Recientemente se puso en la palestra una política pública denominada como hoy titulo la columna, “desde lo local”. A través de ese programa, que en realidad era toda una metodología, la Secretaría de Gobernación, partía de un diagnóstico realizado sobre los indicadores de desarrollo de los municipios, para, de esta manera, focalizar acciones de los tres niveles de gobierno que permitieran mejorar la calidad de vida de la población.
Resulta relevante analizar esa propuesta en otros ámbitos, no necesariamente del desarrollo social, sino, por ejemplo, en la materia político-electoral. Hemos dicho en anteriores ocasiones que en este año 2019 se han conjugado factores que hacen de este proceso electoral algo interesante, sobre todo porque las autoridades que elegiremos (nada más ni nada menos que los once ayuntamientos de la entidad) son las más cercanas a satisfacer las necesidades básicas de la población como sociedad.
El otro factor que incide en la complejidad del proceso es poner nuevamente a prueba el sistema electoral. Diversos analistas han coincidido que, dada la dinámica de la materia, tras cada elección sucede una reforma electoral. Incluso en este mismo espacio se ha reflexionado sobre la necesaria reforma que habrá de venir en los próximos meses, que desde luego compromete a nuestros legisladores a que se vea reflejado un avance en la construcción y, por ende, en la operación del sistema.
Durante la pasada elección el sistema demostró haber funcionado en un ámbito colaborativo entre las instituciones electorales, nacional y locales, situación que fue el resultado de trabajo, cooperación y voluntad manifestada por las autoridades, no de manera gratuita, sino como resultado del aprendizaje logrado tras haber probado diferentes esquemas en los procesos electorales inmediatos anteriores al del año pasado.
Hoy, que algunas voces confunden una facultad legalmente prevista para la autoridad nacional, como lo es la asunción de la organización de un proceso electoral local, con la muerte y entierro de las autoridades electorales locales, es momento de una reflexión desde lo local.
La base de la reforma político electoral de 2014 fue la creación y operación de un sistema nacional electoral cuyo eje central se constituyó en una institución de carácter nacional. No fue un simple cambio de siglas, sino una reconstrucción de la autoridad que se erigía en rectora del sistema. Es en bajo esa rectoría que las elecciones se empatan en fechas y procedimientos, por poner los ejemplos más visibles. Era permitir que el naciente INE no solamente hiciera elecciones federales como su antecesor, sino que tuviera una injerencia directa en toda la nación (incluso organizando, por ende, también elecciones locales).
Bajo esa premisa, en la construcción de este sistema (inacabado a la fecha, por cierto) contra la creencia popular, no se retomaron las disposiciones del entonces IFE para ser impuestas a los institutos locales, sino al contrario, buena parte de los procedimientos técnicos y operativos, habían tenido su origen en elecciones locales. La lista nominal con fotografía, las candidaturas independientes o la reelección, fueron elementos que, en su momento, surgieron desde la provincia, recalando en el centro. No vayamos tan lejos: el propio esquema de un órgano ciudadanizado encargado de la organización de las elecciones, tiene su antecedente en el hoy instituto local electoral de San Luis Potosí.
Este nuevo sistema, pues, permite entre otras cosas, que por la trascendencia del caso, o porque las condiciones sociales o políticas que envuelvan el proceso, hagan necesaria la presencia del INE como respaldo que fortalece a las entidades en la organización del proceso electoral, la institución nacional asuma la directriz del proceso. Un proceso que ha de ajustarse al estándar establecido para cualquier elección, federal o local.
Insisto en que las mismas voces que desacreditan la elección local del año pasado en el Estado de Puebla, son las mismas que ahora se congratulan que, con la asunción de la organización por parte del INE, se ha puesto el primer clavo en el ataúd de los institutos electorales locales. Esas mismas voces siguen sin entender la complejidad de un sistema electoral que ha sido calificado de barroco por las propias personas que se encuentran inmersas en él.
No han comprendido que la desarticulación de un sistema necesariamente va a perjudicar no solamente a las instituciones electorales, sino que afectará a quienes utilizan dicho sistema para sus fines legales, como los partidos políticos y la ciudadanía, amén de que significaría un retroceso en esta democracia que se sigue construyendo día con día, sí desde el centro, pero sin olvidar que de manera fundamental, las acciones se generan desde lo local.
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