En Acción Nacional nos hemos pronunciado por no aceptar la iniciativa del presidente de la República. Esa decisión no está basada solamente en las profundas diferencias que tenemos con los mecanismos y políticas que esa iniciativa plantea, sino porque no compartimos de entrada el diagnóstico.
Se trata de una iniciativa que parte de la idea -falsa- de que los problemas de seguridad en el país son fundamentalmente de delincuencia organizada y que se generalizan en todos los municipios del país, lo cual está muy lejos de la realidad.
Más allá de los discursos y las cifras oficiales, la realidad en muchas ciudades y comunidades del país nos muestra que los delitos que más lastiman a la sociedad, como el robo, el secuestro y la extorsión, no sólo no se han erradicado, sino que van al alza.
Los senadores panistas asumimos el compromiso de mejorar el sistema de seguridad pública, queremos que le vaya bien al país, que recupere la paz y la tranquilidad.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal en materia de seguridad y justicia además de limitada es imprecisa. Al no tener un buen diseño legal, nos preocupa, por ejemplo, la intervención de la federación en los municipios sospechosos de haber sido infiltrados por el crimen organizado.
Los mecanismos expuestos en dicha iniciativa en materia de infiltración, mando único y competencias de la autoridad, dejan abierta la puerta a intervenciones discrecionales y autoritarias, lo cual puede ser utilizado como instrumento político para que el gobierno intervenga en la vida de los municipios y sus administraciones.
Para los legisladores de Acción Nacional es inaceptable desaparecer de tajo o por decreto, sin tener en mente el fortalecimiento de los municipios, todas las policías municipales de manera indiscriminada, como lo plantea la iniciativa. Sería un error garrafal.
En los términos en que viene planteada la iniciativa, se advierte un riesgo de intervenciones autoritarias que compromete al federalismo. El primer problema que vemos en el diagnóstico es que se están tratando de ocupar de los delitos de alto impacto, pero el problema de México es que no solamente hay delitos de alto impacto, sino delitos de alta frecuencia, que es la que le corresponde combatir y prevenir a los municipios.
Un segundo problema es que la infiltración del crimen no solamente se da en los municipios, sino que la evidencia es contundente de que esa infiltración toca a las estructuras estatales y también a las federales.
Lo que plantea la iniciativa peñista es la transformación del modelo de municipio como orden de gobierno de primer contacto con los ciudadanos.
Si le quitamos a los municipios sus policías, ¿quién va a atender, por ejemplo, un conflicto entre vecinos? ¿Quién va a atender, por ejemplo, los espacios públicos? ¿Quién se va a hacer cargo de los cruces peatonales frente a una escuela? ¿Vamos a dejarle a las policías estatales -paramilitarizadas, porque tienen esas características- la atención, por ejemplo, de un conflicto intrafamiliar en una comunidad? ¿Estamos pensando en ese modelo policial en el cual policías con armas largas van a ir a ayudar a una viejita a cruzar la calle?
A diferencia de lo que dice la iniciativa, no hay evidencia de que las policías estatales sean mejores que las policías municipales.
En la práctica las policías municipales y estatales tienen la misma tasa de no acreditación de los controles de confianza: 18 mil 517 policías municipales frente a casi 20 mil policías estatales y resulta que policías estatales están involucrados en actividades de delincuencia.
No somos ni seremos el partido del no, somos el partido que busca el sí, pero el sí que le sirva al país.
*Coordinador del grupo parlamentario del PAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.
Twitter: @FHErHerreraA y Facebook: Fernando Herrera y Fernando Herrera A (Comunidad)
