral de inteligencia para contrarrestar a la delincuencia organizada, empezando por revisar a cada uno de sus funcionarios.

El Legislativo debería de empezar a es ser más contundente, a utilizar la razón y la legalidad como herramienta fundamental para hacer; para ser un poder con poder, que frene la actuación de malas políticas públicas y verdaderos fiscalizadores de quienes aplican un presupuesto público, no ir a desayunar con cargo al erario público a que les den una disculpa, que nunca escucharán.

Vicente Pérez Almanza

Hubiera dejado más tranquilos a diputados y ciudadanos en general, si del Gobierno de Estado hubiéramos escuchado que se desconocía el operativo en donde delincuentes con placa, integrantes de las policías federales, estatales y municipales, arremetieron contra trabajadores de la oficina de Gestión Social del Congreso del Estado el pasado 20 de febrero; asimismo, hubiera resultado más complaciente saber que ya se deslindaban responsabilidades por allanamiento, robo, lesiones, injurias y amenazas a los autores materiales del atentado. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario.

Ese tipo de actuaciones generaron todo tipo de reacciones y originaron que se fijara una postura por parte de los diputados de las diferentes fuerzas políticas ahí representadas, así como la citación del Secretario de Seguridad Pública del Estado y una reunión con el titular del Poder Ejecutivo.

Inicié mi intervención en la Máxima Tribuna, manifestando a los compañeros diputados que “no había dolor más soportable que el ajeno, y más tormentoso, que el propio”, en alusión por el infierno que viven a diario miles de mexicanos producto de la delincuencia organizada y de algunas elementos policíacos. El atentado al Congreso no es el primero, ni el único, que ha sufrido este tipo de vejaciones. A diario nos enteramos o se nos reportan algunas iguales y otras peores y, sin embargo, nadie había alzado la voz por ellos, quizá por no ser parte del “Glorioso Congreso del Estado”.

Me atreví a decir que no cayéramos en el juego de la delincuencia organizada, a la que le urgía un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hice un llamado para que actuáramos con madurez e inteligencia, iniciando por entender que el atentado no fue producto de la casualidad. Nadie puede ser tan bruto como para no leer un amplísimo letrero anunciando la Oficina de Gestión Social del Congreso del Estado. Es bien sabido quiénes fueron los autores materiales, y exigiremos una minuciosa investigación para deslindar responsabilidades y dar con el autor intelectual.

A lo que en el Ejecutivo le llamaron “responsabilidad”, muchos le llamamos cinismo, en donde aparte de aceptar que sí encabezaban ese operativo, también se dijo que iban tras de unos delincuentes que ahí se escondieron. Además se dijo que el fin justifica los medios, y yo les preguntaría ¿y cuál era el fin de ese operativo o persecución?, porque si era garantizar seguridad pública, no lo hicieron y no han podido hacerlo. ¿Era para detener a delincuentes en ese operativo o persecución?, no lograron capturar a ninguno. ¿El fin era reventar una casa del crimen y delincuencia organizada?, que manera tan “simple” de actuar, pensando que sería en una oficina donde se atienden las múltiples y muy variadas necesidades de la población, ubicada frente a un jardín de de niños.

Algunos diputados se proclamaron por que el Ejecutivo ofreciera “una disculpa pública”; otros, por la suspensión de quien dirige la Secretaría de Seguridad Pública, de igual manera, porque se repararan los daños y se deslindaran responsabilidades. Ninguna está fuera de la razón.

Pero hoy queda demostrado que el atropello a los derechos humanos no se compara con el atropello a los derechos de toda una sociedad, al no existir ni la voluntad, ni la madurez, ni la inteligencia para combatir al crimen organizado. Se dice que hay muchas acciones, pero pocos los resultados que se palpen. Se dice que es obligación de todos los poderes, pero las leyes existentes no se cumplen, ni se proponen modificaciones a las mismas. Se tacha a los diputados de alarmistas y oportunistas en tiempos electorales, cuando cualquier ciudadano podría ejemplificar muchos más actos delictivos o complicidad y abuso por parte de los policías.

Por eso, ¿para qué acudir a una reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde se degustará un delicioso banquete como desayuno, y será el cuadro perfecto para la fotografía y el encabezado de los diarios donde se muestre la responsabilidad de cada poder?

