En este segundo semestre del año se realizan el Festival de las Calaveras y el VinoFest
Con estos eventos se presupone aglomeración de personas en conciertos, recitales y demás actividades. Dichos eventos se iban a reforzar por la cancelación de la verbena de abril
Experto previene que los eventos masivos complicarán la situación de salud en el estado, se tendrá que reforzar al sistema de salud
En caso de que las autoridades gubernamentales de Aguascalientes tengan pensado realizar eventos masivos, también habrán de prepararse más camas para atención de pacientes con Covid-19 en la entidad, previno Francisco Márquez Díaz, expresidente del colegio de Medicina Interna del estado y experto en tópicos de enfermedades infecciosas, ya que conciertos y recitales podrían acrecentar los contagios y las muertes.
Aunque la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) ya fue cancelada y programada para el siguiente año por la vigente pandemia del coronavirus, todavía están en la puerta dos eventos que se dijo habrían de fortalecerse a raíz de la cancelación de la misma: el VinoFest y el Festival de las Calaveras.
El Festival de las Calaveras sí es un evento en que la aglomeración de gente está al orden del día; puesto que cuenta con distintos foros de diferente capacidad para grandes conciertos, recitales, obras de teatro y otros eventos culturales y artísticos. Aunque no se ha abundado más en el tema de cómo podría venir la siguiente edición del festival que se realiza a finales de octubre, suponer foros con esa clase de aglomeración va a disparar los contagios y, con ello, la necesidad de camas para hospitalización, según señaló el infectólogo Márquez Díaz.
“Si pretenden hacer un evento masivo, pues que vayan pidiendo camas en San Luis o en Guadalajara, porque no nos van a alcanzar”, sentenció el expresidente del Colegio de Medicina Interna del estado, quien ha sido parte del equipo médico que combate a esta pandemia desde el sector privado del sistema de Salud de Aguascalientes.
Consciente de que la economía es una sector que no debe de olvidarse durante esta emergencia sanitaria, el doctor indicó que los eventos masivos, o donde se pudiera aglomerar un número de personas considerable, terminarían afectando el manejo que se ha llevado de la pandemia hasta ahora y podría por tanto complicar la situación de la entidad.
Si bien los eventos como el VinoFest, del cual tampoco se saben detalles y que usualmente se realiza en septiembre, o el Festival de las Calaveras, son gestionados por el Gobierno del Estado, también desde el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea) se emite el discurso de sólo salir a realizar actividades esenciales y evitar reuniones que no sean necesarias, lo cual genera discordancia cuando se proponen eventos como el de la Ruta del Vino, o los otros dos que aún no son especificados en términos de cómo se realizarán.
APRO/Alex Marshall, Thomas Rogers y Constant Méheut / The New York Times
Los clubes nocturnos de Europa están cerrados, pero eso no significa que los fiesteros del continente se queden en casa, pues a medida que se alivian las medidas de la cuarentena por el coronavirus, las fiestas rave ilegales ganan popularidad.
Las fiestas al aire libre para cientos o miles de jóvenes que se organizan mediante las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están en pleno apogeo todos los fines de semana y son un dolor de cabeza para policías y legisladores, pues provocan el debate público y el pánico en los medios de comunicación.
Tom Wingfield, profesor titular de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, apunta en un correo electrónico que no hay estudios médicos sobre el coronavirus y las fiestas al aire libre, pero que una probable falta de distanciamiento social plantea riesgos de transmisión, “agregue alcohol o drogas y esos riesgos podrían exacerbarse”, escribió.
Algunos países han intentado recuperar los clubes nocturnos. En Suiza, la mayoría de las regiones permitieron que esos lugares volvieran a abrir en junio, siempre que se obtengan los datos de contacto de los asistentes; pero después de que muchos de ellos dieron información falsa, las verificaciones de identidad se hicieron obligatorias en algunas áreas.
Los clubes en Barcelona reabrieron a finales de junio, pero volvieron a cerrar semanas más tarde debido a un rebrote del virus en la ciudad.
En la mayoría de los países la idea de pistas de baile llenas de gente es impensable. Muchos operadores de clubes nocturnos temen que serán los últimos negocios a los que se les permita reabrir.
Mientras tanto y a pesar del riesgo, miles están de fiesta en secreto. Un fin de semana de julio los reporteros de The New York Times asistieron a raves en Berlín, Londres y cerca de París.
A medianoche de un sábado comienza un rave en un campo en las afueras de Berlín. Un disc-jockey en pantalones cortos está parado cerca de tornamesas conectadas a un generador, tocando una cálida mezcla de house y techno. Cerca se instaló una carpa donde se expende cerveza y hay luces multicolores colocadas en los árboles.
La multitud, de unas 200 personas, aumenta a cada minuto. A pesar del letrero que indica a los asistentes que deben mantener una distancia de al menos 1.5 metros, el área de baile está llena y nadie lleva máscaras o cubrebocas.
Con el cierre de los clubes de Berlín durante el verano a causa de la pandemia han surgido fiestas ilegales, como esta, para llenar el vacío. La mayoría de estos convivios son gratuitos y se llevan a cabo en lugares aislados para escapar del escrutinio policial; muchos se anuncian por Telegram, la aplicación de mensajería encriptada. Para llegar a la fiesta del sábado los asistentes tuvieron que seguir un mapa enviado mediante la aplicación y caminar 15 minutos desde la estación de tren más cercana a través de un área industrial vacía.
Aunque el número de nuevas infecciones por coronavirus sigue siendo relativamente bajo en Alemania, las cifras han comenzado a subir en las últimas semanas, y fiestas como esta han abierto un debate sobre si los jóvenes están amenazando el tan aclamado éxito del país en el control de la pandemia.
La persistencia de las fiestas clandestinas ha enfurecido a algunos políticos y funcionarios de salud pública, y ha complicado los intentos de los dueños de clubes de Berlín para que les autoricen la reapertura.
En tiempos normales la orilla boscosa del Étang de la Haute Maison, un estanque 20 kilómetros al este de París, Francia, es un lugar ideal para los pescadores.
Pero un sábado por la noche, una multitud diferente se reunió en el bosque junto al agua: alrededor de 400 jóvenes, moviéndose al ritmo de la música techno que retumbaba por los altavoces mientras los focos barrían la pista de baile.
La popularidad de las “fiestas gratuitas”, como se conoce aquí a los eventos ilegales, ha aumentado en los últimos meses. “Es cierto, desde el final del encierro hemos visto a muchas más personas asistiendo a las fiestas gratuitas”, dice Julien Faùx, de 26 años, un asistente habitual a estos eventos desde antes de la pandemia. Él bailaba detrás del DJ ese sábado por la noche mientras una bandera con una calavera y dos tibias cruzadas, colgada entre dos árboles, ondeaba sobre su cabeza.
La fiesta, llamada The Piracy, tenía todas las características de una reunión legal: una página de Facebook anunciaba una alineación de DJ y las entradas se vendían en línea.
La diferencia fue que la ubicación se dio a conocer sólo por correo electrónico menos de una hora antes de que comenzara The Piracy. Llegó con una advertencia para acercarse al sitio en silencio y no decirle a nadie más dónde estaba.
“La gente necesita esa libertad para divertirse”, dice Sarah Stalter, de 21 años, estudiante universitaria suiza de vacaciones en Francia. A su alrededor había cientos de personas sin cubrebocas, algunas apiñadas en la pista de baile en un claro del bosque, mientras otras se sentaban a un lado en grupos, compartiendo botellas de alcohol y cigarros de mariguana.
“Me importa un bledo”, dice Stalter mientras se mueve al sonido de los ritmos del techno. “Por supuesto que este virus me asusta, pero tengo que disfrutar de mis 20”.
La proliferación de fiestas ilegales plantea un desafío para las autoridades locales, que han oscilado entre la represión estricta y hacerse de la vista gorda.
En Londres, Inglaterra, justo después de la medianoche del viernes 24 de julio, dos jóvenes estaban en una calle del distrito de Tottenham, rodeados de almacenes de ladrillos, con aspecto perdido.
“¿Vas al rave?”, preguntó un hombre con acento elegante a un transeúnte. No podía averiguar dónde estaba, agregó: el mapa que le habían enviado a través de WhatsApp era confuso.
Los detalles de la fiesta que estaban buscando se la habían enviado a un grupo en la aplicación de mensajería unas horas antes: para unirse, tenía que enviar una cuenta de redes sociales para que los organizadores pudieran verlo. Los boletos anticipados se vendieron a través de PayPal.
Los mensajes en el grupo de WhatsApp incluían llamados a la discreción. “Estamos protegiendo a nuestra comunidad”, decía uno. “No comparta nuestra información con nadie”, agregaba.
“Es como una operación militar”, dijo uno de los hombres de voz plomiza, después de descifrar el mapa. “Si la gente pone la mitad de esfuerzo en resolver el coronavirus, ya estaríamos fuera”.
The Guardian ha declarado que Gran Bretaña se encuentra ahora en medio de un “impactante regreso del rave”. Hace unos 30 años, los jóvenes de aquí crearon un pánico moral cuando comenzaron a celebrar fiestas en lugares secretos, alimentados por el éxtasis y el acid house, un nuevo tipo de música de baile en ese momento.
Algunos organizadores de las fiestas han intentado responder a la preocupación pública: “Se ha tomado la medida Covid-19”, decía un mensaje en el grupo de WhatsApp sobre el evento. “A la entrada estarán a su disposición mascarillas faciales y gel hidroalcohólico”, agregaba. Esto no se veía a la llegada y sólo una docena de asistentes usaba cubrebocas. Para la mayoría, el coronavirus parecía estar lejos de sus mentes.
Al día siguiente los organizadores de la fiesta enviaron un nuevo mapa al grupo de WhatsApp con detalles de otra fiesta esa noche, y una súplica: “Por favor, no compartir”.
Capitán Tsubasa o los Súper campeones como fueron conocidos en Latinoamérica, formó parte de las series que nos marcaron nuestra infancia junto al resto de caricaturas de buena calidad que había en la década de los 80’s y 90’s.
La trama era sencilla, un niño de nombre Oliver Atom con grandes cualidades para practicar fútbol se adentra en este mundo altamente competitivo por su amor al balón, una amistad que durará la vida entera. Primero va llevando una rivalidad desde niños en contra del antagonista de la serie Steve Hyuga, es bien conocida por los niños de aquél entonces, la rivalidad entre el equipo del Newppi contra el equipo Franco Canadiense. Una vez que pasan la categoría de cadetes, Oliver, Steve y sus amigos encuentran nuevos retos en distintos equipos del mundo futbolístico. El tiempo y el balón los une en la selección japonesa en búsqueda de ganar el campeonato del mundo en Corea y Japón 2002. (No la serie no acaba con que todo fue un sueño)
Con esta introducción en Aguascalientes tenemos la fortuna de contar con murales que han sido tendencia en redes sociales como el mural de Pabellón de Arteaga inspirado en la película de Space Jam, la generación de Michael Jordan y la nueva representada por Lebron James.
Aguascalientes poco a poco va llenando sus calles de referencias a la cultura popular y a lo bonito que era el entretenimiento en los 80’s y 90’s, un regalo para todos aquellos amantes de la nostalgia que buscan recordar a las nuevas generaciones su heroes de la infancia.
Acción de inconstitucionalidad de CNDH se suma a la CDHEA y a la de 11 diputados locales
La CNDH advierte que Pin Parental podría incidir negativamente en los derechos de la niñez
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a tramitar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la aprobación del pin parental en el estado de Aguascalientes, esta impugnación se suma a la interpuestas por la Comisión Estatal de derechos Humanos de Aguascalientes (CDHEA) y a la de los 11 diputado de minoría del Congreso local que antes la aprobaron en el pleno.
Por unanimidad de los diputados del Congreso local se acordó la reforma a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes para adicionar un quinto párrafo al artículo 4to, el cual establece que la autoridad educativa estatal “dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores, a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”. Lo anterior permite a padres de familia y tutores prohibir a sus hijos acudir a la escuela cuando se programen clases sobre educación sexual o temas que van en contra de sus creencias religiosas.
La CNDH impugnó la reforma publicada en mayo pasado y advierte que esta limitación podría incidir negativamente en los derechos de los alumnos menores de edad y lesionar el interés superior de la niñez, así como el derecho a la igualdad entre niñas y niños, por lo que solicitó a la SCJN que analice si el Pin Parental al considerar que lesiona las garantías de los menores para acceder a información científica sobre la naturaleza y acerca del funcionamiento de sus propios cuerpos.
Hace unos días, el ministro admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y por 11 diputados locales de dicha entidad, que impugnaron las reformas que antes aprobaron a través de una acción de inconstitucionalidad que fue promovida y firmada en contra del PIN Parental; misma que ya fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de agosto.
Los legisladores locales del Partido Acción Nacional y de Encuentro Social en 18 congresos del país promueven reformar para integrar el Pin Parental en sus constituciones locales, pero solo en Aguascalientes ha tenido éxito, debido a que la iniciativa no integraba el nombre como tal a fin de disfrazarla; estrategia que funcionó al haber sido aprobada por el pleno.
Ahora los legisladores locales que se pronunciaron contra esta reforma a través de una impugnación la consideran contraria al derecho a la educación, porque limita el acceso a información sobre los propios cuerpos y la concepción del universo basada en la investigación científica.
Firmas presentadas por dos solicitudes serán avaladas por el INE
Si Consejo General declara procedencia, contarán con 20 días para organizar el ejercicio
Las dos solicitudes para el desarrollo de un plebiscito en Aguascalientes y consultar a la ciudadanía sobre la permanencia o no de la concesionaria de agua Veolia, presentadas ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), podría inaugurar este ejercicio democrático en el estado si es aprobado por el Consejo General, advirtió el consejero presidente Luis Fernando Landeros Ortiz.
Explicó que el hecho de que se haya presentado una solicitud formal, no significa que vaya a ser un hecho ya que la legislación marca varios pasos para determinar un plebiscito, y el primero será lograr el apoyo ciudadano de la ciudadanía del municipio, al tener que lograr la firma del 1% del padrón electoral, es decir 6 mil 586 ciudadanos como piso mínimo; de tal forma que el IEE se encuentra con el proceso del envío de esa información a las oficinas centrales del Registro Federal de Electores (RFE) para que determinen la validez de las firmas como la vigencia y autenticidad de las credenciales y que se traten de ciudadanos de Aguascalientes.
Habrá un plazo de 14 días a partir de que responda el INE para que el Consejo General del IEE defina la procedencia o improcedencia del plebiscito, al determinarlo con base al número de formar válidas y el fondo de las solicitudes, mismas que deberán están en relación con la Ley de Participación Ciudadana que impide realizar estos ejercicios respecto a temas como impuestos y contribuciones, seguridad pública y procedimientos electorales.
Las organizaciones contarán un periodo de prevención para subsanar firmas u omisiones en la solicitud a fin de que sean subsanadas.
En caso de que el Consejo General declare la procedencia, se contara con un plazo de 20 días hábiles para emitir la convocatoria a participar en este ejercicio democrático, con las fechas por las que habrá de transitar el plebiscito a fin de hacerlas del conocimiento de la ciudadanía, así como definir la logística, y el presupuesto con las autoridades hacendarias o vía una partida por parte del Ejecutivo o aprobación del Congreso local.
Al final, será en las instalaciones del IEE donde se validará el resultado de la votación por parte del Consejo General: “A fin de que sea vinculante para el municipio capital deberá reunir una participación mínima del 40% del padrón electoral, que traducido en números es alrededor de los 240 mil habitantes; en caso de que no se llegue esa cantidad, se le da vista a la autoridad, pero sin ser vinculatorio ni le obliga a acatar el resultado”.
Las dos organizaciones que presentaron formalmente solicitudes para la realización del plebiscito encabezado por el ex diputado petista, ahora militante de Morena, Jesús de Lira Rangel y el Grupo de Ciudadanos Unidos por el Agua a través de Norma Martínez Guerra, también militante de Morena.
Ahí se aclararán mitos y beneficios que trae la bicicleta como medio de transporte, desde los ecológicos y hasta los de salud
El estado se está atrasando en materia de movilidad ciclista
En septiembre, Aguascalientes contará con un Manual de Ciclistas en el que se propondrán medidas a la vanguardia sobre este deporte como método de transporte en el afán de desincentivar al vehículo automotor, así como para promover el ejercicio y la cultura vial para aquellos que usan de la bicicleta en las calles y avenidas del municipio, según informó Josafat Martínez, activista en temas de movilidad en el estado.
