Los individuos pueden tener razones muy diversas para cometer delitos, las cuales pueden ir desde la necesidad económica hasta complejos desórdenes psicológicos. De la misma manera, pueden tener otras para no cometerlos, desde genuinas convicciones morales hasta simple temor a las posibles consecuencias que esto podría acarrear. Dada esta dicotomía, existen dos tipos de acciones para evitar que se cometa un delito: eliminar los incentivos para cometerlo y fortalecer e incrementar los motivos para no hacerlo. Debe señalarse que es imposible evitar la ocurrencia de todos los delitos, por lo que hay que aceptar que ninguna política de prevención de la violencia va a ser 100 por ciento efectiva; sin embargo, el principio anterior sigue siendo válido, quitar los incentivos para cometer delitos o fortalecer aquéllos para no hacerlo puede lograr que se cometan menos.
El documento Bases del Programa Nacional Para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, publicado por la Secretaría de Gobernación se enfoca básicamente en el primer tipo de acciones, es decir, el intento por eliminar las causas que las personas tienen para cometer crímenes. El acercamiento, como lo indica el título es social. Algunos objetivos que se destacan son el apoyo a los niños para que no dejen la escuela, programas de empleo, fortalecimiento de los lazos comunitarios y campañas contra la violencia familiar. Es cierto que hay determinantes sociales del delito, sin embargo, falta ver si el diagnóstico que se hizo es correcto, pues es muy escueto como lo indicaron Leonel Fernández y Lilian Chapa, ambos investigadores de México Evalúa, en un artículo previo (“¿Habemus política de prevención?”, 15 de febrero de 2013). Pero hay otro problema más de fondo, pues sorprende que en una política que se presenta como integral, haya un solo enfoque.
Realmente no hay en todo el documento mención alguna sobre las acciones encaminadas a fortalecer aquello que aumentaría los motivos de los individuos para no cometer delitos y faltan posibles acciones que reduzcan los incentivos para cometerlos. Sobre esto último, llama la atención que en las 48 páginas jamás se menciona la palabra “corrupción”. Las instituciones afectan el comportamiento de los individuos y pueden ser tanto impedimentos para el crimen como facilitadores. Pocas cosas pueden hacer viable el delito con tanta eficacia como corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatirlo. Esto es una posibilidad real en México como lo muestran los casos de altos funcionarios en el área de seguridad acusados de colaborar con el crimen organizado como el del General Roberto Dawe, cuya sentencia, junto con la de otros tres funcionarios de alto rango, debe ser dictada en mayo de 2013. Mientras las instituciones no se conviertan en una razón para no delinquir, y no lo contrario, será difícil reducir la violencia.
Volviendo a la premisa inicial y continuando con el tema de las instituciones, puede decirse que una razón para no cometer delitos es la posibilidad de ser detenido. Naturalmente, mientras mayor sea la probabilidad de que un crimen sea descubierto y el perpetrador detenido, aumentan los motivos para no cometerlo. Sin embargo, en el documento de Segob tampoco hay alguna discusión sobre cómo hacer más eficientes a instituciones como el sistema penal, el ministerio público y las policías.
El Plan Nacional de Desarrollo aún no ha sido publicado y algunos de estos temas podrán estar contemplados en éste y otros aspectos de la política pública. La reforma al sistema de justicia penal, por ejemplo, debería hacer más eficiente la labor de las instituciones de seguridad y justicia. También existe una iniciativa para crear una comisión contra la corrupción, aunque cabe mencionar que en ésta no se trata el tema de la delincuencia organizada. No obstante, es fundamental que se incluyan como parte de la estrategia de prevención de la violencia por la relevancia que tienen para el tema.
El documento toca aspectos ciertamente relevantes, y es verdad que es imposible crear una política pública que atienda todas las dimensiones que puedan relacionarse con la violencia y el delito. Sin embargo, los temas aquí tratados deberían de parecer lo suficientemente relevantes para merecer una mención o mayor profundidad en el trato que se les da. Las instituciones, tanto formales como informales tienen la capacidad de modificar el comportamiento de los individuos y son un componente fundamental del Estado de Derecho, y como tales deberían de estar contempladas en cualquier esfuerzo que tenga como objetivo lograr estos dos fines: reducir el comportamiento violento de las personas y alcanzar un verdadero Estado de Derecho en el que la violencia no sea un fenómeno cotidiano.*
* Néstor de Buen
Investigador de México Evalúa
