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• Cuando se rehabilitó el Mercado Reforma fueron reubicados al Terán, pero nunca regresaron a su espacio
• Dirección de Mercados utiliza locales vacíos del Mercado Gómez Farías como bodega para objetos incautados

El director del Área Mercados del Municipio, Israel Díaz García, quien era un líder tianguista de la Purísima reconoció que desde la rehabilitación del Mercado Terán los vendedores ambulantes de frutas que fueron reubicados temporalmente frente al Mercado Reforma continúan en ese lugar, lo cual causa molestias a los locatarios.

En entrevista, Díaz García dio a conocer que el proyecto de rehabilitación del área del Mercado Reforma y el Tianguis de la Purísima que había sido anunciado por la pasada administración municipal desde 2014 continúa en pie y está en análisis por el Instituto Municipal de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas.

En 2014 el entonces presidente municipal, Juan Antonio Martín del Campo, avisó que el Mercado Reforma sería rehabilitado para lo cual se invertirían 50 millones de pesos; esta modificación explicó comprendería no sólo al propio mercado, sino que se dotaría de mobiliario urbano para el Mercado de la Purísima y se construiría un estacionamiento, sin embargo su mandato concluyó y nunca sucedió nada.

A pesar de que se llegó a mencionar que existían diferencias entre los locatarios y tianguistas para realizar este proyecto, según Díaz García se hizo un consenso dentro del mercado donde todos avalaron que el mercado está obsoleto, no es funcional y que sí se necesita una rehabilitación total, pero sí existe una minoría de 15 personas que no tienen permiso o quieren estar afuera del mercado invadiendo las entradas que son los que se opusieron.

Esas personas, agregó fueron reubicadas años atrás en el Mercado Reforma, cuando se realizaron las obras de remodelación del Mercado Terán, “Esas personas que eran los famosos carritos de mano de frutas y verduras que tenían su permiso afuera del Terán pero cuando se rehabilita este mercado los mandaron temporalmente a la Purísima, pero ya se quedaron ahí”.

Respecto al proyecto de demolición y rehabilitación de los mercados Gómez Farías y Primavera, comentó que se analizan las necesidades de ambos sitios pero es un hecho que se debe someter a alguna clase de remodelación.

Al ser cuestionado sobre el uso de los locales como bodegas por parte de comerciantes de los alrededores el director contestó que están habilitados tres espacios como bodegas de la propia Dirección de Mercados para guardar algunos aseguramientos que ha realizado la dependencia.

• El año pasado la Fiscalía apoyó con hasta 60 mil pesos
• No se han ejercido recursos del Fondo de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido en 2017

La Fiscalía General del Estado analiza actualmente seis solicitudes para la reparación de los daños causados por delitos, mediante los recursos del Fondo de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes.

En lo que va del 2017, no se ha ejercido ni un peso de dicha bolsa que tiene como propósito resarcir las consecuencias económicas, materiales y morales de los ilícitos del fuero común; y que este año sufrió un recorte del 80 por ciento con respecto a 2016, pasando de un monto de diez millones a sólo dos millones de pesos.

En respuesta a las solicitudes de acceso a la información 42210 y 40656, la Fiscalía General detalló además que el año pasado se benefició a nueve víctimas del delito: al primer caso, con 60 mil pesos; al segundo, con 64 mil 500 pesos; al tercer caso, con 12 mil 900 pesos; al cuarto, quinto y sexto, se les dio 17 mil 900 pesos, cada uno; al séptimo, 12 mil 900 pesos; al octavo, 40 mil pesos; y al noveno, 34 mil 285 pesos. La dependencia no puede dar conocer los nombres de los beneficiarios debido a que esto está prohibido por la Ley de Protección de Datos Personales.

De acuerdo con las reglas de operación del fondo, para que los agraviados puedan hacerse acreedores a los apoyos económicos deben acreditar a través de denuncia ante el agente del Ministerio Público que la necesidad del apoyo es derivada de la comisión de un hecho delictuoso; que el hecho denunciado ocurrió en el estado Aguascalientes; y llenar una solicitud bajo protesta de decir la verdad, acompañándola con copia de identificación oficial y comprobante de domicilio, vigentes.

Los recursos son operados a través del Instituto de Atención a Víctimas del Delito -dependiente de la Fiscalía General del Estado- que entró en funciones en 2016 y los respectivos apoyos se otorgan previo estudio socioeconómico a personas que demuestren tener necesidad.

