- Nueva ley garantizaría la transparencia en el actuar de todo el que acceda a recursos públicos
- Universidades, organizaciones civiles y sindicatos tendrían que transparentar sus recursos
- Su alcance pudiera reducir un mal histórico como lo es la corrupción: Miguel Romo Medina
Luego de que el Senado de la República llevara a cabo la discusión y aprobación de la nueva Ley de Transparencia que sería turnada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde se aprobaría sin modificación alguna en su estatus de cámara revisora, la dinámica legislativa indica que se procederá a su publicación y entrada en vigor, lo que traerá consigo un importante número de implicaciones en el marco de la transparencia sobre la utilización de los recursos públicos, principalmente al garantizar que todo organismo que acceda a estos, esté obligado a someterse a rigurosos esquemas de transparencia.
Al respecto se refirió Miguel Romo Medina, senador por Aguascalientes, quien consideró que uno de los principales retos que plantea la nueva legislación reside en su carácter de ampliar el número de sujetos obligados a la transparencia y acceso a la información pública, determinada por su carácter de personas físicas o morales que acceden a recursos públicos. De esta manera detalló que la normativa, recientemente aprobada, obliga a servidores públicos y organizaciones privadas a transparentar su actividad, vida, desempeño, programas y destino de sus recursos.
Además, subrayó que no sólo los gobiernos son parte de esa obligación, sino también particulares, universidades, sindicatos y organismos de la sociedad civil, por lo que aseveró que su entrada en vigor tendrá un impacto en la cultura de la confianza hacia las instituciones.
No obstante, el también vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado consideró que “no por su expedición o vigencia cualquier tema queda resuelto”, por lo que aceptó que la norma seguramente será perfectible durante los próximos meses o años, aunque presumió que sea una que establece la obligatoriedad de los sujetos de transparencia, lo que evita que exista opacidad, y de manifestarse dicho fenómeno existen sanciones para quien se oponga a la transparencia, mismas que afirmó serán impuestas por organismos autónomos y ciudadanos.
Tras advertir sobre el avance que significa su aprobación, manifestó que uno de los elementos más importantes reside en el alcance que pueda tener la ley, que pudiera reducir un mal histórico al que se enfrenta México, al igual que muchos otros países, relativo a los crecientes índices de corrupción, contra la que sentenció, la legislación podrá prevenir, reprimir y reducir una tendencia en ese sentido.
