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Presentó  Arturo González ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia en contra de quien resulte responsable en la actual administración municipal por mal uso de los recursos invertidos en seguridad pública, denuncia que ya había sido presentada ante la PGJ. En cuanto a los argumentos de que la documentación es apócrifa, el líder del PAN a nivel estatal aseguró que los papeles que ellos tienen ya los constataron con las instancias y empresas involucradas para verificar que no son falsos.

Como una muestra de la seriedad de esta denuncia, fue que el presidente del PAN presentó la denuncia en la PGR donde se habla del manejo inadecuado del erario público municipal y los recursos federales del subsidio para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN).

El problema no es que se hayan gastado los 104 millones de pesos para cuestiones de seguridad pública, sino que las compras se manejaron con sobreprecios, el helicóptero no tiene licencia, no ha sido importado legalmente y además hay cierto equipo que no está funcionando adecuadamente y aún así se estaba pagando.

Como pruebas, ellos aportaron facturas de compras, pólizas de cheques, contratos y constancias de transferencias que les fueron dejados en un sobre amarillo, pero que según dijo Arturo González han sido ya verificados con los respectivos proveedores y por eso aseguraron que no son apócrifos.

Para el presidente del PAN, Gabriel Arellano sí tiene disposición de esclarecer y llevar a buen término esta situación, sin embargo hay personas a su alrededor que atendiendo a otros intereses políticos han buscado mal aconsejarlo propiciando que tome malas desiciones como el hecho de acusarlos de “falsificadores” de documentos, cuando en realidad el ayuntamiento debió tomar el toro por los cuernos y solucionar este problema  desde un principio.

“Ya había dicho el alcalde que había irregularidades y que se iba a castigar a quienes estuvieran involucrados en estos hechos, porque ahora dice que los documentos presentados son falsos”.

Al hablar de las intenciones del alcalde y las personas que lo mal aconsejan, Arturo González agregó que quienes consideran ellos que están transgiversando la información es el actual contralor y Adrián Ventura.

Los delitos de los que se acusa a quien resulte responsable son abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias y encubrimiento, aunque en la denuncia no se específica a ciertas personas como acusadas, sí se señalan los nombres de aquellos que firmaron la documentación que constata cada uno de los movimientos y trámites.

Presentaron la denuncia ante la PGR pues de ellos esperan que actúen con responsabilidad, como lo debió haber hecho el alcalde desde un inicio; de la misma forma descalificó la acción de los legisladores sumados a la defensa de Gabriel Arellano pues dijo han perdido objetividad y un voto de calidad al momento de la revisión de la cuenta pública.

Para demostrarle también a los legisladores locales que los documentos no son falsos, en el transcurso de esta semana les harán llegar un expediente de documentación que podrán consultar para conocer más a detalle las pruebas presentadas.

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Nava Alvarado, comentó que ya se encuentra todo listo para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) esté operando y dando puntual seguimiento a las elecciones del 5 de julio.

Nava Alvarado comentó que ya se ha instalado un módulo de información de la FEPADE afuera del palacio municipal para que la ciudadanía se acerque y tenga conocimiento de cómo y en donde puede presentar la denuncia de un delito de carácter electoral; agregando que en este mismo espacio, desde el día de ayer se instaló una pantalla interactiva para que “se pueda establecer la denuncia”.

Agregó que la gente interesada en presentar una denuncia, además de éste módulo, también contará con la opción de hacerlo en la delegación o cualquier oficina de la PGR, así como en cualquier agencia del ministerio público, pues recordó que éste es coadyuvante del  ministerio público de la federación, ya que si éste “tiene conocimiento de que existe un delito de corte electoral, pero somos competentes nosotros, automáticamente lo da a conocer, hará sus primeras diligencias, se declarará incompetente y nos mandará las mismas aquí para que nosotros conozcamos”.

Apuntó que en la PGR estarán atentos a cualquier tipo de demanda que se pueda recibir, tanto en la capital del estado como en cualquiera de los 11 municipios para atender todo lo que se presente, para lo cual contarán con agentes del ministerio público de la federación, agregando que personal de la FEPADE ya se encuentra en Aguascalientes de cara al 5 de julio.

Sobre el desconocimiento de la sociedad en general de qué tipo de cosas pueden significar un delito electoral, Nava Alvarado comentó que lo más importante, “es que ante la duda de que pueda existir algún tipo de conducta irregular en esta jornada electoral, vayan y denuncien. Lo peor que podría pasar es que nosotros le expliquemos y le orientemos que eso no constituye un delito, pero ante la duda, lo mejor es acercarse a la autoridad y preguntarnos”.

Comentó que hasta la mañana del día de ayer, sólo se tenía conocimiento de un par de denuncias, mismas que se están analizando, para ver si son procedentes, agregando que probablemente, a medida que la jornada electoral se acerque, éstas puedan ir en aumento.

Existe relación de coordinación y respeto con policía estatal y municipales

Al cuestionarle la relación que lleva la PGR con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y las instancias municipales, contestó que ésta es de “completa de coordinación, respeto y comunicación  verbal. Es impensable que se pueda establecer un mecanismo de combate a la delincuencia, sin que las autoridades del estado, participen en él”.

