El tema en sí no es nuevo. Desde hace más de veinte años el sistema político mexicano ha procurado transitar por el camino democrático a través, en primera instancia, del pluralismo y de la alternancia, es decir, el impulso generado con la creación del entonces IFE, se dice, tuvo sus primeros frutos en el ámbito nacional en el año 2000, cuando se dio por primera vez la alternancia en el Poder Ejecutivo.
Se dice, como mantra, que la democracia empezó en el sistema político al arribo del PAN a la presidencia con Vicente Fox. Si a esas vamos, la democracia empezó entonces mucho antes, incluso de la creación del IFE, en el 89, con el triunfo de Ernesto Ruffo en Baja California, y nos podemos remontar al primer presidente municipal de otro partido político, distinto al que en esos años era hegemónico.
Permítame poner las cosas en contexto: nunca vamos a llegar a “la democracia” mientras no entendamos que democracia no es destino, sino camino. No hay un país ciento por ciento democrático, porque la democracia se va construyendo día con día. Somos más o menos democráticos en cuanto a que hacemos uso de los valores con que ejercemos el concepto. Si somos más tolerantes, participativos, respetuosos, plurales, entonces somos más democráticos, y a la inversa.
No porque un partido gane y otro pierda nos haremos más democráticos que en otro distrito o municipio donde nunca ha habido alternancia. Insisto, lo democrático tiene que ver con nuestra actuación cotidiana. Debemos perfeccionar nuestra actuación.
Precisamente, a estas alturas, el propio sistema ha ido evolucionando y, sistemáticamente después de cada elección, el andamiaje jurídico se renueva, procurando dos principios que se han vuelto básicos: Uno, la profesionalización de las personas que participan en tareas electorales, y dos, generar condiciones de equidad en la contienda electoral. Como ejemplo del primero, tenemos el tránsito de los magistrados electorales a consejeros ciudadanos y, por último, a consejeros electorales; la autonomía de los órganos jurisdiccionales de la materia de la Suprema Corte de Justicia y por ende su especialización, y la homologación de los organismos públicos locales electorales. De las condiciones para la equidad en la contienda, el ejemplo que nos ocupa es el del financiamiento público.
En la evolución de este concepto, vemos que en la primera elección presidencial organizada por el IFE, en 1994, el PRI gastó el 70 por ciento de todos los recursos asignados para la elección, mientras que el resto de los partidos en conjunto sumaron el 30 por ciento restante. En la reforma de 1996 se amplió entonces la bolsa de recursos para los partidos disminuyendo esa inequidad. Para 2006, Calderón gastó 584 millones, Madrazo 648 y López Obrador 616, volviendo, en ese rubro, más equitativa la lucha electoral por la presidencia.
El modelo se ha basado en abatir esa desigualdad del gasto entre partidos y en privilegiar el financiamiento público por el privado, yendo de una incomprensible fórmula para obtener los montos, a una multiplicación sencilla: 65 por ciento del salario mínimo por el número de empadronados.
¿Por qué sí? Porque el dinero a partidos es público y vale la pena interesarse y cuestionarlo. Una propuesta inteligente sería reducir el porcentaje a un 30, quizá un 20, o tomar como base la lista nominal y no el padrón. Justificado lo anterior, por ejemplo, en el hecho de que de unos años para acá los partidos no gastan en spots de televisión. Otra sería reducir el financiamiento estatal (igual al 30 o al 20 por ciento de la lista nominal de la entidad), o por el número de votantes de la elección anterior. Cualquiera de estas propuestas merece un análisis que implica el conocimiento del funcionamiento del sistema, su evolución y principios. Querer simplemente quitar el financiamiento a los partidos es una propuesta demagógica que asegura que el monto no ejercido va a ir a parar a becas y trasplantes… pero que en la “iniciativa” no incluye el mecanismo para que ello ocurra.
¿Por qué sí? Porque es natural una evolución, porque es costumbre revisar y reformar las disposiciones electorales, porque no se afecta la equidad de la contienda, porque en época de austeridad todos debemos cooperar.
¿Por qué no? Porque es una reforma que no puede ser impulsada desde una legislatura local cuando el financiamiento a los partidos es federal. Porque no se vale engañar a la ciudadanía solicitando su voluntad para un proyecto destinado al fracaso. Porque el ámbito es constitucional y una reforma de ese calado implica la participación del constituyente permanente. Porque las reformas no deben tomarse a la ligera. Porque hay que pensar bien antes de hacer las cosas, porque hay que estudiar, y en su caso, acudir con quienes conocen de la materia. Porque lo que se requiere, en pocas palabras es alinear los componentes del sistema para reducir los costos de las campañas electorales.
Porque realmente lo que necesitamos son ciudadanos participativos, sí, pero con conocimiento de causa.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
