El día de hoy, durante su sesión ordinaria del mes, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral discutirá los proyectos de acuerdo por los que se determinan el presupuesto anual de egresos del propio Instituto para el ejercicio fiscal del año 2020, y el presupuesto para el financiamiento público estatal ordinario para los partidos políticos nacionales acreditados y los partidos políticos registrados en el estado, así como para las asociaciones políticas estatales para el mismo periodo.
Ello se realiza en ejercicio pleno de su autonomía, es decir, el IEE no depende de que el Poder Ejecutivo le asigne una cantidad como si de una dependencia se tratara. Para determinar el monto, se calcula mediante un proceso que involucra a las distintas áreas que lo componen para estimar las actividades que se habrán de realizar durante el año, en apego estricto a lo que se ordena en la legislación: fortalecer las actividades locales en la materia electoral, es decir, todas aquellas actividades que permiten contribuir al desarrollo de la vida democrática, que implica la educación cívico-electoral y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática a través de los programas de construcción de ciudadanía (actividades académicas a población en edad escolar, elecciones escolares, actividades lúdicas, concursos, proyectos de investigación, etcétera).
Una vez determinadas todas las acciones a realizar se cuantifican y se proyectan en su costo, amén de todos aquellos servicios que inevitablemente se tienen que pagar en su sede: luz, agua, teléfono, internet y demás. El documento que se genera, se presenta como el proyecto de presupuesto para la operación del Instituto.
El presupuesto siempre será un tema a discutir. Es importante señalar, como base de cualquier análisis, que si bien en el año 2020 no habrá elecciones, sí es un año de proceso electoral. A partir del mes de octubre iniciará formalmente el proceso por el cual se renovarán las curules y las alcaldías de la entidad, que nos convocará a las urnas el primer domingo de junio de 2021. Y digo “formalmente” porque desde principios del año entrante deberán alistarse aquellas acciones con las que inicia el proceso: selección de Consejeros Distritales y su sede, convocatorias para Candidaturas Independientes, y otras que se refieren sobre todo a la logística de la elección. Además, no hay que perder de vista que el calendario electoral que se nos avecina, y que se modificó para empatar elecciones federales y locales, tendrá su último desfase en la elección de la gubernatura en 2022, por lo que algunas de las actividades tendrán en la mira los dos procesos que se nos vienen de manera consecutiva.
Por otra parte, el documento a ser enviado al gobernador para que sin más trámite sea incluido en el paquete económico que presentará a la soberanía del Poder Legislativo estatal para la confección del presupuesto de egresos del año venidero, es decir, los recursos económicos con los que trabajará la administración pública estatal, también incluye la cantidad que por ley se tiene que distribuir entre los partidos políticos, locales y estatales, y las asociaciones políticas para su operación ordinaria.
Esta es una obligación legal impuesta al Instituto. La ley entiende que los partidos políticos son entidades de interés público y, como tal, tienen derecho al financiamiento público para sus actividades ordinarias (salarios, pago de servicios) y específicas (se les da un 3% adicional para tareas de educación y capacitación política, investigación y tareas editoriales). Para ello, define que anualmente se deberán multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en nuestro Estado al mes de julio, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esa cantidad es la bolsa que será determinada (y en su momento, una vez otorgada, distribuida entre los partidos en función de sus resultados políticos), pero de ninguna manera es parte del presupuesto del Instituto. Es decir, sólo se realiza la intermediación para su distribución. No hay manera, por ahora, de que esa cantidad se reduzca o se elimine a discreción del IEE, pues para ello, en todo caso, habría que ser reformada la legislación que contempla esas prerrogativas.
Es un tema que sigue vigente, argumentos irán y argumentos vendrán. Hemos propuesto una revisión de los conceptos en donde, por poner un ejemplo, se otorgue a las instituciones electorales autónomas un porcentaje del presupuesto estatal, determinado de antemano, que permita planear su vida institucional de manera más eficiente. Igualmente, voces a nivel nacional se han pronunciado por realizar un recorte de los recursos que se otorgan a cada partido. La reflexión es, en todo caso, a ejercer las herramientas que se nos brindan como ciudadanos para exigir el buen uso de esos recursos públicos y que no sean destinados a otro fin. Esa exigencia debe iniciar, eso sí, desde lo más básico, es decir, con el conocimiento del mecanismo por el cual se calculan estos presupuestos.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
