Revisando encuestas sobre participación ciudadana, me he percatado de un fenómeno que el día de hoy me gustaría compartir con ustedes. Para poner en contexto, es obvio que, al tratar el tema de participación se pregunta a las personas entrevistadas sobre su percepción de la política, partiendo de la base de las condiciones inherentes a su ciudadanía. Es decir, primero, la o el entrevistador debe comenzar suponiendo y constatando que la o el encuestado posee la calidad de ciudadano, básicamente, si tiene la edad mínima requerida por la ley para ello. Posteriormente y de acuerdo con la metodología, procederá a recabar la información.
Estos ejercicios, cuando son fundamentados metodológicamente, resultan muy valiosos por la calidad de las respuestas, mostrando con ello una visión de las personas que, generalmente, no se encuentran inmersas a profundidad en el tema político. Luego, esa información ya tratada, se puede corroborar con facilidad asombrosa. Por ejemplo, a principios de la presente década se dieron a conocer los resultados de una versión de la encuesta nacional de la juventud, en uno de cuyos segmentos, se preguntaba a jóvenes sobre su interés en la política.
Entre las respuestas “poco” o “nada”, la juventud en ese entonces manifestaba casi el 70% de las opiniones. Esto es, tan solo 3 de cada 10 jóvenes entre 13 y 29 años poseía un genuino interés en cuestiones políticas. Coincidencia o no, durante las actividades académicas realizadas por esas fechas, en los auditorios universitarios donde el Instituto Estatal Electoral incidía en sus programas permanentes de educación cívica y construcción de la democracia, iniciábamos las activaciones con la pregunta sobre a quién le interesaba la plática que estaba a punto de comenzar.
Cabe hacer mención que, regularmente, los espacios eran concertados con las autoridades educativas, y las y los estudiantes asistentes lo tomaban como parte obligatoria de las materias relacionadas con la temática, por lo que de forma muy sincera 3 de cada diez externaban su interés a priori.
Y este no es un fenómeno propio de la juventud. Como decía en un inicio, la percepción generalizada sobre la política, como tema en extenso, es de mala a muy mala. Los partidos políticos, como instituciones, se encuentran en un nivel reprobatorio de cara a la ciudadanía al nivel, por ejemplo, de los sindicatos. Quién sabe por qué, pero las respuestas que brindan los encuestados, asocian a las diputaciones con una más baja calificación que, por ejemplo, sus pares en el senado. Y si bien, las instituciones electorales hemos mantenido una aprobación, en realidad la percepción que la gente tiene alcanzaría para una calificación de regular, sobrepasando apenas el 7 en una escala de 0 a 10.
Ese divorcio de la ciudadanía con la política no es gratuito. Es un círculo vicioso en el que la persona no se interesa en lo que sucede en su comunidad, de esa apatía se aprovechan unos cuantos que no velan por los intereses comunitarios, no existe transparencia en las actividades y por tanto no hay una evaluación ciudadana, lo que aumenta la percepción de que el político, sin distingos, es un mal necesario en la sociedad, provocando el desinterés de quien no se ve beneficiado en la satisfacción de sus necesidades más básicas, por lo que vuelve a iniciar esta dinámica continua.
Con un poco de autocrítica entenderemos tal fenómeno. Las personas se sienten poco atendidas en las cuestiones que tienen que ver con su situación en la comunidad en la que viven. Es trabajo de todos: institutos electorales, partidos políticos, sus militantes, simpatizantes, las autoridades, el gobierno, y desde luego la misma sociedad, realizar acciones tendentes a mejorar las condiciones sociales de quienes vivimos dentro de la misma sociedad.
Remediarlo no se logrará de la noche a la mañana, sin embargo, urge entender el concepto democrático más allá de la simple participación en las elecciones. Eso es apenas una parte de la democracia participativa, es decir, del mero reconocimiento de un derecho a acudir a las urnas cada determinado tiempo para elegir libre y directamente a nuestras autoridades. El ejercicio del poder público a través de las y los representantes que elijamos con nuestro voto, para integrar instituciones del estado, es la democracia representativa. Incluso, un concepto que apenas va tomando adeptos, se refiere a la democracia directa, en donde se utilizan determinados mecanismos previstos por la ley, cuya finalidad es incidir (al menos con la opinión) en las decisiones del ejercicio del poder público.
El proceso electoral que se avecina no solamente es el más grande porque ello servirá para elegir a más de tres mil representantes populares locales y 500 federales, diez por ciento más cargos que la elección anterior, sino porque representa un esfuerzo adicional, dadas las condiciones, para la organización que implica ubicar alrededor de 164,550 casillas a lo largo y ancho de la República Mexicana, que servirán para recibir la votación de más de 96 millones de potenciales electores, 6 millones más que en 2018; la legislación electoral se perfecciona constantemente para prevenir posibles delitos electorales y garantizar, cada vez en mayor y mejor medida, el voto libre y secreto. No hay que dejar de trabajar en lograr una reconciliación de la ciudadanía con la política, lo que seguramente lograremos si empezamos entendiendo la democracia.
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