Lo que el Ejecutivo debería de hacer, es trabajar en un plan integral de inteligencia para contrarrestar a la delincuencia organizada, empezando por revisar a cada uno de sus funcionarios.

El Legislativo debería de empezar a es ser más contundente, a utilizar la razón y la legalidad como herramienta fundamental para hacer; para ser un poder con poder, que frene la actuación de malas políticas públicas y verdaderos fiscalizadores de quienes aplican un presupuesto público, no ir a desayunar con cargo al erario público a que les den una disculpa, que nunca escucharán.

El hecho es real. Sucedió en Palo Alto, California, alrededor de 1990 en una preparatoria. El nombre de la escuela es lo de menos, como también lo es el nombre del protagonista principal. Simplemente lo identificamos como un maestro de historia al que le fue asignada, contra su voluntad, la dirección de un seminario, con duración de una semana, cuyo tema central era “Autocracia”. Su deseo primario era impartir un curso sobre el tema que, sostenía, era especialista: “Anarquía”.

Sin más remedio que acatar órdenes de su dirección, y con el contraste ideológico de origen, el maestro, resignado, decide hacer un experimento con su clase y con sus alumnos. La técnica educativa empleada fue la de una intensa participación de los alumnos, de tal forma que ellos descubrieran por si mismos la teoría y praxis de una dictadura como sistema de gobierno.

Dejando entrever, por definición, a la dictadura como un sistema de gobierno en el que todos los poderes recaen en una sola persona, los alumnos, mediante lluvia de ideas, descubren el papel de dominio sobre las masas del líder. Como requisito indispensable del sistema autocrático concluyen que el ejercicio del poder se tiene que dar mediante la disciplina.

A pregunta expresa, con dosis de inducción, sobre las estructuras sociales que favorecen el surgimiento de una dictadura, llama la atención las respuestas de los preparatorianos; en frases cortas y en ocasiones con una sola palabra. Algunas de ellas fueron: Injusticia social, alto nivel de desempleo, nacionalismo exacerbado, insatisfacción política.

Acabada la parte de las definiciones el primer día, y vislumbrando terreno fértil, el maestro decide iniciar su experimento, haciendo a un lado su papel de maestro para erigirse en el de líder del grupo, por supuesto, bajo el democrático método de votación a mano alzada. A partir de ahí y también bajo definición colectiva, cumple los requisitos de un dictador: imposición de ideología, vigilancia estrecha sobre los miembros del grupo, control de acciones y la exigencia de respeto.

Al segundo día, ya en torno a un líder (el maestro), dejan de ser los alumnos para convertirse en “el grupo”. Definen el concepto de unidad trabajando todos al mismo ritmo. Espíritu de grupo, reconocimiento de grupo, poder del grupo. Buscan su propia identidad de grupo con manifestaciones externas como el uso de ropa igual (uniforme) con lo que eliminaban diferencias sociales.

Necesitados de reconocimiento fuera de su grupo, se vieron en la necesitad de diferenciarse del resto de alumnos de la preparatoria, aparte del uniforme y se bautizaron, crearon logotipo y adoptaron un saludo peculiar entre ellos.

No tardaron en darse las primeras manifestaciones de intolerancia. Aquel que no pensaba como ellos, inmediatamente se le tipificaba de traidor. No se aceptaba opinión en contra. De forma natural se crearon grupos de choque y guardias, incluso armados. Se expresaron manifestaciones de preocupación de otros maestros por el curso que estaba tomando “el seminario”. Pero por otra parte, se dieron manifestaciones de apoyo.

Inequívocamente, el seminario estaba saliéndose de control. El grupo cerró sus puertas a cualquier forma de dialogo. Se dieron, en el curso de una semana, rupturas familiares, de amistad y noviazgos. Los miembros adquirieron tal sentido de pertenencia, que renunciaron a cualquier relación anterior. Para algunos de ellos era su vida.

El experimento termina en drama cuando el líder quiere regresar al papel de maestro y sus alumnos se resisten a reconocer que fueron manipulados y ocurre un suicidio. El hecho fue real.

Esta historia me ha invitado a hacer una reflexión sobre nuestra propia realidad. Implanto la pregunta sobre las estructuras sociales que favorecen una dictadura: Injusticia social, Alto nivel de desempleo, Nacionalismo exacerbado, Insatisfacción política. No nos es ajeno. Percibimos el caldo de cultivo.