Dicho manual tiene la intención de propiciar la bicicleta como un método de transporte prioritario en la capital de la entidad, y no sólo contendrá los beneficios del uso de la bicicleta para transportarse en la ciudad, sino que también aclarará y desestimagtizará los mitos que existen respecto a este medio de transporte.
Al tanto de que no sólo se necesita incentivar al ciclismo en Aguascalientes, sino también promover la cultura vial y el conocimiento de los derechos en materia de movilidad que por ley tiene la ciudadanía, Josafat Martínez mencionó que el manual también tendrá consejos para los transeúntes, peatones y automovilistas que ayuden a una mejor convivencia entre todos.
El también Alcalde de Bicicletas de los Países Bajos en Aguascalientes manifestó que son muchos los aspectos que hacen falta reforzar para el ciclismo como medio de transporte en el estado, pero todos son concretables, gestionando las políticas públicas correctas y tomando como base ejemplos de lo que otras ciudades y países ya han hecho al respecto, ya que desde su perspectiva, Aguascalientes se está quedando atrás en estos temas de movilidad. Por lo anterior es que se comenzó a trabajar en el manual que estará a disposición de la ciudadanía este próximo mes.
Algunos de los aspectos a reforzar desde la sociedad, mencionados por Josafat Martínez, es el conocimiento de la Ley de Movilidad y de su Reglamento local, la generación de ciclovías emergentes, se deben gestionar paraderos de transporte urbano más universales y podría integrar y generar una mejor señalética para ciclovías protegidas.
Todo lo anterior ayuda no sólo a la protección del ciclistas desde su posición de vulnerabilidad ante más riesgos que los de un automovilista, sino que crea una convivencia más sana entre todos los modelos de transporte, priorizando al peatón, dando oportunidad a la creación de más infraestructura ciclista y mostrando que se puede tener una buena movilización sin la necesidad de un automóvil.
Desde la semana del lunes 17 de agosto, la disponibilidad de camas para personas delicadas con coronavirus se ha ido paulatinamente a la baja al punto de llegar a ser el tercer estado con más ocupación por la nueva enfermedad
Aunque todavía no se habla de saturación, sigue en aumento la ocupación de hospitales por la pandemia
Luego de que el 14 de agosto la Secretaría de Salud federal catalogara el semáforo epidemiológico para Aguascalientes en rojo, con un máximo riesgo epidémico, mismo que se dio bajo el análisis de las autoridades de salud federales sobre ocupación hospitalaria, índice de positividad, mortalidad, entre otros factores, la disponibilidad de camas para pacientes graves con Covid-19 se ha ido a la baja.
Desde la semana del lunes 17 de agosto, el sistema de salud público local fue superando el 40% de ocupación en camas con ventilador (para pacientes en una situación delicada), llegando a colocarse como el tercer estado con menor disponibilidad de espacios para atención de la emergencia sanitaria, sólo estando por debajo de Colima y Nuevo León.
De acuerdo al reporte técnico de información sobre el coronavirus en Aguascalientes del 23 de agosto, la entidad llegó al 51% de ocupación de camas en esta fase tres de la pandemia, superando la ocupación hospitalaria de entidades como el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco.
En contraparte, Aguascalientes es uno de los diez estados con menos ocupación hospitalaria por Covid-19 (no grave) de todo el país, mostrando una disponibilidad del 74%.
También la semana pasada hubo más reconversión de camas para el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), lo cual esperan que repercuta positivamente en la próxima evaluación del semáforo epidemiológico. Por lo pronto, las seis entidades que se encuentran en color rojo son Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas.
El número de pacientes muy graves detectados en la entidad ya casi iguala al de graves; según la información del Issea, hasta el 23 de agosto, se reportaban 96 personas hospitalizadas graves y 92 muy graves, distribuidos de la siguiente manera; 83 graves en el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), cinco en el Issea y ocho en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). 51 están muy graves en el IMSS, 36 en el Issea y otros cinco en el Issste.
A diferencia de los viejos secretarios de Hacienda, rodeados de guaruras hasta en vacaciones, como Luis Videgaray, a Arturo Herrera se le ve en bicicleta y paseando por el Zócalo… ¿quién vela por su seguridad?
Arturo Herrera es un funcionario atípico. Desde que tomó posesión de la Secretaría de Hacienda creó una identidad propia, lejos del estereotipo del clásico secretario de Estado, que suele movilizarse en autos lujosos y rodeado de guaruras.
Ahí está el primer secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray –actualmente señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), de ser el artífice del esquema de sobornos por medio de Odebrecht–, quien solía vacacionar rodeado de elementos de seguridad del Estado mexicano.
Una de las anécdotas fue documentada en 2015, cuando fue visto junto con su familia en diversas ciudades de Chihuahua, escoltado por una unidad de elementos de la policía federal, tres camionetas Suburban blancas y patrullas del estado que en esa época gobernaba César Duarte Jáquez (otro priista con 11 órdenes de aprehensión pendientes y que hasta julio de este año estaba prófugo).
A Arturo Herrera, en cambio, se le ha visto llegar a su oficina de Palacio Nacional en bicicleta; muchas veces solo. De traje, corbata y zapato formal, pero con casco y mochila en la espalda. Saluda a quien lo reconoce en la calle. También se le ha visto pasear por el Zócalo, salir del Palacio y tomar un respiro en la plaza que tiene a tan solo un paso.
A diferencia de sus dos últimos antecesores, la Secretaría de Hacienda no reporta que tenga algún elemento de seguridad asignado.
Por ejemplo, el último titular de Hacienda del PRI, José Antonio González Anaya, tenía 15 personas asignadas a velar por su seguridad durante el año que estuvo en el cargo, del 27 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018.
González Anaya, un hombre cercano al expresidente, llegó ahí el mismo día que renunció como director de Pemex: a la paraestatal había ingresado para suplir a otro cercano de Peña Nieto, Lozoya Austin.
Por cierto que el nombre de González Anaya apareció en la denuncia que Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República hace un par de días y, según dijo, tuvo una participación importante en el caso de Etileno XXI.
Con el cambio de administración, el elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar este cargo fue Carloz Urzúa Macías quien no duró ni un año en la dependencia.
Luego renunció porque, según hizo público en una carta dirigida al presidente, se estaban tomando decisiones de política pública sin sustento, sin evidencia y, entre líneas, hablaba de la intromisión en los temas hacendarios del jefe de la Oficina de la presidencia, Alfonso Romo.
Los casi siete meses que estuvo en el cargo, Hacienda registró dos personas asignadas a su seguridad.
Adiós a la seguridad de funcionarios
En el periodo de transición, cuando AMLO negociaba el presupuesto federal para 2019, dijo que entre las nuevas medidas estaba eliminar las pensiones de los expresidentes, la reducción de sueldos de altos funcionarios y que la mayoría de los funcionarios no tendrían escoltas, choferes ni secretarios particulares.
Para finales de su primer año como presidente, el Senado aprobó la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo de élite que protegió a los presidentes mexicanos durante las últimas siete décadas.
El Estado Mayor Presidencial ya había dejado de funcionar desde que arrancó la nueva administración y, ya con los cambios legislativos, los miembros de este cuerpo de élite fueron reincorporados a sus unidades originales dentro de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, se especula que este trámite administrativo está lejos de ser realidad, la supresión del EMP parece haber sido en papel, porque a diversos funcionarios, incluido el mismo Arturo Herrera –aunque Hacienda vía Transparencia diga lo contrario–, se les ha visto custodiados por elementos de seguridad.
Aquella vez que Herrera se paseaba por el Zócalo, iba solo, pero de forma simbólica. A sus costados, a unos metros de distancia, iban dos hombres fornidos, de traje y corbata naranja, atentos a los movimientos del funcionario, mezclados entre la gente, pero sin perderle el ojo al encargo de la Hacienda mexicana.
El video del secretario de Hacienda paseando por el Zócalo se viralizó. “Sorprende ver caminando a un alto funcionario del gobierno y, lo más sorprendente, sin la nube de guarros, como era típico de la anterior administración”, comentó una usuaria de redes.
Pero, si Hacienda dice que no hay elementos de seguridad asignados al secretario y, al menos en papel, el EMP ya no existe, la pregunta entonces es: ¿Quién cuida a Arturo Herrera?
A la espera de un fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), que resolverá si es válida o no la suspensión que el 5 de febrero último la Federación Internacional de Basquetbol (Fiba) impuso a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), el baloncesto mexicano pende de un hilo.
La presidenta de la Ademeba, Xóchitl Lagarda Burton, desafió al organismo rector del baloncesto mundial y lo acusó de tener intereses muy fuertes para controlar este deporte en México, de tal suerte que protege a directivos mexicanos, algunos de los cuales fueron sancionados por ella:
“No se puede permanecer impasible ante una suspensión injusta ni callar ante una decisión sin fundamento. Es una intromisión en la autonomía y la vida interna de una federación. Quieren ver a la Ademeba en la sumisión. Las decisiones las debemos tomar nosotros. Pensaron que por mi condición de mujer y persona independiente de la industria del basquetbol iban a hacer lo que quisieran, que por ser los representantes de la Fiba en México (se refiere a Modesto Robledo, uno de los sancionados) tienen licencia para seguir haciendo y deshaciendo en beneficio personal”, declaró Lagarda en conferencia de prensa el lunes 17.
La Fiba suspendió a la Ademeba porque acusa a Lagarda de haber modificado los estatutos de forma unilateral –sin autorización de Fiba ni de la asamblea– con el propósito de otorgarse a sí misma mayores facultades, así como “la capacidad ilimitada de suspender a un miembro de una asociación y reducir el número de votos necesarios por debajo de la mayoría simple para eliminar a los miembros del consejo directivo”.
Lagarda alega que las mencionadas modificaciones fueron hechas en la asamblea del 23 de marzo de 2019 –en la cual ella misma fue electa presidenta hasta terminar el ciclo olímpico de Tokyo 2020– con el consenso de todos los presentes. Agrega que la Fiba está siendo desinformada por Robledo con la ayuda del español José Luis Sáez, representante de la Fiba en México, con la finalidad de quitarla del cargo para que ellos se apoderen nuevamente del basquetbol mexicano, donde han hecho un negocio particular prácticamente desde que nació la Ademeba, en 2008.
De acuerdo con lo que Lagarda ha informado a la Fiba, cuando tomó las riendas de la Ademeba encontró un organismo en bancarrota, con deudas millonarias, desorganizado administrativamente y con marcados rasgos de división entre los miembros.
Sobre esto informó en mayo de 2019 a Horacio Muratore, entonces presidente de la Fiba, y a Sáez, quien desde 2016 fue nombrado por la federación internacional como responsable en México para reordenar ese deporte, pese a que fue expulsado del baloncesto español por malos manejos.
Lagarda también avisó a la Fiba que en los archivos de la Ademeba no encontró actas de asambleas ni de sesiones del consejo directivo, estados financieros, ni un informe relativo al trabajo que realizó el Task Force México (Fiba, Ademeba, Comité Olímpico Mexicano y Conade) durante los tres años que operó para reorganizar ese deporte: de marzo de 2016 a marzo de 2019.
A pesar de que solicitó esa documentación al expresidente de la Ademeba, Gilberto Hernández Oseguera, y a Sáez, aseguró que ninguno le entregó nada.
Lagarda se convirtió en la presidenta de la Ademeba el 23 de marzo de 2019 en una asamblea realizada en la Ciudad de México a la cual también asistió la directora de la Conade, Ana Guevara. Ambas son sonorenses.
Lagarda fue elegida supuestamente porque como empresaria tiene relaciones con la iniciativa privada y porque al ser externa al baloncesto no tiene compromisos con los grupos de interés.
Así, en una asamblea donde previamente se cabildeó para que los asociados la votaran de forma unánime, fue elegida en sustitución de Hernández Oseguera (abogado del deporte, cercano colaborador del exdirector de la Conade Jesús Mena y luego de Alfredo Castillo), quien de facto se apoderó de la presidencia de la Ademeba en diciembre de 2016 a pesar de que la asamblea había elegido al empresario regiomontano Carlos Bremer.
Antes de la asamblea del 23 de marzo de 2019, el 20 de marzo, el gerente general de la Ademeba, José Reyes Ronfini, envió por correo electrónico a las 32 asociaciones y tres instituciones afiliadas (IPN, UNAM e IMSS) los estatutos que habían sido preaprobados por la Fiba para que los presidentes los revisaran e hicieran algún comentario antes de que los votaran en la mencionada asamblea.
Una vez aprobados dichos estatutos, se designó a dos personas como delegados especiales para que cualquiera se hiciera cargo de protocolizar el acta de la asamblea y los estatutos ante un notario de su elección: Raúl Arturo Amador Casillas y Giorgio Simone Tarrab Poli. Fue Casillas quien así lo hizo el 8 de junio de 2019 en la notaría 11 de Hermosillo.
Pero los estatutos que Casillas llevó a la notaría contienen 32 modificaciones a varios de los 106 artículos. Los ajustes más importantes se hicieron en dos transitorios que se añadieron al final del documento:
El primero de ellos dice: “Por esta única ocasión el presidente de la federación continuará ejerciendo su cargo al concluir el próximo ciclo olímpico, de tal manera que su nombramiento continuará teniendo vigencia y se entenderá prorrogado hasta concluir el ciclo olímpico de 2024”.
El segundo transitorio establece: “También por esta única ocasión el presidente quedará facultado para designar al titular de la secretaría general y demás miembros del consejo directivo que no sean designados en la asamblea general extraordinaria del 23 de marzo de 2019, concediéndosele un plazo de un año contado a partir de que sean aprobados los presentes estatutos sociales para que lleve a cabo esas designaciones o nombramientos”.
Este es el meollo del conflicto que llevó a la Fiba a suspender a la Ademeba. Mientras Lagarda insiste en que esos transitorios fueron avalados por quienes asistieron a la asamblea, la federación internacional le replica que ninguno de sus enviados (Sáez y el presidente de Fiba Américas, Carlos Alves) le informó sobre esos cambios.
Los dirigentes de las 20 asociaciones que no son afines a Lagarda temen que, aun si el TAS le da la razón a ella, la Fiba encuentre argumentos para imponer una sanción de entre cuatro y seis años a la Ademeba, lo cual impediría que las selecciones nacionales varoniles y femeniles participen en cualquier competencia avalada por el organismo mundial.
¿Ya vieron Mindhunter de David Fincher? ¿O American Crime Story, sobre el juicio de OJ Simpson y el asesino de Gianni Versace? Bueno, imaginemos que la versión latina de estas épicas series fuera hecha por los creadores de La casa de las flores o Cindy la regia y que estos produjeran algo similar para una historia que sucede en México. La desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah es uno de los casos más mediáticos que además de requerir gran tacto y seriedad para ser abordada, se antojaba para ser gran material de una serie. Pero prefirieron hacer una telenovela. Y no es broma, en verdad se las encargaron a los realizadores de Cindy la regia y La casa de las flores, comandados desde Colombia por la casa productora Dynamo. Sí, desde Colombia, como ya es costumbre de diversas producciones de Fox, Netflix y Amazon, la elaboración de los productos latinos se manda para allá.
Cabe aclarar que, en el mundillo de la producción y por una cuestión de ego, a lo que antes se le llamaba “telenovela” (una historia por entregas), los realizadores contemporáneos prefieren denominarle “serie”. Los imagino en las reuniones de preproducción y levantamiento del proyecto argumentando el uso de la “técnica de cine” (es decir, que rehúsan emplear varias cámaras para trabajar con una sola).
Para hacer un “homenaje” a los viejos vicios de productos tipo telenovelas de Televisa y TV Azteca, los realizateurs de La búsqueda se preocupan de que sus personajes se vayan a dormir y despierten perfectamente maquillados y peinaditos, como dicta el canon de las telenovelas (nos recuerda al personaje de Jeff Daniels en La rosa púrpura del Cairo). Por supuesto, eso debe ser más importante que revisar guiones, casting y dirección. Ah, y las pelucas. Ahorita les cuento de las pelucas.
Hay que señalar que La búsqueda tiene una extraña mezcla de talento histriónico. Con participaciones secundarias, aparecen actores buenísimos y conocidos en el medio, como Silverio Palacios. Otros sorprenden con personajes discretos (Olinka Velázquez como la nana Érika, quien destaca en sus breves intervenciones por su calidad actoral). También se logra un excelente protagónico de Verónica Bravo (quien es un clon de Lizette Farah, madre de Paulette). Pero, al final, este reparto fracasa por los desatinos en la dirección de actores y las terribles líneas de diálogo. Ni el director y creador, Santiago Limón, ni los productores, tuvieron la capacidad de percibir estas inconsistencias desde el casting y las sesiones de lectura de guion.
