Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.
It’s getting hard to be someone, but it all works out.
It doesn’t matter much to me.
Strawberry fields forever – The Beatles
Ha habido dos indicios preocupantes sobre cómo el estatus actual del poder pretende hacer una “realidad a modo” en temas muy delicados, en los cuales mantiene saldo adverso: los derechos humanos de los migrantes y la virulenta violencia contra las mujeres medida a partir de los feminicidios. A pesar de que la actual administración del Ejecutivo federal comienza el 2020 con el 71% de aprobación popular, hay datos que demuestran lo ilusorio de esa aprobación real. No abundemos en las mediciones económicas, o las de seguridad pública, o las del tema de salud, que para todas esas hay preciosos bulos distractores, que si la rifa de un avión, que si mover la fecha de los días de asueto cívico; sin embargo, debiera preocupar lo que sucede en estos dos temas en los que, de facto y desde el poder, se están haciendo cosas para impedir la cuantificación del desastre nacional.
Respecto a la violencia feminicida contra las mujeres, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, propuso el pasado miércoles 28 de enero de 2020, en una reunión con los diputados de Morena, la posibilidad de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando la dificultad de acreditación de este delito que el Ministerio Público. En el país de Kafka, lejos de impulsar reformas, capacitaciones, estrategias que permitan saber a qué tipo corresponde cada crimen (y más, los crímenes de odio, como el feminicidio) el fiscal busca mejor redefinir el delito como agravante del homicidio, en su propuesta para crear un Código Penal Único en México. Ante esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que la propuesta “es inadmisible y un grave retroceso”, además de que, sin diagnósticos claros, esto era sólo “una afirmación falaz y sin sustento práctico”. Las organizaciones del OCNF abundaron en que la solución no es desaparecer el marco de tipificación del, sino investigarlo y sancionarlo con perspectiva de género en todo el país.
Ante esta vacilada del fiscal, se puede argüir que su figura es autónoma y que no responde a la voluntad del ejecutivo “como ocurría en el malvado régimen del PRIAN”; incluso se puede presumir que el propio presidente no hizo eco de la propuesta de Gertz Manero; sin embargo, la forma es fondo, y la declaración de López Obrador en su homilía mañanera del 5 de febrero, corrió en el sentido de que “Si se lleva a cabo esta reforma, aun siendo buena, se puede malinterpretar”. ¿Aun siendo buena? No, no es buena, es insultante y ofensiva para las miles de víctimas y familiares que han perdido a mujeres en sus entornos y que no han encontrado justicia. ¿Se puede malinterpretar? Es costoso pensar en una interpretación amable, dado el contexto nacional en el que, a diario, los hombres matan a un promedio de 9 mujeres, por el hecho de ser mujeres. Pero, sin tipificación del delito de feminicidio, esa abyecta y atroz estadística desaparece, y México deja de ser el país con más muertes por odio de género en Latinoamérica y uno de los punteros en este crimen alrededor del mundo. Magazos.
El otro tema, de Derechos Humanos de los migrantes, no es menos preocupante. El Instituto Nacional de Migración, a finales de enero, expidió el oficio INM/DGCVM/0118/2020. Este documento oficial, firmado por el director general de Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, indica suspender temporalmente el acceso de las organizaciones defensoras de los derechos humanos a los centros de detención, coincidentemente con el arribo de la Caravana Migrante, argumentando dificultades de operación logística. Obviamente, las organizaciones civiles denunciaron este atropello en la prensa nacional e internacional, y señalaron que era la oficialización de lo que, en la práctica –y sin oficio de por medio- ya venía sucediendo, al menos, en las estaciones de Villahermosa y Tenosique, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque, Chiapas; y Ciudad de México; en las que les habían impedido el ingreso para verificar las condiciones de los internos. De acuerdo a Animal Político, varias asociaciones han sufrido este veto, entre éstas Asylum Access, Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías, Formación y Capacitación, o Colectivo Kaltsilaltik.
Ocultar este tema a la opinión pública ha sido un objetivo tan evidente en el régimen de la tetramorfosis, que hasta al propio Porfirio Muñoz Ledo –en el pleno legislativo- lo censuraron para evitar que denunciara el abuso de fuerza de la Guardia Nacional par con los migrantes, y el hecho de que la fuerza pública del país es -de facto- el muro de Trump.
Igual que en el tema del feminicidio, la Secretaría de Gobernación (dependencia de la que depende el Instituto Nacional de Migración), rápidamente se desdijo del documento que impide la entrada de los organismos de derechos humanos a los centros de detención; pero, igualmente, tampoco se les ha permitido un franco acceso. En contraparte, el diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, pretende contraatacar luego de la censura que fue objeto, al anunciar que presentará en San Lázaro una serie de reformas constitucionales (concretamente al artículo 11 de la ley mayor) para garantizar el libre tránsito de personas en territorio mexicano, prohibir la persecución de migrantes, y establecer la migración como un derecho humano. De pasar esta iniciativa, podrá en aprietos al ejecutivo federal, que parece decidido a mandar a la Guardia Nacional para hacer el trabajo sucio de la Border Patrol. Del mismo modo, si las cifras de migrantes violentados en sus derechos humanos es un problema para la tetramorfosis, pues resolvemos el asunto impidiendo que los organismos defensores puedan levantar datos del maltrato a los migrantes. Otra vez, magazos.
Como se ha dicho respecto a otros temas que fueron sustraídos de la agenda nacional (como la crisis de seguridad pública, el proyecto y abasto en salud, o la penosa situación económica) a cambio de discutir la rifa del avión presidencial; el ejecutivo es libre de evadir la realidad, pero no puede eludir la responsabilidad de evadir los hechos. Y estos hechos, más temprano que tarde, acumularán una presión tan insostenible, que ni el alto porcentaje de aprobación popular será suficiente.
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