“Estas nuevas reformas de la ley nada más benefician a los delincuentes” escuché opinar a una mujer en un programa matutino de una estación de radio local. No hizo falta escuchar mucho más para inferir que se refería a las diversas reformas, tanto constitucionales como de leyes reglamentarias, que integran el andamiaje legal del nuevo Sistema Penal Acusatorio y Adversarial que se ha venido instaurando en los últimos años en nuestro país.
Comienzo esta columna con esta frase porque es el reflejo de una profunda desinformación de la ciudadanía respecto de los fines que persigue el nuevo sistema de justicia penal. Fue desde el 18 de junio de 2008 que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a diversos artículos de la Constitución que allanaron el tránsito del Sistema Penal Inquisitivo al Sistema Acusatorio y Adversarial.
“Ahora resulta que los delincuentes, los violadores, las ratas, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hágame el favor”, ironiza Jorge Hernández Herrera, estudioso del Nuevo Sistema de Justicia Penal parafraseando a José Luis Morales Peña.
¿Le hacemos el favor? Por supuesto.
Todo empezó el 25 de agosto de 1974 cuando en un retén militar fue detenido ilegalmente y desaparecido el señor Rosendo Radilla Pacheco, un líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, de quien al día de hoy se desconoce su paradero. En aquella época y también durante los ochenta y noventa eran numerosos (y lastimosamente comunes) los crímenes de Estado y las violaciones de los derechos humanos por parte de los órganos integrantes del Gobierno. Líderes sociales y opositores, como Rosendo, eran capturados, torturados y desaparecidos por parte del Estado, ¿Por qué? Porque eran militares y podían. Porque era el Estado. Porque “el poder es pa´poder” dijera Pedro Ferriz de Con. Ojo.
Tras la desaparición forzada de Radilla Pacheco, su familia denunció públicamente lo sucedido: la violación de derechos humanos que significaba su desaparición, la poca disposición de las autoridades para investigar el caso, la inexistencia de garantías de debido proceso reales para la investigación, entre otras. En aquel entonces, la familia también comenzó un largo viacrucis jurisdiccional para lograr algo que para muchos en nuestro país es todavía un sueño: hacer justicia. Esto llegaría muchos, muchos años después.
El año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado del caso Radilla Pacheco, dictó una sentencia en contra del Estado Mexicano en la que lo condenaba a reformar sus sistema de administración de justicia, por violaciones al derecho al reconocimiento de personalidad, al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, al derecho de libertad personal y (las que ordenaron la creación de un sistema de justicia penal acusatorio adversarial) derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. En pocas palabras la Corte condenaba a México por hacer uso indebido del poder y por tener un deficiente sistema de justicia que violaba sistemáticamente los derechos humanos de las personas.
El país obedeció. El sistema de justicia penal se reformó, lo que fue una buena noticia.
Desafortunadamente, diversos actores públicos en la actualidad se han dedicado a mal informar a la población sobre el nuevo sistema penal, argumentando que se trata de un sistema que beneficia a los delincuentes llegando a sostener incluso que “los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”.
Quizá hasta a ti te hayan convencido esas voces, pero ¿y si te pongo un ejemplo? Imagina que vas caminando por la calle en dirección a un parque y de pronto llega un policía y te detiene. Te esposa, te golpea y te sube a la patrulla a patadas. Lo primero que preguntarás es “¿Qué pasa oficiales, a dónde me llevan?” y los policías te responden que te van a refundir en la cárcel por andar toqueteando niñas indefensas. Empiezas a exclamar que eso es mentira, que tú no hiciste nada, pero eres completamente ignorado. Llegas al destino, te bajan de la patrulla y eres llevado a una habitación. Escuchas a una señora gritar “Sí, ese/esa es el/la que toqueteó a mi niña”. Sí, se refiere a ti y tú ni al caso. Tu único error ese día fue usar una sudadera parecida a la de un sujeto que horas antes intentó abusar de una menor de edad.
Imagina que en ese momento no tienes celular ni dinero para conseguir un abogado. Estás completamente indefenso. Se lleva un proceso en tu contra y te dictan sentencia y auto de formal prisión por un crimen que no cometiste, porque una señora te confundió con un verdadero criminal. Esto es justo lo que busca evitar el nuevo sistema penal.
¿Verdad que no es una tontería eso de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Verdad que sí se necesitan juicios en los que el imputado pueda defenderse? ¿Verdad que el Estado sí debe gastar en defensores públicos?
Ante esta desinformación ¿qué podemos hacer?
Respondo con otra pregunta ¿dónde están los Abogados y los operadores de la justicia? Son ellos (aunque también todos nosotros) quienes debemos estar activamente defendiendo la implementación del sistema penal e informando sobre sus efectos desde todas las trincheras. Sin embargo, nadie lo está haciendo.
Honrosas excepciones hay en la academia como el maestro José Luis Eloy Morales Brand, que ha buscado darle la mayor difusión posible a todo lo relativo a la materia incluso en medios de comunicación. Consolidados liderazgos del gremio de los abogados como Ramón Torres Armenta y Jerónimo Álvarez Navarro, ambos expresidentes del Colegio de Abogados del Estado, han hecho lo propio en el foro. Bien hace la Casa de la Cultura Jurídica al dar capacitaciones y seminarios. Sin embargo, son los menos.
Se tiene que combatir la desinformación al respecto, fomentar la cultura de los derechos humanos. Debemos preguntarnos, 42 años después, ¿le estamos haciendo justicia a Rosendo?