Intolerancia y cerrazón al dialogo son el pan de todos los días. Atisbos de militarización son alimentados con una supuesta guerra, manipulación mediática, no se acepta que el otro o los otros pueden tener la razón. Sólo basta observar las reacciones de los gobernantes en turno ante la crítica o la denuncia.

La historia anterior fue llevada al cine. Para remarcar el simbolismo del hecho, se filmó en una preparatoria en Alemania y el subtitulo de la película reza: “Nadie creía que volvería a suceder”. El director es Dennis Gansel, año 2008. La recomiendo aunque no espere usted una producción Holywoodesca ni actuaciones magistrales. Cuando la vea, saque sus conclusiones sobre la propia realidad en México.

Ah, la película se llama “Die Welle”, La Ola.

[email protected]

El país se desmorona. Todos los mexicanos, incluidos los habitantes de la tierra de la “gente buena”, vivimos bajo el peso de la enorme plancha de la inseguridad pública (asaltos, robos domiciliarios, robos a establecimientos comerciales, cristalazos, robos de autos, etcétera), del imperio de la delincuencia organizada (el narcotráfico, los secuestros, la extorsión, los fraudes, los errores policíacos), de la impunidad y el flagelo de la corrupción en todos los ámbitos de las administraciones públicas federales, estatales y municipales, de la caciquil corrupción y simulación en los feudos sindicales (SNTE, IMSS, PEMEX, CTM), bajo la maquillada y “bondadosa” alianza para el desastre educativo con todo y las Hummers incluidas, sepultados en vida por la inflación, la devaluación, el imparable desempleo y los devastadores efectos de la crisis financiera mundial. El país se desmorona a pedazos y mientras tanto, quienes nos des-gobiernan (presidente, gobernadores, alcaldes), los mandarines de cuello blanco y pelo engominado, ni se inmutan.

En nuestra comarca, en Asunción de Tierracaliente, para la Oficina de Des-información Social del Principado, esa realidad no existe, es sólo una falsa percepción de los ciudadanos, o cuando mucho, la terca realidad de uno que otro caso aislado (que no por recurrente y necio signifique que enturbie nuestra sacrosanta paz, nuestra preciada tranquilidad y nuestra invaluable armonía; por lo demás, ya se está investigando dónde vive esa “terca realidad” para ir a chayotearla y/o amedrentarla, y entonces sí, colorín colorado). La política de comunicación social (que a eso se reduce gobernar) consiste en boletinar fotografías del Latin-gober acompañado de figuras de la farándula o el deporte (Hugo Sánchez, Maradona, Cuauhtémoc Blanco, Panteras, Sultanes, Lupita Jones, Erika Buenfil, Murrieta, etc.). Boletines oficiales que se destaquen por la trascendencia de los beneficios económicos, políticos, culturales o sociales que vaya a reportar a la sociedad en su conjunto una acción de gobierno, casi son inexistentes. Resalta más por su gestión eficaz lo que han hecho y conseguido para el estado los legisladores Carlos Lozano, Silvia Luna, Antonio Ortega, Lorena Martínez y Héctor Hugo Olivares (todos ellos plurinominales), que las frivolidades del ejecutivo estatal y el autismo de los legisladores sobrantes (¿quiénes son, cómo se llaman? ¿Habrá algún ciudadano o periodista que sepa qué hacen, por qué cobran?), que curiosamente son militantes del partido en el gobierno.

