Según el Instituto para la Economía y la Paz, en 2018 el nivel de paz se deterioró un 4.9% en México, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. Así que la percepción pública es correcta, porque estamos peor que nunca. Es claro que una tendencia de décadas no se puede revertir en seis meses, que son los que lleva el gobierno en funciones, pero lo cierto es que la tasa de homicidios aumentó un 14%, superando las 27 muertes por cada 100,000 personas, el nivel más alto registrado. Sólo el 7% de los delitos dio lugar a una investigación criminal, lo que equivale a un alto grado de impunidad. No es nuevo entonces decir que tenemos niveles de violencia parecidos o iguales a los de países en guerra. Estas son las cifras gruesas de los últimos 11 años: más de 250 mil muertes violentas, más de 40 mil desaparecidos, más de 26 mil cuerpos sin identificar, un escandaloso número de fosas clandestinas y el alto número de feminicidios por todo el país
El Índice de Paz México (http://indicedepazmexico.org/) señala un pequeño avance en la reducción de delitos con violencia y el número de personas que están en la cárcel sin sentencia. Mejoras, sí, pero muy marginales considerando el grave problema que representan. Por el contrario, crecieron los crímenes de delincuencia organizada, los homicidios y los delitos cometidos con arma de fuego. La conjugación de estos indicadores que componen el índice hacen que no extrañe el resultado: en 2018, por tercer año consecutivo, el nivel de paz se deterioró, esta vez casi un 5%.
Otro dato interesante de dicho estudio es el relativo al fuerte impacto económico de la violencia, el cual se elevó un 10%, alcanzando los 5.16 billones de pesos (268 mil millones de dólares gringos), lo que equivale al 24% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). O dicho de otra manera: el impacto de la violencia por persona fue de 41,200 pesos, lo que significa, por ponerlo en perspectiva, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Por eso podemos sostener sin duda, que trabajar en pacificar al país también es conveniente para la economía, donde el costo de oportunidad perdido es alto, es decir: reducir la violencia de todo México al nivel de sus cinco estados más pacíficos generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año.
Dice el Índice de Paz México 2019, que Yucatán fue el lugar más pacífico de México, seguido por Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Sin embargo, no hay que olvidar que el año pasado todos estos cinco estados registraron un incremento en sus tasas de homicidios. Por su parte, Baja California fue el lugar menos pacífico de México en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.
El espacio geográfico que ocupan dichas entidades federativas nos advierte claramente que la violencia no es un tema regional. No es la frontera sur o norte, y tampoco el pacífico o el golfo. Es un problema grave y estructural: hay focos rojos por igual en el norte, en el centro y en el sur.
El informe citado señala como hallazgo importante que ante la escalada de violencia, los gobiernos locales y federal han invertido en el sistema de procuración y administración de justicia mucho menos de lo que se requiere. Así, comparado con otros países, el porcentaje del PIB que México usa en tareas de seguridad y justicia es aproximadamente la mitad del que ellos utilizan. O tal vez menos, dependiendo del método de cálculo que se use. Según el informe, México gasta 0.81% de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial. Esta cifra equivale a la mitad del promedio de la OCDE y coloca a México en el nivel más bajo de los 33 países miembros de los que se tienen datos. Los estados mexicanos tuvieron una tasa mediana de 110 oficiales de seguridad pública por cada 100,000 habitantes en 2017. Esta proporción representa menos de la mitad del promedio del resto de América Latina en este rubro. Al tiempo, México tiene 3.2 jueces por cada 100,000 habitantes, en comparación con la media mundial, que es de 16.2 por cada cien mil habitantes. Este déficit limita, evidentemente, la capacidad del sistema judicial para mediar en la resolución pacífica de conflictos.
Pero en realidad no importan mucho las cifras que se citen o el método de cálculo para hablar de las consecuencias del problema, sino el grave asunto que la violencia estructural representa para la nación. Con todo, la sociedad mexicana merece, conocer las cifras reales de la violencia en México frente a las guerras de cifras entre algunos protagónicos reporteros y el nuevo gobierno de la República.
En el informe citado, Aguascalientes aparece en el lugar 11 de las 32 entidades federativas analizadas, es decir que no está ni entre los 5 más, ni tampoco entre los 5 menos pacíficos.
@efpasillas
