Según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se donaron 324 cadáveres a la Universidad de Guadalajara, pero la UDG reportó 419: faltan 95 registros. “Hasta ahorita son nueve años que yo no sé qué pasó con mi hijo”, lamenta Guadalupe. Quinta y última parte de la investigación #DesapariciónSilenciosa
EMEEQUIS/Luis Alonso Pérez
Apenas habían pasado tres meses de la desaparición de su hijo y Guadalupe Aguilar ya había revisado decenas de fotografías de cadáveres de hombres en sus treintas. Examinaba minuciosamente cada imagen y leía los reportes de los primeros respondientes, la única información a la que se le permitía acceder. Prestaba atención principalmente a las víctimas que pesaban aproximadamente 80 kilogramos y medían alrededor de 1.75 metros de estatura, esperando que alguno se asemejara al cuerpo de José Luis, desaparecido el 17 de enero de 2011.
Desde aquel día, cada que veía en las noticias que habían asesinado a un hombre o leía en el periódico que las autoridades encontraron un cadáver, acudía al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “Yo fui enfermera; entonces, no tengo miedo a ver los cadáveres”, afirma Guadalupe.
Sin embargo, en abril de 2011, un percance con una carpeta dio un giro a la búsqueda de José Luis: una fotografía cayó al suelo de entre un cúmulo de hojas de papel mal acomodadas.
Aquella era la foto del cadáver de un hombre joven que yacía en la plancha de la morgue, desnudo, lavado y preparado para la autopsia. Al igual que José Luis, no tenía ninguna seña particular, ningún tatuaje, ni una cicatriz o marca de cirugía, solo una línea delgada en su cuello, pues había sido ahorcado con un alambre fino hasta su muerte.
Desesperada, hojeó entre las páginas del expediente, para identificar la página de la que se había desprendido la fotografía. Encontró el registro del cadáver. Era de una víctima de homicidio que se había encontrado en la misma zona en donde desapareció su hijo: afuera de un rancho en el municipio de Tonalá, Jalisco.
El documento señala que el cuerpo había sido encontrado desnudo, envuelto en una cobija, el 8 de enero de 2011. Para Guadalupe, se abría la posibilidad de que se tratara de su hijo y que las fechas del registro de su levantamiento estuvieran equivocadas. “Tan fácil como que nada más le hayan quitado el 1, porque mi hijo desaparece el 17 y se pudo haber encontrado el 18”, pensó.
Cuando preguntó dónde había sido enterrado, el agente le respondió: “no, ese cuerpo se donó a una universidad”.
“¿Por qué lo donó?”, lo cuestionó.
“Ya llevaba 15 días aquí. Es que si no los reclaman se pueden ir a la universidad”.
Hoy, a Guadalupe Aguilar le sigue siendo difícil comprender cómo las autoridades responsables de resolver los homicidios y desapariciones de personas, “sin lineamientos ni moral, entregan cadáveres a universidades”.
Su caso no es aislado. En el ámbito nacional, Jalisco es el estado donde más cadáveres han sido donados para fines didácticos en las últimas dos décadas: el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reportó 771 donaciones de cadáveres a universidades efectuados entre los años 2000 y 2019.
Según el IJCF, 324 de esos cadáveres fueron donados a la Universidad de Guadalajara (UDG), una institución pública de educación superior. Sin embargo, en un documento oficial obtenido vía Transparencia, la UDG reportó haber recibido 419 del IJCF, durante ese mismo periodo, lo que evidencia un faltante de 95 registros de donaciones.
“Son cientos y cientos de cuerpos completos que les pueden servir para el estudio, pero los entregan sin lineamientos ni moral a las universidades”, acusa la mujer.
Aunque Guadalupe Aguilar no justifica los errores u omisiones de los agentes del Ministerio Público en los procesos de documentación, está consciente de las dificultades que enfrentan en el desempeño de sus labores. Tienen limitaciones presupuestales, por una parte, y, por otra, una saturación de víctimas de homicidio.
Desde la conformación del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), el reiterado trabajo cercano con agentes ministeriales en la búsqueda de documentos en sus expedientes, así como la búsqueda directa de restos humanos en fosas comunes y –lo más reciente– excavaciones en fosas clandestinas, Guadalupe Aguilar se ha dado cuenta de las adversidades que enfrentan estos funcionarios públicos.
Durante la segunda mitad de 2019, acompañó a una antropóloga y una perito forense en las búsquedas de cadáveres en fosas clandestinas. “Es muy doloroso. Sacamos pura pedacera (fragmentos de cuerpos desmembrados), y me decían la antropóloga y una perito que estaban trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche”, comparte Guadalupe Aguilar.
“¿Y mínimo les ponen mantequilla en su cheque?”, les preguntó Guadalupe Aguilar, haciendo referencia a si cobraban horas extra.
“No, nosotros, porque somos personal operativo, tenemos que estar siempre disponibles”, le respondieron.
Para Guadalupe Aguilar, la falta de presupuesto para las fiscalías de justicia es un factor de peso para la capacidad operativa del personal forense, e incide de manera directa en su efectividad para identificar cadáveres y, en general, resolver casos. Para su desgracia, la desaparición de su hijo es uno de los tantos casos que aún sigue sin resolverse en Jalisco.
Sin embargo, este no es un caso excepcional, ya que en muchas de las fiscalías locales de México existen rezagos importantes en los niveles de especialización en las áreas forenses, explica Jaime Cárdenas Camacho, coordinador de la Especialidad en Medicina Forense del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En promedio, las fiscalías estatales requieren entre 50 y 100 profesionales para mantener una operación adecuada, pero cuentan con mucho menos personal y sin la capacitación profesional idónea.
“De esos, no todos tienen una especialidad, porque en el lugar en donde están no tienen la posibilidad de llevar a cabo la capacitación en instituciones de su región”, ahonda Cárdenas. La solución más común es habilitar a médicos generales como forenses.
El IPN, una institución de educación superior del Gobierno Federal, ha formado a 17 generaciones de profesionales de la medicina forense a través de 35 años de existencia de su especialización. Sin embargo, tiene capacidad para recibir a tan solo 20 alumnos cada dos años que abren su matrícula.
Antropología, odontología, genética y dactiloscopia son algunas de las áreas que requieren de un mayor desarrollo profesional. La situación de violencia del país ha obligado, a las fiscalías locales, a ir perfeccionando sus formas, así como sus procedimientos administrativos, con el propósito de cumplir con lo que demanda la sociedad.
“Lo que importa hoy en día –destaca Cárdenas– son aquellas personas desaparecidas, los cadáveres que están en fosas clandestinas, y eso permite tener la oportunidad de estudiar, de adentrarse más en las técnicas de los grupos delictivos que derivan en la desaparición, casi total, de un cuerpo”.
“Hasta ahorita son nueve años que yo no sé qué pasó con mi hijo”, lamenta Guadalupe, sin perder la esperanza de que un día podrá encontrar su cuerpo y darle sepultura.
Para ella, José Luis no solo fue víctima de la delincuencia, sino de la burocracia e ineficiencia de las autoridades.