Agregó que en este caso, “en Aguascalientes, quiero que quede claro, sí existe una muy buena colaboración y una buena coordinación”, por lo que no existen problemas.

Denuncias anónimas ayudan a combatir el crimen

Por otra parte, comentó que en lo referente a los delitos contra la salud y otros más del orden federal, en los que la ciudadanía puede tener miedo a presentar las denuncias, el sistema de llamadas anónimas ha significado de gran ayuda para abatir los mismos, pues son canalizadas a la PGR para establecer líneas de investigación, “sobre todo para combatir lo que tanto afecta a nuestra sociedad, como es el narcomenudeo”.

Apuntó que este sistema  está funcionando muy bien, aunque reconoció que también existen varias denuncias que no tienen sustento, así como las que sólo son de broma y sorpresa, pues “hay gente que desafortunadamente utiliza este mecanismo para bromear”.

Ante la negativa del alcalde de atender a los medios de comunicación al término de la sesión extraordinaria de cabildo, celebrada la mañana de este miércoles, el secretario del ayuntamiento de Aguascalientes, Adrián Ventura Dávila deslindó a Gabriel Arellano Espinosa de las acusaciones vertidas en contra de funcionarios de su administración por la dirigencia estatal del partido acción nacional, en las que vio “tintes de tipo electoral”.

El también director general de gobierno sugirió que “es extraño que a escasos cinco días de las elecciones se esté dando esta serie de hechos”, en lugar de haber hecho señalamientos antes o después de las elecciones, insistiendo en que el propio Arellano fue quien ordenó en primer lugar la auditoría a todas las áreas de su administración.

Agregó que es facultad de la contraloría municipal, en el tiempo que corresponda, hacer una revisión que permita determinar si hubo daños al patrimonio del municipio, malos manejos de fondos o alguna anomalía en las adquisiciones del equipo de seguridad, lo mismo que fincar o deslindar responsabilidades en torno a ellas.

Ventura Dávila criticó que se estén “nombrando personas” cuando esa investigación no se ha llevado a cabo y negó tener conocimiento de si el nombre del alcalde figura en la denuncia presentada por Arturo González, ayer a nivel estatal ante la procuraduría general de justicia (PGJ), y hoy en lo federal ante la procuraduría general de la república (PGR), aunque indicó que, de ser así, seguramente se les notificará en los próximos días.

Adujo que el código municipal establece que hay un comité de adquisiciones, que es presidido por el secretario de administración del municipio y que se encarga de hacer las compras, por lo que, si la revisión de la contraloría así lo determina, serán los integrantes de este organismo quienes deberán rendir cuentas.

Aclaró que ni el presidente municipal ni los regidores tienen la facultad de hacer adquisiciones, explicando que su firma aparece en los documentos de las mismas con la única finalidad de darles validez ante terceros.

Finalmente, descartó que después del 5 de julio, el edil de la capital emita alguna declaración pública en torno al tema, pues consideró que es un “asunto de la contraloría”, la cual tendrá que rendir su informe.

Los recursos de Foseg sí llegan, pero no se ejercen libremente

Por otra parte, el funcionario desmintió, al menos en el caso de Aguascalientes, que no se tenga o se restrinja acceso a los recursos del fondo de seguridad pública (FOSEG), detallando que existe un convenio que con la federación, en el que “el municipio dice qué necesidades tiene y la federación dice si lo aprueba o no lo aprueba”.

Desestimó que, por ser de administraciones priístas, los municipios de Aguascalientes y Jesús María sean castigados con la negación o disminución de dichos recursos, aclarando que “el FOSEG sí llegó a Aguascalientes, pero son recursos etiquetados” y que “es una metodología que el SUBSEMUN establece”; sin embargo, reconoció que eso afecta al municipio porque no puede ejercerlos con libertad.

El Partido Acción Nacional (PAN) es el instituto político que más recursos de impugnación ha presentado ante la sala superior de justicia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el periodo de 1996-2009, señaló la consejera electoral María Macarita Elizondo GasperÍn.

En el segundo día del “taller de actualización de periodistas 2008-2009”, llevado a cabo en la macro sala del Instituto Federal Electoral (IFE), la consejera electoral puntualizó en que en la cifra de mil 742 medios de impugnación se encuentra también lo referente a los ciudadanos, agrupaciones políticas y coaliciones.

Con la segunda posición se encuentra el Partido de la Revolución Democrática (PRD), registrando mil 332 medios de impugnación y en tercer lugar con mil 290 documentos presentados, está el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como un mínimo repartido entre las fuerzas políticas restantes.

Durante este periodo de 13 años, se han presentado 32 mil 429 recursos legales, de los cuales 14 mil 293 fueron considerados como fundados y 6 mil 614 infundados, llevándose a cabo el proceso correspondiente para la aplicación de sanciones o no de acuerdo a la normatividad, apuntó.

