Nos encontramos a escasos seis días de que concluyan las campañas electorales en todo el país, pasadas las 23:59 horas del próximo miércoles 2 de junio, ningún partido político, candidata o candidato podrá llevar a cabo algún acto que implique dirigirse al electorado, no podrá directa ni indirectamente difundir sus propuestas, ni invitar a votar el próximo 6 de junio, ya que entraremos al período conocido como de reflexión. La legislación destina los tres días previos a la jornada electoral para que sea el silencio el que impere en el espectro público y con ello permitirnos asimilar el cúmulo de información política recibida durante los últimos 45 o 30 días, dependiendo de la elección, proceso que culminaremos acudiendo responsablemente a la casilla que nos corresponda a ejercer nuestro derecho al voto en completa libertad, es decir, con plena consciencia de la opción política por la que nos decantaremos, con la seguridad de que será la mejor alternativa. En otras palabras, el período de reflexión es una herramienta para generar ese voto razonado, consciente, informado y, por ende, libre.
Para ser sinceros, uno de los aspectos que más agradece la ciudadanía en este silencio electoral es la ausencia de propaganda de candidaturas y partidos políticos en radio y televisión, pues a partir del primer minuto del jueves 3 de junio, los tiempos oficiales, los espacios de transmisión con los que cuenta el Estado Mexicano en ambos medios de comunicación, se destinarán exclusivamente a las autoridades electorales, dejando atrás los anuncios de aspirantes a cargos de elección que, literal, inundaron la programación radiofónica y televisiva durante las campañas electorales, en las que fue prácticamente imposible escapar de los miles de spots que nos persiguieron incesantemente. Durante el período de reflexión, los mensajes tendrán la única finalidad de invitar a acudir a las urnas el día de los comicios, así como resaltar la importancia de nuestro voto. Es por todos sabido que el propósito original del modelo de comunicación política, vigente desde 2007, fue generar condiciones mínimas de equidad para quienes participan en un proceso electoral, además de inhibir la injerencia del poder económico en la democracia. Para ello, en su momento, se reformó el artículo 41 de nuestra Constitución, a efecto de prohibir la adquisición directa de espacios en radio y televisión para la difusión de contenidos político electorales, y se impuso la obligación a los concesionarios y permisionarios de transmitir los mensajes de candidaturas y partidos políticos en la forma y periodicidad que determinara el entonces Instituto Federal Electoral, hoy convertido en Instituto Nacional Electoral.
Como todo esquema novedoso, su puesta en práctica nos ha mostrado, con el paso de los años, aspectos positivos y negativos, por un lado el acceso equitativo a los tiempos oficiales, ya que ahora todas las fuerzas políticas contendientes tienen garantizado espacios en radio y televisión, todos gozan de los mismos minutos y horarios de transmisión, así que cuantitativamente el electorado recibe los mensajes de todos los competidores sin distingo alguno; pero en el aspecto cualitativo, no podemos ignorar que dicho modelo ha derivado en la llamada sobreexposición a la publicidad política, que lejos de generar mayor contenido para la audiencia en general y para el electorado en particular, trajo consigo un evidente hartazgo en el público, lo que se traduce en una afectación de la participación electoral, ya que la emisión de millones de spots de 30 segundos no necesariamente implica mayor información respecto a propuestas de gobierno o la generación de deliberación pública sobre los temas relevantes para nuestro municipio, estado o país.
Al final del día, de lo que se trata es de generar la cultura del voto razonado, esa cualidad que el electorado requiere para ejercer libremente su derecho al voto. Sin información no puede hablarse de libertad y esa información se construye a lo largo de la campaña, producto de un ejercicio de contraste de propuestas, y alimentándose, por supuesto, del debate de ideas que debe generarse en el espectro público, para que por medio de una mirada crítica, las y los electores construyamos un criterio propio. Todo lo anterior pertenece al deber ser, porque en el terreno práctico, las campañas electorales se han vuelto todo menos espacios deliberativos, bajo un esquema de comunicación política que favorece la mercadotecnia por encima de la exposición de ideas, de la imagen hueca por encima del proyecto de gobierno, del ataque infundado y calumnioso por encima de la crítica fundamentada, circunstancias con las que cada vez se vuelve más complicado el participar con un voto libre y responsable. Aunque este problema pudiera explicar parte del desencanto ciudadano hacia las cuestiones públicas en general y en particular por el creciente abstencionismo que se presenta elección tras elección, hago votos para que la próxima jornada electoral se convierta en la excepción, que los ciudadanos se apoderen de las casillas y participen mediante el sufragio, para que quienes resulten electos, obtengan el mayor margen de legitimidad posible. El próximo 7 de junio, Aguascalientes amanecerá con normalidad, los problemas que nos aquejan seguirán presentes y nuestra democracia local de nueva cuenta se recreará sin problema alguno, nos toca a ciudadanas y ciudadanos velar por que quienes obtengan la mayoría de votos, sean las personas más calificadas para desempeñar los puestos, de ahí la importancia de nuestra decisión. Así que amable lector, le invitó a que aproveche este período de reflexión, identifique a sus candidatos, evalúe sus propuestas y ejerza con responsabilidad su voto.
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