- El Tribunal Superior de Justicia donó 38 cadáveres a la UABC para fines educativos, pero la universidad reportó 39. Sin embargo, las discrepancias suman 31 en total. “La mera verdad es que a nadie le importan los muertos, sólo a sus familiares”, reclama un activista. Cuarta parte de la investigación #DesapariciónSilenciosa
EMEEQUIS/Luis Alonso Pérez
Octavio fue deportado a Tijuana –frontera con Estados Unidos– en 2011. Durante décadas, vivió irregularmente en la Unión Americana, hasta que fue detenido por agentes migratorios. Como muchos mexicanos retornados a su país, permaneció en aquella ciudad fronteriza y mantuvo comunicación con su familia, en Arkansas.
Meses después, dejó de llamar a sus parientes. Ellos, consternados, viajaron a Tijuana para tratar de ubicarlo. Visitaron albergues para migrantes, hospitales e, incluso, la morgue, pero no pudieron encontrarlo. Ni vivo ni muerto. Entonces, pidieron ayuda a la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California.
El secretario de la organización, Fernando Ortigoza, inscribió los datos del joven en una base de personas fallecidas no identificadas que mantienen para cotejar periódicamente los datos con los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General. También llevó a los padres de Octavio con forenses de la Procuraduría para que les tomaran las muestras de ADN y se integrara una carpeta de investigación lo más completa posible.
El activista recuerda que pasaron los meses y la PGJE no encontraba ninguna víctima con las características de Octavio, hasta que un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) hizo algo indebido: extrajo un fémur de un cadáver humano que había diseccionado en sus clases y lo mostró al activista.
Fernando Ortigoza, quien también es padre de un joven desaparecido, sostiene que insistió en mostrar el resto humano a un agente de la PGJE, para someterlo a un análisis de ADN. Esta acción –realizada fuera de protocolos y procedimientos judiciales– tuvo buenos resultados: el material genético coincidía con el de los padres de Octavio.
La Procuraduría no pudo negar la coincidencia de los perfiles genéticos, afirma Ortigoza. “Nosotros les preguntamos: ¿por qué lo mandaron a la UABC, siendo que habíamos ido con su familia a buscarlo?”.
De acuerdo con el activista, la versión oficial que manejó la dependencia es que habían donado la pierna de Octavio por error junto con el cuerpo de otra persona, pues ambas víctimas habían sido desmembradas.
Se solicitó a la Fiscalía de Justicia (antes PGJE) una postura sobre el caso de Octavio, pero los funcionarios solicitaron reservarse cualquier comentario al respecto.
El argumento que, según Ortigoza, planteó la Procuraduría a los familiares de Octavio de que su pierna había sido donada por error, junto con el cadáver de otro muerto no identificado, no concuerda con los documentos revelados por la Universidad vía Transparencia.
Cada uno de los registros de donaciones de cadáveres remitidos por la UABC contiene información general de la víctima, así como la probable causa de muerte y condiciones en las que fue encontrado. En ningún caso se describe que haya sido mutilado.
En general, existen discrepancias en las cifras de donaciones transparentadas por la universidad y las presentadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), instancia que opera el Servicio Médico Forense estatal.
De acuerdo con los documentos entregados por la UABC a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el TSJE donó a la universidad 38 cadáveres para fines educativos entre 2010 y 2019, mientras que la UABC reportó haber recibido 39 durante el mismo periodo.
Si bien la discrepancia total sería de un cadáver, al analizar las fechas de las donaciones realizadas, sólo en dos de los diez años, coinciden las cifras del Tribunal con las de la Universidad. Por lo mismo, en total, se detectaron 31 discrepancias al hacer una revisión en cada uno de los años, siendo que –de acuerdo con la Ley General de Salud– siempre deberían empatar.
Durante cuatro años, la UABC reportó haber recibido un número más alto que el referido por el TSJE, pero en otros cuatro años la situación se revirtió. El caso más notorio fue 2018, cuando el TSJE registró 15 donaciones, mientras que la universidad reportó haber recibido solamente siete.