Personajes caricaturescos
Y es que la reducción de algunos personajes a un plano caricaturesco le pasa factura al resultado final. Las parejitas de policías y funcionarios son las que más afectan el desarrollo “serio” de la trama. El procurador mexiquense Alberto Bazbaz está tan reducido a ese nivel de “ineptitud” chistosita, que la caída trágica final del personaje carece del peso que debería tener.
Es tal el abaratamiento de la visión del director para dar el tono adecuado a la serie, que en los créditos la dupla de judiciales aparece como “policía bueno” y “policía malo”. Y así los pintó el realizateur, de un brochazo, y los llenó de los lugares comunes del policía de telenovela. Aclaremos que, al parecer, los actores que la hacen de agentes contaban con buena tela, pero la obtusa realización los convirtió en una dupla de comediantes chafas. Y así nos podemos seguir con otros actores tremendamente malos, como los que personifican a Mauricio Gebara o a Karla, prima de Lizette.
Echemos más leña de telenovela. La persona que musicalizó la serie (perdón, telenovela) se esforzó por saturarla. Tanto de música original, diseño de audio o sonoro, como de rolas por las que se pagaron derechos. Hay demasiada música y en muchos casos su uso es desafortunado o forzado para el tono de la trama. Habría que recordarles que menos es más. Pero así es como se musicalizan productos del tipo La casa de las flores.
Seguro en las reuniones de preproducción que comentábamos, el director defendió su arte al grito de “¡quiero llevar una sola cámara!”, “¡hacerlo con ‘técnica de cine’!”. Y sin duda hay un esfuerzo por buscar planos interesantes, iluminación atenta y adecuada, y una excelente fotografía de la talentosa DP Dariela Ludlow… pero a la serie sobre el caso Paulette no le alcanza el talento de un miembro del equipo para llegar salva al otro lado.
Por otro lado, los diálogos no ayudan en nada a la labor de los actores. Algunos los sortean con su talento. Es el caso de Guillermo Villegas, actor del video viral “Harina” (¿qué me ve, Ramírez, qué me ve?), quien hace un gran papel y hasta se sobrepone a frases cliché del tipo “la amistad es una plantita y hay que regarla”. Pero a otros les da en la madre la falta de naturalidad, fluidez y creatividad de los guionistas. Al procurador Bazbaz le cuesta con calzador hacer funcionar el “entre lobos hay que aullar como lobos”. Pero ni modo, estaba en el guión y eso quiere el director, un texto plagado de frases clichosas de relleno, como un intento de hacerlo “coloquial” y “mexicano”.
Resulta curioso que los actores que mejor se desempeñan en La búsqueda son los que vienen del género de comedia. Parece que ellos sí entendieron la seriedad del tema. Ya mencionamos al actor del viral “Harina”, quien destaca en cada intervención. Y en “Harina” también aparece como Ramírez la misma actriz que encarna muy bien a Lizette Farah. Con nombres como Silverio Palacios, Anabel Ferreira como la mamá de Amanda, los intérpretes con vena cómica resultaron las mejores cartas para salir al quite.
Un ajuste de cuentas
En los círculos de guionistas de series y documentales se comenta con insistencia que Lizette Farah asesoró paso a paso la producción del “telenovelón”, por eso vemos que los malos del cuento son el procurador Alberto Bazbaz, quien la habría tratado mal, y el propio papá de Paulette, quien según el relato de Netflix sabía dónde estaba escondido el cadáver de su hija. Todo parece indicar que la serie sirvió como un ajuste de cuentas.
Tan desatinada es la investigación (o fue influida por dichos intereses), que la ahora senadora chapulín Lilly Téllez (Carolina Tello en la serie, interpretada con solvencia por Regina Blandón… hasta donde se lo permitió el director), aparece como la adalid de los derechos humanos. Mártir del periodismo “de investigación”, Tello es la ambiciosa reportera que lucha por hacerse un espacio en los medios “serios”.
¿Y cómo evitar tirar carrilla a un producto que lleva el aroma de telenovela? ¿Cómo no mofarse si en una producción con harto presupuesto nadie puede notar que las pelucas de los actores reducen a un nivel pueril su participación? Uno se distrae con la peluquita mal hecha de Mancera, de Pati Chapoy, de Adela Micha. ¿En serio? ¿Nadie en el set le dijo al artista Santiago Limón que se veían horribles? El pelo postizo echa por tierra las buenas interpretaciones, como la imitación de Adela Micha.
¿No les dieron risa las miraditas enamoradas entre Bazbaz y su achichincle Bonilla cuando se despiden? Pero el momento más chafa de la serie (por culpa del guion) para mí es, sin duda, cuando el procurador Bazbaz tiene su epifanía de llamar al FBI mientras mira la película El silencio de los inocentes y a la Jodie Foster como Clarice (¿o era Michael J. Fox?). ¿Qué esperar de un producto que se fusiló el nombre de American Crime Story y se apañó Historia de un crimen? Por cierto, La búsqueda es en realidad una segunda temporada. La primera se llamó Colosio. Sí, también producida desde Colombia.
La distancia, el tacto, el tono dramático y la seriedad del caso (el fallecimiento de una niña), son materia pendiente del currículum de estos realizadores, creadores y productores. Desde nuestras casas, todos opinamos sobre lo que vemos en las noticias. A veces olvidamos que se trata de personas reales, porque se ven allá, del otro lado de las pantallas, de las letras, de los medios. Pero detrás hay gente sufriendo, cuyas vidas fueron afectadas. El único momento de sensibilidad destacable ocurre cuando en el resumen de los finales de los protagonistas se muestra que las nanas son las únicas a quienes les importó Paulette. Un cierre muy duro. Pero aun así, nada mejor que darle en la madre al final de la serie con un trío al estilo de Los Panchos, cuando las caídas dramáticas de Lizette y Amanda son acompañadas con la canción Puro Teatro… Esperen, no son Los Panchos. Ni son mexicanos. Son Los Condes y son boricuas. Excelente idea mandar todos los productos audiovisuales latinos a hacerse desde Colombia. ¡Ah! Y no se pierdan Cindy la regia, del mismo realizador. Para seguir su filmografía.
*Ficha técnica: ¿Serie? Telenovela producida por Dynamo Colombia y creada por Santiago Limón.
Los profesores tratan de mirar lo positivo a los cambios en el modelo educativo, mientras lidian con los retos tecnológicos, el estrés, la ansiedad y el miedo a perder su empleo. En medio de todo esto, lideran la resistencia de la educación en México
EMEEQUIS/Alejandra Crail
Rocío Guzmán es una maestra de 58 años que ha dedicado toda su vida profesional a dar clases. Trabaja en maternal y preescolar, es especialista en enseñar a niños de entre 2 y 5 años a desarrollarse a través del dibujo, el juego y las manualidades.
A su lado, decenas de niñas y niños han hecho sus primeras letras, aprendido a mantener el equilibro y a formular sus primeras oraciones. Los años de trabajo le han dado un dominio perfecto del aula. Ahí, dice, se siente segura, porque es capaz de mantener con facilidad la atención de los más pequeños de la pirámide del sistema educativo mexicano.
Pero todo cambió con la llegada de la Covid-19. El 17 de marzo, sin más, ella y los más de un millón 720 mil docentes que en el primer trimestre de 2020 trabajaban en escuelas públicas y privadas del país, no volvieron a las aulas.
En la escuela privada de la Alcaldía Álvaro Obregón donde trabaja, les dijeron que temporalmente las clases serían a distancia, virtuales y breves, que resolvieran con lo que tuvieran a la mano. Estaban cerca las vacaciones de Semana Santa y, pensaron, la Covid era algo como la influenza AH1N1, un virus que en 2009 surgió en México, que asustó bastante, pero que se controló pronto.
“Pero esto fue un caos. Los papás nos preguntaban qué iba a pasar con la escuela y nosotros no sabíamos nada, tampoco la directiva, estábamos a la espera de lo que dictara la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, recuerda. Todos, entonces, empezaron a vivir su cuarentena, un paso a la vez.
Detectar las carencias
Ella, como maestra, detectó sus carencias: apenas una tableta electrónica, poco conocimiento sobre computadoras y… no tenía Internet en casa.
Rocío vive sola y paga renta, es madre de dos hijos, pero ellos, ya adultos, tienen su propia vida. Nunca contrató Internet porque pasaba muy poco tiempo en casa, siempre estaba en la escuela trabajando o dando clases particulares al término del horario escolar. Tampoco tiene una computadora, porque nunca la ha necesitado.
Se puso en alerta: era la entrada a un mundo desconocido. Por la urgencia, contrató un servicio de Internet inalámbrico en una compañía telefónica. No había tiempo ni de que le instalaran una línea, así que gastó mil pesos por un aparato que emite una señal Wifi. Le pone saldo constantemente para contactarse con sus alumnos.
Ante la falta de laptop, usó su Ipad. Bajó la aplicación Zoom y comenzó a familiarizarse con la virtualidad. “Me di cuenta que estoy muy capacitada para clases presenciales, pero tengo poca experiencia con la tecnología”.
Así descubrió otros miedos. El miedo a quedarse sin Internet, a “picarle” al lugar incorrecto y salir de la videollamada sin querer, a que se fuera la luz…
En suma, se encontró con la dificultad de educar a los más jóvenes de la cadena educativa de forma virtual: niños que toman clase acostados en la cama, otros que de la nada echan a correr por toda la casa, papás que ponen a los primos de su hijo también frente a la pantalla para que “los entretenga la Miss”.
Capacitarte o perder tu empleo
Cuando terminó el ciclo escolar y era claro que no iban a volver a un aula, Rocío tuvo el clásico pensamiento de “renovarse o morir”. A brincos, bailando a través de la pantalla y cantando canciones, esta profesora ha tratado de mantener la atención de sus alumnos el mayor tiempo posible.
Eran clases de 30 minutos al día en el ciclo escolar pasado y ya era difícil sostener la atención de sus interlocutores, así que este ciclo será un reto: los papás pidieron más tiempo, porque sienten que no desquitan la colegiatura; ahora serán entre tres o cuatro horas diarias frente a la pantalla.
Lo que hizo fue contratar a un profesor de informática, un “joven Millennial”, le llama, para que la capacite personalmente en el uso de la computadora, perderle el miedo y aprender a usar aplicaciones y programas con los que pueda conectar con sus alumnos.
Esto, por supuesto, le ha implicado una inversión: 5 mil pesos mensuales de capacitación de aquí a que termine de dominar la tecnología que necesita.
Si se lo restamos a su sueldo libre de impuestos de poco menos de 16 mil pesos, con el gasto por la contratación de internet y la capacitación, su salario está quedando en 8 mil pesos mensuales; lo que ahora, sin sus actividades extra, la han dejado en la raya con los pagos de renta, servicios y alimentación.
¿Y la escuela les ha dado apoyo en capacitación? dice que ni siquiera ha tocado el tema. “Ni me atrevo a preguntarle a la escuela si me va a apoyar porque, primero, sigo conservando mi trabajo, segundo, sigo conservando mi sueldo. Si yo llego y le digo a la escuela todas las carencias que tengo, me pongo en riesgo. Entonces me fui al otro extremo: pagar para trabajar”.
Esta capacitación tiene otra motivación: prepararse para el futuro porque, dice, “la educación como la conocíamos ya no existe, este esquema híbrido se va a quedar para siempre”.
Como ella, Adriana López, profesora de una primaria pública en la Alcaldía Coyoacán, que responde a esta entrevista tras todo un día de videoconferencias con la directiva del colegio y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Ella ha tomado al menos seis cursos, la mayoría pagados de su propio bolsillo, para mejorar sus habilidades de enseñanza y para aprender a usar Classroom, la herramienta que asignó la SEP para que los docentes den las clases.
Y es que la capacitación para docentes de escuelas públicas por parte de la Secretaría de Educación Pública, llegó tarde, de último momento, ya con el pie en el ciclo escolar 2020-2021.
“Nosotros tuvimos que aprender a usar las herramientas tecnológicas solos. Por grupos de Whatsapp nos orientábamos, nos dábamos consejos y nos compartíamos cursos. La SEP se ocupó de todo a último momento, mientras nosotros ya estábamos trabajando”.
A diferencia de ellas, Fernando Tapia, profesor de idiomas de una preparatoria privada en la alcaldía Miguel Hidalgo, tuvo suerte. En el periodo vacacional, la escuela para la que trabaja se dedicó a capacitarlos en enseñanza virtual.
Aumenta la ansiedad de docentes
Los tres profesores entrevistados por esta revista digital, con sus variantes, comparten algo: estrés y ansiedad por el cambio repentino.
Rocío reconoce la ansiedad que le causa entrar al mundo virtual, por desconocerlo; Adriana detectó un incremento abismal en la carga de trabajo, la cual no está ni relacionada directamente con los alumnos, sino por nuevos procesos burocráticos. Fernando ha aprendido que hay cosas que no puede controlar, como aquel 23 de junio cuando ocurrió un sismo mientras aplicaba un examen final virtualmente.
“A algunos se les fue la luz, las conexiones se hicieron lentas… pero es con lo que tenemos que aprender a lidiar. Así nos haremos resilientes”, cuenta el profesor de idiomas.
Todos sin embargo, se saben afortunados en un momento de incertidumbre y eso pone también una carga extra en sus hombros porque, a diferencia de otros profesores, mantienen un empleo y un salario completo, en un país donde la Asociación Nacional de Escuelas Particulares estima que al menos 200 mil docentes, sólo de escuelas particulares, perderán su empleo a raíz de la pandemia.
Tecnoestrés y su incremento ante la Covid
El cambio en el sistema de enseñanza ha incrementado un problema poco explorado en México, el tecnoestrés, es decir, la afectación que tiene en la mente y el cuerpo el uso de la tecnología.
Lo cual, a decir del profesor Eduardo Portas, investigador del tema, surge también cuando se tiene poco tiempo para resolver algún problema, con también pocos o nulos conocimientos tecnológicos.
“En México aún no se debaten las consecuencias negativas del uso excesivo de la tecnología, pero con la pandemia y la entrada en vigor de la Norma Oficial 035 sobre los riesgos psicosociales de los trabajadores quizá podamos abrir el debate”, dice el también docente, quien está estudiando las afectaciones que el uso de la tecnología está dejando en los trabajadores en el país, algo ampliamente explorado en Europa.
En España, por ejemplo, a través de una encuesta realizada a los docentes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios pudo determinar que el 93% tiene un fuerte desgaste emocional producto del estrés y la ansiedad que ha traído el teletrabajo y el confinamiento.
Y es que, con esta modalidad, hay cosas que los profesores no pueden controlar, a diferencia de cuando están en un aula y tienen el respaldo directo de sus colegios. No se puede, enumera el especialista, controlar la rapidez de la conexión, el grado de atención que tienen los alumnos con la clase ni lo que hacen en casa y, por último, algo tan simple como la electricidad. Son factores que determinan el éxito o el fracaso de una clase.
Recientemente, se viralizó el video de un profesor, que durante una clase virtual tuvo problemas técnicos. “Se veía apenado y triste”, describió la alumna que subió el video a redes.
El profesor les pide comentarios finales y una de sus pupilas le anima a no preocuparse y no agobiarse, le recuerda que ellos también le pueden apoyar. El profesor se toca la cara y arruga el rostro, como deteniendo el llanto. El resto de la clase comienza a decirle que les gustó lo aprendido, que fue interesante y bonito. “¡Ya estaba a punto del llanto”, les contesta.
Los profesores como él y Rocío están lidiando también con esta transición a la tecnología y hay muchos a los que les cuesta trabajo, porque su mente no funciona así, funciona mejor dentro de un aula, sin embargo, siguen trabajando y reforzando sus habilidades. “Nunca es tarde para aprender cosas nuevas, en eso me mantengo”, dice Rocío.
Para el profesor Fernando, sin embargo, esto es también una oportunidad de construir alumnos fuertes y responsables que no requieran a alguien que vigile su trabajo y, para los docentes, una invitación a la renovación y al emprendimiento, por eso, les recuerda: “Nos hemos preparado, tenemos conocimientos, hay que sacarles provecho, que esta pandemia no nos haga olvidar el valor y el papel que tenemos”.
La transparencia y el acceso a la información en materia judicial son temas que todavía tienen un desarrollo incipiente en México. Si bien hay avances, es necesario reconocer que todavía existe un largo trecho por recorrer.
José Antonio Caballero
Estimados Amigos Invisibles, el pasado 13 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público la información correspondiente a las sentencias.
Mire, antes de esta reforma, si Usted deseaba conocer una sentencia, era sumamente complicado, ya que no se publicaban, salvo que dicha sentencia fuera de interés público. ¿Y qué cree? Pues casi ninguna era de interés público.
