Luego de la efervescencia electoral de días pasados, llega un aparente momento de tranquilidad en cuestiones electorales que, no obstante, nos debe llamar a la reflexión. En los siguientes párrafos abordaré, por mero ejercicio de recuento, algunas de las situaciones que se asoman en el panorama político electoral y que ameritan nuestra atención:
El proceso electoral no ha concluido. Si bien la jornada electoral transcurrió sin contratiempos mayores, y las posiciones en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos han sido otorgadas, directa e indirectamente, por la ciudadanía, estos resultados no se pueden considerar definitivos, dado que el sistema permite que aquellos que consideren que alguno de sus derechos político-electorales se ha vulnerado, tienen la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de buscar justicia. He sostenido en diferentes foros que tal situación no implica que la autoridad haya actuado mal y, por el contrario, someter las actuaciones de la autoridad al tamiz judicial dota de legitimidad a cada uno de los actos del proceso.
Una de las fuentes del derecho es la ley, y todas las autoridades del país ajustan su actuar a lo que dicta la norma. Precisamente ese es uno de los fines últimos de la elección: provocar la renovación periódica y pacífica de los gobiernos. ¿Y para qué necesitamos al gobierno? Para asegurar que se cumplan las leyes y mantener funcionales a las instituciones, promoviendo eficiencia e igualdad. Pues bien, otra de las fuentes del derecho son las opiniones técnicas de las y los impartidores de justicia quienes, al aplicar la ley al caso concreto, analizando las particularidades de cada caso, van imponiendo nuevos criterios que permiten ir avanzando en la consecución del fin de que hablamos.
Dentro de este mismo orden de ideas, cualquier reforma legal en materia electoral, debe darse antes de 90 días de que inicien formalmente las actividades sobre las que tales preceptos obligarán. El proceso electoral por el cual renovaremos al poder ejecutivo de nuestra entidad, tiene como inicio legal la sesión que celebre el Consejo General del Instituto Estatal Electoral durante la primera semana de octubre de este mismo año, por lo que el plazo para cualquier reforma sustancial le vence al congreso estatal los primeros días del mes de julio. Ambas fechas se encuentran muy próximas en la agenda política local.
Dentro de esta misma agenda puede presentarse un fenómeno curioso: dado que el proceso electoral 2021 concluye con la resolución del último de los medios de impugnación interpuesto, mismo que se puede dar hasta antes de la toma de posesión de los cargos elegidos, lo que ocurrirá el 15 de septiembre en el caso de las diputaciones, y el 15 de octubre en el caso de los ayuntamientos, si aún no se finiquitaran los procedimientos jurisdiccionales para esta última fecha, el siguiente proceso formalmente debe iniciar a más tardar el 9 de octubre, por lo que ambos procesos electorales podrían coexistir sin mayor situación que la anecdótica.
Es por ello que el ambiente electoral parece no dar tregua a las y los aguascalentenses, quienes venimos arrastrando un lastre de vivir, del año 2015 al próximo 2022, cinco elecciones en siete años: 2016 una elección completa local, 2018 elección de diputaciones concurrente con la presidencial, 2019 de ayuntamientos local, 2021 intermedia local con la concurrente federal, y 2022 para la gubernatura. Dicho sea de paso que tal situación obedece a la necesidad de hacer coincidir las elecciones locales y federales, por lo que la próxima gubernatura durará solamente 5 años, es decir, hasta 2027, y a partir de la elección de 2024 coincidirán los procesos ordinarios, federales y locales, cada 3 años.
El reto, para todas y todos los involucrados en la materia, es el de sortear el hartazgo ciudadano y hacer efectiva la participación ciudadana. Ese reto se cumplió en la elección de hace unos días al tener una participación (histórica para una elección intermedia) de poco más del cincuenta por ciento del electorado local. Entre otras cosas, habrá que afinar el modelo de comunicación política para acercar a la participación a aquellos que todavía se muestran renuentes.
Por lo pronto, para bien o para mal, en la agenda posterior a la elección, y si bien no con la misma efervescencia de las campañas y la jornada electoral, se encuentran importantes actividades que requieren de nuestra atención.
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