Algo que caracteriza al derecho electoral es su permanente evolución, ya que cada elección pone a prueba nuestra legislación e inevitablemente, de cada una de ellas, se obtienen experiencias y criterios novedosos que aplicar.
Las reformas han sido siempre una constante dentro del sistema electoral mexicano, generalmente impulsadas por los partidos opositores al gobierno en turno. Tradicionalmente, después de cada contienda, la fuerza política perdedora intenta modificar las reglas, quizá buscando “corregir” aspectos que les resultaron desfavorables. Lo anterior puede entenderse como una inmadurez política, una falta de autocrítica en su estrategia, o bien como un rechazo a la aceptación de los resultados, por lo que se opta por acusar que algún defecto en la legislación generó una ventaja para el partido ganador, o bien, una desventaja para el partido perdedor.
Lejos de descubrir la razón por la que se procede a impulsar una reforma electoral, lo que pretendo subrayar es que estas se han llevado a cabo luego de un proceso electoral. Así, desde la reforma de 1977, pasando por la de 1996, 2007 e incluso la de 2014, tienen un común denominador: corregir ciertos tramos del proceso electoral, buscando siempre la obtención de mejores resultados en futuros comicios.
Por ejemplo, en la reforma electoral de 2007 que sobrevino a la elección presidencial de 2006 y a la crisis política por todos recordada, se incluyó la regulación relativa a la propaganda personalizada, el acceso de los partidos y candidatos a radio y televisión, así como la inclusión del procedimiento especial sancionador, los cuales fueron señalados por la oposición como cuestiones que directa o indirectamente afectaron la equidad en la contienda. O bien, en la última gran reforma en la materia, la del 2014, producto del llamado “Pacto por México”, las principales fuerzas políticas en el país, acordaron desaparecer a la entonces autoridad electoral federal para dar paso a la creación del Instituto Nacional Electoral, con competencias en prácticamente todos los procesos electorales en el ámbito local, lo anterior derivado del señalamiento de una supuesta injerencia de los poderes ejecutivos de los estados del país.
En lo local, si bien es cierto las reformas electorales mantuvieron el mismo patrón que a nivel federal, donde las fuerzas políticas representadas en el Congreso pugnaban por llevar a cabo ciertos cambios al marco jurídico posterior a un proceso electoral, con el objeto de mejorar algún aspecto que a su juicio pudiera resultar en algún beneficio ya sea a la contienda en general y por supuesto al partido político en particular, a razón de la reforma electoral 2014 donde se vinculó a todas las legislaturas de los estados para que armonizaran sus legislaciones y calendarios electorales con el objeto de lograr la concurrencia entre votaciones federales con las locales, es que del año 2015 a la fecha se han llevado a cabo 4 modificaciones legales de corte operativo.
Así las cosas, debido a este calendario atípico, en Aguascalientes hemos tenido tres elecciones en los últimos cuatro años, es decir, casi uno al año. Me refiero al proceso electoral por el que se renovó la Gubernatura en 2016, el concurrente con la elección Presidencial en el año 2018, y el que acabamos de concluir en este 2019 con la renovación de los ayuntamientos.
De ahí que nuestro Código Electoral muy seguramente presenta áreas de oportunidad, ya que en la actualidad, prácticamente en un solo año pueden surgir nuevos criterios emitidos por tribunales electorales y es casi una obligación analizar recurrentemente la legislación a efecto de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes.
Es por eso que, en días pasados, en compañía de los titulares tanto del Congreso del Estado como del Tribunal Local Electoral, llevamos a cabo las jornadas de Gobierno Abierto de cara a una reforma al Código Electoral, espacio en el que se recabaron las opiniones y propuestas de aquellas personas que directa o indirectamente se encuentran relacionadas con la organización de las votaciones en nuestro estado.
A través de este ejercicio de parlamento abierto, que tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre, se recibieron 29 propuestas de ciudadanas y ciudadanos sobre una diversidad de temas, tales como la reducción del financiamiento público a partidos políticos, el establecimiento de cuotas para jóvenes y personas con discapacidad en la postulación de candidatos, la flexibilización del requisito de paridad de género, el voto de personas privadas de la libertad, el uso de lenguaje incluyente y la posibilidad de que la ciudadanía solicite la función de oficialía electoral sin mediar una denuncia previa. También se propuso hacer obligatorio el lenguaje incluyente en acuerdos y sentencias, modificar los plazos de elecciones extraordinarias y facultar al IEE para realizar investigaciones y estudios en materia electoral.
Como resultado de dicho evento, se elaboró un documento que recopila y sistematiza la totalidad de las propuestas, mismo que fue entregado al Poder Legislativo, con lo que las y los diputados tienen ahora la importante encomienda de analizar y discutir cada una de ellas, con miras a perfeccionar la legislación electoral local. La ciudadanía se ha manifestado, seguro estoy de que este ejercicio de apertura permitirá fortalecer nuestra democracia, ya que las elecciones las hacemos todas y todos, por lo que escuchar sus voces se convierte en una obligación.
Desde aquí mi reconocimiento para todas aquellas personas que acudieron a la convocatoria y dedicaron tiempo de su día para la exposición de sus aportaciones, todo con el único interés de influir en la vida democrática de nuestro estado. Ojalá que este tipo de eventos se multipliquen no solo en la esfera legislativa ni la electoral, sino en los demás ámbitos de la vida política de nuestro estado.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
