La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad de diversas maneras en sus diferentes sentencias. Veamos, por ejemplo, su abordaje en el caso denominado “de la panel blanca”: “…la Corte constata que en Guatemala existió y existe un estado de impunidad respecto de los hechos del presente caso entendiéndose como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos…”.
Con dicho concepto en mente, nos encontramos que según un estudio publicado anualmente por la Universidad de las Américas, con sede en Puebla (IGI-2020), México ocupa el lugar 60, de un total de 69 países estudiados, en el “Índice Global de Impunidad 2020”. Recordemos, por ejemplo, que en la edición de 2017, ocupó el lugar 66 de 69 y en el 2015, el lugar 58 de 59 casos estudiados. Así, concluye dicho estudio que debido a los resultados observados en la que el estudio citado denomina: “dimensión estructural” (tanto en el sistema de justicia como el de seguridad), ésta debe de ser una prioridad para el país. También concluye que el resultado de dicha “dimensión estructural del sistema de justicia”, señala la necesidad de incrementar el número y la calidad de jueces y juezas. Presumiblemente, sostiene el estudio, ello tal vez se traduciría en una mejora de las capacidades de impartición de justicia, lo que desencadenaría mejores valoraciones en el número de personas encarceladas en espera de sentencia y la sobrepoblación de las cárceles.
En este rubro, el IGI-2020 registra como promedio mundial alrededor de 17.83 jueces por cada cien mil habitantes. En comparación, México tiene un escaso número promedio de 2.17 jueces por cada cien mil habitantes. Dicha cifra contrasta poderosamente con la del país con menor impunidad: Eslovenia, que registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes. En cuanto al sistema de seguridad, el citado índice concluye que hay 347.76 policías por cada cien mil habitantes. Curiosamente, la cifra en este caso es mayor que el promedio de los 69 países estudiados. Pero esto no parece cambiar las capacidades operativas ni efectivas de las policías mexicanas. Habrá que estudiar porqué con detalle, pero aventuramos una posible hipótesis entre muchas otras posibles y complementarias: las policías mexicanas carecen de la formación y la remuneración necesarias para cumplir sus funciones básicas de proteger a la población y prevenir los delitos, además de que están permeadas por la corrupción sistémica. Así, el aumento en las estadísticas delictivas junto con la precaria situación de los derechos humanos, representan también factores muy críticos para entender el alto grado de la impunidad pública del caso mexicano. Así, resulta urgente la toma de medidas de política pública para reducir los altos índices de impunidad. El estudio constata que se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia, recursos que deben reflejarse en un aumento de sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización. Pero además, resulta indispensable auditar y supervisar el uso de esos recursos, además de contar con sistemas de evaluación independientes de los órganos de gobierno. Deseablemente de la sociedad civil.
Ahora bien: la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal podría percibirse como una ocasión para el aumento de la impunidad. Al respecto debe anotarse que si bien dicho sistema mejoró en teoría los juicios y procesos judiciales (tal vez sobre todo en materia de transparencia, donde recientemente la SCJN reconoció que es obligatorio para los jueces publicar sus sentencias), esto no ha significado necesariamente una mejoría en la calidad de la impartición de justicia. Todos sabemos que la organización interna y gobierno de la judicatura son una enorme y opaca caja negra, donde ocurre de todo. De manera que mejorar las capacidades y el gobierno abierto del sistema de procuración e impartición justicia, es una clave para reducir la impunidad.
Arrastrar desde tiempos inmemoriales un estado de derecho chueco y deforme, con un sistema de justicia tan deficiente, implica, por ejemplo, un acceso desigual a la justicia, con constantes procesos de re victimización, pero también la imposibilidad real de asumir la inseguridad pública de modo institucional. Lo hemos visto claramente en el caso de Michoacán y sus autodefensas ciudadanas durante los últimos años. Tampoco se puede desestimar como parte del problema y la solución la reforma de los sistemas de seguridad pública municipales, estatales y federales: mal preparados, con capacidades muy desiguales y con al menos un deficiente funcionamiento, así como sistemas administrativos colapsados y sin mecanismos de rendición de cuentas, donde la solución desde luego no pasa por la militarización policial, ni tampoco por cambiar el nombre a batallones enteros del ejército y volverlos de la noche a la mañana “guardia nacional”.
El citado estudio también encontró una comprensible pero preocupante tendencia a lo que se ha dado en llamar “populismo punitivo”, que en general reclama penas más severas y encarcelamiento oficioso como el camino más corto para reducir la impunidad. Pero tal parece que ello supone, por el contrario, la voluntad institucional y en última instancia social, de reproducir los ciclos de impunidad, que tienen efectos muy negativos en la población marginada y más vulnerable: niños, ancianos, mujeres o indígenas.
Cola. El incendio y la humareda provocados por la previsible exculpación exprés del quemado soldado Cienfuegos, encabezada en vivo y en cadena nacional por el propio presidente de la República, sienta un negro precedente y abre una gran brecha en la credibilidad justiciera de la autodenominada cuarta transformación y su declarado propósito de cambiar a México. Un fiscal serio que se precie de ser autónomo, no puede andar diciendo por ahí que “le quieren dar en la madre” y tampoco tiene facultades para absolver a priori a ningún investigado, en lo que pareciera una historia más, entre muchas otras, de impunidad rampante. Veremos que ocurre mientras el incendio y el escándalo se extienden en ambos lados de la frontera.
@efpasillas