A través de una tabla estadística, Elizondo Gasperín explicó que en el año 2009 el registro más notable con mil 957 es el juicio de protección ciudadano, donde están incluidos cuestiones referentes a la credencialización, registro en el padrón electoral y conflictos internos partidistas, es decir, problemas entre las diversas corrientes políticas.

Esta cifra es seguida de los recursos de apelación, con 366 y con un tercer lugar están  los juicios de revisión constitucional con 267. Estas cifras conforman un total de 2 mil 748, mientras que en el 2008 fue de 4 mil 070, siendo el mismo recurso el primer lugar, el juicio de protección ciudadana.

El municipio de San Francisco de los Romo decidió esconder el gasto hecho durante el año 2008 y el dinero recibido en ese mismo año por concepto de la organización de la feria de ese municipio.

A través de una solicitud de transparencia, un ciudadano solicitó copias de los depósitos hechos por el municipio por los ingresos recibidos por la organización de la feria. El solicitante pidió “vía electrónica cuánto fue el presupuesto para la feria de San Francisco de los Romo y cómo se ejerció dicho presupuesto, así mismo solicito copias de las facturas y depósitos de dicho presupuesto”.

En su respuesta, el ayuntamiento que encabeza el primero panista, luego del PVEM y ahora de nueva cuenta panista Efraín Castillo Valadez, decidió que la información de cómo gastaron los recursos del erario público para la feria de San Francisco era reservada.

“El 1 de agosto del año 2008 según el acuerdo 0025 se acordó dentro de la lista del listado de información clasificada como reservada encontrándose la información solicitada (en este supuesto)”. En su respuesta, el ayuntamiento argumenta que informar sobre cómo gasta podría poner en riesgo la gobernabilidad del municipio.

 Ante esta negativa, el ciudadano utilizó la ley de transparencia estatal para inconformarse, logrando que el Instituto de transparencia del estado (Itea) atrajera la investigación del caso para determinar que el alcalde y su aparato burocrático deben entregarle al ciudadano la información solicitada.

En su resolución final, el Itea determinó que “resulta evidente que el acuerdo emitido carece de sustento legal, pues de facto y en primer término este instituto encuentra la primer inconsistencia en el acuerdo de reserva emitido por la responsable y por el cual pretende limitar el acceso a la información solicitada por el recurrente”, además de que dicho acuerdo fue firmado por una persona que no tiene facultad para lograr esos acuerdos, se lee en el documento.

Otro de los puntos por los que el Itea determinó que Castillo Valadez y su equipo tienen que entregar la información es que “el daño que pueda producirse con la desclasificación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia”.

Por tal motivo, el Itea determinó “que se ordena a la autoridad responsable el inmediato acceso a la información solicitada por el quejoso”.

Además, obliga al responsable del enlace de transparencia de aquel municipio a entregar constancia de que el fallo se cumplió, bajo la amenaza de que de no hacerlo se hará acreedor a entre 20 y 100 días como multa.

A decir del ciudadano quejoso, a pesar de que desde el 3 de junio se dio esta resolución, a la fecha no se le ha entregado la documentación que el Itea obligó al municipio a entregar.

En presencia de los candidatos Patricia Muñoz y David Hernández Vallín, el dirigente estatal de Partido Revolucionario Institucional (PRI) desmintió que vaya debajo del PAN en las encuestas y presentó un audio donde la empresa encuestadora “Consulta Mitofsky” negó haber realizado un estudio electoral de esa índole a nivel estatal.

Gráfica en mano, Isidoro Armendáriz García dio a conocer que, según la encuesta más reciente de esa empresa a nivel nacional, su partido ocupa el primer lugar de las preferencias políticas de cara a la elección federal del próximo domingo, adjudicándose como mínimo el 35.3 por ciento y el máximo de 39.5 por ciento de los sufragios emitidos, mientras que el Partido Acción Nacional obtendría entre el 30.2 y el 34.2 por ciento de los votos, quedando el tricolor en promedio 5 puntos a la cabeza.

Añadió que si esos pronósticos se convirtieran en realidad, el PRI obtendría, como mínimo, el doble de diputaciones de las que tiene ahora, alcanzando las 210 y pudiendo llegar hasta las 234, mientras que su rival más cercano alcanzaría entre 147 y 177 curules.

El líder partidista definió el estudio como “la pintura del pensamiento de los electores” y aunque reconoció que el día de los comicios habrá modificaciones, aseguró que se cuenta con los elementos de movilización suficientes para tener la certeza de la victoria en los tres distritos de esta entidad.

Pese a que en las pasadas elecciones para la presidencia municipal, Consulta Mitofsky equivocó resultados hipotéticos que favorecía a Arturo González, Armendáriz García le dio su voto de confianza, expresando que este proceso electoral ha sido “atípico e insólito” por diversas razones, por lo que esos y los datos que arrojen otras encuestas sólo serán tomados como una referencia.

Por otro lado, la dirigencia estatal del PRI presentó la grabación de un programa radiofónico matutino local donde se escuchó a Carlos Penna Charolet, de la citada compañía encuestadora, aclarando que ésta no ha realizado ningún estudio de las preferencias políticas a nivel local, desmintiendo que el PAN aventaje al PRI en la decisión de los electores.