De acuerdo con José Becerra Bautista, “para que una sentencia tenga fuerza vinculativa debe ser notificada a las partes que intervienen en el proceso. Como las notificaciones varían en su forma y contenido según las distintas normas procesales que las regulan, la publicación de la sentencia se tiene por realizada mediante la notificación correspondiente. La notificación puede ser personal, por edictos, por estrados y por listas que se publican en periódicos especiales o que se colocan en los tribunales. Los edictos pueden contener todo el texto de la sentencia o sólo los puntos resolutivos”.
Esta reforma que lo que busca es que, aprovechando las tecnologías de la información, estos sujetos obligados apliquen el principio de máxima publicidad para que publiquen en sus portales electrónicos institucionales las sentencias, por lo tanto, la fracción II del artículo 73 de la LGTAIP quedó de la siguiente manera: “Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas”. Vaya trabajo tendrán en los siguientes 6 meses los Poderes Judiciales tanto en la Federación como en los Estados, ya que tendrán que “echarse un clavado” en y comenzar a dominar los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en otras palabras, van a tener que testar todos los datos personales básicos y sensibles si es que existiesen en una sentencia, con ello, generar la versión pública de la sentencia.
Ahora bien, el trabajo impostergable y que se deberá reflejar en el próximo periodo de trabajo legislativo local que comienza en septiembre, es reformar y homologar la fracción I del artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para que el Poder Judicial del Estado comience a generar las versiones públicas de las sentencias, para que comience con su publicación.
Recuerde que le he comentado desde siempre que la Transparencia por sí sola, es una cualidad que permite al ciudadano contar con más información clara y precisa sobre algo o alguien, con ello permite elevar su capacidad de comprensión, vigilancia y comunicación. La transparencia no es otra cosa que la práctica que colocar la información de cada uno de los niveles de gobierno y poderes del Estado en la “vitrina pública, es decir, que cuenten con un portal de transparencia entendible para que los ciudadanos interesados puedan consultar, revisar y analizar dicha información, y en su caso, utilizar dicha información como mecanismo de sanción en caso de que existan anomalías”.
No se emocione tan rápido, pensaba que el decreto comenzaba su vigor al día siguiente de su publicación, pues no, algún chiste debería tener esta reforma, este Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el DOF. Espere, aún no termina – para eso existen los transitorios en las Leyes- los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, contarán con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, es decir, el plazo vence el 13 de febrero de 2021 para que puedan publicitar dichas sentencias.
Además, el Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas tendrán también un plazo de 6 meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto, si existe voluntad política no se llevarían los 6 meses.
Ahora bien, aunque esta reforma alcance al inciso a) de la fracción IV del artículo 59 de la LTAIPEAM que aplica al Tribunal Electoral del Estado -Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo- pero desde su creación en 2017, esta institución se ha caracterizado por tutelar el principio de máxima publicidad en todas sus sentencias, es decir, al momento de sesionar y emitir alguna sentencia, ese mismo día sube a su página institucional el documento para su consulta inmediata, ese es el fin de la reforma a las Leyes de Transparencia tanto Federal como Local.
Insisto entre más información tengan en la vitrina de la transparencia los sujetos obligados, podrán disminuir las solicitudes de acceso a la información y por ende los recursos de revisión, ya lo verá reflejado el Poder Judicial cuando comience con este trabajo.
Debemos ser más exigentes e inmiscuirnos en los asuntos públicos, ante todo, en la divulgación de las versiones públicas de las sentencias del Poder Judicial.
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.
“Ante una catástrofe se intenta recuperar el orden establecido anteriormente a la misma y para ello es importante elaborar un adecuado Plan de actuación, basado principalmente en la prevención y la educación, estableciendo unas nuevas directrices y formas de actuación eficaces para cada situación” (“Catástrofes, situaciones de riesgo y factores psicosociales”. Páez, Darío, Arroyo, Elena y Fernández Itziar, Fundación MAPFRE, 1994, resumen)
A principios del año, nos sorprendió a los mexicanos una pandemia que en ese entonces sólo se insinuaba un tanto agresiva ante aquellas personas que identificaba vulnerables por sus enfermedades crónicas. En esos tiempos, discutíamos los malos resultados en el desempeño de la economía nacional por la ausencia de una atinada política pública de crecimiento y desarrollo; de los pobres resultados de la estrategia de combate a la inseguridad pública, y el incremento sostenido de las muertes violentas en el país; el creciente desabasto de medicamentos y el desmantelamiento del sistema de salud pública nacional; y la constante discusión en las mañaneras: que sí los conservadores, que sí el cambio verdadero; y así gastábamos nuestra atención y ánimo en esos principios del 2020, no teníamos una idea en qué se convertiría al paso de los meses.
En marzo, el gobierno del presidente López resistía un embate de una marcha nacional de las mujeres ante la indolencia de las autoridades por el incremento de los feminicidios, ya con los estragos de la pandemia encima, también se registraba la primera muerte por el coronavirus, y desde entonces no se ha detenido la escalada de decesos por la epidemia. Para entonces ya traíamos en ciernes la primera catástrofe nacional, la economía, la ideologizada posición e indolencia del gobierno ante las ya manifiestas amenazas del bajo rendimiento de los motores económicos. López Obrador y su gabinete, mirando desde sus atalayas transformadoras, como se desaceleraban el empleo, la inversión extranjera directa, el consumo interno, las exportaciones. El “pleito” del presidente contra el PIB por su origen “neoliberal”.
Mientras la pandemia crecía y se expandía por el país. Un poco, para mostrar empatía con los mexicanos, el presidente López Obrador, estableció una coordinación sanitaria en manos de la Secretaría de Salud a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud. Hacia principios de junio pasado, la contingencia sanitaria mereció, de las autoridades, la consideración de que si la tendencia se sostenía, era posible que México tuviera entre 6 mil u ocho mil muertes por el Covid-19, y, en el escenario más catastrófico, hasta 60 mil decesos. En esas fechas, la situación del riesgo sanitario contra la seguridad nacional, ya estaba con todos los focos rojos encendidos: capacidad hospitalaria de camas, personal médico especializado, unidades de terapia intensiva disponibles, equipos de protección para el personal sanitario y médico. Ante la configuración del riesgo que crecía en el horizonte nacional, las autoridades, sobradas, afirmaban que tenían ya un plan de contingencia, todo considerado: México estaba preparado.
Primero, desde los gobiernos estatales, se detuvieron las actividades escolares presenciales. Eso detuvo la movilidad de algunos millones de personas, principalmente niños y jóvenes. La Federación, les siguió los pasos. Después, la actividad económica debió ser detenida. Todas aquellas actividades no esenciales, debían detenerse. Millones de personas dejaron de percibir ingresos. Ni la economía formal ni la informal estaban preparadas para el parón. A todo esto, el “plan” del gobierno para paliar la situación, brilló por su ausencia, acaso, sobre las rodillas impulsó pequeños esfuerzos, sin coordinación con los Estados, ni con los sectores económicos. Prácticamente los abandonó a su suerte. La segunda catástrofe se configuró por la interacción de los efectos de la pandemia en la ya deprimida economía y la clara evidencia de una clara incapacidad del Gobierno Federal para tomar las riendas de la situación y dirigir y concertar las acciones nacionales. México tiene quizá mucho presidente, pero poco Estado, parafraseando a María Amparo Casar.
La inseguridad pública constituye la tercera catástrofe del país. Con más de 57 mil muertes, representa el secuestro de la paz social de muchas regiones de la República. Hay una clara lucha por el control territorial en lugares específicos, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, y recientemente, la Ciudad de México. La causa, la ambigua estrategia federal para combatirla (sin combatirla). Otra vez la ausencia de una política de Estado que afronte el reto de manera clara. La Guardia Nacional desde su origen, se desdibujó en el escenario en el que le toca actuar. La contienen y la exponen, es un arma descargada, inútil. Mientras las muertes y los hechos violentos se enseñorean en una descarada impunidad tolerada.
El sábado 22 de agosto pasado, México alcanzó el escenario más catastrófico esperado por el gobierno federal en materia de muertes por el coronavirus, 60,254 mexicanos fallecieron por los efectos de la pandemia. El famoso subsecretario López Gatell, incólume en su papel, no se inmuta ante sus lamentables resultados. La Universidad de Washington asegura que, al paso que llevamos y a la estrategia sostenida por el gobierno, para el 1 de diciembre próximos, estaremos contando 130 mil decesos por la epidemia. Al paso que vamos, los mexicanos debemos hacernos fuertes solos, el gobierno va al día, actualizando sus laminillas que presenta cada día en punto de las 7 pm, donde las conferencias se han vuelto rutinarias y frías. Para paliar las estadísticas, las autoridades sólo alcanzan a ordenar el incremento de camas, para que los colores de su semáforo no se uniformen de rojo.
La quinta catástrofe, la compone la caída de la calidad moral que presumía el presidente López en su lucha contra la corrupción en México. El “juicio” mediático que representa el caso Losoya contra una parte importante de la clase política nacional, se enredó con los videoescándalos de la entrega de dinero a personajes tan controversiales como el propio hermano del presidente, Pío López Obrador. El primero es corrupción y, el otro, contribución. Pero en ambos casos, México sale agraviado.
La queja de Todos son iguales con que se descalifica a la clase política esconde entre sus componentes un salvoconducto que disculpa la falta de interés de las personas por ejercer su ciudadanía, la justificación para participar activamente en la toma de decisiones y diseño de las políticas públicas. La queja se relaciona con el hartazgo que produce la inercia de la impunidad que no resuelve los actos de corrupción, en el México de no pasa nada, las historias de pillerías y crímenes se repiten de forma constante y pareciera que no hay solución.
La descalificación de la clase política sirvió en su momento para, en un sistema de partidos, ayudar a ganar la confianza de la sociedad para figuras públicas con deseo de participar en las elecciones que antes que cualquier otra cosa, intentaban marcar su distancia con quienes habían llegado al poder para servirse de él. La aparición de los independientes fue el momento estelar de este discurso y, casi de inmediato, demostró que es una frase hueca, porque no es que todos los políticos sean iguales, porque no encuentro mejor deseo que todo aquel que desempeñe un cargo público haga política para resolver los problemas que nos abruman y detienen el arribo a un estado mejor para todos.
Entonces no es que todos sean iguales, es que los corruptos y criminales, tabula rasa, ellos sí cometen sus atrocidades por motivos distintos, en contextos diferentes, de grados variables, pero con un factor que los unifica, la violación de los derechos de los otros, un egoísmo que va desde el impulso insaciable de la avaricia hasta el ejercicio brutal de la violencia.
Cada vez con más frecuencia escucho que hay quienes ya no buscan informarse en los medios por que los abruma el exceso de información sobre los mismos casos, la repetición de esos excesos, y la impunidad, los satura porque todo parece repetirse; no es como ocurre con la infodemia, donde el exceso de fuentes y distintas propuestas, terminan por desorientar a quien busca enterarse; quienes a propósito ya no buscan informarse porque les afecta el estado de ánimo, están renunciando a formar parte del colectivo, con el pretexto de que se haga lo que se haga, todo va a seguir igual.
Culpar al malestar que provoca la saturación nos separa del análisis de la vida pública y la posibilidad de actuar, de la misma manera que el creer que todos los políticos son iguales nos disculpa de nuestra obligación de la rendición de cuentas.
Mientras sostengamos que se haga lo que se haga, desde quejarse hasta denunciar, nada en el país va a cambiar, estaremos condenados a ver cómo aumenta la impunidad, pues el estado anímico individual no debería ser la excusa para la renuncia a nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos.
Pienso en esto mientras veo el esfuerzo de los gobiernos de todos los niveles por informar sobre el regreso a clases pero no a las aulas y los millones de niños que se deberán sentar frente al televisor, creo que el ejercicio de difusión se puede mejorar, que antes que pensar en no inscribir a los niños a la escuela y dar por perdido este año escolar se pueden hacer muchas cosas, pero requiere de la participación sobre la marcha para resolver un conflicto para el que nadie estaba preparado y, justo por eso, se tiene que resolver buscando las formas en que quedemos menos afectados; el análisis que se pueda hacer del trabajo de los gobiernos por informar sobre el regreso a clases es inútil cuando miles de padres no se interesan en la propuesta y lo dicen en voz alta, contagiando con su saturación a otros, pero ni siquiera se han tomado la molestia de estar informados sobre las opciones que se ofrecen.
Descalificar con el todos son iguales sólo nos lleva a la ceguera de creer que hay un destino escrito e inamovible al que estamos condenados y en el cual no tenemos ninguna responsabilidad.
Coda. En su explicación a los actos ilegales en que está involucrado su hermano y un funcionario de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador se apuró a señalar que no, no eran iguales a los de antes. En su video dominical se tomó un largo tiempo para elucubrar sobre las inmensas cantidades de dinero con que se sobornó a funcionarios de sexenios pasados, para enseguida intentar compararse con Francisco I. Madero y señalar que el acto ilegal de Pío López Obrador y David León Romero no es corrupción, sino cooperación. El presidente acusó a sus adversarios de intentar detenerlo, a él, exhibiendo a su hermano, tras señalar que las cantidades no se parecen en nada a las de la denuncia de Emilio Lozoya, acepta que “de todas maneras es dinero”, es decir, admite que es un acto ilegal. “Con estos acontecimientos comprendo que los que deseábamos un cambio, nada debíamos esperar de arriba”, escribió Francisco I Madero en La sucesión presidencial en 1910. No, no todos los políticos son iguales, los corruptos sí.
En la mañana de antier sábado, falleció por Covid-19 el doctor Roberto Milanés. Posiblemente su nombre no le diga nada a Usted porque el médico vivía y trabajaba en Tijuana. Solo que formaba parte de un grupo de amigos que egresamos juntos de la Facultad Nacional de Medicina de la UNAM, hace muchos años. Hicimos un club que ahora con la pandemia nos reuníamos a comentar anécdotas y compartir una copita de vino mediante la magia del Zoom. Nuestro amigo ya tenía derecho a la jubilación, pero siguió trabajando y atendiendo enfermos de coronavirus porque sentía que esa era su vocación, compromiso y obligación. Sus pacientes lo contagiaron y hace dos días entregó su espíritu a un nivel superior de energía. No faltará quien diga que no es el único, que hay muchos casos similares en todo el país. Eso es verdad y por lo mismo es un hecho que impacta en el ánimo de los profesionales de la salud. La incidencia de enfermos y fallecidos entre el gremio de las enfermeras, camilleros, administrativos y médicos es la más elevada en la población de afectados. Tampoco es la primera vez que ocurre porque ya había sucedido con la tifoidea, el AH1N1 y otras enfermedades contagiosas. Y esta es la verdad que duele, lacera la confianza y hace surgir un sentimiento de inconformidad, incomprensión e indignación. ¿Por qué los profesionales de la salud cuya función es salvar vidas, tienen que pagar con la suya? Todos ellos están acostumbrados a manejarse entre enfermos ¿Cómo es que ahora resultan convertidos en enfermos y además en muertos? Esto me hace recordar otros acontecimientos igualmente desafortunados. Hace algunos años en Toluca, un cirujano y un anestesiólogo que iban saliendo de un hospital particular fueron interceptados por unos hombres quienes les pidieron ver a un enfermo en consulta domiciliaria. Aceptaron hacerlo porque ello corresponde a la vocación médica, aún cuando era de noche y estaban cansados. Un amigo médico se ofreció a acompañarlos. Pocos kilómetros después de haber pasado los límites de la ciudad , los tres fueron asesinados. Los criminales que se fingieron familiares de un paciente estaban molestos porque semanas antes, un pariente suyo había fallecido en ese hospital y había sido atendido por los galenos. Los asesinos juzgaron que ellos eran culpables y se cobraron con sus vidas. Nunca fueron identificados. Como tampoco fueron capturados los sicarios que asesinaron a los médicos que operaron al “Señor de los Cielos” y que para su mala suerte falleció en el post operatorio, algo que nadie puede prevenir ni evitar. Tampoco son los únicos casos, pero el cuestionamiento es el mismo ¿Por qué aquellos que salvan vidas, tienen que perder la suya? La respuesta todos la sabemos, porque no existe un sistema de salud ni de justicia suficientes para darles la protección y el apoyo que merecen. Desde el inicio de la pandemia, todos los hospitales del país manifestaron las carencias que se padecían y que auguraban un resultado fatal, como el que efectivamente sucedió. Las familias de los médicos asesinados no han encontrado justicia ni la reparación de los daños. La sociedad y los gobiernos quedan a deber mucho a los profesionales de la salud.