Reunidos los requisitos, se emite una resolución definitiva en la que de manera fundada, motivada y razonada se resuelve sobre la procedencia o improcedencia del otorgamiento de los beneficios solicitados y una vez que se cuente con el visto bueno del fiscal, deberá ser notificado al solicitante.

El Fondo de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido cubre las diversas medidas de protección previstas por la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Aguascalientes en materia de atención sicológica, jurídica, de salud y de asistencia social, las cuales se encuentran encaminadas a la recuperación sicofísica y a la restitución de los derechos del agraviado.

Esta bolsa está constituida por el dinero asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado; aportaciones voluntarias de particulares u organismos privados, públicos y sociales; ingresos derivados de la recuperación de los recursos por cuenta de responsables, compañías aseguradora o afianzadoras; garantías de libertad caucional; rendimientos del propio fondo; entre otros.

• Los puristas temen a la creación de un tipo penal nuevo: Sadí Kuri Martínez
• El tema coloca a la Fiscalía en la lupa, pues la obliga a hacer bien su trabajo

La impunidad en el delito de feminicidio no podría generarse por la reforma legislativa, ya que es adecuada, operacional y funcionalmente podría suceder, pero eso deberá comprobarse sobre la marcha en los casos específicos, manifestó el maestro en criminalística y asesor en seguridad pública, Sadí Kuri Martínez.

Desde su perspectiva, la tipificación del feminicidio como delito autónomo fue bien legislada por el Congreso del Estado, ya que con la reforma del apartado 97 A se evidencia una descripción típica e idónea a los tratados internacionales: “En el ámbito penal da mucho miedo cuando se habla de delitos autónomos, los más puristas pegan de gritos porque significa que se está creando un tipo penal nuevo, y consideran que todo está dicho; yo no estoy convencido de esa visión, creo que el derecho es mutable y dinámico, como lo es la sociedad”.

Detalló que cuando se habla de impunidad, quiere decir que un delito no fue castigado por diversas variables, que pueden ser por actos de corrupción e incompetencia; en el caso de feminicidio, la impunidad también podría darse en caso de una deficiente investigación.

Explicó: “El artículo 97 A nos habla que comete el delito de feminicidio la persona que por razones de género prive de la vida a una mujer, y para ellos da diez variables muy puntuales”. El problema que se podría tener, es que en el sistema anterior el juez tenía la posibilidad de reclasificar los delitos, y en el sistema actual esto ya no es posible, lo que obliga a la autoridad a hacer bien su trabajo.

Externó que si matan a una mujer y no se acreditan las razones de género, lo cual no tiene mayor complicación, no se va a castigar a la persona, si esta fue vinculada a proceso por el delito de feminicidio, lo cual sucedería no a una deficiencia legislativa, sino a una deficiencia de operacional en materia de investigación criminal y de integración de una debida carpeta de investigación, para su posterior acusación, para a partir de ello llevarlo a juicio y obtener una sentencia condenatoria.

“En materia de investigación criminal, las hipótesis planteadas por el Legislativo son totalmente demostrables, como que exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad, lo cual no es difícil acreditar un lazo familiar, sentimental”, subrayó.

Cuando se dice que se tiene que acreditar el odio, se tiene que entrar netamente al campo de la investigación criminal, de tal forma que hay mucha experiencia en ello, cuando se habla, por ejemplo, de delitos dolosos, ¿cómo se acredita el odio?, de la misma manera que se acredita la intencionalidad de una persona de querer cometen un delito.

“En el código penal tenemos una gran cantidad de delitos dolosos, en los que la autoridad, a través de una adecuada investigación, no tiene problema para acreditar la intencionalidad, ¿por qué ahora tendríamos problemas para acreditar el odio?”, se cuestionó el abogado.

Explicó que la manera de acreditar el odio, bien podría ser ante la evidencia de la saña con la que se asesinó a la mujer, además podrían agregarse materias psicológicas y psiquiátricas con peritos expertos en la materia, entre otras pruebas.

Subrayó que este tema coloca nuevamente coloca a la autoridad, especialmente a las fiscalías, en la lupa, de tal manera que debe dar tranquilidad el que el mismo fiscal señaló que el feminicidio está perfectamente bien tipificado y puede acreditarse sin problema, si se llega a dar; “eso lo puedo interpretar de qué se trata de una persona que conoce el tipo penal y conoce de investigación criminal”.

No así las declaraciones que hace unos meses emitió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien señaló que no era necesaria la tipificación del feminicidio, las que consideró muy desafortunada por venir de él, pues se hubiera esperado una declaración en otro sentido.

