- Durante 2013 entre la Procuraduría y la Policía Ministerial sumaron 87 quejas
- El número de quejas representa el 22.83%, casi una cuarta parte del total.
Durante el año pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se ha convertido en una de las instituciones que reciben mayor número de quejas a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De enero a noviembre de 2013, la Procuraduría en conjunto con la Policía Ministerial del Estado, sumaron un total de 87 quejas, cifra que representa el 22.83 por ciento de la suma final de las quejas recibidas por la CEDH durante 2013, lo cual representaría casi una cuarta parte de las 381 recibidas hasta noviembre, y a su vez un promedio de ocho quejas recibidas por mes.
De las 87 sumadas entre ambas instituciones, 63 corresponden a la Policía Ministerial, órgano adscrito a la PGJE, mientras que tan sólo para la Procuraduría son 24 las quejas contabilizadas.
Por su parte, el desglose por mes se llevó a cabo de la siguiente manera; durante enero ambas instituciones sumaron siete quejas, mientras aumentó a diez, para marzo se volvió a reducir a un total de siete, en contraparte, en abril aumentó considerablemente hasta 16, y para mayo volvió a disminuir hasta diez, en junio fueron siete, en julio únicamente tres al igual que agosto, y para concluir en septiembre fueron cuatro, en octubre 6, y en noviembre volvió a incrementarse hasta 14 quejas. Destacando los meses de mayo, agosto y septiembre, donde no se recibió queja alguna sobre la Procuraduría, sino sólo de la Policía Ministerial.
Además, la naturaleza de las violaciones en mayor medida responde a violación a la integridad física y seguridad personal de los denunciantes, ya que del total de las quejas 54 corresponden a dicho fenómeno, mientras que nueve corresponden a violación al derecho del debido proceso; ocho a la violación al derecho de la parte ofendida; siete a la violación al derecho de libertad y seguridad personal; cinco a la violación al derecho de seguridad jurídica y finalmente cuatro pertenecen a la violación al derecho a la integridad personal.
Pareciera ser que el reciente caso del joven Ulises Morín, presuntamente torturado por policías ministeriales, es un claro reflejo de dichas cifras, y tan sólo un caso visible de muchos que se encuentran pendientes por resolver.
Foto: Gilberto Barrón