En el audio, lo dicho por Penna Charolet confirmaba lo expresado minutos antes por Isidoro Armendáriz, agregando los datos de que existe un casi nulo interés en la próxima contienda electoral, ya que sólo uno de cada 10 encuestados afirmó tener mucho interés en ella; que se espera una participación de alrededor de 40 por ciento y que uno de cada 3 ciudadanos no se identifica con ninguno de los partidos o sus propuestas.

Cabe recalcar que lo mencionado en líneas anteriores corresponde al estudio que Mitofksy llevó a cabo a nivel nacional y que, según dio a conocer Armendáriz, los volantes donde se difundían encuestas que daban el triunfo al PAN hacen alusión a esta empresa, pero también al periódico Reforma y a la empresa G.O.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el congreso del estado externó hoy su preocupación y repudio por las recientes acciones de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), que incluyen la denuncia penal contra funcionarios del ayuntamiento por presuntas irregularidades en el proyecto de modernización tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública.

En representación de la bancada tricolor, el diputado Juan Fernando Palomino Topete dijo que los actores políticos tienen la obligación de respetar la confidencialidad de un proceso legal tan complejo como lo es la auditoría y el esclarecimiento de las irregularidades detectadas por la misma, por lo cual calificó el actuar del PAN como electoralmente avaricioso y lejano a un interés genuino de la sociedad.

Acusó a “los dirigentes del panismo local” de cometer los delitos de falsificación de documento, excitación de los órganos jurisdiccionales y obstrucción de la justicia, pues sustenta su denuncia en pruebas apócrifas y exhibe públicamente documentos confidenciales que, además, fueron sustraídos de forma ilegal de la contraloría.

Palomino Topete sostuvo lo anterior basándose en que el informe que presenta Acción Nacional tiene fecha del 5 de marzo y menciona a Manuel Zúñiga como “actual secretario de administración”, cuando éste fue designado hasta el 14 de abril; en entrevista aparte, añadió que tanto la papelería, como la firma también son falsas.

El también presidente de la comisión de gobierno, reprochó la “ligereza” que el PAN “da por legales” los documentos que ostenta, cuando su mismo líder estatal dio a conocer que los recibió de manera anónima en un sobre amarillo cerrado, cuestionando entonces su forma de gobernar el estado y el país.

Los legisladores respaldaron lo que se ha mantenido estos días, en el sentido de que el municipio fue quien solicitó desde un inicio la auditoría, confiando en que tanto la contraloría, como en su momento la comisión de vigilancia y el ministerio público, sigan el asunto como les corresponde, con completa objetividad y en apego a la ley, enfatizando que cuando se cuente con todas las pruebas, “se aplicarán las sanciones administrativas y/o penales correspondientes”.

Asimismo, reiteraron que la actitud de los blanquiazules responde a la desesperación que sienten al ver perdida la elección del próximo domingo, pero también porque sienten en riesgo la elección a gobernador del año entrante, lo que los está llevando a pisar el terreno de la ilegalidad.

Expresaron que las administraciones del PRI no temen a la transparencia y que el órgano superior de fiscalización someterá a minucioso análisis las cuentas públicas de todos los municipios y del estado; el diputado Enrique Rangel, aprovechó el paso por este tema para presentar una copia de la página 7 del periódico oficial del 25 de mayo, con base en la cual aclaró que la deuda del municipio actual no es de 300 millones de pesos, como indicaría el informe de revisión al SUBSEMUN que presenta acción nacional, sino de 173 millones 333 mil 334 pesos más casi 60 millones de deuda heredada de otra administración, puntualizando que los recursos para 2009, “que son para los puentes”, aún no han sido pactados ni ejercidos.

Finalmente, los diputados señalaron que la ciudadanía “no es menor de edad” y aseguraron que más allá de estos conflictos, el segundo periodo de sesiones ordinarias se ha caracterizado por su productividad.

La reforma electoral que se aprobó en 2007 y que ha sido duramente criticada en el actual proceso, es positiva y debería mantener sus fundamentos, indicó Ignacio Ruelas Olvera, consejero presidente de la junta local del Instituto Federal Electoral (IFE).

Indicó que aunque el Senado de la República ya anunció una nueva reforma, es algo que no debe asustar al instituto electoral, pues es parte de un proceso permanente e inacabado, agregando que la reforma aprobada en 2007 es “fundamental, es una reforma exitosa, que ha dado un legado importante para la política en nuestro  país”, y que obliga a loa actores a construir un nuevo discurso.

Apuntó que con esto, “se acabaron los grandes mítines, se acabaron las grandes concentraciones, se acabó la retórica, y están obligados a la acción argumentativa”, lo cual se deriva del hecho de que está prohibida la denostación contra las personas y las instituciones; agregando que esto no coarta la libertad de expresión, sino, “lo que hace es decantarla a través de un ejercicio argumentativo”, con hechos concretos y sustentados, subrayó.

Ante esto, señaló que será importante que la nueva reforma conserve las bases de la actual, pues la consideró como un ejercicio interesante, “hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que apreciarla, y ahora la vamos a poder vivir”.

