Si bien el proceso electoral no ha concluido, sí se acerca a su natural final: tras las impugnaciones interpuestas, éstas deben resolverse en la instancia local y -potencialmente- en el tribunal federal, antes del día señalado como el inicio del periodo constitucional de la nueva gobernadora, es decir, el próximo primero de octubre, y por virtud legal, finiquitar las actividades formales de la elección.
En materia electoral local, ha sido tradición que el lunes siguiente al día de la jornada electoral se celebre de una manera sui géneris: descansando haciendo adobes, como dice la conseja popular. Después de un día que empieza muy temprano y termina muy tarde, se experimenta una serie de sentimientos encontrados, ya que por un lado, la satisfacción que da la culminación del trabajo por el que nos preparamos durante mucho tiempo se mezcla, por otro lado, con la incertidumbre natural, que es el principio en el cual se fundamenta el ejercicio democrático electoral: nadie sabe qué es lo que va a pasar. Esa alegría mezclada con cierta preocupación nos hace no bajar la guardia, sino continuar con la etapa siguiente que se refleja en la generación de los resultados definitivos. Pero a partir del martes siguiente, ocurre un fenómeno poco visto por la mayoría de las personas, ya que es una actividad totalmente interna, y consiste en planear el siguiente proceso electoral.
Durante los últimos siete años hemos visto pasar cinco procesos electorales, lo que provocó que al menos en un par de ocasiones, aún no termináramos formalmente un proceso cuando legalmente teníamos que dar inicio al siguiente; no obstante se podría pensar que en este caso, al volver a las urnas hasta el 2024, bien podríamos tomar un descanso en la organización continua de procesos, aunque no es así. Y trataré de explicar mi punto.
En realidad, la jornada electoral por la que se renovará la presidencia de la república, senadurías y diputaciones federales, además de ayuntamientos y diputaciones locales, tendrá verificativo el primer domingo de junio de 2024. Pero el proceso electoral debe iniciar en el septiembre anterior -para el caso de la autoridad federal- y un mes después en la entidad. Esto es, al terminar el proceso en el que actualmente nos encontramos, estaremos justo a un año de empezar el siguiente.
Eso nos obliga, entonces, a realizar una evaluación, en muchos aspectos, sobre las condiciones en las que se ha llevado a cabo el proceso, con el objeto de mejorar los procedimientos que conlleva. Desde cuestiones un tanto subjetivas, como el profundo análisis del por qué de la decepcionante participación ciudadana, hasta otras que rayan en lo estrictamente científico, como la nueva concepción de los ámbitos y límites territoriales de los distritos electorales; aspectos como estos no se limitan a someras observaciones, sino que requieren de la participación multidisciplinaria de personas expertas en diversas ramas del saber que aporten, cada cual desde su perspectiva, su visión que permita esa mejora continua tan necesaria en todos los ámbitos de la vida, de los que lo electoral no escapa.
Este proceso nos ha debido dejar muchas lecciones, aunque no todas son tan visibles como quisiéramos. Más allá de lo superficial que pueden ser los resultados electorales, se vuelve necesario profundizar en algunos aspectos. Siempre, el papel de la autoridad electoral es cuestionado de manera natural, en el entendido de que hay un número considerable de competidores y solamente un ganador, lo que provoca que los demás no queden conformes del todo con el resultado. Sin embargo, la experiencia dicta que la judicialización de las elecciones, no debe ser vista como algo negativo, sino que, por el contrario, legitima el trabajo administrativo la consecuente revisión jurídica que realizan los tribunales.
Por ello, creo firmemente que la evaluación debe partir, siempre, desde una visión autocrítica, que debe abarcar a quienes tomamos parte en los procesos: empezando por las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales e investigadoras de delitos; pero también debe extenderse a partidos políticos, sus representaciones, el gobierno de todos los niveles, los medios de comunicación y la ciudadanía, quienes tenemos buen tiempo para trabajar, antes de la próxima elección, partiendo de la premisa que dicta que siempre es posible mejorar futuros procesos a partir de las lecciones que nos deja la elección.
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