“Todas las críticas son bienvenidas sobre este y otros temas, si se expresan de manera respetuosa y desde el punto de vista científico (…) más cuando es un funcionario quien las esgrima, no hablamos de pareceres ni de ciencias ocultas”.

Insistió que el delito de feminicidio puede generar impunidad, siempre y cuando podamos entender donde se concibe y a cuál variable se le puede atribuir: se descarta que sea a una deficiencia legislativa; puede originar impunidad por corrupción, lo cual se deberá ir comprobando sobre la marcha en casos específicos, así como si de debe a la incompetencia o la falta de pericia de los órganos de fiscalización penal para integrar sus carpetas de investigación.

Kuri Martínez recordó que en Latinoamérica, México es el los último país que está llegando a la tipificación del feminicidio o femicidio como delito autónomo, ya que desde hace tres o cinco años muchos gobiernos están trabajando en este tema, además de implementar políticas públicas para evitar la muerte violenta de mujeres por cuestiones de género, mostrando interés y dando cumplimiento a los tratados internacionales.

Observó que en el mismo sistema de justicia penal acusatorio, México sigue mostrando oposición a la implementación del mismo, a pesar de que ya está encima.

Con respecto a las críticas al respeto de la tipificación del feminicidio, destacó que son los abogados penalistas de la vieja escuela quienes más se oponen a los cambios, aunque este ya no es el momento para convencer a nadie de la conveniencia y necesidad de esta reforma de ley, pues ya está legislada, además que viene otra etapa más complicada.

“Tipificar el feminicidio era un cambio obligado, no sólo porque era una exigencia de la sociedad, sino porque muchos tratados firmados por México y ratificados en el Senado obligaba a tomar medidas para dar cumplimiento y seguimiento a la prevención de la violencia en contra de las mujeres”.

• El producto se expendió en una taquería ubicada en el barrio de San Marcos, proveniente del rastro Freasa
• Los responsables podrían ser sancionados con multas que van de los 80 mil a 1.2 millones de pesos

Cinco personas resultaron intoxicadas con clembuterol luego de consumir tacos de hígado de res en un establecimiento ubicado en el barrio de San Marcos, el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado, Sergio Velázquez García confirmó la presencia del anabólico en esta víscera que provenía del rastro Frigorífico y Empacadora de Aguascalientes ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo.

Indicó que desde el jueves se suspendieron las actividades en la taquería y se mantiene la investigación en relación al proveedor del producto; “Hay que tomar todas las acciones necesarias para actuar conforme a la Ley”.

Precisó que la Dirección de Regulación Sanitaria lleva a cabo el análisis de las muestras que se tomaron, tarea que se realiza de manera constante, monitoreando principalmente la orina del ganado con la intención de determinar si existen o no procesos metabólicos en relación al clembuterol; la carne contamina en este caso podría ser también de otro proveedor en el Centro Comercial Agropecuario.

Recalcó la sinergia con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial en este trabajo para obtener mejores resultados: “Definitivamente esta incidencia ha disminuido pero no debemos permitir que haya un solo caso”.

Dichas muestras, junto con las recabadas en el local expendedor de alimentos, fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que en las próximas horas se espera contar con los resultados respectivos, a efecto de determinar la situación legal que enfrentarán dichos establecimientos.

Las sanciones que se prevén para estos casos son de 80 mil a 1.2 millones de pesos, e incluso de uno a seis años de prisión; al tratarse de un delito federal se dará parte a la Procuraduría General de la República. El funcionario estatal resaltó que los pacientes recibieron la atención adecuada y por fortuna ya se encuentran fuera de peligro.

La contaminación de alimentos es una conducta tipificada como delito por el artículo 464 de la Ley General de Salud, el cual prevé una pena corporal de uno a nueve años de prisión, así como multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo, por lo que una vez que se cuente con todos los elementos para estos dos casos de intoxicaciones, se integrará la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República.

Velázquez García reconoció el desabasto que se registra en cuestión de medicamentos controlados; precisó que se está realizando una tercera licitación de fármacos por lo que el Hospital Neuropsiquiátricos es el más se ha resentido la falta de los mismos: “Lo estamos cubriendo, estamos previendo que para el mes de septiembre habrá que tener la cobertura, el último trimestre no habrá ningún problema tampoco en el sentido de que tendremos el recurso y el medicamento necesario tanto del cuadro básico como los medicamentos controlados”.