Autoridades electorales no deben emitir pronósticos

Por otra parte, al cuestionarle su opinión sobre el hecho de que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, indicara que en base a las tendencias que se han mostrado en los procesos intermedios, se espera un abstencionismo cercano al 70 por ciento, Ruelas Olvera comentó que si bien respeta esa opinión, “no hay ninguna autoridad vinculada con el proceso electoral que pueda hacer estimaciones”.

Indicó que su afirmación se debe a una sola razón: todos los mexicanos dados de alta en el padrón electoral, “serán bienvenidos en las casillas electorales ubicadas en todo el país, que son más de 130 mil”, por lo que agregó, no es posible predecir cuál será el nivel de participación, añadiendo que “eso lo pueden hacer los académicos, lo pueden hacer los demoscópicos, pero a la autoridad electoral no le corresponde hacer estas apreciaciones”.

Señaló que ante la variación en las estimaciones de la gente que asistirá a votar el 5 de julio, lo mejor es “dejar que el ciudadano tome la decisión importante que le corresponde en el proceso electoral”, agregando que el abstencionismo siempre es el rival a vencer, pues dijo, “si no, no tendría razón de ser”.

Asuntos en tribunal, resueltos

De igual manera, también comentó que de cara a la jornada electoral del 5 de julio, todos los asuntos que se han presentado ante el tribunal electoral, han sido resueltos a favor de la junta local, por lo que ésta ha confirmado y avalado todas las decisiones que tomaron los consejos distritales como órganos colegiados.

Apuntó que esto es un espaldarazo para garantizar la trasparencia del proceso electoral, así como “una muestra de que los consejeros electorales han estado atentos y han cumplido con el principio de legalidad”; aclarando que quejas todavía puede haber muchas, pero por estar a pocos días de la elección, todas se irán al tribunal.

Es ilógico que se pretenda ejercer sólo 30 millones de pesos cuando existe un fondo disponible de 107 millones, señaló el diputado local priísta José Robles Gutiérrez, presidente de la  comisión de seguridad pública en el congreso del estado.

Las reacciones del legislador priísta vinieron luego de que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, señaló que en el mes de julio será  cuando estén listos los proyectos para bajar los recursos federales del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), los cuales irán encaminados a reforzar la inteligencia policial, para lo cual se aplicarán alrededor de 30 millones de pesos.

Al respecto, Robles Gutiérrez señaló que es “ilógico que estén hablando de que quieren apoyar a su presidente a combatir la delincuencia, cuando tienen derecho a 107 millones de pesos, y sólo quieren aterrizar 30”.

El legislador también comentó que le gustaría que presenten ante el congreso del estado este proyecto, pues dijo que le gustaría saber qué tipo de inteligencia van a manejar, dado que “lo que menos hemos visto en el desarrollo de la seguridad pública del estado es inteligencia, y los hechos lo confirman”, pues dijo que se han realizado grandes golpes mediáticos con “detenciones arbitrarias, de personas inocentes”, ejemplificando con el caso del atraco en una joyería en el Centro Comercial Altaria, del cual ya han soltado a los detenidos.

Agregó que también ha existido el reclamo por parte de los municipios de Jesús María y Aguascalientes de “que no se les ha permitido meter proyectos para bajar su parte proporcional de FOSEG”, lo cual dijo, se debe a que hay falta de voluntad por parte del poder ejecutivo.

Señaló que los municipios no pueden solicitar estos recursos por su cuenta, ya que al estar etiquetados como estatales, necesitan contar con el aval del gobierno del estado, pues éste es el que hace la distribución proporcional a las cabeceras municipales.

Siguen sin presentar proyectos para puertas de acceso y nuevo Cereso

Por otra parte, señaló que todavía no se les ha presentado el proyecto para la construcción de las puertas de acceso al estado, y para las cuales, el secretario de Obras Públicas del estado, Luis Gerardo del Muro, indicó que la dependencia que encabeza ya ha terminado su parte, y que lo subsecuente estará coordinado por la Secretaría de Gestión e Innovación (SEGI).

Robles Gutiérrez agregó que tampoco han conocido el proyecto del nuevo Centro de Reeducación Social (Cereso), a lo que alertó que en estos momentos se está manejando como una ampliación al centro existente, cuando el préstamo fue para construir “un nuevo Cereso de mínima seguridad”.

Por último, aseguró que en el futuro se citará a los funcionarios correspondientes a comparecer ante el congreso del estado para que den a conocer en qué fase van estos dos proyectos y expliquen las razones por las que se ha manejado la versión de una posible ampliación, y que “nada más vamos a dejar pasar el tema electoral para no prestarnos a que se tome esto con un sentido distinto al del desarrollo de Aguascalientes, como lo ha intentado el partido del gobierno del estado”.

Reavivando una controversia que se había señalado desde el pasado 21 de mayo, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que sus homólogos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permiten que la comisión de transporte público del Congreso del Estado pueda sesionar debido a sus constantes faltas.