Los debates actuales sobre el desarrollo urbano tienen como base la sustentabilidad, la cual se gesta como una forma de entender, crear y consolidar las ciudades, con un objetivo que pareciera otorgarnos las soluciones pertinentes para evitar la expansión de las ciudades y como contraparte de la ciudad capitalista. Así, desde la Nueva Agenda Urbana propuesta por ONU Hábitat, se ha discutido que las formas en cómo hemos ocupado el territorio y consolidado las ciudades han creado una serie de externalidades negativas que conllevan una presión por la ocupación del suelo casi siempre destinado a usos agrícolas, mermando, por tanto, la calidad de vida de los habitantes y alejando a las personas de los servicios y comercio existentes en áreas consolidadas.
Este artículo pretende, como la mayoría de las reflexiones que suelo compartir por este medio, incitar a una discusión acerca de la sustentabilidad como el nuevo paradigma bajo el cual se pretende replantear las formas de producción del espacio citadino, convirtiendo a las ciudades actuales en espacios resilientes, equitativos, incluyentes y en equilibrio con el medio ambiente.
Recordando algunos párrafos de mi artículo “La ciudad densificada, paradoja que atenta contra la distribución social del espacio” (Núñez Villalobos, 2019) donde planteaba que el paradigma de la sustentabilidad se construyó a partir de la discusión y creación del informe Brundtland en 1987, informe que menciona la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, el medio ambiente y los procesos sociales; argumenté que la densificación o la concentración de población como modelo del desarrollo urbano que parte de los postulados de la sustentabilidad no es un proceso inherente a este modelo de ciudad; que la densidad de población y el hacinamiento pueden confundir los procesos de ocupación del territorio sin abatir del todo las desigualdades socioterritoriales, mediante las cuales se gestaron y conformaron las urbes en la forma en que las conocemos.
De igual forma, se puede hablar de sustentabilidad en lo referente al medio ambiente, en el cómo hemos aprendido a interactuar con la naturaleza de acuerdo con el estrato socioeconómico al que pertenecemos. Ejemplo de estas formas de relacionarnos con el medio ambiente pueden ser observadas al interior de las ciudades, sobre todo en el acceso a servicios básicos (agua, electricidad, gas, drenaje) y al manejo de residuos sólidos; así, mientras que para los habitantes que residen en zonas consolidadas y con mayores ingresos, el acceso y disfrute de los servicios básicos es algo cotidiano e inminente, para las personas que habitan en las periferias y que tienen bajos ingresos el disfrute del agua corriente a pie de casa, el drenaje y la electricidad depende de acciones y trabajos personales, es decir, contar con esos servicios es, casi siempre, resultado del esfuerzo propio a través de la construcción de cisternas para guardar el agua que proviene de la compra de pipas, el uso de fosas sépticas y de acercar la electricidad con postes y cableado que las mismas personas de la comunidad proveen.
En ese contexto, la sustentabilidad, su discusión y puesta en marcha como el nuevo paradigma de lo urbano y de la ciudad “a la que deberíamos aspirar”, depende, en gran medida, de abatir las desigualdades estructurales si queremos realmente cumplir con los objetivos que marca la Nueva Agenda Urbana; pero, además, aunado a ello, es necesario transformar la visión que tenemos sobre el medio ambiente, pasar de la visión en la que sólo lo cercano como el parque, los espacios verdes, jardines y arbolado son considerados como la naturaleza, a aquélla en que se considere y observe al medio ambiente como el planeta mismo, con condiciones y características que pueden ser modificadas y transformadas, siempre y cuando no se ponga en riesgo su subsistencia ni la subsistencia de la especie humana.
En ello radica la importancia de esta reflexión y del análisis sobre cómo hemos estado abordando y leyendo los fenómenos urbanos; si nuestra visión sólo se ha centrado en establecer una relación entre individuos y medio ambiente sin que las condiciones y características innatas del territorio influyan en los procesos de urbanización y de producción de bienes materiales, o bien, si se han analizado los múltiples factores que influyen en las decisiones cotidianas acerca de la relación entre los sujetos y la naturaleza.
Como ejemplo de lo anterior podría citarse el acceso y disfrute del agua potable a pie de casa. Para las personas de menos ingreso y, sobre todo, para aquellas que residen en asentamientos informales en las periferias de la ciudad, el acceso a este vital líquido está íntimamente ligado a la construcción de una cisterna y de fosas sépticas, así como a un sistema de reciclaje que permita aprovechar cada gota. El abastecimiento del agua se da mediante la compra de pipas que se descargan en las cisternas, cuyo uso principal se destina al aseo personal y al de la ropa, dando un segundo uso a esta agua para la limpieza y descarga de las heces fecales en las fosas sépticas, así como al riego de las calles polvorientas carentes de pavimento.
Así, mientras que un sector de la población, podríamos decir, tiene prácticas de reciclaje y reúso porque su vida cotidiana y necesidades así lo requieren, hay otro sector de la población al cual se debe concientizar sobre la importancia del reciclaje, del reúso y del cambio en los patrones de consumo. Si bien lo sustentable, el paradigma bajo el cual se pretende establecer un nuevo modelo de ciudad, intenta abatir estas desigualdades teniendo como algunos de sus principales objetivos, la participación ciudadana, la erradicación de las brechas de género y la pobreza, no queda claro bajo qué mecanismos se implementará este modelo de desarrollo urbano cuando nuestras ciudades han estado alejadas de prácticas de ordenamiento y planeación territorial, en las que el medio ambiente y sus características naturales no han sido considerados como los ejes rectores que permitan una verdadera interacción y comunión entre las actividades humanas y la naturaleza, de ahí que el inicio de la implementación de este modelo debe concebirse como un cambio profundo en el cómo observamos y nos apropiamos del medio ambiente.
Relacionarnos de manera diferente con el medio ambiente requiere, por tanto, un cambio en nuestras prácticas de consumo, de lo contrario es necesario cuestionarnos cómo vamos a lograr tener ciudades sostenibles, si nuestras prácticas de consumo son altamente consumidoras y capitalistas; cómo lograremos reducir los niveles de contaminación y el daño al medio ambiente, si nuestro paradigma de desarrollo se centra en el consumo de todos los productos que se generan con recursos naturales; pero además, cuál sería la verdadera utilidad de realizar tratados y documentos encaminados a revertir el daño al medio ambiente si no logramos que en los planes y programas de desarrollo urbano el eje rector que determine las áreas que pueden o no ser urbanizadas proviene del análisis de los componentes del territorio (hidrografía, topografía, geología, clima, etc.)
Es tarea de todos lograr que nuestras ciudades y formas de vida se transformen; no sólo depende de la autoridad y no todo puede ser responsabilidad de las instituciones públicas, en el logro de estos objetivos la participación de los ciudadanos es esencial, se trata de un ejercicio de cómo hacer ciudadanía pero también, de un ejercicio que permitiría la cohesión y el bienestar colectivo y social. La sustentabilidad tiene que ver más con un uso racional de los recursos naturales; de poco o nada sirve bajarnos del automóvil y usar bicicletas como medio de transporte, si no hay cambio en nuestras prácticas de consumo sobre la ropa o los productos electrónicos, por citar algunos ejemplos.
Lo sustentable también tiene que ver con exigir un cambio en las formas de producción de esos bienes que consumimos, desde los materiales que utilizamos para construir una vivienda, de dónde provienen y qué parte del territorio explotamos para extraerlos, hasta los sistemas que utilizamos para recolectar el agua pluvial, cómo colaboramos para limpiar el agua que consumimos para verterla al drenaje menos contaminada y, quizá, en la forma en cómo se genera la electricidad y el gas que empleamos a diario en nuestros hogares.
De nada sirven los esfuerzos globales y los movimientos sociales a gran escala, si nuestras prácticas de consumo locales y nuestra vida diaria permanecen invariadas a lo largo del tiempo; de nada sirve el consumo de lo orgánico, si a escala global persisten las mismas prácticas de producción que han dañado al medio ambiente, incluso vulnerando derechos humanos (Reynoso, 2020; Hernández, 2020; Lamberti, 2018|). Es sabido que en las prácticas de producción radica uno de los principales daños al medio ambiente, esto es, respecto del cómo se produce y transforma la materia prima para crear productos que todos necesitamos. Ejemplo de ello son los fuertes problemas de abastecimiento de agua que tienen la zona del Bajío en la República Mexicana, zona que es promovida por las autoridades como el polo de desarrollo económico (Navarrete, 2019), con la instalación de un sector industrial pujante que requiere de este vital líquido para todos los procesos de transformación de la materia prima.
Sin la transformación de nuestras prácticas cotidianas, sin la observación, reflexión y cambio de nuestras formas de consumo no llegaremos a tener ciudades sustentables, mucho menos ciudades que puedan ser vividas con menor daño al cuerpo por respirar aire contaminado, ingerir alimentos altamente procesados, o bien, por el uso excesivo de medicamentos que intenten contrarrestar el daño ocasionado por nuestras formas industrializadas de producción.
El desarrollo sustentable promovido desde la Nueva Agenda Urbana, si bien puede darnos una oportunidad de buscar nuevas formas de interrelación entre lo económico, lo social y el medio ambiente, también puede ocasionar que se tenga como un documento sin vida, sólo como un tratado más signado por México sin lograr del todo su implementación; un documento que a pesar de promover enfáticamente la movilidad urbana sustentable, alentar la erradicación de la pobreza y la participación ciudadana, en la vida real sólo genere fuertes presiones al suelo en la ciudad consolidada para la construcción de bloques de departamentos con el fin de tener “La ciudad de los 15 minutos” (Llorete, 2020); (Martínez, 2020), un modelo de ciudad que intente nuevamente “tropicalizar” los modelos europeos citadinos pero que siguen recreando y perpetuando las desigualdades socioterritoriales, donde el acceso a lo sano y sustentable quede en manos, como siempre, de las personas con mayores ingresos.
Hernández, M. (19 de Mayo de 2020). Poder: grave, que la SCJN no reconozca impactos negativos de la Ley Minera. Obtenido de La Jornada de Oriente: https://bit.ly/3goGRmo
Lamberti, M. (2018). Los conflictos por la minería en territorios indígenas; hacia una compresión sociológica no sociocéntrica. Carta Económica Regional, 31-55.
Llorete, A. (3 de Agosto de 2020). Coronavirus en Francia: qué es la “ciudad de 15 minutos” que está implementando París y cómo podría ayudar a la recuperación económica tras la pandemia. Obtenido de BBC : https://bbc.in/3hp2ch8
Martínez, G. (3 de Junio de 2020). Carlos Moreno: “La ‘ciudad de los 15 minutos’ posibilita crear una nueva dinámica en los barrios”. Obtenido de Innovaspain. : https://bit.ly/2QgAVS7.
Navarrete, F. (25 de Septiembre de 2019). Bajío, la región industrial más dinámica de México. Obtenido de Centro Urbano: https://bit.ly/2CTz4zB
Núñez Villalobos, M. (06 de junio de 2019). La ciudad densificada, paradoja que atenta contra la distribución social del espacio. Obtenido de La Jornada Aguascalientes: https://bit.ly/2EvsH5I
Reynoso, F. (17 de mayo de 2020). Transición energética sí, pero con enfoque de derechos. Obtenido de Sinembargo: https://bit.ly/3git29e
La temporada de lluvias y video escándalos ha comenzado, tenemos la sospecha que continuará hasta pasaditas de junio del 2021. Veremos a las personas de la política con paraguas y cuidándose de las cámaras.
Lo que también estuvo bien raro esta semana fue el semáforo del Covid, unos decían rojo, otros amarillo y algunos más verde. Parecen las aguas frescas del Chavo del Ocho.
Pero eso sí, poner más camas para bajarle al semáforo, creo solo engaña al gobierno local.
Entre otras cosas les encargamos a las personas lectoras de esta sección que no romanticen los feminicidios, lamentablemente los feminicidios siguen a la alza, los feminicidas no son monstruos ni hombres malos que se transforman, como vimos en el feminicidio de Fernanda en Yucatán una semana antes grabaron un tick tock donde se veían bailando juntos. Como Romeo y Julieta ya no nos parece una historia de amor, dejemos de llamar a los feminicidios “tragedias de amor”.
Y mientras los diferentes gobiernos se ponen de acuerdo en el color del semáforo desde #ElTwittazoLJAMx le recordamos lavarte las manos, usar gel antibacterial, sana distancia –exacto nada de abrazos, besos- no olvides el cubrebocas (si es posible mejor de tela contaminas menos) sino te van a multar o meter a la cárcel.
Les invitamos a que siga leyendo que en #ElTwitazoLJAMx le traemos todo el chisme de twitter.
Ponte cómoda, disfruta.
Puerto Vallarta
La semana pasada concluyó con el tema de Puerto Vallarta y el funcionario público pedófilo. Las redes sociales se movieron y buscaron visibilizar que la justicia no se impartía.
El gobernador terminó dando un mensaje claro diciendo que eran “rumores”.
Esta semana se llevó a cabo la Convención Demócrata en EU y quien se llevó las redes y aplausos fue Michelle Obama, ex primera dama, quien en un mensaje muy fuerte y directo contra el actual presidente dijo que no estaba a la altura. https://twitter.com/DoriToribio/status/1295557281363513344
Seguramente se preguntaron por qué fue tendencia el hashtag #FreeBritney, resulta que había un juicio para revisar la cuestión del tutor legal de la cantante Britney Spears para que su padre Jaime Spears dejará de ser su tutor.
Finalmente, será Jodi Montgomery, seguirá como tutora hasta febrero de 2021
El caso Lozoya y los vídeos dará mucho de qué hablar esta temporada, empezamos con un vídeo donde se ve a un supuesto funcionario de Pemex entregando grandes sumas de dinero en efectivo a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado.
El video fue difundido por una cuenta a nombre del hermano de Lozoya.
Y claro como no podía faltar en la mañanera el reclamó del presidente por la poca difusión del vídeo “Los medios no están cubriendo bien el caso Lozoya …apenas si se encuentra en redes sociales”,y como no se difundió como él esperaba aprovechó el tiempo oficial para difundirlo.
Y mientras nos entretenemos con los vídeos la Cofepris fue tendencia porque según un acuerdo la Cofepris y otras doce oficinas van a quedar a cargo del Subsecretario Gatell.
Obvio se dieron de todo en redes sociales pero destacamos el tweet de la Diputada Martha Tagle quien dijo que la Cofepris es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa.
Les decíamos que es temporada de vídeo escándalos, pues antes de recibir el fin de semana el periodista Carlos Loret dio a conocer un vídeo donde se ve a su hermano Pío López recibiendo dinero de David León. https://twitter.com/latinus_us/status/1296603195020632064
Y el presi AMLO andaba en su gira en Aguascalientes donde respondió:
David León aceptó que recolectaba dinero para Morena en el 2015 y que por mientras se aclara el tema no tomará protesta para hacerse cargo de la distribución de medicinas.
Y nada despistados los community manager de la 4T aprovechando que era el aniversario luctuoso de la madre de la patria Leona Vicario que la Dra. Beatriz y las redes sociales salieron a decir que Leona Vicario también entregó sus riquezas al movimiento independiente pero a ella no la grabaron.
El fin de semana antes de enviar el twittazo nos encontramos con esta tendencia #MorenaNuevoSlogan a partir de las declaraciones del Presidente ante el video de su hermano.
#LadyTacosDeCanasta fue tendencia y no por su grito característico o sus tacos, sino por una medida de la policía en Ciudad de México de quitar al comercio informal como seguridad. Pero el abuso de la policía no es una medida de seguridad. Lady Tacos denunció la agresión, no solo le quitaron su mercancía, la bicicleta, la amenazaron y persiguieron.
Ha sido tanta la presión que anunció que 6 policías de la CDMX fueron remitidos a Asuntos Internos de la dependencia por la presunta agresión contra “Marven”
Antes de que terminara la semana nos enteramos de un feminicidio más –aunque otras personas digan que tienen sus datos-
Fernanda fue asesinada por su novio y después su novio –el feminicida- se suicidó pero medios de comunicación y más de un usuario en redes sociales se han encargado de decir que fue una tragedia por amor.
La Federación dice rojo, en Aguascalientes dicen amarillo pero el gobernador dice que en los reportes de camas sería verde, es como las aguas del Chavo
Como en todo momento de crisis la información y su acceso es muy importante por eso es necesario que NO difundas información FALSA.
Si quieres saber si una noticia es falsa te invito a usar el hashtag #CoronavirusFacts y en un ejercicio de investigación Animal Mx, El sabueso y Pájaro Político se unen para decirnos qué si es falso y que no del coronavirus.
Para garantizar nuestra salud también es importante garantizar conversaciones sin noticias fake.