Cada año, miles de jóvenes ingresan al rango de edad de la población económicamente activa sin contar con oportunidades ni de educación, ni de empleo; cada año, miles de jóvenes egresan o de las escuelas normales o de las universidades con la esperanza fallida de encontrar un empleo; en el último semestre, cada mes, cientos de trabajadores entran en cesantía, ya sea por despido o por el cruel eufemismo del paro técnico; cada día que pasa, el perfil de los taxistas mejora notablemente, ahora son profesores, médicos, abogados, educadores, filósofos, contadores, comunicadores, etc. ¿Y los gobiernos del cambio qué hacen? ¿Qué políticas públicas diseñan y aplican para enfrentar a la “terca realidad” que se manifiesta en raros casos aislados? Sólo “proyectos estratégicos” de clase mundial: construyen vanguardistas estadios de fútbol para somníferos equipos fantasmas; innovadoras megavelarias para espectáculos gruperos; modernísimos antros para la venta de alcohol y drogas al menudeo; improvisados santuarios religiosos para el turismo local y dominical; inundar la geografía urbana de palmeras para enmascarar la proliferación de cocos; construir un millonario centro de convenciones en una ciudad sin atractivos turísticos; levantar una pista de carreras (NASCAR) para beneficio de la especulación inmobiliaria, de una televisora monopólica y de una marca extranjera de cerveza; promover el turismo seudoacadémico y patrocinado con recursos públicos a China para hijos de burócratas, amigos y parientes influyentes; mostrar mediáticamente la costosa y hueca parafernalia de los dizque avances educativos del frívolo nepotismo (“No se a-burra, lea”, sugerencia de lema de campaña para su invisible Programa Estatal de Lectura; habría que empezar por casa, es decir, porque los hermanos Lu-Lu y su pequeño títere leyeran algo más que las onanistas síntesis informativas y la revista TV Novelas); entre otras cosas. Nada tenemos qué decir respecto a los grandes avances que tenemos en seguridad pública (¿cuántos secuestros llevamos en el año, cuántos empresarios han abandonado la ciudad?).

El país se desmorona, pero gracias a Dios, con un gobierno de clase mundial, innovador y vanguardista (tenemos la mejor montaña rusa parada de toda América Latina), con sinergia, con humildad y sencillez, Asunción de Tierracaliente está blindado contra cualquier tipo de adversidad. Desgraciadamente para nosotros ya se va en el 2010. Que el Santísimo nos agarre confesados. Los vamos a extrañar.

