A finales de agosto pasado la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, invitó a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración (INM) a apoyar una iniciativa de reforma a la Ley de Migración elaborada por sus abogados.
Una parte de la iniciativa pretende facilitar la acreditación de delitos por tráfico de personas, lo que se encuentra dentro de sus facultades, pero en al menos dos puntos la propuesta de la fiscalía desborda por mucho sus competencias: instruye al INM que lleve un registro de personas defensoras de derechos humanos, y permite a la Guardia Nacional (GN) llevar a cabo verificaciones y detenciones migratorias por su cuenta.
Estos planteamientos de la iniciativa, que no se ha hecho pública, sonaron las alarmas en el Consejo Ciudadano del INM (CCINM), la instancia civil encargada de monitorear las acciones del INM. El 9 de septiembre, el organismo denunció públicamente al gobierno federal por profundizar la criminalización y la militarización de su política migratoria, en parte mediante la reforma a la Ley de Migración.
“Lo que quiere hacer la FGR es que la Guardia Nacional, bajo pretexto de ‘rescatar’ a las personas migrantes víctimas de tráfico y de la seguridad pública, también ayude a hacer revisión y verificación migratoria; la Ley de la Guardia Nacional ya lo establece, pero dice que lo puede hacer en colaboración con el INM. Lo que pretende ahora la FGR es que la Guardia Nacional haga las revisiones migratorias por sí sola”, advierte Mauro Pérez Bravo, presidente del CCINM.
Y señala que, con el decreto a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador incorporó de facto la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la política migratoria tendrá definitivamente un rostro castrense. “Si la Guardia Nacional forma parte de la Sedena, va a continuar con las labores migratorias, entonces va a ser una institución propiamente militar la que va a estar haciendo labores de revisión y verificaciones migratorias”, comenta.
En entrevista con Proceso, Pérez explica que la FGR presentó su iniciativa durante la Conferencia Nacional sobre Migración, una reunión a puerta cerrada en la que participaron representantes de instituciones nacionales e internacionales. Por parte de la sociedad civil, solo acudió él –pues el INM rechazó que viniera acompañado– y un día estuvo el sacerdote Alejandro Solalinde, un aliado cercano del presidente López Obrador.
El activista señala que la FGR presentó su iniciativa explicando que sus agentes enfrentan problemas para acreditar delitos en materia migratoria y obtener sentencias condenatorias, pues las personas migrantes en general no denuncian –por desconfianza– y los estándares de los jueces son demasiado altos. Por ello, pidió la modificación de los delitos para “que fuera más fácil la acreditación del tipo penal”.
“Bueno, si está dentro de su ámbito, se analiza. Pero lo que nos resaltó es que también piden que el INM lleve un registro de personas defensoras de derechos humanos. Es decir, una especie de acreditación que dice que ‘tú sí eres defensor o defensora de derechos humanos’, y nosotros lo vemos más bien como una especie de criminalización hacia la defensa de derechos humanos”, advierte Pérez.
Y preguntó: “¿Bajo qué estándares el INM va a decidir quién sí es defensor y quién no? Porque decía la FGR que muchos abogados y abogadas se aprovechan de las personas migrantes, les cobran, los dejan varados, ellos creen que es una forma para reducir esta extorsión y corrupción en cuanto a abogados que ayudan a personas migrantes.
“Es cuando nosotros detectamos que no era claro lo que hacía la FGR. O sea, ¿qué le interesaba a la FGR? ¿Realmente le interesaba acreditar el tipo penal? ¿Le interesaba la contención migratoria o un registro de personas defensoras de derechos humanos? Nos pareció inadecuado, porque desde nuestra perspectiva es una línea muy tenue para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos. ¿Quién es el INM para decidir quién sí es un defensor o una defensora de derechos humanos?”, agrega.