Precisó que se ha solventado este problema con las reservas que se tienen de algunos medicamentos, así como con los donativos que han conseguido con los laboratorios; aclaró que no se ha subrogado la medicación.

Para el siguiente año, dijo que ya se analiza la mejor opción para que no se registre este faltante,  podrá manejarse la compra consolidada con las otras dependencias que incluyen al IMSS, Issste y Sedena, junto con los otros estados; también existe la posibilidad de se pueda licitar para la llamada “unidosis”, con lo que el galeno aseguró que se garantizaría el 100 por ciento de los medicamentos.

• Se hace un exhorto a vendedores y consumidores a depositar residuos en los contenedores
• Utilizar bolsa de mandado tradicional reduciría considerablemente el uso y desperdicio de bolsa plásticas

Entre 450 y 1,400 kg de residuos sólidos urbanos, es la cantidad que recolecta la Secretaría de Servicios Públicos al concluir la actividad de cada uno de los 19 tianguis que se establecen en la ciudad, informó el titular de la dependencia, Héctor Eduardo Anaya Pérez. En total, son trece toneladas recolectadas cada semana.

El funcionario explicó que los principales desechos son bolsas de polietileno, restos de comida, recipientes de unicel y botellas de PET.

Ante la situación, dijo que una de las estrategias que implementa el gobierno municipal es realizar de manera inmediata la limpieza de las calles en donde se instalan estos mercados ambulantes.

“Cada cuadrilla está integrada por cinco o seis trabajadores del Departamento de Aseo Público, los cuales barren y papelean tanto las calles en donde se ubican los tianguis como las zonas aledañas, con el fin de dejar la vía pública libre de todos los desechos que genera este tipo de comercio”.

El director de Limpia y Aseo Público, Enrique Barba López, precisó que los tianguis atendidos son los de San Marcos, Potreros del Oeste, Morelos, La Purísima, La Salud, Fraccionamiento México, La Barranca, El Llanito, Las Flores, Jesús Terán, El Cerrito, Pilar Blanco, Pozo Bravo, La Estrella, Ojocaliente, España, Alfredo Lewis, San Juanito y San Felipe; éstos dos últimos son los que registran una mayor cantidad de residuos recolectados, alcanzando en ocasiones hasta los 1,400 kg cada uno: “Cada tianguis se instala en un día específico, en un punto específico, por lo que el departamento correspondiente tiene, igualmente, una programación de limpieza, que les lleva hasta dos horas de trabajo. El área de recolección también prevé, en los contenedores cercanos a estos sitios, que se incrementa la cantidad de basura, y se toman las medidas necesarias para actuar con oportunidad”.

Ambos funcionarios mencionaron que, para reducir la generación de residuos, es recomendable suplir el consumo de bolsas de polietileno por las bolsas tradicionales no desechables (bolsas de mandado), canastas o carritos de mercado; y, principalmente, depositar la basura en los lugares indicados.

Con información del Ayuntamiento de Aguascalientes

Planteles educativos asentados tanto en comunidades como en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga quedarán resguardados durante todo el periodo vacacional. El Ayuntamiento ha dispuesto una partida presupuestal para pagar un grupo de veladores a cargo de escuelas de nivel preescolar y primaria.

El alcalde Cuauhtémoc Escobedo Tejada manifestó que la administración desea abonar a la prestación del servicio educativo por lo que, para evitar cualquier contratiempo, 14 personas quedarán dispuestas para resguardar igual número de escuelas e instituciones en Pabellón de Arteaga y en comunidades como Ojo Zarco, San Luis de Letras, Garabato, Emiliano Zapata y Santiago.

El programa de vigilancia se extenderá hasta el domingo 20 de agosto y contará con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

Con información del Ayuntamiento de Pabellón

• Brindar seguridad al usuario en los movimientos registrales de sus inmuebles es la prioridad de esta dependencia de Seggob
• Se exhorta a la población la consulta de los archivos previo a la realización de cualquier movimiento de compra, venta o puesta en garantía de algún inmueble

El director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Adolfo Suárez Ramírez anunció que de acuerdo al Plan Estatal de Modernización, derivado del Plan Estatal de Desarrollo, esta dependencia presenta avances importantes y se fortalece con la digitalización de 5 millones de registros, con lo que se cumple el objetivo de brindar certeza legal a los archivos y seguridad para los usuarios de estos servicios.

