- Aseguran que está hecha con base a una necesidad social
- Proponen diputados panistas castigar con cárcel y sanción económica a revendedores
- Leonardo Montañez continúa en contra de la propuesta, el resto la aprueba
Tras el conflicto económico y social observado con la venta y reventa del boletaje para la corrida del torero español José Tomás, los diputados panistas Martha Márquez Alvarado y Mario Álvarez Michaus presentaron una iniciativa de reforma y adición al Código Penal del estado con la que se pretende establecer con un tipo penal la reventa, como protector de los espectáculos.
Por medio de la propuesta se busca que el precio máximo al público de un boleto sea el menor anunciado, tanto en la taquilla del lugar en donde se presentará el espectáculo como en la calle, ello en beneficio de los asistentes. En el documento se dice que con la disposición quedaría prohibido el incrementar el precio de los boletos para espectáculos públicos, bajo pena de cárcel; por lo que en consecuencia, la actividad comercial de reventa se verá mitigada, pues quien la llega a efectuar estará incurriendo en un delito.
El diputado aclaró que esto se acentuó en este año, pero ya se habían denunciado en los últimos años que el Patronato ha hecho caso omiso sobre los temas de reventa; “como legisladores debemos estar atentos con la problemática que se presenta día con día y con esto presentar algunas iniciativas que puedan solucionar este tipo de problemas”.
Es por ello que junto a sus asesores comenzaron a trabajar la iniciativa adicionando un artículo al Código Penal, en el cual se contemple la reventa como un delito, entendiéndose como el lucro que se obtiene de la enajenación de las entradas a espectáculos o eventos públicos (culturales o de entretenimiento). En la propuesta se especifica una pena corporal de seis meses a dos años de prisión y multas que van de 100 a 200 salarios mínimos.
Como la iniciativa fue presentada el miércoles por la tarde vía Oficialía de Partes, se tendrá que esperar a que la diputación permanente la reciba y la emita a la Comisión de Justicia para su discusión y elaboración de dictamen.
Márquez Alvarado aclaró que esto requerirá primero de la voluntad de las fracciones representadas en el Congreso para llamar a un periodo extraordinario; sin embargo por lo corto de tiempo no valdría la pena, “lo más rápido que pudiera salir sería el día 7 de mayo, que sería la primera sesión del Pleno”, aunque ambos coincidieron en que lo que se busca es poner en la mesa el tema, en que con voluntad y total atención a las necesidades actuales del estado se le den soluciones contundentes.
En un principio el también diputado panista Leonardo Montañez Castro hizo público su descontento hacia la propuesta, por el tema de que se tipificara o que se incluyera como fraude donde hablaba que había un engaño, según Álvarez Michaus se solventó la duda y observación del compañero, quien decía que si una persona va a comprar un boleto de reventa sabía que estaba pagando un dinero extra, ahí no se consideraba fraude.
Ambos promoventes destacan que la iniciativa estará abierta a cambios según las observaciones con fundamentos y no sólo por críticas partidistas, en todo caso que al final Montañez Castro continúe en su postura en contra no habrá conflicto interno, “en el PAN nos hemos caracterizado por no seguir líneas rigurosas y no ser un partido vertical, respetamos la opinión y la decisión de cada uno”.
Al cuestionarles sobre los comentarios del coordinador de la bancada priista de que se pretendía legislar “a botepronto”, es decir de forma improvisada, ambos panistas recordaron que el papel de un diputado es presentar iniciativas con base en un problema, “creemos que el tema ya está en la mesa, es también un llamado al Patronato para que se ponga las pilas”, ya que consideran que el tema de los altos precios no sólo es en la plaza y palenque sino en toda la zona ferial, por lo que es urgente prenderle un foco rojo al Patronato para que entiendan que una Feria cara no deja beneficios, sino únicamente problemas a la entidad.
La propuesta es adherir el artículo 193-A, que especifica el término de la reventa de la siguiente manera: “Consiste en obtener un lucro para sí o para cualquier otra persona mediante la enajenación a un precio superior al costo de cada entrada para acceder a un espectáculo público”.
El costo se considerará la cantidad que resulte menor entre el impreso en el propio boleto y el anunciado al público en taquilla u otros medios para esa localidad, y al responsable de reventa se le aplicarán de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días multa, y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
