Si bien es cierto, México no se ha caracterizado por contar con una cultura cívica sobresaliente, existen pocas situaciones que generen un sentido vinculante entre la ciudadanía, situación que junto con la serie de problemas sociales y económicos que aquejan al país, ha traído como resultado un descontento social que afecta múltiples esferas de la actividad del país.
Cada vez son más los que consciente o inconscientemente han optado por la inactividad e indiferencia, la cosa pública ha pasado a segundo término, el grueso de la población se interesa sólo si se afecta o beneficia su ámbito personal, y por supuesto, la cultura cívica ha dejado de ser el medio que guíe la actuación de los ciudadanos.
El ámbito electoral no es ajeno a dicha situación, el índice de abstencionismo en los procesos electorales ha ido en franco aumento. La falta de credibilidad en las instituciones políticas (incluidos por supuesto los partidos políticos y las autoridades electorales) ha generado que las ciudadanía se aleje en cuestiones comiciales, algunos por desinterés o desesperanza y otros por considerar el campo electoral como tierra estéril para solucionar su problemática, y optan por encontrar espacios diversos para expresar sus inquietudes e inconformidades.
El derecho al voto ha dejado de ser un instrumento de expresión ciudadana, cada vez son menos los ciudadanos que cumplen responsablemente con su obligación cívica de emitir su voto y por ende los niveles de legitimidad de las autoridades electas van a la baja.
Corrientes como los denominados anulistas han encontrado en las jornadas electorales un medio de expresión de la inconformidad ciudadana que impera, situación que tendría que replantearse la arena donde se lleva a cabo su exteriorización, ya que el voto nulo en México representa sólo una estadística sin consecuencia ni impacto en las esferas políticas del país.
Si bien las condiciones del país evidentemente no resultan ser las óptimas, la apatía ciudadana o bien las muestras desorganizadas de expresión en nada abonan a superarlas y es justo en ese punto en donde radica la importancia de elevar los niveles de educación cívica de la población.
Actualmente la educación cívica ha sido relegada de los programas educativos del país y por ende la juventud no recibe las bases cívicas necesarias para hacer frente a la situación, por lo que recibe la mayoría de edad con el acervo recibido en los hogares y sobre todo de las redes sociales, las cuales se han convertido en el pilar de información para las generaciones más jóvenes.
Los esfuerzos por difundir la cultura cívico democrática se concentran en muy pocas autoridades públicas del país, principalmente en las autoridades electorales del país, ya que éstos tienen bajo su competencia el desarrollar, ejecutar y difundir los programas de educación cívica.
En materia electoral, la educación cívica no puede ser considerada a la ligera, ya que a partir de ella se construye la base sobre la cual los ciudadanos ejercitan los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga, en específico los político electorales enmarcados en el artículo 35, lo cual se refleja en el debido ejercicio del voto activo y en ocasiones pasivo.
Así las cosas, las autoridades electorales del país concentran gran parte de sus esfuerzos en generar y difundir la cultura cívica entre la población, actividades sin duda con resultados satisfactorios pero sin duda insuficientes, en razón de la capacidad operativa de dichas instituciones, por lo que vale la pena analizar el papel que han jugado los partidos políticos ante el referido déficit de cultura cívica en la ciudadanía.
Los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen dentro de sus obligaciones el contribuir a la vida democrática del país, lo que significa que son corresponsables de difundir entre sus militantes y en general de la ciudadanía cuestiones relacionadas con la educación cívica; sus documentos básicos y estatutos contienen conceptos que integran al ciudadano en cuestiones públicas.
Por lo anterior, se justifica plenamente analizar el papel que han jugado los partidos políticos en el fortalecimiento de la difusión y formación de la educación cívica en el país, máxime que reciben y manejan recursos públicos. Si bien es cierto que por naturaleza dichos institutos políticos están diseñados para competir en procesos electorales, no menos cierto es que parte fundamental de su razón de ser es desarrollarse en un ámbito democrático, por lo que la participación ciudadana representa un presupuesto esencial para justificar su existencia.
Debemos recordar que los partidos políticos deben representar intereses comunes de ciertos grupos o sectores de la sociedad, por lo que la baja participación ciudadana en los comicios, aunado a la pasividad mostrada por aquellos frente a dicha problemática, debe ser un llamado de atención para todos. Sin participación ciudadana no hay cabida a partidos políticos. Dicho concepto parece que ha sido olvidado por los dirigentes partidistas, los medios para que éstos obtengan triunfos electorales debe basarse en una intensa participación ciudadana, si se cumpliera lo anterior, generaría a su vez un aumento en la legitimidad con la que se erige una nueva autoridad.
Así las cosas, la pírrica participación ciudadana desde el punto de vista nacional encuentra su génesis en la indiferencia de las instituciones educativas del Estado mexicano, pasando por el insuficiente papel de las autoridades electorales del país y terminando con la pobre actuación de los partidos políticos en la materia; mientras que los ciudadanos no participen ni se ocupen de cuestiones públicas, la toma de decisiones continuará concentrándose en los entes de gobierno que resultaron electos con un nivel bajo de legitimación. Se debe por ende fortalecer en los programas educativos las asignaturas relacionadas con civismo, pues el país exige ciudadanos conscientes y comprometidos.
Por último, se debe exigir mayores resultados de parte de los partidos políticos en materia de educación cívica, incluir mecanismos o incentivos que aseguren una participación directa de los institutos políticos en materia de educación cívica, contemplar mayores sanciones en caso de omitir en sus informes, actividades que abonen en el fortalecimiento de la educación cívica en el país. El problema de la incultura cívica no es exclusivo de las autoridades electorales, pues debe existir una sinergia entre los involucrados para que los esfuerzos en la materia sean coordinados y por ende arrojen resultados concretos, sin ciudadanos no hay gobierno y sin gobierno no hay país.
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