Te comparto algunas de las noticias fake (falsas) que se dieron esta semana.
–Turé me contó que vas a cometer el mismo error que él –me espetó el doctor Macedo tan pronto entré a la estancia. Acababan de desayunar. Él estaba sentado en una de las cabeceras del comedor, fumando tranquilamente y tomando café. Como solía hacerlo, sus palabras se fueron abriendo paso poco a poco, sin ninguna prisa, entre el espeso humo de tabaco.
Esto debió de haber sucedido uno de esos tantos sábados que, desde temprano y hasta ya bien avanzada la tarde, nos juntábamos a jugar tochito en la calle. Turé lo recordará también. Entonces éramos vecinos. Vivíamos con sendas ancianas, duras y dulces las dos; él con su abuela paterna, yo con mi abuela materna. Los dos habíamos terminado la preparatoria en la misma escuela; Turé, en el ciclo anterior, y yo, hacía unas semanas. Ese día, como solía hacerlo, había comenzado en la de la señora Macedo el peregrinar de casa en casa para ir reclutando a los amigos con los que armábamos los equipos.
–¿Qué error, doctor?
–A mí me dijo lo mismo –divertido de las puyas de su padre, Turé se amarraba las agujetas de los tenis. En aquel tiempo, mediados de los ochenta del siglo pasado, un pasado remoto anterior al TLC, nuestros tenis eran alhajas.
–Entrar cuanto antes a la universidad.
Efectivamente, Turé Macedo ya cursaba el segundo semestre de Química. Yo quería estudiar Sociología.
–Bueno, me inscribí para presentar el examen de ingreso a la UNAM, pero falta que quede…
–Vas a quedar. Ese es tu error…
–¿Estudiar en la UNAM?
–No –otra chupada a su cigarro–, apresurarte –otro sorbo de café–. Podrías dejar de estudiar al menos un año. No tendrías ningún problema con tu familia. Podrías viajar, leer lo que te dé la gana, pensar un poco… Después será más difícil.
–¡Pero perdería un año, doctor!
–Eso… –se quitó el cigarro de entre los labios, se los remojó con la lengua, le dio un sorbo a su café, saboreó, se regresó el pitillo a la boca, le dio una fuerte calada, jaló el golpe y después de expulsar algunas volutas de humo terminó el enunciado– eso es imposible.
Turé y yo nos fuimos a jugar tocho. Yo salí sin entender lo que el doctor Macedo me había dicho, así que no sólo no atendí su consejo, sino que unos meses después estaba estudiando dos carreras.
*
Cada vez escucho a más gente lamentarse de que va a perder el año. Claro, la pandemia, el confinamiento, la desaceleración de las actividades. En el ámbito escolar el plañido se ha cundido más entre universitarios, mientras que muchos padres de familia de niños pequeños lo usan más bien para etiquetar un mal menor: preferible perder el año a que Monchito se contagie. Entre los creyentes de la Economía, la situación ya se frasea en pasado: v.g., ¡un año perdido para la industria automotriz!
En nuestro país, el aletargamiento impuesto por el Covid-19 comenzó propiamente en abril, así que, de los doce meses del muy vituperado 2020, llevamos cinco en esta especie de hibernación social, este bien nutrido rosario de días nefastos.
En el calendario de la antigua Roma, cada día del año estaba marcado con diferentes letras: F, C, N, NP, EN, Q.R.C.F. o FP, todas con un significado. Por ejemplo, la F, fastus, señalaba que en tales días se podía tramitar cualquier asunto civil, sin temor a molestar a los dioses. La C, comitialis, indicaba los días en los que era posible tramitar asuntos públicos, políticos y legales. En cambio, la N, nefastus, marcaba los días religiosus, vitiosus o ater —religiosos, virtuosos o negros—, en los cuales nadie debía trabajar. Entre más días dies nefasti, se reducían los dies fasti. (W. Warde Fowler, The Roman Festivals of the Period of the Republic; Good Press, 2019). “En la época de la República, Roma tenía días festivos en los que se celebraban juegos en honor a varios dioses (ludi); el Ludi Romani, que duraba dos semanas, comenzó en 366 a. C., y durante los dos siglos siguientes se unieron el Ludi Plebei, el Ludi Florales y varios otros. En total, hubo 59 de esos días festivos. Pero además hay que agregar 34 días de juegos instituidos por Sila con diversos pretextos, y las 45 feriae publicae o días festivos generales, como la Lupercalia en febrero (que celebra la crianza de Rómulo y Remo por la loba), la Volcanalia en agosto, y la Saturnalia en diciembre. Luego estaban los días que los emperadores designaban para honrarse a sí mismos, o eran otorgados por un Senado obsequioso. En total, durante el reinado del emperador Claudio, Roma tenía 159 días festivos al año, ¡tres a la semana!… Y teniendo en cuenta los días festivos irregulares que los emperadores solían decretar con cualquier pretexto, no es equivocado afirmar que la Roma imperial tenía una fiesta por cada día de trabajo.” (Robert Hughes, Rome: A Cultural, Visual, and Personal History). La mitad del año dedicado al solaz o al sosiego o a lo que usted guste, pero no al trabajo. ¿Podríamos decir que perdían así los romanos buena parte del año? En cualquier caso, no pareció afectar en modo alguno la construcción y fortaleza de una civilización que, grosso modo, perduró al menos a lo largo de doce siglos, del siglo VII a. C. al V d. C.
*
El doctor Macedo tenía razón: es imposible perder el año. Podrá usted malgastar el tiempo o dedicarse ahora a algo y arrepentirse después o decepcionarse porque algo, como una pandemia, impida que sus planes se cumplan…, pero perder el año no, a menos de que su tiempo se agote definitivamente.
Apreciable lector, continuando con el recorrido de las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (Comité Coordinador Local), derivadas de su segundo informe anual, hoy toca platicar de la identificada con el número 01.
Se trata de un pronunciamiento de gran significado para el Comité Coordinador Local, pues además de ser la primera recomendación que avaló formalmente, entraña un alcance especial para sancionar efectivamente a los corruptos que lastiman a la sociedad de Aguascalientes.
Su objetivo primordialmente consiste en que el Poder Legislativo del Estado, se sujete a la competencia que le corresponde en materia de responsabilidades administrativas conforme a lo previsto en el artículo 73 fracción XXIX-V de la Constitución Federal, precepto que reservó para el Congreso de la Unión la facultad de “expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación”.
Así, en ejercicio de la atribución de referencia, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), misma que fue publicada el 18 de julio de 2016.
De esta manera, para comprender cabalmente la regulación de las responsabilidades administrativas en nuestro País, es imprescindible tener clara la naturaleza de las leyes generales, la cual está definida en el artículo 133 de la Constitución Federal, al tratarse de ordenamientos que forman parte de la “Ley Suprema de la Unión” por lo que son de aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno, incluso prefiriéndose por encima de disposiciones establecidas en constituciones o leyes estatales, salvo que éstas amplíen derechos humanos o impongan cargas adicionales para las autoridades locales.
Cabe destacar que un ordenamiento tiene tal naturaleza, sólo cuando existe una cláusula constitucional expresa que otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia de que se trate, tal como ocurre con la LGRA.
En consecuencia, para generar una regulación adecuada evitando incertidumbre y con ello riesgos de impunidad, es necesario que los legisladores locales tengan conciencia de lo descrito, para que sus actuaciones no trastoquen la competencia que corresponde al Congreso de la Unión.
En ese contexto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realizó un análisis en el que se contrasta la LGRA con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes (Ley de Responsabilidades Local) publicada el 1º de agosto de 2017, análisis del cual derivó el proyecto de recomendación 01, mismo que fue avalado por el Comité Coordinador Local el pasado 18 de diciembre de 2019.
La metodología utilizada para desarrollar ese análisis parte de las directrices que se advierten de la jurisprudencia 5/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de consideraciones derivadas de los principios pro persona, progresividad y jerarquía normativa.
Las conclusiones obtenidas, llevaron a advertir que el legislador local reguló aspectos que no le competen, incluso alterando reglas ya establecidas en la LGRA, y omitió regular aquellos que sí le competen.
Lo anterior genera incertidumbre entre los distintos operadores (instancias investigadoras, sustanciadores y resolutoras; presuntos responsables; defensores; y terceros) constituyendo un importante riesgo de impunidad.
De manera posterior a la emisión de la recomendación 01, el Pleno de la SCJN, resolvió la acción de inconstitucionalidad 115/2017, en la cual se reafirmó la necesidad de que Aguascalientes ajuste la Ley de Responsabilidades Local, conforme a lo dispuesto en la LGRA.
Es de señalar, que el Máximo Tribunal de nuestro País al resolver la acción de inconstitucionalidad de referencia, decidió no suplir la queja de los promotores, limitándose a analizar lo expuesto en su demanda, esto a pesar de que por ejemplo, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, solicitó expresamente realizar tal suplencia, pues a su juicio, había elementos para declarar la inconstitucionalidad de la ley (no sólo de algunos de sus preceptos), pues para ella el parámetro de análisis de ese asunto era analizar si el Congreso del Estado legisló en una materia para la que no tiene competencia, parámetro similar al que se ajustó la metodología empleada en la recomendación 01.
En ese sentido, el estudio realizado por el Comité Coordinador Local tiene mayor amplitud que el desarrollado por la SCJN, pues ésta se limitó a analizar los argumentos hechos valer en la demanda de acción de inconstitucionalidad (sin suplir la queja), mientras que la recomendación 01 contiene un análisis integral de la Ley de Responsabilidades Local, a partir del cual se advierten otras deficiencias que deben solventarse para aminorar riesgos de impunidad.
En síntesis, con base en la recomendación 01 y en la resolución derivada de la acción de inconstitucionalidad 115/2017, el Poder Legislativo de Aguascalientes, tendría que subsanar la Ley de Responsabilidades Local en aspectos que ya son reglamentados de manera diversa en la LGRA, y así no alterar:
1.-Reglas relacionadas con sustanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas y competencias de quienes intervienen en ellos.
2.- El catálogo y descripción de faltas administrativas.
3.- Las sanciones que proceden por dichas faltas.
4.- La obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, pues el legislador local pretendía que estuviera a cargo sólo de servidores públicos con igual o mayor rango al de jefe de departamento, siendo que se trata de una obligación constitucional que deben cumplir todos los servidores públicos.
Adicionalmente, en términos de la recomendación 01, el Congreso del Estado tendría que subsanar otros aspectos relevantes como, por ejemplo, los vacíos legales originados por omitir legislar cuestiones que la LGRA reserva para las leyes locales.
En específico, esas cuestiones se señalan en los artículos 215 y 221 de la LGRA, destacando que del segundo de los preceptos en cita se advierte que la Contraloría del Estado, los órganos internos de control y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, podrían impugnar las sentencias definitivas emitidas por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado “en los términos que lo prevean las leyes locales” y es el caso que nuestra ley local, es muda al respecto.
Así, conforme a la LGRA el Congreso del Estado debió establecer la forma en que dichas autoridades pueden inconformarse por una resolución definitiva de la Sala Administrativa en la que se determine la inexistencia de una responsabilidad, omisión que impide una revisión exhaustiva de posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares, lo que indudablemente incrementa el riesgo de impunidad.
De esta manera, es apremiante que la Ley de Responsabilidades Local, sea ajustada de acuerdo a lo que ha determinado el Comité Coordinador Local y el Pleno de la SCJN y con ello, ya no sea un riesgo de impunidad sino una herramienta útil para combatir eficazmente la corrupción.
Hay lugares que parecieran formar parte de la identidad de una persona por muchas razones y la universidad Autónoma de Aguascalientes pareciera ser una de las respuestas más comunes para los -privilegiados- que pasamos por ella. Muchos la consideran una alma mater. Otros, una segunda casa, y algunos más, una de las partes (y lugares) que se vuelven más irremplazables y entrañables que tendrán en su vida. Como recién egresado, les puedo decir que tengo este sentimiento fresco y enormemente a flor de piel (más porque, en un pensamiento individualista y hasta egoísta, el COVID me robó mi último semestre). Con esto dicho, les puedo asegurar que no hay cosa que más me gustaría volver a vivir que el ir a comer con los cuates.
El simple hecho de comer es una cuestión increíblemente divisiva entre los universitarios; hay infinidad de opciones para ello dentro y fuera de la institución, pero parece que entre todos ellos hay uno que ha perdurado, generación tras generación, año tras año. El álamo, ubicado dentro de la cafetería poniente y atendido por generalmente por su dueño (un señor enorme y cara seria, pero amable al final del día), ofrece una gran variedad de platillos que son del gusto de cualquier universitario; Desde los clásicos escolares como bolillos con guisado y sincronizadas, pasando por antojitos mexicanos como enchiladas y flautas, hasta llegar a cosas más sofisticadas como banderillas y nachos. De bueno a rico todo, a decir verdad. Pero, aun con esta gran variedad de delicias, parece que hay un consentido, un hijo pródigo, una super estrella.
A primera vista podría parecer algo común y para nada especial. Un pequeño bowl lleno de totopos de tortilla de maíz, cubiertos con una capa de frijoles y queso que, si el cliente así lo desea, se le puede agregar en la cima un guisado a elegir. Si bien esta descripción pudiera parecer apetitosa no es para nada algo extraordinario, ¿verdad? Pues déjenme decirles que la primera vez que probé los “panchos” quedé atónito. No podría creer que semejante ambrosía se preparara en una cocina escolar. Podría sonar exagerado, pero no es por nada que tantas generaciones de universitarios los recuerdan y hablan de ellos con cariño. Su sabor es muy bueno, provee una experiencia culinaria fuera de lo común y, por si fuera poco, es muy llenador y tiene un precio bastante accesible para el bolsillo del apropiadamente llamado estudihambre.
Más allá de esto, el servicio es por lo general rápido y amable, los cuales son cualidades en peligro de extinción en más de una parte de la institución. Además del ya mencionado posible dueño del establecimiento, las señoras que ahí laboran son muy agradables y te atienden siempre con una sonrisa y un saludo amable. Así hasta dan más ganas de consumir sus productos y gastar el dinero en cualquier lugar, ¿no? Además, cuentan con un servicio de “renta” del plato donde das 5 pesos extra al momento de pagar y estos se te reintegran cuando regresas el traste. Parece poca cosa, pero cuando te cobran 2 o 3 pesos en otros lugares por un plato que no usarás más de 15 minutos a lo mucho, la diferencia termina siendo notable.
Sí, soy de esas personas que añoran su vida universitaria con intensidad e ignorando lo pesado que es ser estudiante (tareas, transporte, vida social, estrés por todos lados, etc, etc) pero es innegable que los ratos que uno pasa conviviendo con las personas que se tienen alrededor, acompañado por un delicioso platillo es de los que más se suelen recordar con cariño en cualquier etapa de la vida. No queda más que preguntarse cuántas anécdotas se han vivido frente al local acompañados por alguna de sus delicias y cuántas más habrán de crearse, porque al parecer “el álamo” resistió el golpe proporcionado por la pandemia y abrirá sus puertas de nueva cuenta cuando así sea posible.
3 platillos que debes probar si llegas a comer en “el álamo”
Los panchos.
Mencionados y descritos anteriormente, los panchos son, sin duda, la joya de la corona en la cocina de la reconocida cafetería. Un platillo económico y de gran sabor, con muchas opciones para acompañar: desde chicharrón rojo y verde hasta chilorio (mi favorito) y carne al pastor. Todo es hecho al instante y eso, en mi opinión, le da un valor aún más especial en un mundo lleno de comida en tupper.
Rollitos de carne
Otro de los platillos consentidos por los clientes de “el álamo”. Acompañado por una guarnición (papás a la francesa, arroz o ensalada), Consiste en una especie de burrito relleno de carne, pasado por aceite y dividido en pequeños bocados. Su precio (si no mal recuerdo) era un poco más elevado, pero son una gran opción para el estudiante hambriento.
Hamburguesa clásica
A pesar de ser un alimento básico en prácticamente cualquier cafetería, las hamburguesas que aquí se sirven cuentan con un sabor especial. No sé si sea la calidad de los ingredientes o el sazón de la cocina, pero cuentan con un toque que no se encuentra en ningún otro establecimiento de la institución. Además, se cuenta con la opción de convertirla en un paquete que incluya refresco y papás a un precio aceptable.
Mención honorifica: la barra de condimentos
No puedo en buena conciencia terminar este escrito sin mencionar la barra de condimentos que (sin una verdadera obligación) ofrecen en “el álamo”. Está cuenta con las tradicionales salsa verde y roja, un buen guacamole, un delicioso chimichurri y la indispensable cátsup, los cuales pueden potenciar aún más el rico sabor de los platillos aquí descritos.
