Mucho se ha discutido en torno al recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2020, principalmente el recorte que, bajo la premisa de la austeridad, se aplicó a diversos órganos autónomos incluyendo el Instituto Nacional Electoral, cuyo presupuesto fue aprobado con una diferencia del 9% respecto al monto originalmente solicitado, lo que hablando en números, significa una disminución de más de mil millones de pesos. Según lo declarado por algunos de sus consejeros electorales, esta medida coloca a la institución al límite de la operatividad, afectando particularmente las actividades de preparación del proceso electoral federal a llevarse a cabo en 2021.
En medio de la discusión que rodea a dicho ajuste presupuestal, me gustaría centrar la reflexión en la autonomía, especialmente en materia financiera, de órganos autónomos como el INE y los árbitros electorales de los estados, si me permiten la redundancia.
Los organismos autónomos forman parte de la estructura del Estado y comenzaron a aparecer en la Constitución durante la década de 1990, con el propósito de ejercer funciones específicas sin depender de los Poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y garantizando su estabilidad frente a cuestiones políticas externas. Así, en 1993 se otorgó autonomía constitucional al Banco de México; en 1996, se creó el otrora Instituto Federal Electoral y en 1999, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pudieran ser considerados como la primera generación de autoridades autónomas en México. Posteriormente llegaron el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación -cuya desaparición se decretó con la entrada en vigor de la reforma educativa-, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República, estos dos últimos en 2014.
Los organismos autónomos cumplen con funciones técnicas y estratégicas para el Estado, por ejemplo, la política monetaria de la que es responsable el Banco de México; la generación de información y estadística nacional, en el caso del Inegi; así como la organización de elecciones, facultad del hoy INE, sólo por mencionar algunos. Además de las características antes mencionadas, estas instituciones gozan de independencia en su actuar y su manera de organizarse internamente, lo que en cierto modo les permite protegerse de los vaivenes políticos y económicos del país.
Con el fin de fortalecer la autonomía de los órganos electorales de los estados frente a la supuesta intromisión de los poderes ejecutivos en sus decisiones, la reforma electoral de 2014 modificó el procedimiento de designación de sus integrantes, trasladando dicha facultad de los congresos locales al recién creado INE, para que estos fueran designados e incluso, removidos, desde el ámbito federal. Con esto se buscó alejar a quienes conforman los órganos máximos de decisión, de humores y contextos políticos locales, al no depender su llegada ni permanencia de ningún actor político local. Además, se estableció un sistema escalonado en la duración de sus encargos, dejando atrás las renovaciones totales en los consejos generales y los efectos nocivos que los acompañaban permanentemente.
Hasta ese punto, coincido en que estas medidas vinieron a fortalecer el libre e imparcial desempeño de las funciones de quienes integraban las autoridades electorales en los estados, pues nadie en su ámbito territorial de competencia tiene atribuciones para poner en riesgo su encargo, lo cual brinda confianza y solidez a su desempeño, pero como en todo, existe un elemento mejorable y me refiero a los presupuestos.
Aunque el arribo y permanencia de los consejeros electorales ya no esté sujeta a poderes políticos en el ámbito estatal, la asignación de los recursos económicos para su operación continúa en manos de los congresos y de las tesorerías estatales. Tanto en lo nacional como en lo local, los institutos electorales deben elaborar un proyecto de presupuesto, que con todo y su debida programación y justificación peso a peso, su aprobación compete a los legisladores. De nada sirve que ya no sean los congresos de los estados quienes nombren a los consejeros electorales, si permanece en el Poder Legislativo la última palabra sobre el presupuesto que requieren para su funcionamiento.
De 2014 a la fecha, hemos visto cómo las autoridades electorales de todo el país se ven obligadas a realizar adecuaciones que afectan su operatividad por razones de índole presupuestal, atribuibles a los congresos de sus respectivas entidades. Tal es el caso del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana que, luego de atravesar por serios problemas presupuestales, tuvo que acudir a instancias jurisdiccionales para poder obtener los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades constitucionales a su cargo. Así como en Morelos, ha habido casos similares en otros estados como Nuevo León, Veracruz y Jalisco, por mencionar algunos ejemplos.
En materia electoral, es indispensable que las autoridades gocen de plena autonomía para cumplir cabalmente con su encomienda de organizar elecciones libres, auténticas e imparciales, lo que ha ido perfeccionándose a golpe de procesos electorales exitosos.
Si lo que se busca es fortalecer la autonomía de los árbitros electorales, estos deben ser dotados no solo de autonomía operativa y de gestión, sino de autonomía financiera. En distintos foros se han debatido las vías para llegar a este objetivo, entre ellas, la posibilidad de que tal y como ocurre con el financiamiento público de los partidos políticos, los recursos para estos institutos se determinen a través de una fórmula constitucional o legal y se conozca con plena transparencia cuál será el presupuesto para un ejercicio fiscal en concreto, lo que permitiría blindar su operatividad contra cualquier humor político y a la vez, garantizaría las herramientas necesarias para llevar a cabo una debida planeación para el siguiente año con la anticipación necesaria y con la seguridad del dinero que se recibirá. Con ello despejaríamos la incertidumbre alrededor del monto que terminará aprobándose, acotando también el acercamiento y cabildeo con los poderes estatales para lograr que se respete el presupuesto solicitado. Y es que en cuestión de recursos, entre mayores reglas existan, mayor transparencia y rendición de cuentas se generarán y con ello, el fortalecimiento pleno de la autonomía que mandata la Constitución.
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