Fue el presidente de esta comisión, el panista Arturo Colmenero Herrera, quien, 30 minutos después de la hora pactada para la sesión, hizo acto de presencia para indicar que la reunión se cancelaba, pues los diputados priístas José Robles, Tagosam Salazar y Roberto Padilla, avisaron que no asistirían, por lo que no contarían con el quórum legal.

Colmenero Herrera señaló que los legisladores priístas volvieron a cancelar con el argumento de “que tienen otras actividades”, apuntando que ya son varias las veces que no se ha podido avanzar en el trabajo de la comisión por estas razones; el legislador panista, quien ya había denunciado esta situación desde que presentó la iniciativa para renovar la ley del transporte público el pasado 21 de mayo, comentó que ya ha hablado con el coordinador de la bancada del PRI, Juan Fernando Palomino Topete, de quien dijo, ha visto disposición para sacar la iniciativa, “pero creo que sus compañeros no lo están apoyando del todo”.

Por su parte, el coordinador panista en el Congreso del Estado, Jesús Martínez González, comentó que este es un problema del que se le debe preguntar al coordinador priísta, apuntando “se le ha llamado al coordinador de la bancada del PRI para que ponga orden a sus diputados”, lo cual dijo, todavía no se ha visto, pues la comisión de transporte pocas veces puede sesionar debido a que no completa el quórum.

Mientras que, el coordinador priísta, Juan Fernando Palomino Topete, comentó no tener información de que se hubiera convocado a una sesión de la comisión de transporte, agregando que “todos los compañeros del grupo parlamentario del PRI estamos responsabilizados de asistir a las sesiones de nuestras comisiones, y por lo tanto desconozco en este momento cuál haya sido la razón” para que los diputados priístas no hubieran asistido a esta sesión.

Al comentarle que la primera vez que Colmenero Herrera se quejó de esta situación comentó que en su carácter de coordinador priísta, se había ofrecido a remover a Roberto Padilla; Palomino Topete contestó que “nunca le he hecho propuesta alguna de cambio de miembro alguno de una comisión”, pues dijo que esas son facultades de los propios diputados.

Por último, indicó que “a veces, la falta de un acuerdo previo, de poner una hora y fecha determinada” son las razones de que esto suceda, apuntando que  él lo hace en la comisión de gobierno, conciliando los horarios de los demás diputados, para permitir un ciclo constante de reuniones.

Además de los diputados ya mencionados, en la comisión de transporte también se encuentra la diputada panista Patricia Lucio, quien no asistió junto con Colmenero al salón en donde se había pactado la sesión.

Se habría visto un proveedor de autos  eléctricos

Por otra parte, Colmenero Herrera indicó que si la sesión se hubiera llevado a cabo, se habría discutido la posibilidad de recibir a un proveedor de vehículos eléctricos que podrían servir para renovar el sistema de transporte público en el centro de la ciudad, entre otras áreas; contando con beneficios como una disminución en el ruido y la contaminación.

El diputado de extracción priísta, Gerardo Sánchez Garibay, denunció ante los medios que el Partido Acción Nacional (PAN) está incurriendo en el delito de la compra de votos en  las colonias más desfavorecidas del tercer distrito, como la Insurgentes, Pilar Blanco, España, La Barranca, entre otras.

Precisó que personas de la campaña de Raúl Cuadra acuden a las casas de esas colonias, indicando a la gente la ubicación de las casillas donde le corresponderá votar e intercambiando vales de despensa por sufragios a favor de su candidato.

Sánchez Garibay también afirmó que esos vales están foliados, hecho con el que el PAN busca intimidar a los electores, dejándoles saber que los tienen identificados.

El legislador afirmó que reunirá las pruebas necesarias para que el departamento legal de su partido interponga una denuncia “ante la autoridad correspondiente” y vio en estas acciones el reflejo de que Acción Nacional está actuando con desesperación.

Acusó a su compañero panista en el congreso, Jesús Martínez González de ser el “operador electoral” del PAN en esa zona y de coordinar la campaña del ex secretario de finanzas; al ser cuestionado sobre la procedencia de las despensas a las que hizo alusión, el presidente de la comisión de asuntos electorales aseguró que dará seguimiento a estas acciones y que “los agarraremos con las manos en las despensas”.

Sin embargo, recordó lo sucedido durante la candidatura de Arturo González Estrada a la presidencia municipal, cuando se destapó que despensas del municipio estaban siendo cambiadas a bolsas de propaganda del entonces candidato, con lo que criticó la calidad moral de los panistas.

En entrevista aparte, el representante del grupo parlamentario del PRI, Juan Fernando Palomino Topete, refirió que en este asunto apenas se tienen “los primero indicios”, pero que el partido actuará de forma responsables y no procederá hasta no tener las pruebas suficientes y concretas que puedan sustentar una acusación legal.

Admitió que, en caso de confirmarse la compra de votos por parte de los panistas y de que ésta se conjugue con una victoria electoral de Raúl Cuadra en el tercer distrito de Aguascalientes, el Revolucionario Institucional recurriría a los medios de impugnación establecidos por la ley electoral.