Para tal efecto, se invertirá un recurso de diez millones de pesos, proveniente del programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, de los cuales seis serán provistos por la Federación y cuatro serán de origen estatal: “Necesitamos tener total certeza legal de los registros que ya se encuentran en nuestro archivo, para poder ofrecer a los usuarios la completa seguridad de que están comprando, vendiendo o poniendo en garantía, un inmueble sin situaciones problemáticas legales de por medio, y con sus datos previamente corroborados”.

Adicionalmente se consolidarán 300 mil de los 560 mil folios reales, lo que les brindará la garantía de confiabilidad en la información, y por lo tanto en el estatus legal de los inmuebles, puntualizó Suárez Ramírez: “La seguridad en los registros de inmuebles abona a la paz social, y en el Registro Público, como parte de de la Secretaría General de Gobierno, estamos haciendo nuestra parte por una sociedad ordenada en un cauce legal, por ello conminamos contundentemente a los usuarios a consultar nuestros archivos, previo a realizar cualquier movimiento de compra o venta”.

Con información de la Secretaría General de Gobierno

• Las quebradoras fueron ubicadas en el tramo del Río San Pedro-Salto de los Salados
• Debido a las irregularidades, se iniciaron procedimientos administrativos para que posteriormente puedan ser sancionados los infractores

El director sustituto de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), Mario Oziel Rodríguez García informó que personal de inspección de la dependencia clausuró dos lavadoras y/o trituradoras de piedra que operaban ilegalmente en las inmediaciones del Río San Pedro en el tramo Salto de los Salado.

Al encontrarse los elementos adscritos a la Proespa efectuando recorridos de supervisión en diferentes trayectos de la cuenca del Río San Pedro, detectaron dentro del arroyo dos lavadoras de piedra, arena, sello y graba, una de ella realizaba labores de trituración y al solicitar los inspectores los permisos correspondientes para su operación, y no contar con los mismos, clausuraron temporalmente las actividades de las quebradoras de piedra: “Las máquinas lavan la arena y fraccionan los materiales pétreos que se encuentran en el lugar, y con dichas actividades modifican las características del cauce, se emiten contaminantes a la atmósfera y en el afluente del río, ya que toda el agua que se utilizan para lavar la piedra la descargan en la cuenca y al no contar con el dictamen de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente del Estado para su funcionamiento, se opta por clausurar las actividades temporalmente”.

Con estas irregularidades, el personal adscrito a la dependencia inició los procedimientos administrativos que deberán resolver en los siguientes días, “se les va a emplazar para que presenten pruebas y elementos y en su caso aplicar las sanciones de acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente”.

La sanción económica por no contar con la Evaluación de Impacto Ambiental puede ser equivalente de 200 a 300 UMA (Unidad de Manejo Ambiental), estamos hablando de aproximadamente 15 mil a 20 mil pesos por no contar con las autorizaciones; en el caso de que los infractores no inicien los trámites correspondientes, la multa se incrementa por desacato.

Rodríguez García refirió que durante el presente año solo se han detectado dos lavadoras de piedra en los recorridos que realiza el personal de Inspección de la Proespa. Además, comentó que aunado a ello ya fue notificada a la autoridad federal correspondiente para que actúe de acuerdo a sus competencias.

Exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ambiental directamente en las oficinas de la Proespa, a través de las redes sociales de esta dependencia o al 01-800-001-AMBI (2624).

Con información de la Proespa

• Temen poner en riesgo su posición dentro de la sociedad, trabajo, oportunidades de ascenso, respeto de la familia y amigos
• La depresión es una enfermedad tratable y curable, y no un signo de debilidad personal o falta de hombría

Se estima que el siete por ciento de los hombres en México padecen depresión, pero por situaciones culturales suelen no reconocerlo y retrasar el diagnóstico, así como prolongar el sufrimiento, incluso por años.

Es común que los varones se resistan a acudir al siquiatra por prejuicios sociales, a poner en peligro su trabajo, oportunidades de ascenso u otros beneficios; a perder el respeto de familiares y amigos o su posición dentro de su grupo social.

Los hombres interpretan la depresión con malestares físicos, como dolor de cabeza, de articulaciones, colitis, gastritis, estreñimiento y mareos, a diferencia de las mujeres, que la hacen más evidente en su estado de ánimo y vida afectiva.

Un varón con depresión presenta dificultad para concentrarse, disminuye su rendimiento diario, actúa indeciso, tiene aspecto de abatimiento, irritabilidad, retraimiento social, inhibición en actividades físicas e incluso en el habla, pero lo justifica al interpretarlo como cansancio por el exceso de trabajo o de las presiones y de los múltiples problemas que tiene.

