En otras ocasiones he puesto de manifiesto que la institucionalidad electoral, si bien como creación humana no es perfecta, por el momento es la que necesitamos, tanto porque nuestra historia nos ha traído hasta este punto, como porque las reformas a las que se ha sujetado la legislación en la materia electoral han ido construyendo, perfeccionando diría yo, todas las instituciones en las que se basa nuestro sistema político en general, y el electoral en lo particular.
Sobre todo, estos temas salen a flote cuando se analizan temas presupuestales. ¿Qué tan caro es nuestro sistema electoral? Siempre he sostenido que la diferencia entre algo caro y costoso radica en el valor que se le da al objeto o servicio. Una pluma fuente de mecanismo sofisticado, con el prestigio asociado a la marca, la calidad con la que está hecha, los materiales, etc., hacen que quien quiera adquirir uno de esos objetos seguramente tendrá que desembolsar una buena cantidad de billetes. Un bolígrafo de plástico transparente, sin tapa, donde se puede apreciar que la tinta que le queda es muy poca, vendida en una cantidad de miles de pesos, será no cara, carísima.
Los dos objetos sirven para lo mismo, en un momento dado. Sin embargo, el valor asociado a cada uno de ellos es lo que determina si, tras definir su precio, será costoso o caro. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando se comenta, al finalizar el año, la cantidad que se destina para el sostenimiento de las instituciones, se reducen los términos a señalar que, en México, la democracia es muy cara. Particularmente no lo creo, y trataré de explicar mi punto.
Sostener un sistema electoral como el que ahora nos rige ha sido producto de factores históricos. Necesitamos una institución ciudadana que organice las elecciones porque anteriormente las organizaba el gobierno, y en estos casos no se puede ser juez y parte. Necesitamos una urna transparente porque anteriormente eran de madera y no se podía ver hacia su interior para asegurarse de que estaban vacías. Necesitamos dotar a los partidos políticos de recursos para su sostenimiento, porque no queremos que se confundan recursos del gobierno que deben ser para toda la ciudadanía y no que sean otorgados por los partidos en el poder a sus militantes, simpatizantes o potenciales electores.
Y así podemos seguir con unas boletas que requerimos, hechas de papel muy similar al del papel moneda, impresas con tramas de seguridad y custodiadas desde su diseño para evitar que se falsifiquen; una credencial para votar con fotografía que sea, en su diseño simple, tan confiable que hasta el propio estado mexicano la considere como su identificación ciudadana por antonomasia; un esquema que se replique en las entidades, municipios, distritos, circunscripciones, con consejos integrados por profesionales y representantes de los partidos políticos, para garantizar, a la vista de todos, que no hay posibilidad de un fraude electoral; un procedimiento de revisión de que los gastos se realizan de manera prudente y legal; un cuerpo jurisdiccional conformado por expertos en la materia cuya función es dirimir las controversias naturales que surgen de las relaciones humanas que tienen como fin último el obtener el poder, situación que por sí misma no es fácil, y hasta una policía científica materializada en una fiscalía encargada de la persecución de los delitos electorales que idealmente no se deberían de cometer, pero que se cometen.
Todo ello, entonces requiere de recursos. Unos más, unos menos. No todos son económicos, porque los recursos a veces son humanos, a veces son materiales, pero finalmente se reducen a un costo. Horas hombre, equipo, mantenimiento, todo es cuantificado. Todo cuesta. La democracia mexicana es costosísima, eso sí.
Y aunque suene simple, el argumento a favor de esa premisa, es analizarla en un sentido contrario. En una era de austeridad mal entendida, quitemos a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Que la organización de las elecciones y la resolución de controversias se hagan desde palacio nacional sin garantías. Que las boletas se impriman en hojas simples de papel y de manera indiscriminada. Que se acopien los votos en bolsas de plástico sin control alguno y por personas que no sepamos quienes son. Que vote quien quiera y pueda, tantas veces como sea posible. Que el ganador se decida desde la noche misma de la elección, e incluso desde la misma definición de la candidatura. Que no exista quien investigue ni castigue delitos electorales. Y que todo el dinero que se ahorre de los gastos no erogados se reinvierta en la base votante del que otorga dádivas a diestra y siniestra para continuar con el ciclo sin fin.
Suena muy grotesco un sistema electoral sin garantías. Habrá que comentarle a las nuevas generaciones que a la nuestra, siendo contemporáneos, todavía le tocó ver eso a mediados de los años 80 del siglo pasado, y a una generación anterior prácticamente le tocó esa situación desde su nacimiento. Por eso la defensa de las instituciones.
Pero no una defensa a ultranza de los presupuestos. Sino una defensa de lo que representa el sostener esas instituciones (insisto, posiblemente falibles y por lo tanto permanente perfectibles) que nosotros mismos hemos construido. No está mal la renovación, siempre y cuando ésta sea para mejorar. Defendamos lo nuestro, y una forma de hacerlo es exigiendo que las autoridades hagan su labor de manera eficiente, participando en elecciones, solicitando información por vía de los mecanismos de transparencia. Defendamos lo nuestro y lo que con tanto tiempo y con tanto esfuerzo, hemos logrado.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