IFE Aguascalientes

Estoy ansiosa por regresar a casa. Mi mamá me escribió la semana pasada, contándome que mi abuela está muy entusiasmada porque es Consejera Electoral de un distrito en Aguascalientes, en el Instituto Federal Electoral. Me pareció algo extraño, porque la última vez que la vi estaba muy decepcionada de las instituciones del país.
Mi abuela no es una abuelita común de esas de las que se sientan a tejer y esperar que la vida pase. Siempre ha sido una mujer muy activa y preocupada por defender los derechos de los que dice ella más débiles. Ahora que forma parte del gobierno, me escribe mi madre que está contenta y conforme con ese organismo que, según he oído, se encarga de organizar elecciones. Este cambio de actitud realmente me sorprende y me causa curiosidad saber qué es lo que originó que ella, siendo tan crítica, esté contenta con este puesto o cargo, qué sé yo. Ojalá el vuelo no se retrase y abuelita pueda pasar a recogerme…
-¡Valeria! Mi pequeña, ¡cómo has crecido! ¡Cuánto tiempo sin verte!
–Abuela, ¡qué gusto volver a verte! Tengo tantas ganas de platicar contigo y saber qué has hecho en estos meses. Mamá me dijo que: ¡estás en el gobierno! ¡Eso sí que es noticia!
-Ah!, No estoy en el gobierno. Vigilo a un grupo de funcionarios que trabajan en un distrito para que todas sus actividades sean de acuerdo a la ley.
-A ver, a ver, ¿cómo está eso?
-Vamos a tomar un cafecito y te cuento lo que hasta el momento ha sido esta experiencia.
-Muy bien.
-Bueno, todo empezó porque una amiga de Alianza Cívica, que es un organismo no gubernamental, me platicó que había una convocatoria para ciudadanos interesados en las elecciones que quisieran participar como consejeros electorales. Y me motivó para que me registrara, pues, sabedora de mi trayectoria como luchadora social, me dijo estar segura de que yo podría descubrir cómo se hace el fraude. Al principio estaba indecisa, pues la convocatoria decía que debía tener conocimientos en la materia. Pero, me dije: ¿qué tan difícil puede ser? Pues siendo abogada, yo creo que leyendo la ley electoral podré tener los conocimientos necesarios para el cargo. Llevé mis documentos y unos ciudadanos como yo, que ya habían sido designados como consejeros en un Consejo Local, me eligieron junto con otras cinco personas como Consejera en un distrito.
-¿Cómo está eso? ¿Ciudadanos eligen a otros ciudadanos, pero no son parte del gobierno en el IFE? ¡Que enredado!
-Es que el IFE es un organismo público autónomo que no depende del Ejecutivo. Tiene funcionarios que pertenecen a un servicio profesional electoral, y que se dedican a trabajar permanentemente en el Instituto. Además, estamos las Consejeras y los Consejeros, que somos ciudadanos interesados en lo electoral, que nos encargamos de vigilar que esos funcionarios hagan las cosas correctamente y conforme a unos principios que rigen a la institución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
-Mmmmmh ¿Pero tú cómo haces para saber que esos funcionarios están apegados a estos principios?
-Pues nos llaman a sesionar varias veces al mes y ahí nos informan los avances del proceso electoral. Hay una serie de procedimientos en los que nos involucran para que estemos vigilando muy directamente todas las tareas de preparación para el día de las votaciones. Por ejemplo, para poder contratar a gente que se encargue de capacitar y convencer a los ciudadanos para que participen como funcionarios de casilla, tuve que entrevistar a varios aspirantes en compañía de un funcionario que es llamado vocal. También, cuando les hicieron un examen de conocimientos, tuve que ir a vigilar que se aplicara correctamente; junto con mis compañeros consejeros califiqué estos exámenes y así, en cada uno de los procedimientos, los consejeros estamos inmiscuidos. Eso nos permite tener un criterio para poder opinar con objetividad de los trabajos de este organismo público.
-Entonces, ahora que lo estás viviendo de cerca ¿tu apreciación de las instituciones públicas ha cambiado?
-Si, absolutamente. Al menos en lo electoral, ahora sé con conocimiento de causa que todo está ampliamente verificado, que siguen las normas del COFIPE que es la ley que tiene todas las indicaciones para saber quiénes pueden votar, en qué lugares se irá a votar y quiénes contarán los votos y además me siento muy satisfecha porque he comprobado que puedo disentir en un órgano colegiado y que mi opinión se toma en cuenta y se escucha con respeto. Otra de las cosas que me hacen sentir contenta de pertenecer a esta institución, es que el asunto de la edad no es un tema relevante: para ser consejero puedes tener más de sesenta años y resultar designado.
-Como en tu caso, abuela.
-Así es, como en mi caso, además, estar en el IFE me ha permitido estar en un observatorio privilegiado. Y en fin, puedo enumerarte muchos otros detalles que me han hecho cambiar de parecer respecto a las funciones públicas.
-Pues yo realmente celebro que estés tan atenta a la dinámica electoral, saber cómo se hacen las cosas desde el interior de las instituciones te permite obtener información para poder emitir una opinión con bases y, por supuesto, me siento orgullosa de ser la nieta de alguien que toma decisiones y vigila todos los actos de quienes organizan las elecciones federales en el país. Abuela, entonces no todo en el gobierno es corrupción ¿eh?
-No, pero estoy convencida que sólo con nuestra participación activa como ciudadanos lograremos erradicarla en todas las esferas gubernamentales. Así que te invito a que te registres como observadora electoral. ¿Qué dices?
-Vale, mañana te acompaño a las oficinas del distrito.