En la población masculina, la depresión moderada se manifiesta con síntomas frecuentes de ansiedad, mientras que en la grave puede haber pensamientos de muerte y/o autodestructivos, celos exagerados e inseguridad extrema en todas las actividades que realiza la persona.

En estos casos es común que se den intentos suicidas. Se ha observado que el hombre tiene significativamente menos intentos suicidas que las mujeres (tres mujeres por cada hombre).

También el uso y abuso de sustancias como alcohol y drogas ilegales es muy frecuente en el hombre deprimido, lo que puede enmascarar aún más su depresión, pues en la mayoría de los casos argumenta que el incremento en su consumo es por “razones sociales”.

Una persona deprimida tiene manifestaciones diferentes según el sexo y la edad, ya que influye la sociedad con sus usos y costumbres, pero diagnosticada a tiempo y con un tratamiento adecuado, es notoria la mejoría de los pacientes.

EL IMSS hizo un llamado a los hombres a que sepan que la depresión es una enfermedad tratable y curable, y no un signo de debilidad personal o falta de hombría.

La depresión puede tratarse de manera eficaz para evitar el sufrimiento y aumentar las probabilidades de recuperación de otras enfermedades colaterales, así como prolongar la vida productiva de la persona.

Con información del IMSS

• Sin presiones se contará con organismos jurisdiccionales efectivamente autónomas en su funcionamiento
• Magistrado imparte conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica Aguascalientes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, propuso que, para garantizar la independencia plena del trabajo de los tribunales electorales, sus presupuestos puedan ser determinados de acuerdo con una cantidad fija del PIB de cada entidad, o bien permitir a los órganos jurisdiccionales intervenga en las deliberaciones legislativas para determinar los presupuestos de las instituciones públicas.

Al dictar la Conferencia Garantías de Independencia y Autonomía Financiera, el magistrado planteó que un modelo ideal sería que los Congresos locales reconocieran y establecieran en la Constitución o en la Ley como presupuesto para los tribunales de los estados un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad, a fin de garantizar autonomía financiera y prevenir reducciones injustificadas o motivadas por causas o intereses ajenos a la propia dinámica y funcionamiento de los tribunales, “La autonomía financiera nos compromete a todos, magistradas y magistrados, a reforzar esta convicción plena de independencia y autonomía […]. Un tribunal es independiente en la medida en que resuelve controversias libres de cualquier control o presión que pueda provenir de otras instituciones, de otros poderes públicos o de aquellos incentivos que podrían generarse a través de quienes son parte o compiten en los procesos electorales y este tipo de incentivos o generación de obstáculos o impedimentos también están impuestos por el dinero público”.

En caso de que esta propuesta no fuera posible, Rodríguez Mondragón recomendó, tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los organismos judiciales participen en las deliberaciones que se lleven a cabo en las cámaras de diputados estatales para fijar los montos presupuestales que se les deben otorgar.

Durante su participación, la cual se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica Aguascalientes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado de la Sala Superior hizo un recuento de los diversos asuntos relacionados con la petición de los tribunales locales para que se les entreguen los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo sus actividades.

A partir de las resoluciones, explicó, se pueden encontrar tres tipos de conflictos: “uno, los que tienen que ver con la reducción de las solicitudes de presupuesto; dos, las omisiones o incumplimientos en las transferencias de recursos ya aprobados; y, tres, la omisión o respuestas injustificadas, negando ampliaciones presupuestales”.

Rodríguez Mondragón subrayó que al quedar en manos del Ejecutivo local la decisión o la relación entre garantías de independencia y economía financiera, surgen este tipo de tensiones en un contexto, en donde los tribunales electorales son quienes deciden y revisan la constitucionalidad y legalidad de los actos que llevan a cabo por autoridades electorales administrativas, por partidos políticos y, de ser el caso, por otro tipo de poderes públicos en la entidad.

“En el sistema electoral nacional sí sería ideal que tuviéramos normas o criterios que reduzcan los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo en general respecto de la autonomía financiera de los poderes judiciales y, sin embargo, también hay que fortalecer las condiciones de transparencia, de sanciones en el ámbito financiero cuando éste no se ejecuta, ya sea por cualquiera de los poderes, de manera que cumpla con los principios constitucionales”, puntualizó.

Rodríguez Mondragón estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Wong Meraz, y el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez.

Con información del TEPJF