El día de hoy, en unas horas veremos la culminación del trayecto para el joven héroe, ¿cuál será el resultado? La suerte y el fútbol lo dirán pero que no quede duda que Alphonso Davies ya ganó. Esta es su historia:
¿Quién es ese chico del cual habla Colin Kaepernick?
En el marco del 30 aniversario del slogan para la empresa Nike: “Just Do It” Colin Kaepernick hablaba sobre la inspiración, creer en algo más grande.
En el minuto 1:02 este comercial dice: Si naciste siendo refugiado, no dejes que eso te pare para jugar para el equipo nacional, a los 16 años.
Esta parte se refería a Alphonso Davies, hijo de migrantes africanos que fueron reubicados de un campo de refugiados en Costa de Marfil a una región de Edmonton en Canadá. El primer hijo entre el matrimonio de Debeah y Victoria Davies en cuanto llegó a Canadá se unió a la esuela de la región y jugó en la asociación freefootie, asociación que ayuda a niños de escasos recursos a encontrar en el deporte una salida o una oportunidad de crecer en la vida.
Si quieres saber más de la historia de Alphonso, te sugiero checar este video oficial de los “Caps”
https://www.youtube.com/watch?v=Zqt5u1jtvGw
Davies llegó a firmar su primer contrato a la edad de 15 años con los Vancouver Whitecaps, jugando en la posición de mediocampista, no lateral izquierdo como ahora juega para el Bayern Munich, al año de su debut en la MLS llegó a debutar con la selección de Canadá en Julio del 2017 poco tiempo después de otorgarle la nacionalidad canadiense.
16 años es una edad muy corta en el caótico y voraz mundo del fútbol, y ya para esa edad Alphonso tenía experiencia en segunda división, primera división en Estados Unidos y experiencia internacional en la Copa Oro con Canadá.
Esta meteórica carrera en ascenso llamó la atención del gigante de baviera que lo fichó a la edad de 17 años por 10 millones de euros, con la esperanza de poderse incrementar a 22 millones mediante el cumplimiento de objetivos y variantes que son muy populares dentro de los contratos para jóvenes promesas en el fútbol.
La temporada 2019/2020 que acaba de pasar fue la temporada de revelación para el joven jugador dejando estos números:
5 asistencias
7 goles (contando asistencias en Champions League)
Gane o pierda la final de la Champions League el día de hoy, Alphonso Davies debería de sentirse orgulloso por el trayecto que tuvo que seguir para llegar a ser promesa mundial y ejemplo a seguir para miles de jóvenes aficionados o no aficionados al fútbol.
Fuentes:
La increíble historia de Alphonso Davies a horas de jugar su final de Champions
Aunque existen 15 personas procesadas, no se ha logrado ninguna sentencia, ni se ha investigado la participación de autoridades. El propio Felipe Calderón acepta que los policías colaboraron. Para el Estado es más fácil indemnizar que lograr justicia plena.
EMEEQUIS.– “Con los señores que hayan hecho eso sí, tengo eso en mi corazón, de que han venido disparando sin alma, tengo resentimiento, no con todo México”, dice Margarita Chimborazo, madre de Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, uno de los jóvenes asesinados en la masacre de 72 migrantes provenientes de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala,Honduras e India, ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas.
“Bien lo recuerdo mi hijo, tengo mucha pena, mucho sentimiento, a pesar de que todo me dieron, pero nunca puedo olvidar”. El “todo me dieron” es porque Margarita logró obtener la residencia en Estados Unidos, su gobierno (ecuatoriano) la apoyó un año con “comida y consejos” (despensas y terapias), atrapó al “coyotero” que se llevó a su hijo y lo condenó a 16 años de prisión y una reparación económica –aunque no pudo cobrarla–.
Además, el gobierno de México la indemnizó, a ella y sus otros dos hijos, con lo que pudo construirse una gran casa con flores que sobresale del resto en su pueblo de la montaña, en Chunchi, Ecuador.
Foto de la casa de Margarita Chimborazo.
Pero algo le falta: “sería bueno que en México… si pueden hacer más la justicia –dice con voz de súplica al otro lado del teléfono–, coger a todos (los culpables) allá”.
En 2018, personal de las Cancillerías de Ecuador y de México la visitó en su casa, le dijeron que la indemnizarían por la muerte de su hijo. “Sí nos dieron a las cinco familias (de Ecuador), lo vi con el papá de una de las muchachas (víctimas), dijo que para ellos también venían haciendo casas”.
DESCONFÍAN DE SU GOBIERNO Y EL MEXICANO
Diez años después de la masacre de migrantes en San Fernando, no hay justicia: para el Estado mexicano fue más fácil pagar indemnizaciones considerables a las familias que sentenciar a los culpables, y aunque existen 15 personas procesadas por los homicidios, no se ha logrado ninguna sentencia; tampoco se ha investigado la participación de las autoridades que estuvieron involucradas, pese a que las indemnizaciones significan la aceptación de la participación del Estado, por omisión o negligencia. El propio Felipe Calderón cita el involucramiento de los policías municipales en estos hechos, en su libro autobiográfico.
Ecuador fue el primer país que se movilizó para cobrar las indemnizaciones que anunció la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV) en 2018 para los deudos de los hechos criminales de San Fernando 1, en agosto de 2010, y en San Fernando 2, en abril de 2011, cuando hallaron 43 fosas clandestinas con al menos 196 cuerpos, una gran mayoría de migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Jaime Rochín, entonces titular de la CEAV, encabezó las primeras indemnizaciones. “Es muy difícil acercarte a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados, desaparecidos o ultrajados de manera violenta por el Estado mexicano, ya sea por negligencia u omisión. Las familias son de muy escasos recursos y tienen absoluta desconfianza en su gobiernoy en el de México, entonces, se requiere de personas que tengan vínculos de confianza”. Ese trabajo lo hizo el entonces embajador de Ecuador en México, Leonardo Arízaga y su Cancillería.
Tras indemnizar a los ecuatorianos, se acercó el embajador de Honduras, de donde es un gran número de las víctimas, y empezaron a trabajar las reparaciones con la CEAV. “Ahí el tema es que algunas familias están acompañadas por una organización mexicana (la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FJEDD) que exige que para entrar a un proceso de reparación tiene que haber justicia y sentencias, porque no quieren que se pretenda parar el proceso de justicia y ocultar la verdad a través de una reparación económica; me parece muy razonable y aceptable, pero como los procesos de justicia han ido muy lentos, muchas de esas familias no han alcanzado la reparación”, señala Rochín.
Para la Fundación –que representa a 11 familias de las 72 víctimasde San Fernando, ésta es una forma de presionar para que se sancione a los responsables y se establezcan medidas de no repetición. “Igual que los padres de Ayotzinapa, que siempre han señalado que no hay reparación posible si no tenemos justicia, la verdad de los hechos, dónde están y que pasó exactamente”, ejemplifica Rochín.
“Y así debe ser…el problema en la práctica es que con un sistema del 98% de impunidad que tenemos en México, resulta muy complicado esperar a que realmente haya justicia y verdad para proceder a la reparación”. Aun así, otras familias que no estaban con la Fundación han solicitado la reparación.
Para las familias de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, sus embajadas no han dado respuesta, “y hasta donde me quedé no habían mostrado interés alguno”, dice Rochín, quien renunció a la CEAV en junio de 2019. “Y la participación de las embajadas es vital, porque resulta muy difícil contactarlas, viven en poblados muy alejados, a donde no se llega en auto, sin acceso a Internet ni cuentas bancarias para hacer el pago, nada de información”.
De las 72 víctimas de la masacre de San Fernando, al menos 26 eran de Honduras (3 identificados en los últimos años), 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 5 de Ecuador, 4 de Brasil y 1 de India. En la fosa común del Panteón Dolores de la Ciudad de México quedan aún 9 restos humanos sin ser identificados.
¿CÓMO PAGAR LA PÉRDIDA Y EL DOLOR?
La Navidad de 2017 Fredy Lala –uno de los dos sobrevivientes de la masacre– llegó a Quito a visitar a Andrea Ledezma, quien fue su abogada por siete años. Iba acompañado por personal de la Cancillería de Ecuador: le informó que le revocaba los poderes y ya no podría representarlo. La abogada lamentó que decidiera irse con quienes, considera, lo traicionaron, porque el gobierno de Ecuador le quitó los beneficios de testigo protegido, no le entregó los papeles de la casa que supuestamente “le dieron” y tampoco cumplieron con la ayuda médica y psicológica que requería.
Andrea dejó la defensa de Fredy y el trabajo adelantado para conseguirle una visa humanitaria en Estados Unidos. Desconoce si lo indemnizaron, pero cree que no, porque el padre llamó recientemente para pedirles dinero y ropita, ya que la están pasando muy mal por la pandemia. Rochín está seguro que Fredy Lala sí fue indemnizado, él le ofreció disculpas a nombre del gobierno mexicano. Seguramente le tocó menos dinero, porque en su caso no hubo pérdida de vida.
Para hacer el cálculo de la reparación se utilizan criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y son cinco elementos:
Rehabilitación.– Algunas de las víctimas hondureñas y salvadoreñas han venido a México a recibir apoyo de las instituciones de salud.
Restitución.– Que en este caso es imposible, porque sería entregarles vivos a sus seres queridos.
Satisfacción.– Tiene que ver con la disculpa pública y el reconocimiento y responsabilidad del Estado.
Garantías de no repetición.– Son sanciones a los culpables, “y ahí es donde todavía falta mucho”.
Compensación.– El dinero que se otorga por el daño material y la afectación personal recibida, porque muchas veces eran los que mantenían a las familias. “Se hace una consideración matemática de aquello que pudieron haber ganado a lo largo de su vida y hay un sistema actuarial. Expertos analizan cuánto pudieron percibir en un año, por la esperanza de vida en su país y se sacan las cantidades”.
Documentos que entregó el gobierno mexicano a la embajada de Ecuador.
“Por supuesto que del sobreviviente a los fallecidos o desaparecidos hay diferencias y pudo ser menor la compensación: si una persona fallece a los 20, se considera un periodo de 50 años en que pudo haber vivido y trabajado, y se consideran el número de miembros en cada familia. Si no perdió la vida, pero no quedó imposibilitado para trabajar, se hace un cálculo; si queda imposibilitado, hay otro criterio”.
En las sentencias que se dictaron en Ecuador contra los traficantes, el juez ordenó un pago de daños a Fredy Lala por 8 mil dólares, y de 50 mil para Margarita, aunque ninguno de los dos pudo cobrar porque el “pollero” no tenía propiedades a su nombre.
“Las víctimas ya saben, deben acudir a la CEAV y llenar un formato muy sencillo de dos páginas, lo que no podemos es otorgarles una reparación sin que explícitamente lo soliciten, porque podría ser una falta de respeto”, explica Rochín.
“ME DEJARON EN EL OLVIDO”
Elvia Rodríguez vive en Ciudad de México, en la colonia Doctores. Ha padecido sus propias faltas de respeto. Es una víctima directa de la mala actuación del Estado: quedó prensada con un auto que le aventó el tráiler que transportó los cuerpos de los migrantes al Semefo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2010. Sufrió la amputación de su pierna izquierda y, como medida de reparación, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la puso a elegir: indemnización o una plaza de trabajo. Eligió lo segundo, con la promesa de que tendría todas las facilidades dada su condición de discapacidad, podría seguir estudiando y desarrollarse en la institución. Pero una vez que se fueron los funcionarios, sus jefes inmediatos empezaron a hostigarla por sus idas al médico, porque iba a la escuela o porque quiso presentarse con la nueva subprocuradora para que conociera su caso. “Son otros tiempos y te tienes que adaptar”, le dijeron en Recursos Humanos.
Como “estaba estudiando” la enviaron al archivo, donde pasaba la mayor parte del día de pie. Le dijeron que no podría ascender por falta de licenciatura y cuando se hizo una reducción de personal al interior de la Procuraduría, la comisionaron a otra área. Ahora podría incluso perder su plaza de confianza, porque no tiene ningún papel firmado.
Elvia sufrió la amputación de su pierna izquierda.
El Gobierno de la Ciudad de México le regaló una prótesis de avanzada, de titanio, pero también se deslindó de ella cuando se fue el doctor Armando Ahued. Su sueldo de 4 mil pesos a la quincena se va la mitad en el Uber que la lleva y trae al trabajo y el resto en gastos de casa. No logra ahorrar para darle mantenimiento a su prótesis y “ya está bastante dañada”. Busca que el ISSSTE le otorgue una, como la que tiene, porque para ella es imposible costearla: vale más de 100 mil pesos, y el pie, entre 25 mil y 30 mil.
“Mi familia y yo nadábamos en ignorancia, nos decían una cosa y otra, no teníamos conocimiento. En ese momento pensé que sí se estaban haciendo responsables al darme trabajo, pero que no me hayan dado seguimiento, que me cerraran las puertas en la Procuraduría, me molestó, porque me dejaron en el olvido”.
Elvia, viviendo en la Ciudad de México, ni enterada estaba de estas indemnizaciones.
“SITUACIÓN DE RETROCESO”
Entre las familias representadas por la Fundación “hay una visión integral de la reparación, que es justicia y verdad, y cómo avanzan los casos”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, que acompaña a 11 familias de los masacrados en San Fernando 1, y a 18 familias de los cuerpos hallados en las fosas; también a 9 de Cadereyta, Nuevo León, donde arrojaron 49 cuerpos en 2012, y a 13 de los 16 hallados en febrero de 2015 en una fosa de Güemez, Tamaulipas, todos migrantes, algunos de México, pero en su mayoría centroamericanos.
Familias de Guatemala y Brasil dudan de que los restos entregados por la PGR en 2010 pertenezcan a sus familiares. La Comisión Forense –formada entre peritos de la PGR y el equipo de Antropología Forense Argentino– revisó la información documental y recomendó que los restos sean exhumados, pero Guatemala se niega y rechaza que intervengan peritos externos. “Y México tampoco toma acciones contundentes con Guatemala para que se logre”, explica Delgadillo: “y lo primero es que haya certeza de los restos recibidos”.
“Muchas de estas familias ya están en el registro de víctimas de la CEAV y deberían estar recibiendo medidas de atención y apoyo, y no lo hemos logrado. Y con este gobierno sí podemos decir que estamos en una situación de retroceso… la titular de la CEAV, Mara Gómez (después renunciaría), ha tenido un rechazo a apoyar a víctimas migrantes. En un caso de un africano que murió en México tratamos de que pagaran por lo menos el envío del cuerpo a Camerún y me dijo que tenía pocos fondos y los que tenía, los iba a aplicar en familias mexicanas”.
Para Jaime Rochín esto es un error porque la ley no distingue nacionalidad, “si fueron víctimas en México la consideración debe ser la misma”.
Sobre el presupuesto para las víctimas aclara: Existe un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contemplado en la Ley de Víctimas, es una obligación de los diputados incluirlo en el Presupuesto y por ley debe estar siempre como mínimo en el 0.014 del Presupuesto, que son unos 500 millones. “Es un fideicomiso que no desaparece y no está en riesgo, como los que no están en la ley”.
El recorte que se anunció estaría relacionado con los gastos de operación —personal y renta— y no afecta al Fondo de Ayuda a las Víctimas. “Y como no ha habido muchos avances en las reparaciones, deben tener ese recurso íntegro”.
RECONSTRUCCIÓN DE LA MASACRE
“Para nosotros el balance general es de impunidad”, dice Delgadillo, “porque aunque hay algunas personas procesadas, no existe ninguna sentencia definitiva del caso –una persona fue sentenciada, pero promovió un amparo– no vemos una investigación para estructuras jerárquicas y del crimen organizado, ni de la actuación del Estado”.
Luego de litigar por siete años en los tribunales como representantes legales de las víctimas, la Fundación logró acceder a las copias del expediente en febrero pasado (30 tomos de entre 500 y mil fojas cada uno) y establecer la estructura criminal de los autores de la masacre de los 72, lo que toma relevancia, porque la SEIDO fue sumamente opaca en informar y porque una cosa es lo que declaran las autoridades en los medios y otra la que obra en el expediente.
Pudieron establecer 15 personas procesadas por la masacre, todos con juicio radicados en juzgados de Tamaulipas, donde no existen garantías para que abogados y periodistas vayan a hacer su trabajo.