Finalizó con el comentario de que “el PRI quiere que haya una elección legal, que no haya una elección de Estado. Que sea una elección que permita libremente a los ciudadanos decidir el futuro de México”.

El ex director de auditoría operacional y de gestión de la contraloría municipal, José Jaime Martínez Castañeda, se defendió de los señalamientos hechos por el actual titular del organismo, Alejandro Regalado Díaz, quien lo acusa de haber filtrado documentos a la dirigencia estatal del PAN, relacionados con la adquisición de artículos para el programa de modernización tecnológica en la secretaría de seguridad pública municipal.

En entrevista exclusiva con La Jornada Aguascalientes, Martínez Castañeda aseguró que está siendo usado como chivo expiatorio en este asunto, toda vez que la auditoría al municipio inició en febrero, dos meses antes de que él fuera separado de su cargo sin recibir explicación alguna, y fecha en la que aún no se contaba con toda la información indispensable para esa revisión.

Documento en mano, relató que el 24 de febrero de 2009 se solicitó a la dirección administrativa de esa Secretaría, veinte documentos; entre otros, la relación de gastos erogados con recursos del SUBSEMUN, software, organigramas y relación de bienes muebles e inmuebles, otorgando un plazo de cinco días hábiles para entregar la documentación.

Como Salvador Durón López, director administrativo de la dependencia, no entregó toda la información, el 12 de marzo se le giró un citatorio para el 17 de ese mismo mes, para que explicara dichas omisiones, lo cual hizo indicando a los portadores de los datos faltantes y responsables de su entrega a la contraloría.

En este punto, Martínez Castañeda calificó de ilógicas las actuales acusaciones en su contra, destacando que el documento que está en poder del PAN está fechado el 5 de marzo, cuando aún no se reunía la información necesaria que diera consistencia a la auditoría y siendo que una revisión de esa magnitud tomaría entre seis y ocho semanas para conocer detalles que ahí se mencionan, a través de inspecciones físicas.

El contador público reforzó esa defensa refiriendo también que, siete días después de la comparecencia, el 24 de marzo, fue llamado a área de recursos humanos del municipio, donde se le notificó que ese mismo día sería separado del cargo, sin que se le diera alguna otra explicación.

Admitió que al momento de su despido habia reunido algunas pólizas y comprobantes de gastos de 2008 que le había proporcionado el área de cuenta pública, “para irle adelantando” a la auditoría, pero que los transfirió  tal cual al momento de la entrega-recepción.

Presentó varios oficios fechados el 3 y 10 septiembre del año anterior y el 6 de febrero del presente, en los que señaló al entonces contralor, Jesús Urzúa Macías, varias situaciones de riesgo al interior del organismo, como eran el no contar con personal ajeno a municipio y de su entera confianza “mencionó a una asistente de nombre “Alina” y a Gustavo Avendaño, jefe de departamento, que fueron liquidados posteriormente- y la falta de control y cuidado en el manejo de la información, lo que permitía a cualquier persona completo acceso a las observaciones hechas por la auditoría a todas las áreas del municipio.

Insistió en su petición de que no se le vincule más con el asunto, pues afecta su intención de continuar laborando en la iniciativa privada, como ha hecho desde que saliera del ayuntamiento.

Afirmó que, mientras con él no se haga lo mismo, no emprenderá ninguna acción legal y desconoció si su nombre se incluye en la demanda que el ayuntamiento presentara ayer pero, de ser así, responderá con el mismo instrumento.

De igual manera, negó pertenecer o haber pertenecido en algún momento a cualquier partido político, puntualizando que esa debe ser la conformación de los órganos de fiscalización y que fue otro señalamiento que constantemente hizo.

Martínez Castañeda no se atrevió a acusar a alguien en particular de haber extraído o filtrado la información con que cuenta Acción Nacional, pero refirió que “debe ser alguien interno”, ya que esos documentos están tanto en la contraloría, como en la secretaría de finanzas y en la de seguridad pública.

Las copias de los documentos que el ex funcionario municipal presentó a La Jornada Aguascalientes prueban, en primer lugar, que la administración de Gabriel Arellano efectivamente se adelantó al PAN al solicitar la auditoría; refuerza la duda de la autenticidad de los documentos que ese instituto político dio a conocer a los medios, en segundo lugar, y finalmente, apunta a que de hecho hay irregularidades que las autoridades correspondientes deberán aclarar.

En la estructura gubernamental que actualmente se vive en México, pareciera que el voto es el único espacio donde el ciudadano puede manifestar su opinión y alzar su voz para decir lo que piensa respecto de las direcciones que ha tomado el país con quienes están al frente del gobierno, es por eso que todos deben cumplir con este derecho y obligación, aunque cada quien decida qué hace con la boleta, argumentó Verona Valencia, coordinadora del centro de capacitación para el desarrollo comunitario (CECADEC) y consejera del distrito II.

Por sus funciones como consejera ha tenido mucho acercamiento con el movimiento previo a las elecciones, desde su perspectiva la respuesta de los ciudadanos para participar como funcionarios de casilla fue buena, pero no así su disposición para ejercer su voto como un derecho, “ la gente está muy molesta, desilusionada, enojada, descontenta, nadie habla bien del gobierno, ni de los legisladores, la percpecion es pésima”.

