Oh, let the sun beat down upon my face
And stars fill my dream
I’m a traveler of both time and space
To be where I have been
To sit with elders of the gentle race
This world has seldom seen
They talk of days for which they sit and wait
All will be revealed
Kashmir – Led Zeppelin
En 1988, nuestro país vivía una gran agitación política. En ese año, el entonces presidente Miguel de la Madrid terminaba su gestión en un contexto sociopolítico complejo: la crisis económica había despertado el descontento social, los sismos de 1985 desnudaron la incapacidad de respuesta del gobierno, y su partido (el entonces hegemónico PRI) había sufrido un cisma entre la izquierda demócrata (representada por Cuauhtémoc Cárdenas), y la derecha neoliberal (representada por Carlos Salinas de Gortari).
Para la sucesión presidencial, las postulaciones más fuertes eran la de Salinas, por el PRI; y la de Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional. La elección se llevó a cabo como se realizaban entonces: organizadas y evaluadas por el poder ejecutivo federal, a través de la Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por el secretario de Gobernación en turno que, en ese año, era Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE (Comisión Federal de Electricidad).
La historia es conocida. Bartlett operó la elección en la que “se cayó el sistema”. Existe la presunción probable de que el gobierno del PRI, que controlaba el proceso electoral, le dio ilegítima e ilegalmente el triunfo al PRI en las elecciones. A partir de ahí comenzó un despertar cívico en gran parte de la ciudadanía, que comenzó a aprovechar las grietas del otrora monolítico partido de Estado, para buscar la democratización del régimen político.
Producto de este movimiento democrático, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) como un órgano del Estado en el que había concurrencia de los poderes: Ejecutivo, representado por el Secretario de Gobernación; Legislativo, con Consejeros de este poder; y se creó la figura del consejero magistrado, para representar al Judicial. Así, de 1994 a 1996, el IFE se transformó en un proceso de ciudadanización, que le dio independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.
Este proceso se refina hasta las reformas de 2006 y 2007, en las que se dota al IFE y a los órganos jurisdiccionales (Tribunal Federal Electoral, TRIFE, primero; y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, después) de los mecanismos de fiscalización y sanción a partidos, dependencias, medios de comunicación, organizaciones, y ciudadanos que violen las leyes electorales. Ciudadanización, autonomía respecto al ejecutivo, y servicio civil de carrera, marcaron la historia del IFE.
Hacia 2014, el IFE se convirtió en INE (Instituto Nacional Electoral), y aunque se corrió el riesgo de la partidización del organismo (por el control de los partidos en el legislativo y por la fuerza representativa de los mismos partidos en el Consejo del INE), el servicio civil de carrera, los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), y los institutos locales de las entidades, han mantenido el equilibrio ciudadano en el ejercicio de la democracia electoral.
Es un hecho que el INE, los OPLE, y los institutos estatales son organizaciones perfectibles en su práctica y en sus normas. Es un hecho también que la personalidad o el carisma de quienes participan en los Consejos Electorales pueden ser más o menos simpáticos, dependiendo de a quién se le pregunte. Sin embargo, ninguno de estos hechos justifica ningún ataque sistemático a la institucionalidad democrática, ni avala intentos de amedrentar y desmantelar instituciones ciudadanas.
En 2006, el actual titular del ejecutivo “mandó al diablo a las instituciones”. Era previsible que –de tener suficiente poder– se volcaría contra los órganos electorales. Ahora, ya con ese poder, y en el contexto de la ratificación a Félix Salgado Macedonio para bajarlo de la candidatura a gobernador por Guerrero (no por la probable comisión de delitos sexuales, sino por finanzas sin reportar en la campaña), el ataque contra el INE se ha intensificado.
Nuestra democracia no está todavía madura. Nos falta construcción ciudadana, carecemos de educación y formación crítica, un grueso de la población aplaude los autoritarismos y las autocracias, todavía no distinguimos al mensaje del mensajero, y tenemos un largo trecho de pobreza económica que impiden abandonar los métodos de clientelismo electoral. En un escenario así, atacar a las instituciones electorales basadas en la democracia y la ciudadanía, es un suicidio político. Estamos a tiempo de evitarlo.
@_alan_santacruz
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