Es importante subrayar que el TSJE de Baja California fue una de las dependencias de impartición o procuración de justicia que proporcionó la información más detallada, de todas las instituciones del país a las que se les solicitó datos para este trabajo periodístico.
En su mayoría, los oficios transparentados incluyen un número de averiguación previa, sexo de la víctima, lugar y fecha de defunción, así como una breve descripción de la causa de muerte, pero ninguno de los 38 casos de Baja California describe a una víctima desmembrada.
Los altos índices de homicidios registrados durante las últimas dos décadas, en particular desde el año 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró una guerra contra el crimen organizado, generaron una saturación de cadáveres recibidos por los servicios médicos forenses e institutos de ciencias forenses de los estados.
Para Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, la saturación rebasa sus capacidades materiales y humanas; además, resulta en un descontrol en su operación y en fallas en la documentación de los cadáveres recibidos. En 2007, su hijo fue raptado y desde entonces desconoce su paradero. Sus 13 años de labor de búsqueda y apoyo a familiares de desaparecidos de varios estados del país lo ha llevado a conocer todo tipo de fallas en las que incurren las fiscalías locales.
Por ejemplo, presenció cómo el Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, que tiene capacidad para 100 cadáveres, mantiene un promedio de 350. Los cuerpos putrefactos eran apilados por falta de espacio en los refrigeradores y sus etiquetas de identificación –que deberían colgar del dedo pulgar de sus pies– se encontraban regadas en el suelo, impidiendo una identificación clara de los muertos.
El Titular del Servicio Médico Forense de Baja California, César Raúl González Vaca, afirma que las donaciones cadavéricas a las universidades “llevan registros muy estrictos”.
Al ser cuestionado sobre las discrepancias entre los números de Semefo y la UABC, responde: “pudieran existir errores del personal administrativo, no solo en las universidades, sino en las mismas instituciones de salud”.
Los familiares de personas cuyo paradero se desconoce –ya sea en vida o su cadáver– tienen el derecho humano a la verdad, lo cual implica saber qué pasó con ellos y, en caso de que hubieran fallecido, conocer dónde yacen sus restos. Además, deben recibir, durante todo el proceso, un trato digno de parte de los funcionarios responsables.
“Mucha gente deja su vida, sus actividades económicas, su familia, para salir a buscar a sus seres queridos. Eso tiene impacto a nivel familiar, porque destruye toda la estructura de una familia”. Así lo expone María Luisa Aguilar, defensora de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Aguilar señala que las familias de las personas desaparecidas deberían tener las garantías de saber que sus familiares pueden ser encontrados. “Y si lo que hay son restos no identificados, las autoridades tendrían que garantizar que se tomen las muestras de ADN, y que esté bien identificado en qué lugar están siendo resguardados, si fueron enterrados en fosas comunes, o si fueron entregados a alguna otra institución para temas académicos”.
Son muchas las causantes institucionales que pueden resultar en una transgresión al derecho a la verdad. Un factor de peso, profundiza Aguilar, es la “corrupción y colusión de muchas instituciones a nivel estatal con grupos del crimen”. Para ella, en muchos casos, este contubernio llega a poner en riesgo a familiares de personas extraviadas, que temen represalias de criminales, o de las propias autoridades, si denuncian las desapariciones o ventilan públicamente la corrupción.
De acuerdo con Aguilar, la falta de presupuesto y de capacidades técnicas de los funcionarios en las fiscalías estatales y servicios médicos forenses locales, así como de protocolos de actuación homologados nacionalmente, también impiden un ejercicio pleno del derecho a la verdad.
Aunque reconoce la importancia de la falta de recursos, Fernando Ocegueda también atribuye las discrepancias a “la mala organización dentro del Semefo, la falta de control, la saturación y la falta de interés del gobierno de tener una cadena de custodia adecuada”.
“La mera verdad es que a nadie le importan los muertos, sólo a sus familiares”, reclama Ocegueda.
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