Transparencia

Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes establece la Plataforma Digital Estatal 

  • El Comité Coordinador del SEA emite las bases para su funcionamiento, podría arrancar en enero
  • Para el inicio de operación de la Plataforma Digital Estatal, se requerirá la emisión de declaratorias para cada uno de sus Sistemas

 

En sesión ordinaria del Comité Coordinador (CC) del Sistema Estatal Anticorrupción, se aprobó el acuerdo por el que se establece la Plataforma Digital Estatal (PDE) y se emiten las bases para su funcionamiento.

Por disposición expresa de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, la administración de la PDE corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea), a través de su secretario técnico, misma que constituirá el conjunto de mecanismos de recopilación, sistematización y procesamiento de información en formato de datos abiertos, que genere e incorpore el Estado de Aguascalientes a la Plataforma Digital Nacional.

El secretario técnico de la Sesea, Aquiles Romero González, afirmó que con la expedición de estas bases, no entrará en operación la PDE, ya que se requerirá hacer las declaratorias pertinentes a efecto de que cada uno de los seis sistemas que la componen, inicien su funcionamiento.

Estimó que el funcionamiento de la PDE podría arrancar en enero de 2020, pero este hecho está sujeto a lo que determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y su Secretaría Ejecutiva, respecto a la operación de la Plataforma Digital Nacional, ya que ambas deberán ser interoperables.

Aquiles Romero comentó que el estado de Aguascalientes es la entidad que lleva más avance en la construcción de su PDE, de las 22 que contemplan la existencia de una plataforma similar.

En asuntos generales, la presidente del Comité Coordinador, María Teresa Belmont Acero, solicitó a la Contraloría General del Estado y al Órgano Superior de Fiscalización que proporcionen procedimientos, formatos y diagramas de flujo de políticas de operación que tengan establecidas en materia de denuncias contra servidores públicos en materia de corrupción.

 

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