El día de ayer, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, los partidos políticos con presencia local, en voz de sus dirigencias, se adhirieron a un pacto convocado por la autoridad electoral, sin más pretensión que la de simbolizar, en esta fecha especial, cuánto nos falta en la práctica, para alcanzar la anhelada igualdad que existe en la ley.
Cada 25 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas promueve el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia para la Mujer, representándolo con el color naranja, considerándolo un color brillante, simbolizando así el futuro libre de violencia hacia mujeres y niñas que se espera.
Según cifras del organismo internacional, el 33% de las mujeres del mundo ha sufrido, en algún momento de su vida, abusos. En estos tiempos que discurren dicha cifra aumenta peligrosamente, y a esta situación debemos añadir el supuesto de que solamente el 10% de ellas afirma sentirse protegida con los mecanismos que el estado proporciona para su seguridad, y el hecho de que, estas condiciones, aumentan las probabilidades de que las mujeres enfrenten, como consecuencia, marginación, pobreza y escasez de alimentos.
Alarmantes datos de la ONU dan cuenta que cada día en el mundo 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia principalmente por su pareja sentimental y el hecho de que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda.
En el aspecto político la situación se torna igualmente difícil. Todavía en pleno Siglo XXI hay mujeres a las que no se les permite ejercer su voto y mucho menos ser electas en procesos democráticos. Si bien pareciera que esas acciones se encuentran erradicadas en nuestro estado, he recibido comentarios de las personas que ejercen como Capacitadoras Asistentes Electorales afirmando que uno de los supuestos en que las mujeres no acceden a participar como funcionarias de casilla, es porque la figura masculina de autoridad a la que se ven sometidas en el hogar (padres, esposos o hasta hijos) no se los permiten. Increíblemente esta situación no se da, como pudiera pensarse, en entornos rurales o marginados, pues es condición imperante en cualquier colonia urbana y en cualquier estrato social.
No obstante, hay otro tipo de violencia que, si bien no se aprecia con absoluta claridad, permanece dentro del ámbito político, agazapada y latente, representada por las acciones cotidianas que no permiten el pleno desarrollo de las mujeres en la escena política, dado que no existen condiciones de igualdad y se sigue discriminando y estereotipando al género femenino en actividades político-electorales, cuando se les asignan roles que poco o nada abonan a sus carreras profesionales.
Así, las mujeres, a través de acciones puntuales, han luchado por cerrar la brecha que no les permite la igualdad de condiciones como militantes de los partidos, y poco a poco se han ganado espacios como aspirantes y luego como candidatas a los cargos de elección popular. En algunos casos han sido dirigentes de partido político y se han desempeñado en regidurías, sindicaturas, presidencias municipales y diputaciones locales. No obstante falta un último trecho que es de lograr el acceso igualitario a todas las funciones públicas y a participar en puestos que impliquen la toma de decisiones.
Por ello, y en concordancia con las convenciones internacionales y tratados que nuestra nación ha signado, en los que se ha dado impulso al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las autoridades electorales a nivel nacional y local han emitido, entre otros, lineamientos que obligan a los partidos políticos a que establezcan acciones para que prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y a garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas en los procesos por los que se renovarán las gubernaturas en el país. Lo anterior no como una graciosa concesión a las mujeres, sino con el propósito firme de abonar al ideal democrático de participación universal, en donde todas y todos tengamos las mismas condiciones para postularnos y acceder al gobierno, así como a participar votando sin más restricciones que las que impone la misma democracia.
Siempre que se firma un instrumento de esta naturaleza, se escuchan voces afirmando que lo que está en la ley no debiera de estar sujeto a la condición de respetarlo por signar el documento. No obstante, la pretensión de hacerlo es la de reafirmar simbólicamente, en una fecha especial, el compromiso que debe asumirse por convicción más que por la obligación. Que el día naranja nos recuerde ese futuro brillante que necesitamos y por el que trabajamos.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