Finalmente estas que llaman elecciones intermedias serán un termómetro de cuál es la verdadera situación con los ciudadanos y a partir de eso, los actores políticos debieran realmente acercarse con la ciudadanía para verdaderamente conocer cuáles son sus necesidades y buscar medidas realmente efectivas de solución para un trabajo en conjunto, en donde se deje escuchar la voz ciudadana.

Después de esta experiencia, tanto los diputados como otros niveles de gobierno deben entender que tienen que cambiar de actitud, ya no pueden ser los mismos funcionarios autoritarios y rígidos que no le permitían a la sociedad acercarse para manifestar sus necesidades y su opinión, en todas las estructuras, la social, legal y jurídica.

Desafortunadamente se dan situaciones de desconocimiento todavía muy grandes, en donde los ciudadanos confunden por ejemplo al IFE con el gobierno o quienes no saben bien qué significa el voto nulo y porque podría ser efectivo o no.

El voto es un derecho y desde la perspectiva de Verona es hasta ahora la única alternativa que el ciudadano tiene para manifestarse, porque no existen vías para que se exprese y mucho menos para que obtenga una respuesta de las autoridades, “en muchas partes hay buzones de sugerencias que las personas no utilizan porque ya saben que al final se van a ir al bote de la basura”.

En cuanto a las “opciones” que se ofrecen ante la cercanía del día de la votación, se han manejado diversas alternativas que van desde abstenerse, voto blanco, voto nulo o votar por alguno de los candidatos. Para la activista las primeras dos opciones son inviables, abstenerse no es adecuado porque votar es también una obligación ciudadana; el voto blanco es un riesgo porque todavía hay muchos lugares donde se da el robo de las urnas o el uso de estas boletas para favorecer a un partido y las otras dos opciones serán ya decisión de cada persona.

Para Verona, al no haber referendos es este país, los resultados de esta elección pudieran ser el antecendente para generar una dinámica de mayor acción ciudadana, por eso es que ella considere tan importante que todos los ciudadanos participen.

Durante la impartición de la conferencia sobre reforma electoral, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita puntualizó acerca del tema del voto nulo, argumentando que este no tiene alguna incidencia en la jornada electoral en el momento de la representatividad.

Tras varios argumentos que destacan la poca presencia de la anulación de la boleta en el conteo final, dijo que el IFE no presentó una campaña de contrapeso con todas estas temáticas porque “no era necesario”, señalando que el instituto sólo tiene el objetivo de organizar las elecciones y convocar a la participación ciudadana.

Aunque confirmó el mínimo impacto de esta nulidad, subrayó que es una acción legal aún con las características del voto en México, donde desde la Constitución Política, este tiene la perspectiva de derecho y obligación.

Pronunció cifras que denotan la tendencia al incremento de la votación considerada nula, en el año 1997 se registraron 844 mil votos nulos, en la elección del 2000, fueron 862 mil, durante el 2003, 896 mil y finalmente, en el 2006, 1 millón 033 mil.

Consideró que el IFE postula tres vertientes acerca de este tema, en primer lugar, señalando que el instituto será respetuoso de las expresiones en contra o a favor del voto nulo; en segundo lugar, aunque no incida de forma directa, este será contabilizado tal como cualquier otra expresión electoral y por último subrayó las consecuencias de emitir en esta forma el voto.

“El voto nulo no cuenta para la decisión de quien gana o quien pierde el distrito electoral; no cuenta para la asignación de diputados de representación proporcional entre los partidos; no cuenta para la distribución de financiamiento público a los partidos políticos y no cuenta para la asignación de tiempo en radio y televisión para los partidos políticos”, asegurando que los cálculos son realizados sólo tras los votos válidos.

Abstencionismo, elemento de complejidad

Una de las características que tienen aquellos que convocan al abstencionismo, es la complejidad que existe en esta acción por lo ya explicado referente al derecho y obligación del voto, sin embargo, para quienes no acudan a una casilla el día de la jornada electoral no existe una sanción.

“Es una obligación ética”, según Valdés Zurita por la importancia de la consolidación de la democracia mexicana, que ha costado mucho trabajo y está constantemente en un proceso de actualización y formación.

Anticipó que de presentarse una participación de 30 millones de electores en las diversas urnas de la nación, el proceso podrá considerarse como “normal”, lo que a su vez reflejaría una estabilidad del sistema electoral, argumentó.

Dijo que a través de los años este camino democrático se ha fortalecido paulatinamente por el ejercicio del voto; pues aunque consideró que el IFE no realiza pronósticos, mencionó que las tendencias estadísticas demuestran una acción cíclica en la ciudadanía, quien emite su voto con mayor participación en las elecciones no intermedias.

Como datos, mencionó que en la elección de 1997, con comicios intermedios, votaron 29 millones, en la elección presidencial del año 2000 fueron 37 millones, en elección intermedia de 2003, fueron 26 millones y en el 2006, 41 millones de electores.