A escasos días que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral sesione para dar inicio formal al Proceso Electoral local 2020-2021, por el que quienes residimos en Aguascalientes renovaremos al Congreso del Estado y a los ayuntamientos que conforman la entidad, se vuelve necesaria una mirada analítica a nuestro sistema electoral que, con defectos y virtudes, nos es funcional dentro de la circunstancia histórica en la que nos encontramos.
A propósito de la conmemoración histórica del encuentro de la civilización europea con los pueblos originarios entonces existentes en América, resulta hasta cierto punto extraño asimilar que la historia política registra una serie de civilizaciones extendidas en el territorio que actualmente ocupa México, cada una con sus características que la hacían propia, circunstancia que permanece hasta 1521, en que se asume como el Virreinato de la Nueva España, situación que impera políticamente hasta 1821. A partir de entonces, inicia un periodo en el que, a veces se excluyen y en otras coexisten, república e imperio, gobierno liberal y conservador. Tras una relativa calma durante el porfiriato, la lucha intestina que supone la Revolución Mexicana da paso a un México que, no obstante el recorrido histórico y el bagaje en el camino recolectado, apenas pasada la década de los 20 en el siglo pasado, comienza la construcción de instituciones.
Visto así, el México en el que vivimos y del que nuestro sistema electoral forma parte, tiene sus cimientos en premisas básicas y raíces profundas en nuestra historia reciente. En realidad, si bien a partir de la Constitución del 17 se sientan las bases de nuestras instituciones bajo la ideología triunfante en la lucha revolucionaria, el poder político obedeció a las reglas que imponía la figura presidencial como máximo representante del entonces partido hegemónico, situación que perdurará hasta finales de la década de los 60.
Esto es, apenas desde hace alrededor de 40 años fue que poco a poco se han ido perfeccionando nuestras instituciones electorales: desde la gran reforma política de 1977 que propició, entre otras, la figura de diputados de partido; la posterior creación de autoridades administrativas electorales, primero ciudadanizadas y luego profesionalizadas; todo un sistema jurisdiccional propio de la materia; la creación, resguardo y actualización del padrón electoral y la lista nominal, la credencial para votar, tinta indeleble, boletas con mecanismos de seguridad; un sistema de fiscalización en tiempo real para los recursos de los partidos, asignación de tiempos en radio y televisión equitativos, y un largo etcétera, todo es sometido a revisión tras cada proceso electivo del que surgen más y mejores ideas para fortalecerlo.
El principio, en sí mismo, es muy básico: a cada persona mayor de 18 años le corresponde un voto y vale igual para todas y todos en el país. A partir de esta premisa, surge una serie de procedimientos para garantizar que toda la ciudadanía se inscriba en un padrón de votantes seguro y confiable, obtenga una identificación que le permita ejercer ese derecho, y encuentre en los partidos políticos la posibilidad de escuchar las propuestas que le permitan tomar una decisión adecuada. Para ello, se procura que las opciones políticas se encuentren en un plano de igualdad de circunstancias en la medida de lo posible, aunque el propio sistema permite que en algunos casos sea la mayoría de votos la que determine los privilegios que corresponden dentro de la democracia.
Ahora bien, en esta reflexión propongo al ciudadano y a la ciudadana como el eje alrededor del cual gira el sistema. No es casualidad que su diseño estructural permita que sea la actuación ciudadana la que dé vida a los órganos electorales ciudadanizados, la que conforme a los partidos políticos, la que sea el sustento de las candidaturas independientes, y quien haga que su voz sea escuchada en los tribunales. El sistema, además, se fundamenta en un escrutinio permanente que realiza la ciudadanía sobre los actores de éste: es el facultado para denunciar una anomalía, tiene garantizado un lugar privilegiado como observador del proceso electoral y, además de decidir con su voto quien accede a un cargo público, con su apoyo decide fundamentalmente si le da vida o no a los partidos políticos.
Es muy probable que el sistema no satisfaga a algunos. El sistema no es perfecto, en todo caso y como producto humano es perfectible, permanentemente revisable y periódicamente adecuado. Este sistema, por ahora, es el que tenemos y nos es funcional en nuestras circunstancias de tiempo y lugar. Bajo estas características sería impensable instituirlo en otro país, por los elementos históricos, por su idiosincrasia o hasta por los temas económicos. Lo que nos resta, como una ciudadanía responsable es ejercer nuestro derecho a partir de nuestra actuación efectiva dentro de él. Comencemos pues, una vez más, la prueba periódica que hacemos a este, nuestro sistema.
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