Para la mayor parte de la población, en el día siguiente al de la jornada electoral, la vida continúa con relativa normalidad. Ese lunes 6 de junio, amanecimos todos con los mismos compromisos, problemas, escuela, trabajo, reuniones, negocios por cerrar, en general, nuestras vidas continuaron sin sobresalto alguno.
Es precisamente en ese tipo de cosas, donde se encuentra una de las mayores virtudes de cualquier sistema democrático, me refiero a que las diferencias, puntos de vista encontrados, ideologías contrarias se procesan a través de un mecanismo que todos entienden, aceptan y lo más importante, participan en él, todos con el objeto de decidir en comunidad, quién se encargará de tomar las principales decisiones públicas en los próximos años. Esa recreación de la democracia, que se vive en cada elección, es lo que nos permite vivir en comunidad, y este pasado domingo 5 de junio no fue la excepción, pudimos participar (quienes lo hicimos) en completa tranquilidad y orden, teniendo la certeza de que la decisión mayoritaria se iba a respetar y esa noche antes de dormir pudimos conocer de primera mano, los resultados preliminares de la elección, todo en completa calma, sin generar un conflicto post electoral.
Si bien, podemos concluir que en efecto la vida en nuestro Estado continuó con normalidad después de la jornada, el proceso electoral aún no termina, de hecho dimos paso a la tercera y última de las etapas que la ley contempla electoralmente hablando, se le conoce como la etapa de Resultados y declaratorias de validez, por lo que todos los organismos electorales, justo al día siguiente de la jornada electoral, se enfocaron por completo en una de las tramas más importantes de toda elección, me refiero a los cómputos distritales.
Para ello, el miércoles 8 de junio se reunieron en sesión permanente (e ininterrumpida) los Consejos Distritales, para llevar a cabo la sumatoria de todas las actas de casilla que integran su distrito electoral, así como recontar, boleta por boleta, aquellos paquetes que según la ley, deben abrirse para llevar a cabo el voto por voto en la mesa del pleno, dicha actividad si me permiten el calificativo, lleva a cabo una labor de purga de las inconsistencias, errores aritméticos cometidos por funcionariado de casilla, quienes al ser ciudadanos no peritos en la materia, en un contexto de presión y cansancio, es recurrente que se presenten en una jornada electoral, de ahí que los cómputos distritales generen confianza y sobre todo certeza de los resultados de la contienda, dicho computo al ser un acto de autoridad, es susceptible de impugnarse por supuesto, situación que a la postre se actualizaría.
Pero como podrá observar, con los cómputos distritales no termina la elección, ya que falta que la autoridad electoral realice la sumatoria de todas y cada una de las actas de cómputo distrital, siendo el Consejo General del IEE, en su carácter de órgano máximo de decisión en el Estado, a quien le corresponde tan importante actividad. El resultado del cómputo estatal arroja, ya jurídicamente, la candidatura que resultó electa con la mayoría de votos de la ciudadanía.
Dicha actividad tuvo verificativo el pasado domingo 12 de junio, la cual fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, resultando ganadora la candidata de la coalición integrada por PAN-PRI-PRD, María Teresa Jiménez Esquivel, primera gobernadora en nuestro estado a partir del 1 de octubre próximo, a quien entregamos la constancia de mayoría que la acredita como tal; dicho computo estatal al ser también un acto de autoridad, es susceptible de impugnarse, insisto.
El mismo domingo del cómputo estatal, vencía el plazo para impugnar los cómputos distritales, y en efecto, esa noche nos fuimos a dormir con la noticia de que un partido político impugnó el cómputo efectuado en los 18 consejos distritales el miércoles anterior. Dicha situación llamó la atención pública y los rumores y especulaciones no se hicieron esperar, por lo que en este espacio me parece oportuno puntualizar ciertas cosas.
En primer término, el sistema electoral mexicano, cuenta con un robusto sistema de medios de impugnación que garantiza, por un lado, que cualquier persona que considere vulnerado alguno de sus derechos político electorales tendrá a disposición un medio de impugnación previsto en la normatividad que sirva para que un tribunal especializado en la materia pueda revisar la legalidad del acto de que se duela.
En segundo término, señalar asimismo, que un medio de impugnación en materia electoral no suspende ni afecta la validez de los actos emitidos por las autoridades, de tal manera que la elección y sus resultados siguen surtiendo plenamente sus efectos.
Tercero y más importante, un medio de impugnación, lejos de afectar el normal desarrollo de los actos dentro de un proceso electoral, genera una poderosa dosis de certeza y confianza, en el sentido de que, ante cualquier duda (razonable o no) sobre la legalidad de cualquier acto de autoridad, sea revisado jurisdiccionalmente, por lo que sus sentencias otorgan confianza y legitimidad en los resultados electorales.
Así pues, en el caso que nos ocupa, de la elección de la gubernatura de Aguascalientes, el hecho de que se hayan interpuesto 18 medios de impugnación, lejos de reprobarse, debe valorarse en su justa medida, que es simplemente el ejercicio legítimo de un derecho a cargo de un partido político. Al final del día, lo que se busca además de transmitir el poder de manera libre y pacífica, es que tal situación sea legítima, y las sentencias que eventualmente se generen, por supuesto, que dotarán de dichos efectos.
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