El problema de la inseguridad pública ha trascendido en los últimos tiempos como un fenómeno perturbador de la tranquilidad de los mexicanos. La alta desconfianza de la sociedad sobre sus autoridades e incluso las instituciones, demanda con urgencia implementar soluciones de fondo, bien pensadas y sin afanes partidistas.
Pareciera ser un tema tan simple, pero considero fundamental contar con una buena estrategia de seguridad pública. Como nunca, la viabilidad del país se encuentra pendiendo de un frágil hilo debido a los embates certeros de la delincuencia, que se ha visto superior al trabajo de las policías y ha sabido qué es lo que más le duele a la ciudadanía.
La desaparición forzada de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, independiente al lamentable hecho de violencia, abrió el espacio a la exigencia de una sociedad cansada por la indiferencia e incapacidad de quienes le representan y quienes defienden su integridad y sus bienes.
La respuesta presidencial fue por demás cuestionable. Se trata de un ocurrente decálogo que, lejos de pretender una solución perenne al problema de seguridad pública de México, ataca la autonomía y el poder de los ayuntamientos como si fueran los culpables del actual clima de miedo que vive el país.
Haber sido alcalde en uno de los episodios donde la seguridad pública hizo crisis en Aguascalientes como todo México, y en mi función actual al frente de la Comisión de Federalismo en el Senado de la República, me da el sustento y obliga mi responsabilidad para tomar decisiones coherentes y adecuadas a los desafíos que vivimos en materia de seguridad.
Por ello, se vuelve necesario un diálogo nacional sin prisa. Los alcaldes ejercen el gobierno más cercano a la sociedad y han entendido que la pretendida ley coloca en punto de riesgo el municipio libre.
El pretendido decálogo deja como tarea al Legislativo acreditar el Mando Único Nacional, avalar el golpe de estado de la Federación contra el municipio ante la mera sospecha de que su alcalde está involucrado con el crimen organizado y la redistribución de competencias en materia penal.
Sin contar con una experiencia documentada que anime el establecimiento del Mando Único, he coincidido con especialistas en el tema sobre lo aventurado y hasta riesgoso que implica la fusión de dos mil 445 policías municipales para quedar sólo en 32 estatales.
Con todo respeto al presidente Enrique Peña Nieto, y aquí me uno a la decisión de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, los problemas no se pueden solucionar así, pero estamos dispuestos a intervenir con una mejor propuesta por el bien de México.
Me opongo a toda medida que vulnere la autonomía de los municipios y que desconozca sus facultades históricas. Por el contrario, mi papel es de la defensa y el fortalecimiento a estos gobiernos.
Insistiré en una Reforma Constitucional donde se mida por igual a los municipios, los estados y la Federación, pues ninguno se escapa de ser tocado por los afanes del crimen
Además, que la atención a la delincuencia organizada no desestime a los hechos que son del fuero común y que lastiman por igual a la sociedad al afectar a las personas y sus bienes patrimoniales.
El Mando Único debe fundamentarse en el respeto y la colaboración interinstitucional, considerando las condiciones que vive cada municipio. Imponer por ley cualquier otra medida sólo podrá causar daños irreversibles que vendrá pagando, como siempre, la sociedad.
En este proceso de análisis he conocido el sentir de la Asociación Nacional de Alcaldes. Observo una preocupación por contar con un esquema de seguridad integral que involucre, sin interferir las áreas correspondientes, al sistema judicial, penitenciario y de los derechos humanos.
Recientemente tuve el honor de participar en la Reunión para el Fortalecimiento de la Seguridad, la Paz y la Justicia, organizado por la Conferencia Nacional de Gobernadores que actualmente encabeza el mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera; ahí dejé en claro la importancia de considerar los alcances que hay en Aguascalientes sobre la coordinación que prevalece entre las corporaciones policiacas con un solo mando, sin que ello requiera de su transformación en policía única.
Dentro del ambiente legislativo prevalece el optimismo por el posible acuerdo. Estoy seguro que alcanzaremos una propuesta que deberá incluir la opinión de todos los agentes que tienen que ver con la seguridad pública.
El decálogo presidencial es un motivo más para trabajar a todos en el tema de la seguridad pública, que lo peor que podríamos hacer es rechazarla y no fortalecerla.
No podemos permitir que México pueda estar bajo el mando de los criminales. El mando que debe prevalecer es el que reacciona con oportunidad y eficacia al reclamo legítimo de nuestra gente de bien y la que está dispuesta a volver una nación productiva y con futuro.
No será en el desconocimiento de facultades e invadiendo competencias como se podrá resolver la prioridad de los mexicanos, que es, vivir en un entorno seguro.