LOS 15 PROCESADOS
En la declaración ministerial de Édgar Huerta Montiel, “El Wache”, a la que tuvo acceso el colectivo Periodistas de a Pie, afirmó que “El Moneneke” avisó desde Ciudad Victoria a “El Coyote” que iban dos camionetas con gente. Pidió que al llegar a San Fernando los checaran, porque gente del Cártel del Golfo los estaba reclutando para trabajar de halcones o de esclavos. Ahí los detuvieron, “El Kilo” informó a “La Ardilla” que eran migrantes, pero éste dio la orden de matarlos. “El Alacrán”, “El Chamaco” y “El Sanidad” los mataron, con tiro de gracia, en un lapso de dos horas, mientras “El Coyote”, “El Junior” y él daban seguridad afuera del rancho. Como ya era de noche, se fueron a dormir a San Fernando. Al día siguiente regresaría “El Chamaco” a enterrarlos, pero llegaron antes los marinos.
Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “El Ardilla”, fue detenido y presentado en octubre de 2012 como el jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, autor intelectual de la muerte de los 72 migrantes de San Fernando, responsable de las narcofosas y más el asesinato de 50 personas, entre ellos el americano David Harley y el policía ministerial que investigaba el caso; la fuga de 151 reos del penal de Nuevo Laredo y 132 del penal de Piedras Negras, Coahuila.
El gobierno de Coahuila lo reclamó como probable responsable del homicidio de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira. Sin embargo, este sujeto depredador, que saludaba a la prensa mientras lo presentaba la Marina, no aparece en la investigación por los hechos de San Fernando, y la Fiscalía no aporta información de su situación jurídica. [1]
También existen enormes dudas sobre la participación de las autoridades en la masacre, pues como se supo por cables desclasificados por el National Security Archive, hubo colaboración de los policías municipales que trabajaban para Los Zetas en el secuestro de estos y otros migrantes. En su libro autobiográfico, el propio Felipe Calderón responsabilizó a los municipales para ejemplificar la captura del Estado:
“De los 73, sólo uno sobrevivió milagrosamente y narró la dantesca escena. Un aspecto trágico de este episodio, uno de los más tristes en materia de seguridad durante mi administración, fue que los migrantes fueron puestos en manos de sus asesinos… ¡por los propios policías municipales de San Fernando!”.
Se le olvida al expresidente que era su responsabilidad era capturarlos y procesarlos. Quizá pudo haber evitado la tragedia de las fosas con 196 cuerpos halladas ocho meses después. “Habrá que ver si los está confundiendo con el capítulo de las fosas —donde consignaron a 18 policías municipales— o bien ¿qué sabe él que ignoramos los demás?”, dice Delgadillo.
Durante los días de la crisis, cuando parecía que los mandatarios y cancilleres de los países con víctimas demandaban esclarecer el caso y justicia para sus connacionales, existió una amplia comunicación diplomática entre los gobiernos, pero la Cancillería mexicana reservó toda esa información por 12 años. También la Procuraduría de Tamaulipas recurrió a la reserva para cubrir a los ministerios públicos y peritos que hicieron las primeras indagatorias, incurrieron en pérdida de evidencias, no preservaron la escena del crimen, repatriaron cuerpos equivocados y armaron el pésimo operativo a la Ciudad de México que mutiló la pierna de Elvia.
La Cancillería reservó la información 12 años.
Por su parte, la embajada de Brasil en México informó a través de su consejero Luís Guilherme Nascentes que desconocían de ese fondo y esas indemnizaciones y tras una búsqueda en sus archivos, ni en la embajada ni en el consulado hallaron alguna notificación o referencia al respecto. “No es que no hayamos tenido ningún interés en movilizarnos, por el contrario, haremos los trámites necesarios para esas familias que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad”. Las embajadas de El Salvador, Guatemala, Honduras e India no respondieron.
Otra de las grandes incógnitas es por qué, pese al tamaño de la masacre, no existe sangre salpicada en las paredes, como ha sucedido en otras masacres. ¿Ahí los mataron o ahí los arrojaron? ¿Con ayuda de quién?
No existía sangre en las paredes, como en otros casos.
Diez años después tampoco sabemos nada de la red internacional de traficantes de personas que se confabularon para llevarlos a hasta Tamaulipas, de la captura de los “polleros” a los que pagaron los migrantes entre 5 y 10 mil dólares, que incluía el “derecho de piso” que cobran los grupos criminales por cruzar “su territorio”, a excepción de Ecuador, que detuvo a dos: Carlos Heriberto Guzmán, sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de personas, en agravio de Rosa Amelia Panza Quilli, y José Arcesio Vázquez Marín a 16 años, por el tráfico de Fredy Lala y Telmo Leónidas, el hijo de 17 años de Margarita.
BUENAS NOTICIAS AL FIN
La Fundación ve tres cosas positivas para las familias que representa y no son las indemnizaciones:
El amparo logrado en la Suprema Corte que obligó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a calificar el expediente como graves violaciones a derechos humanos, que significa también que los delitos no prescriben y responsabilidad mayor del Estado.
La FGR aceptó modificar la metodología de investigación y acumular en la Fiscalía de Derechos Humanos todos los casos de masacres ocurridas en el Norte, aceptó la propuesta de la Fundación para hacer un abordaje diferente porque se dio de manera conjunta, en territorio vecinos, todos ejecutados, por el mismo tiempo y pudieran ser los mismos criminales.
La CNDH aceptó en la anterior administración reabrir parte del expediente para investigar violaciones a integridad y vida, y si las autoridades estuvieron involucradas en este tipo de violaciones.
@CPeraltaS
[1] Se solicitó entrevista con la Fiscalía General de la República para la actualización del caso y no se obtuvo respuesta.
Estadios vacíos, jugadores contagiados… cómo estará la cosa que la noticia de que América no tiene casos positivos para la jornada 6 se difundió como un triunfo. Cruz Azul recupera a un jugador que tuvo neumonía.
¿Cómo estarán las cosas en la Liga MX que la noticia de que América no tiene casos positivos de Covid se volvió tema conversación en las últimas horas? La nota tiene un espacio destacado en portales especializados y de información general, como si fuera una victoria.
“¡’Limpios’! A unas horas de que ruede la esférica en el arranque de la Jornada 6 del Apertura 2020, la Liga MX anunció que América no registra casos positivos por Covid-19”, comienza la nota del diario Récord.
Cruz Azul, Pumas, Toluca, Tigres, León, Santos, Puebla y Mazatlán son algunos de los equipos que se han visto afectados por el coronavirus a últimas fechas, el último de ellos con 38 jugadores de sus divisiones juveniles.
Y… ¿CÓMO ANDAMOS DE COVID?
El tema se trata con pinzas en las concentraciones de los equipos, algunas veces se da conocer el número de futbolistas con el coronavirus, pero no los nombres, por lo que el riesgo de que jugadores asintomáticos transmitan la enfermedad continúa latente.
Si antes las lesiones antes de un partido eran lo primero que los reporteros preguntaban al técnico antes de una partido, la nueva normalidad obliga a indagar cuántos contagiados tiene, especialmente de los casos asintomáticos, pues como son atletas, muchas veces pasan desapercibidos.
En la videoconferencia de este viernes 21, previa a la visita al San Luis del domingo, el timonel de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, portando un cubrebocas con el logo del club, informó de dos jugadores que podría tener de regreso tras salir de Covid: Roberto Alvarado y Julio César “Cata” Domínguez, quien fue dado de alta el 8 de agosto por una neumonía.
Una reportera preguntó si hay seguimiento con otros jugadores asintomáticos, como lo fue en su momento “El Cata”, para evitar más contagios. “’El Cata’ ya es un tema superado y sí estamos tomando con el cuerpo técnico del equipo, con Odín (Vite), que es el jefe del área médica, los recaudos pertinentes para minimizar esa circunstancia que le ha tocado vivir a todos”.
El 11 de agosto, en una entrevista con ESPN, Domínguez narró cómo vivió los síntomas de la infección desde la jornada 2 (viernes 31 de julio): “Fue en el partido contra Puebla, sentí escalofríos, pensé que por el frío del partido y la lluvia. Terminé el partido y me sentí bien poco cansado por el partido pero todo bien, llegué a la casa y el sábado en la tarde me dio un poco de escalofrío, dolor de cuerpo, calentura. Sábado para domingo avisé a los doctores del club, pero el domingo no aguanté en la madrugada, tenía mucha calentura y dolor de articulaciones”.
Dijo que le habían detectado Covid desde la pretemporada pero, como era asintomático “no tuve síntomas que no me permitieran entrenar”. El jefe de los servicios médicos, Odín Vite, explicó el 6 de agosto que, a finales de junio, el jugador tuvo una “infección asintomática” del virus y que su cuerpo está “terminando de eliminar esos fragmentos”.
El positivo de Domínguez se dio a conocer el 27 de junio, cuando otros jugadores y cinco miembros del staff también fueron reportados. Apenas dos meses después y una neumonía de por medio, podría volver a jugar este domingo.
MEMO OCHOA Y EL HISOPO
En cuanto al América, la Liga MX y el Club informaron que, previo a la jornada 6, en la que recibirá a los Rayados del Monterrey, se realizaron 72 pruebas, de las cuales nadie salió positivo.
Respiran aliviados los fanáticos que, por cierto, no pueden acudir al Estadio Azteca, pues los partidos se juegan sin aficionados por disposición oficial, mientras la Ciudad de México transita por semáforo de riesgo color naranja.
También debería sentirse aliviado el técnico, Miguel Herrera, quien el 31 de julio declaró que llevaba puros negativos… en las 12 pruebas Covid que se había realizado hasta el momento.
Memo Ochoa, el portero que dejó en ceros a Brasil en 2014, que enfrentó los bombazos de Neymar sin pestañear, se dobló ante un enemigo inesperado: el hisopo. Publicó un video en sus redes sociales en el que manos expertas introducen el aditamento en sus fosas nasales y el arquero termina casi llorando, recargado en la puerta de su auto.
Memo Ochoa sufrió con la prueba del hisopo.
Pero América también ha tenido casos, por ejemplo: El 8 de agosto se realizaron 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff del América, de las cuales sólo el jugador Jorge Sánchez resultó positivo, informó en su momento la Liga MX.
Los Rayados del Monterrey reportaron cero casos positivos también, por lo menos en el primer equipo, para enfrentar a las Águilas.
MAZATLÁN: LA OTRA REALIDAD
En el otro extremo de la ecuación se encuentra el Mazatlán FC, de reciente ingreso a la Primera División, tras la mudanza del Morelia: tiene 38 diagnósticos positivos, aunque ninguno del primer equipo, todos de divisiones juveniles: 18 jugadores y dos miembros del cuerpo técnico en la Sub 20 y en la Sub 17 16 y dos .
Debido a la gravedad de la situación, se decidió posponer hasta el 8 de octubre los juegos de dichas categorías contra Pachuca en la jornada 6 del Apertura 2020, informó la Liga MX.
Acompaña a Tania Magallanes y Angélica Contreras, en este nuevo Pinta Violeta sobre los concursos de belleza, ¿deberían prohibirlos? 🙅🏽♀️🤔 invitada Yareli Aguilera.
No hay reportes oficiales de violencia o discriminación hacia el personal médico de Aguascalientes a raíz de la pandemia
Al principio de la emergencia sanitaria se anunció que a personal de salud que estaba promocionando las medidas de prevención sufrió vejaciones por parte de la sociedad, pero desde ese suceso no se ha reportado otra clase de maltratos
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Uno de los miedos, además del riesgo al contagio de coronavirus, que ha tenido el personal de salud frente a esta pandemia es el ser discriminados o maltratados por la intolerancia que en algunas partes del país se ha presentado.
A principios de la pandemia, en Aguascalientes se registró un caso de violencia en contra de personal médico que iba en un vehículo promocionando las medidas de prevención contra el coronavirus, luego de esa vejación, aseguró la doctora María Velasco Marín, directora de Control y Prevención de Enfermedades del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea), a la secretaría de Salud local no se le ha reportado de manera oficial más casos de violencia: “No se ha levantado un reporte oficial, que lo hayan hecho. Al principio de la pandemia tuvimos nada más personal de promoción a la salud que pasó con su vehículo y le lanzaron algunos objetos, pero de manera oficial no tengo conocimiento que haya maltrato hacia el personal de salud”.
En junio la Secretaría de Gobierno Federal, a través del Observatorio Nacional Ciudadano, dio a conocer 103 agresiones, registradas, contra el personal médico, donde se consignó que la décima entidad con mayores maltratos era Aguascalientes.
Terminó programa de diferimiento de pagos a la banca por la pandemia
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En julio se realizó un retiro récord de las Afores por parte de trabajadores que durante la pandemia se quedaron sin trabajo, informó el analista económico Gerardo Sánchez, quien también recomendó a los tarjetahabientes que se acogieron a la prórroga para pago a los bancos, se acerquen lo más pronto posible a renegociar sus deudas.
Destacó que tan solo en julio se retiraron mil 993 millones de pesos, lo que significa que se rompe un récord de cualquier mes y de cualquier año desde que empezaron los registros en el año 2005, “así es se retiraron 85% más de recursos de las cuentas de los trabajadores por la ayuda al desempleo”.
Detalló que, si compara julio del 2019 con julio del 2020, el acumulado en el año es de 10 mil 563 millones de pesos, un incremento del 64% si lo comparamos en el mismo periodo con el año pasado. En este año son ya 997 mil 443 los trabajadores que han recurrido a este derecho de retirar dinero de sus Afores bajo el concepto de ayuda al desempleo, “casi un millón de trabajadores han hecho uso de este mecanismo”.
Las afores que han mantenido un porcentaje más alto de retiros fue la administrada por Coppel, en un 21%; le sigue Banorte 21, con 17%; después Citi Banamex con el 15% de las personas o trabajadores que retiraron recursos de su Afore
El economista recordó que ya terminó el programa de diferimiento de interés y de pagos por parte de la banca, ahora lo que sigue es que a partir de la primera semana de septiembre la banca comercial va a sacar nuevo programa de reestructura, luego de que 9.2 millones de mexicanos se apegaron a este programa debido a que, por efecto de la pandemia del Covid-19, no pudieron pagar desde una tarjeta de crédito que tenía límite de 5000 pesos hasta el crédito hipotecario o crédito automotriz, por lo que se presentó una prórroga de pagos a manera de un apoyo por parte de la banca hacia sus clientes.
“Ahora es importante que los clientes se acerquen a la banca y empiecen a esa reestructuración o pedir más plazo o empezar a pagar con cantidades más módicas. Yo le invito, si se apegó a este programa, pues a acérquese a su banco y empiece su estructura”, subrayó el economista y recordó que fueron 9.2 millones de trabajadores los que se acogieron a este programa, uno de los pocos que hubo para apoyar a la gente que perdió su empleo o se fue al confinamiento con media paga.
Congreso debe promover mayores sanciones a maltratadores de animales
Pretenden llamar como autoridad responsable a la Proespa
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El abogado panista Héctor Adrián Montoya González anunció que decidió ampliar el amparo a fin de llamar como autoridad responsable a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), la cual decidió actuar en el caso del perro Solovino, aun cuando estaban enterados que ya había iniciado este procedimiento jurídico.
El jurista reconoció que Proespa no había sido notificada formalmente, pero era un hecho que se hizo notar a través de los medios de comunicación y las redes sociales la existencia del amparo, y a pesar de ello no esperaron a su resolución.
Aunque la dependencia estatal aseguró que, una vez que fue rescatado del Centro Municipal de Control Canino y Felino de Aguascalientes, Solovino se encuentra en perfecto estado, dijo dudarlo, ya que la Procuraduría no cuentan con un albergue que le garantice el bienestar necesario al can: “La Proespa decidió actuar aún y cuando ya había un amparo de por medio, yo había anunciado que ya había un amparo y no se esperaron a la resolución y ahora no sabemos en qué estado se encuentra Solovino; ellos pueden decir que bien, pero ni siquiera tienen albergue”.
Lamentó la poca acción que han tomado las autoridades en temas de maltrato animal, tanto en la Proespa como de la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo en el Poder Legislativo, pues consideró que son quienes deben promover mayores sanciones para las personas sin escrúpulos que atenten contra la integridad de las mascotas.
Detalló que en Aguascalientes el delito de maltrato animal es castigado con hasta tres meses de prisión, mientras que en estados como Baja California la pena por este mismo delito es de dos a cuatro años; por lo que señaló que es labor del Congreso legislar para proteger a las mascotas.
A principios de julio una denuncia ciudadana comenzó a recorrer los grupos de protección animal y asociaciones civiles en la materia, con un video que mostraba a un varón adulto cargando brutalmente a un perro pitbull que estaba amarrado de patas y cara para subirlo a la camioneta del Centro de Control y Bienestar Animal, mismo que fue rescatado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Proespa.
