Antes de entrar en materia, quiero felicitar ampliamente a la militancia de mi partido, Acción Nacional, por su participación en la fiesta democrática, a través de la cual, elegimos como nuestros candidatos a diputados federales, a Gerardo Salas en el primer distrito, Arlette Muñoz en el segundo y Jorge López en el tercero, así como Paty García por la vía plurinominal; candidatos jóvenes y entusiastas, comprometidos a realizar campañas creativas y de altura, con Valor por Aguascalientes.
Hace casi dos siglos, el escritor francés René de Chateaubriand incomodaba a los políticos de su tiempo al expresar que “las instituciones pasan por tres períodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso”.
Si bien tal pensamiento fue aplicable a los momentos de su siglo y en escenarios distantes al nuestro, pareciera que se trataba de una profecía que hoy cobra mayor vigencia en México, agobiado por el insuficiente crecimiento económico, los problemas de inseguridad, pero sobre todo por la corrupción desde las altas esferas del poder y que ha demeritado a la clase política.
Asumo el servicio público como la oportunidad que le otorga a uno la sociedad para administrar los bienes y servicios propios del Estado o la nación, sin apartarse de los principios éticos que enaltecen a las personas y distinguen a las instituciones.
Sin embargo, la política dejó de ser percibida por el común de los mexicanos como un arte para gobernar y más bien hoy se interpreta como el ejercicio para el enriquecimiento personal en el corto plazo.
Se trata de una lamentable idea que no debiera ser generalizada, pero que sólo como sociedad y desde nuestra trinchera, nos corresponde exigir gobiernos alejados tanto de la corrupción como de los dispendios.
Ambas condiciones ya están siendo analizadas en el Senado de la República, y como miembro de la bancada del Partido Acción Nacional estaré sumando esfuerzos para imponer candados contra la deshonestidad en el servicio público y el excesivo gasto burocrático.
En esta ocasión, hago énfasis sobre la necesidad de contar con gobiernos transparentes, honestos y eficientes con el uso de los recursos.
Más aún en tiempos complicados para la economía y en los que el poder adquisitivo de las familias mexicanas se ve muy disminuido.
La amenaza de un recorte adicional al gasto público federal, luego del aplicado por 124 mil 300 millones de pesos y que involucró sólo a las empresas productivas del gobierno como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad obligan a implementar una política de ajustes a las instituciones que tienen que ver con la democracia y que extrañamente permanece su presupuesto inalterable.
Tan sólo en este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) gasta 18 mil millones de pesos para su funcionamiento. Aparte, y sin contar con los financiamientos públicos estatales, los 10 partidos políticos con registro ejercen 3 mil 500 millones de pesos que son independientes a los mil 350 millones de pesos considerados para las campañas proselitistas.
Y qué decir del Congreso de la Unión, donde se cuenta con un presupuesto blindado que alcanza los 11 mil 335 millones de pesos.
El INE, quien funge como árbitro electoral, se ha visto favorecido a través de los años con un amplio presupuesto que ubica a México como el lugar con el mayor costo electoral en América Latina y el más alto en comparación a otros países como Argentina, Brasil o Estados Unidos.
Es imprescindible ajustar los números a la baja y que en el próximo año como para los siguientes, se haga una reingeniería en el presupuesto de egresos de la Federación, en donde tengamos partidas financieras que sin ser onerosas y mal usadas, respondan a los objetivos planteados.
Coincido con muchas voces que consideran a estos gastos como ofensivos y también con las que demandan que el ajuste al cinturón debe ser parejo.
El país ni sus instituciones se paralizarán si el gasto corriente se reduce a niveles justos. Los partidos políticos no alterarán los niveles de empatía o desconfianza social si son solidarios con las condiciones económicas que padece el común de la ciudadanía; y los órganos electorales contribuirán a la certeza si reducen los montos para su operación y para la celebración de los comicios.
Con creatividad, eficiencia y sin privilegios, podemos hacer rendir el dinero que es del pueblo. Las contiendas deben ser prácticas y muy cercanas a la sociedad.
El ejercicio del gobierno debe ser más austero. Es urgente reducir toda clase de lujos en los viáticos y definir los salarios de los altos mandos a la realidad por la que transita la nación.
Entiendo que para algunas cúpulas partidistas resulta disparatado un recorte a sus presupuestos y más cuando ven en el dinero la única alternativa para ganar adeptos y poder desempeñar lo que suponen, buenos gobiernos.
Pero no es de inconscientes hacer más con menos, servir mejor siendo muy cercano a los gobernados y medir el desempeño con resultados en el trabajo y no en el dispendio de los recursos públicos.
El pasado 19 de febrero presenté un punto de acuerdo ante el pleno del Senado de la República para conseguir que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), decrete e implemente las necesarias medidas de austeridad y reducción del gasto que se ejerce para la democracia de México.
Hice un llamado para lograr que los partidos políticos reduzcan el gasto operativo que actualmente es por tres mil 902.9 millones de pesos y se aminoren los topes de gastos de campaña asignados en mil 170.8 millones de pesos.
Mi propuesta también contempla que se reduzca el costo administrativo de las cámaras de Senadores y Diputados, en congruencia al complicado momento económico por el que transita la nación que advierte la posibilidad de un segundo recorte del gasto público federal, con sus consecuentes afectaciones al Producto Interno Bruto, así como en los programas de infraestructura, desarrollo social, la educación, la salud y la ciencia y tecnología.
Twitter: @MartinOrozcoAgs y Facebook: Martín Orozco
* Senador de la República
