Siempre que se inicia un proceso electoral, como es en el caso que nos ocupa en Aguascalientes, se tiende a comparar con los organizados con anterioridad. En algunas ocasiones, ese ejercicio, por demás natural, resulta en un procedimiento de mejora continua: se analiza lo que sucedió, se repite lo bueno y se mejora lo malo.
Pero no siempre la comparativa se realiza con base en criterios adecuados. El ejemplo más consistente de lo anterior es el relativo al presupuesto que se requiere para organizar la elección. La lógica inicial es que si en el proceso anterior se eligieron tres cargos en el estado (diputaciones federales, ayuntamientos y diputaciones locales) y para ello se requirieron cien pesos de presupuesto, en esta ocasión al ser solamente un cargo, el de la gubernatura, el presupuesto que ahora se requiere deberá de ser de hasta treinta y tres pesos, considerando que solamente se elegirá una tercera parte de los cargos respecto del anterior.
Si el dinero que se gasta mantuviera relación estricta con los cargos por elegir dentro del proceso electoral, el argumento anterior tendría validez. La cuestión aquí es que, el desarrollo de las actividades para la elección mantiene una base estructural que no se modifica por la cantidad de cargos: lo mismo da que se eligieran, en un mismo momento, tres cargos, ya de naturaleza local, ya de naturaleza federal, que uno solamente. Las casillas electorales que se habrán de instalar son esencialmente las mismas y, por el contrario, cada vez aumenta el número de centros de votación porque su cálculo se origina con base en el número de votantes, el que, desde siempre, ha manifestado un incremento.
Si bien, el número de boletas y actas por imprimir disminuirá, esto solamente representa un concepto de los muchos que existen en el presupuesto de una elección. Baste mencionar que el gasto ordinario de las oficinas centrales de las autoridades electorales se ejerce con y sin elección, lo que incluye sueldo y pago de servicios, entre otros conceptos. Adicional a lo anterior, en los procesos electorales, se tienen que instalar organismos desconcentrados que, temporalmente, tienen como atribuciones principales la de organizar la elección en las demarcaciones distritales y municipales, y la de realizar los cómputos de las casillas dentro, precisamente, de esas circunscripciones.
Un viejo adagio en el entorno dice que las elecciones son de papel, en referencia sí a las boletas y las actas en donde consta la voluntad ciudadana, pero también al papel moneda. Y mientras no se encuentre otro mecanismo para abaratar los costos, tenemos la democracia que nos merecemos y que nos podemos dar el lujo de pagar. Siempre se ha manifestado la situación de que nuestros procesos electorales se encuentran fundamentados en la desconfianza, lo que encarece los procedimientos, por ejemplo, de generación de un padrón electoral confiable, la emisión de listas nominales actualizadas, boletas con marcados elementos de seguridad en el papel y en los procesos de impresión, la instalación de casillas integradas por ciudadanía capacitada a la que se le otorga una dieta, y ciudadanas y ciudadanos que se encuentran al pendiente de las actividades que realizan los partidos políticos y las candidaturas, y organizan la elección en su respectivo distrito. Me refiero a los consejos distritales.
En cada uno de los distritos electorales en que se divide el estado, a partir de la primera semana de febrero del 2022, deberá de instalarse un consejo conformado por cinco consejerías, de entre las cuales una ocupará la presidencia, por una secretaría técnica, y por representaciones de los partidos políticos que participan en la contienda.
Nos encontramos en el justo momento en que se eligen a las personas que integrarán estos órganos desconcentrados, mismos que se sometieron voluntariamente a un riguroso proceso de selección, que inició desde atender una convocatoria, presentar un examen de conocimientos y presentarse a una entrevista con las consejeras y consejeros del Consejo General quienes, finalmente, serán quienes nombren a las personas integrantes en la última sesión prevista para este año.
Este, como lo mencionaba, es uno de los ejemplos que nos sirven para los temas de los que he hablado: es una de las autoridades que se deben integrar sí o sí en cada proceso electoral independientemente de su naturaleza, lo que genera un costo a la autoridad ya que son cargos remunerados; aunado a lo anterior, son necesarios porque además de organizar eficientemente los actos que legalmente conforman el proceso electoral, son una muestra de la certeza, legalidad e imparcialidad que brindan, como autoridades en cada distrito, abonando con ello al correcto desarrollo del fin último de la elección, que es la renovación periódica y pacífica de las autoridades.
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