Quien en México ponga en tela de juicio la necesidad de combatir la corrupción, debe sentirse orgulloso de que México ocupe el vergonzoso lugar 103 de 175 países en materia de corrupción; indiferente de que represente 9 puntos del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 45 veces el presupuesto de la UNAM. Es decir, 1.5 billones de pesos cada año; tranquilo de que los mexicanos destinen 32 mil millones de pesos al año en sobornos, para trámites básicos.
Es indudable la cadena negativa que la corrupción implica, como la falta de inversión y sus efectos colaterales, amén del desprestigio y alarmante nivel al que ha llegado, a grado tal de cegar al Gobierno Federal aún ante el inminente déficit de credibilidad y confianza que enfrenta, bajo la insulsa postura de “no trabajo o dedico mi empeño a colocarme medallitas o tener logros personales”.
Y justo se trata de eso, el Sistema Nacional Anticorrupción, no se trata de una propuesta a capricho, al vapor ni de tipo personal, el modelo planteado por el PAN, el cual fue elaborado en conjunto con la sociedad civil organizada, representa una solución integral porque está encaminado a limpiar las instituciones y poner a los corruptos en la cárcel.
En un acuerdo histórico, se ha logrado coincidir con tres ejes fundamentales:
Primero, la prevención, con el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control de todas las dependencias y organismos públicos.
Segundo, investigación a fondo, a través de órganos verdaderamente independientes y autónomos, fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación que ahora sí podrá realizar auditorías en tiempo real e investigar a partir de denuncias ciudadanas.
Y la fiscalía anticorrupción, que investigará con las más amplias facultades y consignará ante jueces federales a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción.
Y, tercero, la sanción. Nunca más empleados del presidente de la República, de los gobernadores o de los presidentes municipales juzgando a sus jefes o a sus compañeros, por faltas graves. Ahora será un tribunal autónomo el responsable de este rubro.
El secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado.
Otro aspecto es que ninguna falta grave prescribirá, es decir, no dejará de castigarse en menos de siete años. Todos podrán ser juzgados una vez concluido su cargo, en caso de faltas graves.
Las participaciones federales serán sujetas a revisión con este nuevo Sistema Anticorrupción.
El 100 por ciento del dinero que gasta el Gobierno Federal y el 92 por ciento de los recursos que manejan los gobernadores y los presidentes municipales será sujeto de cuidadosa revisión y fiscalización con este Sistema.
El SNA marcará, sin duda, una nueva era en el combate a la corrupción. Caiga quien caiga, sin importar de qué partido político sea.
Como grupo parlamentario en el Senado tenemos toda la voluntad para ratificarlo y nuestros esfuerzos se concentrarán en lograr la aprobación del Sistema antes de que concluya el actual período de sesiones.
En este sentido hay la consciencia de que no va a funcionar la reforma de manera integral mientras no se apruebe tanto la reforma sobre transparencia como el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es indispensable que le demos la máxima prioridad a ambas reformas. Deben salir ambas. Una sin la otra no va a funcionar.
Sabemos que habrá congresos locales que tendrán la presión de los gobernadores, que por supuesto gustan de la opacidad y la poca transparencia, para que esta reforma no sea aprobada, de ahí la importancia de la amplia difusión y participación de la sociedad para impulsarla y llevarla a sus últimas consecuencias.
*Coordinador del GPPAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.
Twitter: @FHErHerreraA y Facebook: Fernando Herrera y Fernando Herrera A (Comunidad)