IFE Aguascalientes

Estoy ansiosa por regresar a casa. Mi mamá me escribió la semana pasada, contándome que mi abuela está muy entusiasmada porque es Consejera Electoral de un distrito en Aguascalientes, en el Instituto Federal Electoral. Me pareció algo extraño, porque la última vez que la vi estaba muy decepcionada de las instituciones del país.
Mi abuela no es una abuelita común de esas de las que se sientan a tejer y esperar que la vida pase. Siempre ha sido una mujer muy activa y preocupada por defender los derechos de los que dice ella más débiles. Ahora que forma parte del gobierno, me escribe mi madre que está contenta y conforme con ese organismo que, según he oído, se encarga de organizar elecciones. Este cambio de actitud realmente me sorprende y me causa curiosidad saber qué es lo que originó que ella, siendo tan crítica, esté contenta con este puesto o cargo, qué sé yo. Ojalá el vuelo no se retrase y abuelita pueda pasar a recogerme…
-¡Valeria! Mi pequeña, ¡cómo has crecido! ¡Cuánto tiempo sin verte!
–Abuela, ¡qué gusto volver a verte! Tengo tantas ganas de platicar contigo y saber qué has hecho en estos meses. Mamá me dijo que: ¡estás en el gobierno! ¡Eso sí que es noticia!
-Ah!, No estoy en el gobierno. Vigilo a un grupo de funcionarios que trabajan en un distrito para que todas sus actividades sean de acuerdo a la ley.
-A ver, a ver, ¿cómo está eso?
-Vamos a tomar un cafecito y te cuento lo que hasta el momento ha sido esta experiencia.
-Muy bien.
-Bueno, todo empezó porque una amiga de Alianza Cívica, que es un organismo no gubernamental, me platicó que había una convocatoria para ciudadanos interesados en las elecciones que quisieran participar como consejeros electorales. Y me motivó para que me registrara, pues, sabedora de mi trayectoria como luchadora social, me dijo estar segura de que yo podría descubrir cómo se hace el fraude. Al principio estaba indecisa, pues la convocatoria decía que debía tener conocimientos en la materia. Pero, me dije: ¿qué tan difícil puede ser? Pues siendo abogada, yo creo que leyendo la ley electoral podré tener los conocimientos necesarios para el cargo. Llevé mis documentos y unos ciudadanos como yo, que ya habían sido designados como consejeros en un Consejo Local, me eligieron junto con otras cinco personas como Consejera en un distrito.
-¿Cómo está eso? ¿Ciudadanos eligen a otros ciudadanos, pero no son parte del gobierno en el IFE? ¡Que enredado!
-Es que el IFE es un organismo público autónomo que no depende del Ejecutivo. Tiene funcionarios que pertenecen a un servicio profesional electoral, y que se dedican a trabajar permanentemente en el Instituto. Además, estamos las Consejeras y los Consejeros, que somos ciudadanos interesados en lo electoral, que nos encargamos de vigilar que esos funcionarios hagan las cosas correctamente y conforme a unos principios que rigen a la institución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
-Mmmmmh ¿Pero tú cómo haces para saber que esos funcionarios están apegados a estos principios?
-Pues nos llaman a sesionar varias veces al mes y ahí nos informan los avances del proceso electoral. Hay una serie de procedimientos en los que nos involucran para que estemos vigilando muy directamente todas las tareas de preparación para el día de las votaciones. Por ejemplo, para poder contratar a gente que se encargue de capacitar y convencer a los ciudadanos para que participen como funcionarios de casilla, tuve que entrevistar a varios aspirantes en compañía de un funcionario que es llamado vocal. También, cuando les hicieron un examen de conocimientos, tuve que ir a vigilar que se aplicara correctamente; junto con mis compañeros consejeros califiqué estos exámenes y así, en cada uno de los procedimientos, los consejeros estamos inmiscuidos. Eso nos permite tener un criterio para poder opinar con objetividad de los trabajos de este organismo público.
-Entonces, ahora que lo estás viviendo de cerca ¿tu apreciación de las instituciones públicas ha cambiado?
-Si, absolutamente. Al menos en lo electoral, ahora sé con conocimiento de causa que todo está ampliamente verificado, que siguen las normas del COFIPE que es la ley que tiene todas las indicaciones para saber quiénes pueden votar, en qué lugares se irá a votar y quiénes contarán los votos y además me siento muy satisfecha porque he comprobado que puedo disentir en un órgano colegiado y que mi opinión se toma en cuenta y se escucha con respeto. Otra de las cosas que me hacen sentir contenta de pertenecer a esta institución, es que el asunto de la edad no es un tema relevante: para ser consejero puedes tener más de sesenta años y resultar designado.
-Como en tu caso, abuela.
-Así es, como en mi caso, además, estar en el IFE me ha permitido estar en un observatorio privilegiado. Y en fin, puedo enumerarte muchos otros detalles que me han hecho cambiar de parecer respecto a las funciones públicas.
-Pues yo realmente celebro que estés tan atenta a la dinámica electoral, saber cómo se hacen las cosas desde el interior de las instituciones te permite obtener información para poder emitir una opinión con bases y, por supuesto, me siento orgullosa de ser la nieta de alguien que toma decisiones y vigila todos los actos de quienes organizan las elecciones federales en el país. Abuela, entonces no todo en el gobierno es corrupción ¿eh?
-No, pero estoy convencida que sólo con nuestra participación activa como ciudadanos lograremos erradicarla en todas las esferas gubernamentales. Así que te invito a que te registres como observadora electoral. ¿Qué dices?
-Vale, mañana te acompaño a las oficinas del distrito.